Referencia del Consejo de Ministros

31.1.2023

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Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de la emergencia para adoptar todas aquellas medidas cautelares que permitan garantizar en condiciones de seguridad el suministro eléctrico, desde la acometida y en su distribución interior hasta el CPD, del Instituto Nacional de Estadística, para el mantenimiento de las funcionalidades del mainframe IBM Z10 que atienda a las necesidades de algunas encuestas del Instituto Nacional de Estadística y de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo de 2023, en el edificio sito en la Calle Josefa Valcárcel 46 de Madrid, por un importe máximo de 600.000 euros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  • ACUERDO por el que se impone al Gobierno de Aragón una sanción de 602.782,59 euros y la obligación de realizar las labores de restauración y adecuación hidromorfológica de las obras en dominio público hidráulico del río Osia, término municipal de Aragüés del Puerto (Huesca).

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Defensa

Hacienda y Función Pública

Interior

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras necesarias para subsanar los graves daños estructurales que presentan los pilares de los bloques 1 y 3 del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo, por importe de 1.529.682 euros.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos, y de obras menores relacionadas con esos servicios, del sector: CC-03. Cáceres. Valor estimado del contrato: 26.310.685,76 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la modificación n.º 2 del contrato de obras M-40 remodelación del enlace con la A-6 en el punto kilométrico 46,600 y nuevas conexiones de la Avenida de la Victoria con la A-6. Provincia de Madrid. Importe: 3.002.381,04 euros.

Educación y Formación Profesional

  • REAL DECRETO por el que se crea la escuela infantil «El Cornetín», en la ciudad de Ceuta.

Agricultura, Pesca y Alimentación

  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración de la contratación por el Fondo Español de Garantía Agraria O.A. del suministro de alimentos, en el marco del Programa de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas 2023 del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas 2014-2020, por un valor estimado de 25.485.420 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión de ayudas directas, por un importe máximo de 300.000.000 de euros, a los titulares de las explotaciones agrarias en el marco de los artículos 30 y 31 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Cultura y Deporte

  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Real Decreto por el que se establecen las normas reguladoras del bono cultural joven.

Derechos Sociales y Agenda 2030

Ciencia e Innovación

CONDECORACIONES

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

  • REAL DECRETO por el que se concede el Collar de la Orden del Mérito Civil a D. JO̴̴ÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.
  • REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a Dª. ANA AFONSO DIAS LOURENÇO.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ESTRATEGIA DE DIPLOMACIA HUMANITARIA 2023-2026

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la Estrategia de Diplomacia Humanitaria 2023-2026, lo que lleva al cumplimiento a varios de los objetivos recogidos en la Estrategia de Acción Exterior 2021-24, aprobada en abril de 2021:

  • Mostrar el compromiso de España con un multilateralismo renovado y reforzado;
  • Situar la seguridad humana, incluyendo el cumplimento de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en el centro de la agenda;
  • Fortalecer la diplomacia humanitaria, también contemplado en la Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española 2019-26.

La diplomacia humanitaria se ha convertido en una de las señas de identidad de la acción exterior de España. El Gobierno ha contribuido en las Naciones Unidas a avanzar en la agenda humanitaria y de protección de civiles en los últimos años, impulsando iniciativas en ámbitos relacionados con cuestiones diversas como: mujeres, paz y seguridad; niños y niñas en conflictos armados; protección del espacio humanitario; protección de las misiones médicas, o educación en contextos de conflicto y emergencias

Además, España promovió activamente la agenda global humanitaria durante su participación en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente en el bienio 2015-2016, con la adopción de diversas de resoluciones en el ámbito humanitario.

La finalidad de la Estrategia de Diplomacia Humanitaria es armonizar el conjunto de políticas nacionales e intervenciones de acción exterior y establecer un marco que permita dar una respuesta coherente al aumento de las necesidades humanitarias en el ámbito internacional.

La Estrategia tiene además como objetivo movilizar los instrumentos políticos y diplomáticos para promover de forma más eficaz el respeto por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), facilitar las operaciones de asistencia humanitaria y dar una mejor respuesta a las poblaciones afectadas por situaciones de conflicto y violencia.

El resultado esperado es que España consolide la incorporación de la perspectiva humanitaria a su política exterior, aumentando su perfil en el ámbito humanitario y haciendo valer su experiencia en la materia, incluyendo en el sistema multilateral y particularmente en el seno de las Naciones Unidas.

La Estrategia de Diplomacia Humanitaria es un documento programático con un horizonte temporal de cuatro años (2023-2026), que fija tres objetivos estratégicos dentro de los cuales se insertan catorce ejes de actuación prioritarios, a los que se dará cumplimiento a través de más de un centenar de líneas de acción concretas.

Los tres objetivos estratégicos son:

  • Prevenir conflictos y mediar para resolverlos, colaborando en la promoción de una cultura de paz y preservando el espacio humanitario;
  • Promover el respeto a las normas que nos protegen como humanidad, especialmente el Derecho Internacional Humanitario y la acción humanitaria basada en principios,
  • Proteger a las personas en situaciones de vulnerabilidad, sin dejar a nadie atrás.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales de las Declaraciones relativas al Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal, a su Protocolo Adicional y a su Segundo Protocolo Adicional, y se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2021.

El Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal del Consejo de Europa, hecho en Estrasburgo el 20 de abril de 1959, y complementado por el Protocolo Adicional de 1978 y el Protocolo Adicional de 2001, tiene como objetivo fomentar y facilitar la asistencia mutua entre autoridades judiciales, policiales y aduaneras en materia penal, así como mejorar la celeridad y la eficiencia de la cooperación judicial.

España ha formulado diversas declaraciones en relación con el Convenio y los dos Protocolos, de los que forma parte, bien en el momento de su ratificación o posteriormente.

Con motivo de la puesta en marcha de la Fiscalía Europea, órgano de la Unión Europea que será responsable de investigar los delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión previstos en la Directiva (UE) 2017/1371, el Ministerio de Justicia considera necesario complementar las declaraciones formuladas en su momento por España al Convenio y a sus Protocolos Adicionales, a fin de que la Fiscalía Europea también sea considerada autoridad judicial, de acuerdo con las previsiones del artículo 104.4 del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea.

Además de la declaración para que la Fiscalía Europea sea considerada autoridad judicial, se formulan otras tres declaraciones para aclarar algunas cuestiones sobre la aplicación del Convenio en relación con ella, al tratarse de un órgano que no es exclusivo de nuestro país.

La ratificación por España del convenio y de los protocolos, así como las declaraciones y reservas, precisaron la autorización previa de las Cortes Generales, al estar incursos en el supuesto del artículo 94.1.e) de la Constitución.

En cuanto a las declaraciones que ahora se desea presentar, el Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2021 dio su autorización a las mismas y dispuso su remisión a las Cortes Generales para su conocimiento.

Posteriormente, el Consejo de Estado, en su Dictamen de 12 de mayo de 2022, dispuso que la formulación de estas Declaraciones relativas al Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal, su Protocolo Adicional y su Segundo Protocolo Adicional, requiere la previa autorización de las Cortes Generales, al encontrarse incluidos en los supuestos del artículo 94.1, c) y e) de la Constitución.

Por consiguiente, se modifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2021, disponiendo la remisión de las declaraciones a las Cortes Generales a los efectos indicados.

Los siguientes Estados miembros de la Unión Europea participantes en esta cooperación reforzada sobre la Fiscalía Europea, ya han formulado sus declaraciones al respecto: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, Finlandia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, República Checa, República Eslovaca y Rumania.

Defensa

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ARMAS DEL EJÉRCITO DEL AIRE Y DEL ESPACIO

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del acuerdo marco para el servicio integral de apoyo a la ingeniería y el sostenimiento de los sistemas de armas del Ejército del Aire y del Espacio por un valor estimado de 79.988.000 €.

El mantenimiento de los sistemas de armas aeroespaciales es necesario para garantizar su operatividad segura y eficaz, y ha de hacerse de conformidad con la normativa sobre aeronavegabilidad aplicable.

La implementación de esta normativa incluye establecer una aproximación integral de las actividades de ingeniería y mantenimiento de los sistemas de armas del Ejército del Aire y del Espacio que se impulsa desde el Mando de Apoyo Logístico.

El Acuerdo Marco tendrá una duración de 24 meses, con posibilidad de prórroga de 24 meses más.

Hacienda y Función Pública

OPERACIONES DE DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Consejo de Ministros ha autorizado a varias comunidades autónomas a formalizar operaciones de endeudamiento a corto y a largo plazo. En concreto, se trata de las comunidades de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia, Asturias, Aragón, País Vasco, Navarra y La Rioja.

Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

En el caso de la Comunidad de Madrid, se le ha autorizado para poder formalizar operaciones de deuda a largo y a corto plazo, por importe de 5.384,33 millones de euros.

En concreto, se ha autorizado para formalizar operaciones de deuda a largo plazo por 3.538,08 millones. La mayor parte de este importe, 2.681,38 millones de euros, se destinan a financiar las amortizaciones de deuda a largo plazo de la Administración General y del organismo autónomo mercantil Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, que se integra en el sector Administraciones Públicas.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha solicitado autorización para renovar las condiciones financieras de la financiación a corto plazo en el marco del convenio de colaboración para la prestación de servicios financieros de tesorería con diversas entidades financieras y para formalizar otras operaciones de deuda a corto plazo destinadas a cubrir las necesidades transitorias de tesorería de empresas públicas clasificadas en el Sector Administraciones Públicas de la comunidad autónoma, por importe total de 1.846,25 millones de euros.

En cuanto a Andalucía, ésta tiene intención de formalizar el endeudamiento a largo plazo previsto para 2023 según el procedimiento que se acordó por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su reunión de 5 de julio de 2018, combinando la financiación con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas con la captación de recursos a través del mercado de capitales y de préstamos bancarios.

