Referencia del Consejo de Ministros

31.10.2022

Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

Trabajo y Economía Social

  • ACUERDO por el que se autoriza al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo el pago de diversas contribuciones voluntarias correspondientes a cuotas del ejercicio 2022, por un importe global de 30.206,13 euros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Defensa

Hacienda y Función Pública

Interior

  • ACUERDO por el que se desafectan las instalaciones de la antigua central nuclear José Cabrera (Almonacid de Zorita, Guadalajara), en desmantelamiento, de la aplicación del Plan de Emergencia Nuclear Exterior a las centrales nucleares de José Cabrera y Trillo, Guadalajara (PENGUA), para su inclusión en el ámbito de aplicación del Plan Radiológico de Castilla-La Mancha (RADIOCAM).
  • INFORME sobre el Plan Horizonte 2035 de Reducción del Riesgo de Desastres.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Educación y Formación Profesional

Industria, Comercio y Turismo

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Cultura y Deporte

Ciencia e Innovación

  • REAL DECRETO por el que HYPERLINK \l "innovacion" se regula la concesión directa de diversas subvenciones para el impulso de proyectos en materia de innovación y transferencia de conocimiento.

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia del Gobierno

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Asuntos Económicos y Transformación Digital

PROGRAMA "EDUCA EN DIGITAL"

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la Adenda al Convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Entidad Pública Empresarial Red.es para el desarrollo de servicios públicos digitales en el ámbito educativo del programa "Educa en Digital".

El acuerdo prevé la dotación de 1,8 millones de euros cada año de 2022 y 2023 para la creación de estos materiales, que incluyen vídeos explicativos, ejemplos de evaluación, actividades para desarrollar en clase y proyectos de investigación para el alumnado. Los recursos quedarán a la disposición de todo el profesorado del país. Se atenderá a todas las etapas educativas y el material será traducido a los idiomas cooficiales.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) transferirá a Red.es estas cuantías para su ejecución mediante las licitaciones que sean necesarias.

Esta iniciativa se suma a las ya realizadas en el marco del convenio 'Educa en Digital' (2020-2024), el cual se firmó en 2020 en respuesta a la situación provocada por la pandemia de Covid-19 y con el fin de apoyar la transformación digital en el sistema educativo.

A través de Red.es se han entregado ya 437.113 equipos informáticos con conectividad que facilitan la educación digital, tanto desde el hogar como de forma presencial, al alumnado de familias en situación de riesgo, matriculados en centros educativos sostenidos con fondos públicos de todo el territorio nacional. Esta primera parte ha contado con un presupuesto global de 229.585,699€, de los que Red.es ha aportado 185.641.175€ a través de los fondos FEDER y el resto ha sido aportado por las comunidades y ciudades autónomas adheridas al programa.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

RESTAURACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia para realizar actuaciones de recuperación medioambiental en las áreas afectadas por los incendios forestales en los municipios de Folgoso de Caurel, la Pobra de Brollón, Quiroga, Samos y el Incio en la provincia de Lugo. En la Comunitat Valenciana se restaurarán los terrenos afectados por el fuego en las localidades Bejís, El Toro, Barracas, Torás, Viver, Teresa, Sacañet, Jérica y Altura (Castellón), Andilla y Alcublas (Valencia). Asimismo, también se realizarán trabajos de recuperación en Abejuela (Teruel). Estas intervenciones tienen consignado un presupuesto de casi 700.000 euros.

Los suelos en los enclaves citados se encuentran desprotegidos, ya que no ha transcurrido suficiente tiempo entre el siniestro y la temporada otoñal como para que la vegetación haya podido recuperarse por sí misma, por lo que pueden verse acelerados los procesos erosivos de torrenteras, generando el arrastre de cenizas y sólidos e incluso movimientos en masa si ocurrieran fuertes lluvias en los próximos meses.

Por otro lado, los incendios afectan a los balances hidrológicos, no solo por la desaparición de la cubierta vegetal que reduce el impacto de las lluvias y la captación de las precipitaciones, sino también por la reducción de la infiltración y aumento de las escorrentías superficiales. La situación es especialmente grave ante el riesgo de precipitaciones en forma de tormenta que desencadenen los mencionados procesos erosivos.