De esta forma, el Consejo de Ministros ha autorizado a esta comunidad autónoma a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por importe de 2.961 millones de euros, destinadas a cubrir las necesidades de financiación a largo plazo en mercados financieros previstas en el Plan Plurianual de Endeudamiento de la comunidad para 2023 dentro de las necesidades de financiación que no se financiarán con cargo al compartimento Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

Las operaciones que se proponen autorizar por el presente acuerdo son coherentes con el Plan Plurianual de Endeudamiento de la comunidad autónoma de Andalucía 2022-2025.

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado a la Junta de Castilla y León para formalizar operaciones de deuda a largo y corto plazo por un importe máximo de 2.861,6 millones de euros.

En concreto la comunidad ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo por importe de 1.566,1 millones de euros. De este importe se autorizan 1.561,7 millones de euros, de los que la mayoría, 1.287,1 millones de euros, corresponden a amortizaciones de deuda a largo plazo.

Por otra parte, la comunidad ha solicitado autorización para la formalización de operaciones de deuda a corto plazo destinadas a atender necesidades transitorias de tesorería y a optimizar los costes del endeudamiento a corto plazo en 2023 de la Administración General y de los entes dependientes que se integran en el sector Administraciones Públicas, que, conforme a sus previsiones, ascienden a 1.300 millones de euros.

Galicia, Asturias y Aragón

En cuando a Galicia, el Consejo de Ministros ha autorizado a esta comunidad autónoma de Galicia para formalizar operaciones de deuda a largo y corto plazo por un importe máximo de 2.239,3 millones de euros.

De esta cantidad, ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por importe de 1.389,3 millones de euros. A su vez, de este importe, la mayor parte, 1.304,5 millones de euros se corresponden con el importe de las amortizaciones de deuda a largo plazo.

Por otra parte, Galicia ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo destinadas a la renovación de pólizas de crédito a corto plazo de la Administración General y otras operaciones de crédito a corto plazo de los entes dependientes de la comunidad, por importe máximo de 850 millones de euros.

Aparte de lo anterior, el Consejo de Ministros también ha autorizado a esta comunidad para conceder garantías a través de una línea de avales del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, por un importe máximo de cinco millones de euros.

La concesión de estos avales, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) atiende la solicitud realizada por la comunidad gallega el pasado 21 de diciembre de autorización del Estado para la concesión durante 2023 de avales por el citado importe por parte del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo en garantía de préstamos destinados a la adquisición de primera vivienda por jóvenes menores de 36 años.

En cuanto a Asturias, el Gobierno le ha autorizado para que pueda formalizar operaciones de deuda a largo y corto plazo por un importe máximo de 1.592,2 millones de euros.

En concreto, esta comunidad autónoma solicitó autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por importe de 715,3 millones de euros. De este importe, la mayoría, 605,7 millones de euros, se destinan a financiar las amortizaciones de deuda a largo plazo de la comunidad.

Por otra parte, la comunidad ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo para la cobertura de necesidades transitorias de tesorería de 2023, por importe total de 876,9 millones.

Adicionalmente, el Consejo de Ministros ha autorizado a Aragón a formalizar operaciones de deuda a corto plazo, por un importe máximo de 755,7 millones de euros, con el fin de cubrir necesidades transitorias de tesorería mediante la renovación de cuentas de crédito que vencen durante el ejercicio 2023 y la ampliación del importe disponible en cuentas de crédito para atender otras necesidades transitorias de tesorería.

De acuerdo con la solicitud, la Administración General formalizará operaciones de deuda a corto plazo por importe de 670 millones de euros y las entidades que forman parte del subsector Comunidad Autónoma de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea formalizarán operaciones por el importe restante de 85,68 millones de euros.

Autorizaciones a País Vasco, Navarra y La Rioja

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado a País Vasco a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por un importe máximo de 841,3 millones, destinados a financiar los vencimientos de deuda de la comunidad autónoma y entes dependientes incluidos del sector Administraciones Públicas de la comunidad.

En el caso de Navarra, el Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Foral a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 497,2 millones, destinados a financiar los vencimientos de deuda de la comunidad autónoma y entes dependientes incluidos del sector Administraciones Públicas de la comunidad.

Por último, el Consejo de Ministros ha autorizado a La Rioja a formalizar operaciones de deuda a corto plazo, por un importe máximo de 164,8 millones de euros, que se destinarán a cubrir necesidades transitorias de tesorería tanto de su Administración General, como de otras entidades del sector Administraciones Públicas de la comunidad autónoma, en concreto de la Universidad de La Rioja y de la Fundación Rioja Deporte.

Todas estas autorizaciones solo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2023.

Hacienda y Función Pública

RENOVACIÓN DEL CUPO Y DEL CONCIERTO DE NUEVOS IMPUESTOS EN EL PAÍS VASCO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley por el que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2022-2026, sobre la base del acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta del pasado 17 de noviembre.

También se ha aprobado hoy el Proyecto de Ley por la que se modifica el Concierto Económico con la comunidad autónoma del País Vasco para la concertación de nuevos impuestos, como el gravamen especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables o del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, según lo establecido también en la Comisión Mixta celebrada el 27 de diciembre.

En concreto, sobre la renovación de la metodología del cupo, el texto recoge el acuerdo alcanzado en la Comisión Mixta de noviembre, que fijó el cupo líquido provisional para 2022 en 1.467 millones de euros. La norma determina los índices de consumo y de recaudación aplicables a los ajustes forales a consumo correspondientes a los impuestos indirectos.

Modificación del Concierto Económico

El otro proyecto de Ley aprobado se debe a que desde la última reforma del Concierto efectuada en febrero de 2022 se han producido cambios en el ordenamiento tributario que exigen nuevamente la adaptación del mismo.

Así, el Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables y el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en Vertederos, la Incineración y la Coincineración de Residuos se incorporan ahora al Concierto.

También se produce la adaptación de los puntos de conexión aplicables al Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero, tras la modificación de la estructura de este impuesto introducida por la Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública.

Por último, se incorpora al Concierto Económico el nuevo Impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, cuya concertación se establece en los mismos términos previstos para el Impuesto sobre el Patrimonio.


Hacienda y Función Pública

REFORMA DEL CONVENIO ECONÓMICO ENTRE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra., con el objetivo de incorporar al Convenio los últimos cambios operados en el ordenamiento tributario.

Los cambios que motivan la modificación del Convenio son los siguientes:

  • Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables. Se establecen los puntos de conexión para repartir la exacción del impuesto entre ambas administraciones tributarias.
  • Modificación de los puntos de conexión aplicables al Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero, cuya estructura ha sido recientemente modificada en la normativa estatal.
  • Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Se aplicará en la Comunidad Foral en los mismos términos establecidos en el artículo 17 del Convenio Económico para el Impuesto sobre el Patrimonio.
  • Ajustes a consumo. Se regula el mecanismo del ajuste a consumo del Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico No Reutilizables y del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero para perfeccionar la imputación de ingresos en estas figuras a la Comunidad Foral de Navarra, atendiendo al índice de la capacidad recaudatoria y el índice de consumo en este territorio.

Este proyecto da cumplimiento a lo establecido en el vigente Convenio Económico, que prevé en su disposición adicional tercera que, en el caso de que se produjese una reforma sustancial en el ordenamiento jurídico tributario del Estado, se procederá, por ambas Administraciones, de común acuerdo, a la adaptación del Convenio Económico.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS EN CÁCERES

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato para la conservación y explotación de un sector de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en la provincia de Cáceres, con un valor estimado de 26,3 millones de euros (sin IVA).

La duración es de tres años, con posibilidad de una primera prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

Este contrato, destinado a un total de 209,6 km de carreteras que incluyen 90,7 km de autovías, se enmarca en el programa de mantenimiento de carreteras de Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado, asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Se actuará sobre el sector nº 3, que incluye las siguientes carreteras:

  • A-66 (Autovía Ruta de la Plata). Varios tramos, entre los puntos kilométricos (PP.KK.):
  • 507+600 y 598+300 (autovía)
  • 508+050 y 508+450 (vía de servicio)
  • 590+460 y 591+080 (vía de servicio)
  • N-523 (Cáceres-Badajoz), entre los PP.KK. 1+312 y 37+042 (carretera convencional).
  • N-630 (Gijón a Puerto de Sevilla). Varios tramos, entre los PP.KK.:
  • 515+000 y 546+398 (carretera convencional)
  • 546+398 y 556+500 (carretera convencional)
  • 549+150 y 549+645 (vía de servicio)
  • 549+490 y 550+500 (vía de servicio)
  • 549+150 y 598+145 (carretera convencional)

Además, este contrato incorpora dos proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía:

  • Rehabilitación superficial del firme en la carretera N-630, entre los PP.KK.515+000 y 542+000.
  • Rehabilitación superficial del firme entre los PP.KK. 3+500 y 20+000 e instalación de sistemas contención de vehículos entre los PP.KK. 3+500 y 37+000; en la carretera N-523.

Características del nuevo modelo de conservación

El nuevo modelo de contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos, se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: vigilancia y atención de accidentes e incidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones, mantenimiento de instalaciones, establecimiento de inventarios y reconocimiento del estado de la vía, agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Con este nuevo modelo se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido el Gobierno.

A continuación, se muestran algunas imágenes del sector y de los trabajos que se realizan con este tipo de contratos:

(conservacion)

N-630. Centro de conservación y explotación

(accidentes)

A-66. Atención de accidentes e incidentes (retirada de carga)

(barrera)

A-66. P.K 585. Colocación de barrera seguridad

(cartel)

A-66. P.K. 555. Colocación de cartel

(poda)

N-630. Cáceres. Poda de macizo arbustivo

(viaducto)

A-66. P.K.520. Viaducto sobre el río Tajo

(almonte)

A-66. P.K 532. Puente sobre el Río Almonte

Agricultura, Pesca y Alimentación

SUMINISTRO COMPLEMENTARIO DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS MÁS DESFAVORECIDAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación, por parte del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), del suministro complementario de alimentos del Programa de Ayuda Alimentaria a las personas más desfavorecidas 2023, por un importe de 28.033.962 euros.