Por ello, la intervención inmediata incluye, entre otras, acciones como el triturado in situ del arbolado quemado, la incorporación de acolchado de astilla al suelo, la construcción de diques o la creación de charcas para fauna que sirvan a su vez como punto de carga contra incendios. Las actuaciones se limitan a las estrictamente urgentes, es decir, aquellas en las que técnicamente no es posible aplazar su inicio a meses posteriores porque perderían su eficacia e, incluso, gran parte de su necesidad para prevenir o remediar daños.

LUGARES DE GRAN INTERÉS ECOLÓGICO

El incendio ocurrido este verano entorno de Bejís, calcinó una superficie total de 18.540 hectáreas y causaron cuantiosos daños, tanto personales como materiales. De este terreno afectado, 18.522 hectáreas pertenecen a la Comunidad Valenciana y 18 a Aragón.

La vegetación que ha sido quemada es muy variada, pero destacan las masas de pino negro (Pinus nigra), pino carrasco (Pinus halepensis) y pino silvestre (Pinus sylvestris). El fuego también alcanzó Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y microrreservas de flora, ambas zonas de gran interés ecológico. Con el objetivo de paliar los daños ocasionados, se han aprobado actuaciones de emergencia por un importe máximo de 393.003,25 euros.

En cuanto a Galicia, el pasado 14 de Julio de 2022 se produjo un cúmulo de tormentas que descargaron unos 6.000 rayos en cuatro horas. Al menos 50 de estos rayos produjeron incendios forestales, convirtiéndose varios de ellos en un gran incendio forestal en la provincia de Lugo.

Los incendios se produjeron de forma simultánea en 6 puntos que acabaron uniéndose y formando un solo incendio que finalmente afectó las 12.838 hectáreas. Este foco afectó a áreas de gran valor ambiental y de protección de suelos. Los daños forestales tienen gran trascendencia, por afectar la una zona donde la vegetación juega un importante papel de control de la erosión y mejora de la biodiversidad, además de su gran valor paisajístico. De ahí que estos incendios se consideren una catástrofe natural que requieren una actuación especial de restauración hidrológico-forestal con carácter de emergencia.

Las especies principales de estos montes, Pinus pinaster y Pinus sylvestris están muy adaptadas al fenómeno del fuego y si las condiciones climáticas son buenas y el fuego no ha dañado el banco de semillas en los árboles, puede llegar a darse una buena regeneración natural en las masas de cierta edad. Algo similar ocurre con los bosquetes de Betula pubescens, Quercus robur y Quercus pyrenaica, especies también presentes en la zona, por su capacidad de rebrote de raíz o cepa. En cualquier caso, todo lo anterior pasa por eliminar previamente los árboles muertos y aquellos que por su grado de afección pudieran ser foco de plagas y enfermedades y de daños por viento.

RESTAURACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS

El 24 de agosto, el Consejo de Ministros acordó declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) las comunidades autónomas de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Navarra y el Principado de Asturias, que este verano han sufrido importantes incendios forestales, contexto en el que se encuentran incluidos también estos acuerdos.

Defensa

RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DE COMUNICACIONES TIERRA - AIRE - TIERRA (T-A-T)

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato para la renovación del equipamiento y material de comunicaciones críticas tierra - aire - tierra (T-A-T) del Ejército del Aire y del Espacio.

La finalidad de este contrato es mejorar el sostenimiento y reposición de los sistemas y equipos para mantener la operatividad; reforzar y renovar los principales sistemas de mando y control e inteligencia, potenciando las capacidades relacionadas con la ciberseguridad y dedicar recursos a infraestructuras de naturaleza crítica, apoyo logístico operativo, necesidades de infraestructura de información y comunicaciones para mejorar el empleo de las capacidades, la calidad de vida del personal y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas.

El valor estimado del contrato asciende a 15.000.000,00 € y se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 1120/1977, de 3 de mayo, regulador de la contratación militar en el extranjero.