Esta cantidad se corresponde con la licitación de los lotes 13 y 14 incluidos en el programa de ayuda que se realizó en noviembre pasado para la adquisición de aceite de oliva y que ha quedado desierta porque todas las empresas retiraron su oferta.

El Gobierno ha decidido emplear este dinero en la compra complementaria de otros alimentos, lo que permitirá utilizar la totalidad del presupuesto destinado para 2023 al programa, 97.107.562,00 euros, según el acuerdo que adoptó el Consejo de Ministros el 22 de junio pasado. Con el programa de ayuda alimentaria 2023 se prevé atender aproximadamente a 1.400.000 de beneficiarios en situación desfavorecida.

La compra de los alimentos de este programa está financiada al 100 % por la Unión Europea, a través del fondo REACT-UE, constituido para ayudar a los Estados miembros a fortalecer el Estado del bienestar y reactivar la economía tras el impacto de la pandemia provocada por la COVID-19

Los alimentos que se van a adquirir son alubias cocidas, conserva de atún, conserva de sardina, tomate frito en conserva, galletas, macedonia de verduras en conserva y fruta en conserva en almíbar ligero, de forma que resulta una cesta variada, equilibrada, nutritiva y saludable.

Estos alimentos, de carácter básico y no perecederos, se distribuirán en el año 2023, previsiblemente en la segunda fase de distribución -en torno al mes de septiembre- y se suman al resto de productos que ya se ha adjudicado en la primera licitación: arroz, garbanzos cocidos, conservas de atún y carne, espaguetis, fideos, tomate frito en conserva, galletas, macedonia de verduras en conserva, cacao soluble y tarritos infantiles de pollo y fruta, de forma que resulta una cesta variada, equilibrada, nutritiva y saludable.

Agricultura, Pesca y Alimentación

AYUDAS A LOS AGRICULTORES ANTE EL INCREMENTO DEL PRECIO DE LOS FERTILIZANTES

El Consejo de Ministros ha acordado la autorización del pago de 300 millones de euros en ayudas a los titulares de explotaciones agrarias en compensación por la subida del precio de los fertilizantes acumulada en los últimos meses.

Esta medida está recogida en el Real Decreto-ley 20/2022 que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.

Las ayudas se destinarán a las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrícolas que cuenten con cultivos permanentes y superficies de tierras de cultivo.

Se concederán por hectárea a las superficies de cultivos permanentes y tierras de cultivo (exceptuados barbechos y pastos temporales) que hayan sido elegibles para el cobro de las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) en la campaña 2022, hasta un máximo de 300 hectáreas. Se estima que la medida beneficiará a unos 250.000 agricultores.

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), encargado de instruir las ayudas, las abonará directamente en las cuentas de los beneficiarios, que no tendrán que hacer ningún trámite adicional para solicitarlas. Es el mismo método que ya empleó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el pago de las ayudas a los productores de leche por 169 millones de euros incluidas en el primer paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania que el Gobierno aprobó el pasado mes de marzo.

El importe máximo de las ayudas será de 22 euros por hectárea para el caso de superficies de secano y de 55 euros por hectárea para las superficies de regadío.

En el caso de la comunidad autónoma de Canarias, los beneficiarios de estas ayudas serán las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrícolas que cuenten con esos tipos de superficie y que se encuentren recogidos en el Registro de Explotaciones Agrícolas (REGEPA) a 31 de mayo de 2022 y la superficie para el cálculo será la recogida en éste.

Estas ayudas se integran en un paquete amplio de medidas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) en este sector y que busca asegurar el acceso por los agricultores a la cantidad necesaria de fertilizantes para conseguir una agricultura productiva y sostenible. En el real decreto que recoge estas ayudas se estipula también una deducción del 15 % en el impuesto de sociedades por el gasto para la adquisición de fertilizantes para su uso en la actividad agraria.

En el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobaron estas ayudas, se dio también el visto bueno a otro real decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios.

El índice de precios de los fertilizantes en 2022 alcanzó cifras históricas, principalmente en el caso de los productos nitrogenados, cuya fabricación depende del gas natural procedente en su mayor parte de Rusia.

El último informe de la Comisión Europea estimaba, a finales de 2022, que este insumo clave para asegurar una producción estable y un abastecimiento suficiente de alimentos, se había incrementado en un 150 % para los fertilizantes nitrogenados entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022.

Si bien en los últimos meses se ha reducido el precio los fertilizantes nitrogenados y fosfatados desde los máximos alcanzados en abril de 2022 y, en algunos casos, se sitúan por debajo de los que había hace un año, todavía se encuentran en niveles anormalmente elevados.

Los fertilizantes son nutrientes que favorecen un correcto crecimiento de los cultivos y mejoran el rendimiento y la calidad de las cosechas, por lo que se trata de un producto necesario para una producción suficiente y estable de alimentos. Las ayudas autorizadas hoy por el Consejo de Ministros permitirán a los agricultores mejorar la planificación de siembra y abonado de cultivos,

La información del procedimiento de concesión de estas ayudas será actualizada puntualmente en la página web del FEGA, disponible en el siguiente enlace:

https://www.fega.gob.es/es/ayudas_directas_y_al_desarrollo_rural/ayudas_excepcionales/RD-20_2022

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrático

PLAN ANUAL NORMATIVO PARA 2023

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2023 (PAN-23), en cuya elaboración han participado todos los ministerios.

El plan incluye un total de 117 iniciativas normativas, que se concretan en tres leyes orgánicas, 33 leyes ordinarias y 81 reales decretos. El 30% están vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, casi un tercio incorporan al ordenamiento interno el Derecho de la Unión Europea y más de un 10% son normas que ya han sido aprobadas en primera vuelta por el Consejo de Ministros. La configuración de este PAN-23 responde, por tanto, a una planificación realista y acorde al contexto del año en curso, alineada con las prioridades, los compromisos y los objetivos del Gobierno.

Supone además una garantía para la ciudadanía y para los actores económicos, ya que les permite anticiparse a los cambios normativos, facilitando la toma de decisiones y fomentando su participación en el proceso de elaboración de las leyes.

Se trata también de un ejercicio de rendición de cuentas y control del cumplimiento de los compromisos adquiridos. En ese sentido, el último informe de evaluación, presentado en abril de 2022, señalaba que el 94% de las iniciativas planificadas estaban aprobadas o en tramitación.

Tres grandes líneas de transformación

El Plan Anual Normativo para 2023 se estructura en torno a las tres grandes líneas de transformación del país que han vertebrado la hoja de ruta del Gobierno esta legislatura, en consonancia con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:

  1. Transformación del sistema productivo: el Gobierno impulsará la ley de Industria y actuaciones en materia de emprendimiento y mercado laboral, como el estatuto de la startup de estudiantes y la creación del Foro Nacional de las Empresas Emergentes.
  2. Refuerzo del Estado del Bienestar: para continuar avanzando en la protección y la garantía de los derechos sociales y económicos de toda la ciudadanía, el PAN-2023 incluye la aprobación de la ley de Familias y de la ley de condiciones básicas para la igualdad en el acceso y disfrute de los servicios sociales, así como una nueva regulación de las prestaciones del Sistema de Dependencia.
  3. Derechos y libertades. Instituciones modernas, eficaces y transparentes: en 2023, el Gobierno tiene previsto reforzar el derecho a la defensa, regular las relaciones entre los grupos de interés y los poderes públicos e impulsar la protección de las víctimas de trata y explotación.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

PLAN NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EUROPEA DE LUCHA CONTRA EL ANTISEMITISMO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Nacional para la Implementación de la Estrategia Europea de Lucha contra el Antisemitismo y el fomento del modo de vida judío 2023-2030.

Este plan ejecuta en España la estrategia aprobada por los países miembros de la Unión Europea, en octubre de 2021, para responder, de un lado, a la preocupación por la pervivencia de discursos, ideologías y actitudes antisemitas, amplificadas por las redes sociales y, de otro lado, a la repetición de hechos graves contra la vida, los lugares de culto, los cementerios y los bienes de personas y comunidades judías.

Nuestro país lleva años trabajando en este campo, por lo que los contenidos más relevantes de la estrategia europea ya forman parte de su sistema jurídico, administrativo y social. No obstante, la iniciativa comunitaria ha supuesto una oportunidad para proponer nuevos desarrollos e ir más lejos en los objetivos de la lucha contra los discursos de odio y, en concreto, contra el antisemitismo.

En la elaboración del plan, han participado diferentes entidades y organismos, como la Federación de Comunidades Judías de España, en colaboración con la Subdirección General de Libertad Religiosa, integrada en el Ministerio de la Presidencia.

El Gobierno pretende así (i) dar una respuesta más contundente a la persistencia y al aumento de este fenómeno, (ii) sistematizar y mejorar los recursos y medidas de lucha contra el antisemitismo y (iii) favorecer las condiciones para que las personas y las comunidades judías puedan vivir conforme a sus creencias y sus tradiciones, en el marco de nuestro ordenamiento jurídico.

Ejes del plan

Los ejes de actuación que vertebran el plan se corresponden con los que se identifican en la estrategia europea:

  1. La prevención y lucha contra toda forma de antisemitismo, incitación al odio, antisemitismo en línea y discriminación.
  2. La promoción de las condiciones para el ejercicio del derecho de las personas y las comunidades judías a vivir de acuerdo a sus creencias y tradiciones.
  3. La pedagogía, investigación y memoria. Con líneas de acción relativas a la vida judía y a la memoria del Holocausto, en especial a su negación, distorsión o trivialización.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

ACTAS DEL XXVII CONGRESO DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se aprueba la firma ad referendum de las Actas del XXVII Congreso de la Unión Postal Universal, se dispone su remisión a las Cortes Generales y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dichas Actas

La Unión Postal General se creó en 1874 mediante la firma del tratado de Berna, estableciendo su sede en la ciudad de Berna (Suiza). En 1878 cambió su nombre por el actual de Unión Postal Universal (UPU) y en 1948 se convirtió en agencia especializada de las Naciones Unidas, reforzando a partir de ese momento sus vínculos con otros organismos de las Naciones Unidas. Su cometido es la regulación de los servicios postales internacionales.

La Constitución de la UPU es el acta fundamental que contiene las reglas de la Unión. La actual Constitución data de 1964, adoptada durante el Congreso de la UPU en Viena, que desde entonces ha sido objeto de 10 protocolos adicionales de enmienda.

El Congreso, órgano supremo de la UPU, se reúne ordinariamente cada cuatro años. Se compone de 192 representantes de los países miembros y del mismo emanan, entre otros documentos, las actas.

El XXVII Congreso de la UPU, se celebró en Abiyán (Costa de Marfil), del 9 al 27 de agosto de 2021.

El Consejo de Estado, en su Dictamen de 27 de octubre de 2022, dispuso que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de las Actas del XXVII Congreso de la Unión Postal Universal (UPU), adoptadas en Abiyán el 27 de agosto de 2021, requiere la previa autorización de las Cortes Generales, conforme al apartado e) del artículo 94.1 de la Constitución, al afectar a materias reservadas a ley en nuestro ordenamiento jurídico.

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

ACTAS Y RESOLUCIONES DEL 24º CONGRESO DE LA UNIÓN POSTAL DE LAS AMÉRICAS, ESPAÑA Y PORTUGAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la firma ad referendum de las Actas y Resoluciones del 24º Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, se dispone su remisión a las Cortes Generales y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dichas Actas y Resoluciones. (MPCM)

La Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP) tiene su origen en el Tratado Postal entre Ecuador, Venezuela y Colombia, concluido en 1838 en Bogotá, antecedente de la "Unión de los Correos Sudamericanos" constituida en 1911 por los representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, reunidos en la ciudad de Montevideo.

Posteriormente, en el Congreso de Buenos Aires de 1921, la Unión de los Correos Sudamericanos amplía sus límites geográficos, transformándose en "Unión Postal Panamericana" con la incorporación de los Países de América Central, de América del Norte y del Caribe. España se adhiere en 1926 y en el Congreso de Madrid de 1931 pasa a denominarse "Unión Postal de las Américas y España". Portugal se incorpora en 1990 y se da a la Unión su denominación actual "Unión Postal de las Américas, España y Portugal".

La finalidad primordial de la UPAEP es promover la cooperación técnica entre los operadores postales de los Estados miembros en el marco de las disposiciones de la Unión Postal Universal (UPU), que es a su vez el organismo especializado de Naciones Unidas encargado del sector postal a nivel mundial.

La UPAEP se rige por su propia Constitución, adoptada en Santiago de Chile el 26 de noviembre de 1971, que desde entonces ha sido objeto de 12 Protocolos Adicionales de enmiendas, incluyendo el adoptado en su XXIV Congreso de 2021.

El órgano supremo de la UPAEP es el Congreso, compuesto por los representantes de los países miembros, que se reúne cada 4 años. Del mismo emanan, entre otros documentos, las Actas y las Resoluciones de la UPAEP. Su última sesión ordinaria, el XXIV Congreso de la UPAEP, se celebró en Curaçao del 18 al 22 de octubre de 2021, en la que España firmó ad referendum todas las actas y resoluciones aprobadas en el Congreso.

El Consejo de Estado, en su Dictamen de 10 de noviembre de 2022, dispuso que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de las Actas y Resoluciones aprobadas en el XXIV Congreso de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal (UPAEP), adoptadas en Curaçao el 22 de octubre de 2021, requiere la previa autorización de las Cortes Generales conforme al artículo 94.1.e) de la Constitución, al afectar a materias reguladas por ley en nuestro ordenamiento jurídico (en concreto a lo establecido en la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal).

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 2023

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional 2023, que prevé una inversión de 145,98 millones de euros en 193 campañas institucionales a lo largo de este año, con el objetivo de difundir información relevante para toda la ciudadanía.

El plan recoge la planificación prevista en esta materia por la Administración General del Estado, detallando el destino y reparto de las campañas según departamentos y objetivos para el año en curso, así como su contenido y asignación, que pueden ser consultados en la página web de Moncloa (apartado prensa-publicidad y comunicación institucional).

Durante el año 2023, el objetivo más buscado de entre los previstos por la Ley 29/2005 de Publicidad Institucional será el de comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social puesto que este es el principal propósito de 81 de las 193 campañas previstas, que supone un 41,97 % del total. En términos de presupuesto, también es el objetivo más buscado, correspondiendo al 33,71% de la inversión prevista para 2023.

En cuanto a las prioridades en las que se centra la actividad divulgativa de la Administración General del Estado para el presente año, un 43,61% del importe total previsto se destina a la difusión de mensajes sobre derechos y deberes de los ciudadanos, y un 25,9% se centra en la prioridad de promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía, y el cuidado de su entorno.

Aunque las campañas de carácter comercial no se encuentran en el ámbito de aplicación de la Ley 29/2005 bajo la que se realiza el plan anual, dado su interés y como viene sucediendo en últimas ediciones, se vuelven a recoger los principales datos.

Derechos Sociales y Agenda 2030

PRIMER PLAN DE ACCIÓN DE JUVENTUD 2022-2024

El Gobierno ha aprobado el primer Plan de Acción de Juventud 2022-2024, una hoja de ruta con 200 medidas centradas en políticas de emancipación, vivienda, educación y empleo joven, entre otras, con una dotación de más de 33.330 millones de euros hasta 2024, de los que 15.000 millones incidirán directamente en los jóvenes. Una inversión para mejorar y proteger los derechos de las personas jóvenes en nuestro país.

Este primer plan impulsado desde el Instituto de Juventud (INJUVE) recoge, actualiza y concreta los retos de la Estrategia de Juventud 2022-2030 que aprobó el Gobierno el pasado mes de mayo, incorporando las necesidades planteadas por la actual coyuntura a medidas e inversiones ya puestas en marcha a lo largo del año 2022.

El programa nace de un proceso amplio y participativo, donde han sido las personas jóvenes las que han trasladado a las administraciones las necesidades y aspiraciones, a través del Diálogo Social con la juventud, el nuevo foro de participación creado para elaborar la Estrategia de Juventud 2030. También se han incluido las aportaciones del Diálogo de la Juventud con la UE y consultas multiactor con los distintos departamentos ministeriales.

Tras ese proceso participativo el plan se ha articulado alrededor de 10 ejes, 42 objetivos, 94 líneas de actuación y 200 medidas, en las que se incluyen algunas como la mejora en las políticas educativas destinando una inversión de 10.400 millones de euros a becas universitarias, para Erasmus+, formación en i+D+i, movilidad y contratación predoctoral y de investigación. También el aumento de fondos, hasta los 4.350 millones de euros, en políticas de empleo joven para la implementación del programa Garantía Juvenil Plus, proyectos de digitalización y programa de becas, también para las oposiciones a la carrera judicial y fiscal.

Por otro lado, se amplían las políticas de emancipación y vivienda con una inversión de 2.350 millones de euros a iniciativas como el apoyo para el alquiler, la adquisición de vivienda permanente en municipios de menos de 10.000 habitantes a los jóvenes o la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Asimismo, se mejoran las políticas para garantizar la calidad de vida de nuestros jóvenes invirtiendo unos 650 millones de euros en el bono cultural joven, en proyectos de deporte inclusivo y en proyectos para la investigación sobre los riesgos del juego online.

El resto de ejes vertebradores incluyen políticas de inclusión como la red de centros de crisis para las víctimas de violencias sexuales en todo el Estado, el Programa para la inclusión de jóvenes con discapacidad, el Servicio 028 Arcoiris de atención a personas LGTBI o políticas de mundo rural como el pago complementario para los jóvenes agricultores que comiencen su actividad agrícola, dotado de más de 15.000 millones de euros.

Así, el Gobierno busca asegurar a la juventud frente a la crisis, renovando y fortaleciendo el escudo social, para garantizar el mantenimiento de la calidad de vida y el poder adquisitivo de las familias, adolescentes y jóvenes, en riesgo de exclusión. Y es que esta crisis derivada de la guerra de Ucrania es la tercera que vive la juventud nacida en torno al año 2000, tras la crisis financiera-inmobiliaria (2008-2014) y la crisis sanitaria derivada del Covid-19 (2020-2021).

En cuanto a su desarrollo, los diferentes Ministerios serán los encargados de adoptar las medidas necesarias para la implementación del Primer Plan de Acción de Juventud 2022-2024 y su ejecución en el ámbito de sus respectivas competencias, mientras que el INJUVE estará encargado de observar los progresos anuales de cada uno de los objetivos.

Ciencia e Innovación

REGLAMENTO DEL COMITÉ ESPAÑOL DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Comité Español de Ética de la Investigación, como paso previo a la constitución y nombramiento del Comité. Este órgano -adscrito al Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación-, contribuirá a dotar al sistema español de ciencia, tecnología e innovación de instrumentos y herramientas para la promoción de una conducta responsable en investigación.

El Comité actuará en Pleno y en Comisión Permanente y dispondrá de una Oficina de Integridad Científica de España y de una Comisión Nacional de Ética de la investigación científica y técnica.

Además, el Comité emitirá informes, propuestas y recomendaciones sobre materias relacionadas con la integridad científica, la investigación responsable y la ética profesional en la investigación.

También establecerá los principios generales para la elaboración de códigos de buenas prácticas de la investigación científica y técnica que serán desarrollados por los comités de ética o de integridad científica de las organizaciones que realizan y financian investigación.

Además, representará a España en foros y organismos supranacionales e internacionales relacionados con la integridad científica, la investigación responsable y la ética en la investigación y prestará asesoramiento a las organizaciones que desarrollan y financian investigación para la definición de sus políticas de integridad científica, investigación responsable y de conflictos de intereses, entre otras funciones.

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