Defensa

ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SIMULACIÓN DEL HELICÓPTERO NH-90

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato para la adquisición de un sistema de simulación completo del helicóptero multipropósito NH-90 para cubrir necesidades del Ejército del Aire y del Espacio, por un valor estimado de 23.025.540,28 euros.

Con este contrato se dota al Ejército del Aire y del Espacio de un sistema de simulación completo del helicóptero multipropósito de las Fuerzas Armadas NH-90.

El sistema de simulación será la herramienta de formación y perfeccionamiento y de evaluación de pilotos y tripulaciones, y está integrado por elementos visuales y de movimiento que permiten simular escenarios de actuación y escenarios de pilotaje.

Hacienda y Función Pública

CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL DEPÓSITO DE RESIDUOS

El Consejo de Ministros ha aprobado una serie de anteproyectos de Ley que implicarán la cesión definitiva del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos a seis comunidades autónomas, en concreto Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia. Ahora estas normas serán remitidas para su tramitación al Congreso de los Diputados.

Las citadas comunidades son las que han solicitado que la cesión del tributo se haga de manera prioritaria. El procedimiento cumple con lo marcado en el Estatuto de Autonomía de cada territorio y en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Recientemente se ha creado el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos, mediante la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En dicha Ley se contempla la posibilidad de ceder el impuesto y de atribuir competencias normativas y de gestión a las Comunidades Autónomas.

En el sistema de financiación autonómica, la cesión efectiva de un impuesto requiere que se produzcan los acuerdos en los marcos institucionales de cooperación en materia de financiación autonómica establecidos y las modificaciones normativas correspondientes.

Al respecto, se ha alcanzado el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) relativo a la cesión, de 27 de julio de 2022.

Además, se han efectuado las modificaciones de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), y de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.

Acuerdos en Comisiones Mixtas

Asimismo, se han adoptado los acuerdos sobre la cesión de este impuesto en Comisión Mixta a estas seis comunidades autónomas.

El acuerdo alcanzado en Comisión Mixta recoge la posibilidad de que la comunidad ejerza sobre este impuesto las competencias normativas que quedan delimitadas por la ley que regula el sistema de financiación autonómica.

Da cumplimiento a la LOFCA y a los Estatutos

De esta forma, para dar cumplimiento a lo recogido en la LOFCA y en los Estatutos de Autonomía, para cada una de estas comunidades autónomas se eleva al Consejo de Ministros el correspondiente proyecto de Ley de modificación de la Ley del régimen de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.

La finalidad de cada una de estas Leyes, del año 2010 para todas las CCAA, fue identificar los tributos cedidos en el sistema de financiación de 2009 y delimitar el alcance y las condiciones de cesión, así como la atribución de facultades normativas.

Para cada Comunidad Autónoma, el proyecto de Ley modifica el artículo 1 de la Ley de 2010 para modificar el Estatuto de Autonomía e incorporar la cesión del Impuesto sobre el Depósito de Residuos en la lista de tributos cuyo rendimiento se cede a la Comunidad.

Hacienda y Función Pública

CUENTA GENERAL DEL ESTADO DE 2021

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión al Tribunal de Cuentas de la Cuenta General del Estado relativa al ejercicio 2021.

La Cuenta General del Estado se ha formado por la Intervención General de la Administración del Estado como una Cuenta Única Consolidada, presentándose los siguientes estados financieros:

  • Balance consolidado.
  • Cuenta del resultado económico patrimonial consolidada.
  • Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado.
  • Estado de flujos de efectivo consolidado.
  • Estado de liquidación del presupuesto consolidado.
  • Memoria consolidada.

La Cuenta General se configura como el instrumento adecuado para informar de la situación económica, financiera y patrimonial, del resultado económico-patrimonial y de la ejecución del presupuesto de todo el sector público estatal, conforme se define en la Ley General Presupuestaria.

En ella se han integrado 381 entidades del sector público estatal y 194 entidades multigrupo y asociadas que han dado lugar al tratamiento de alrededor de 25.500 operaciones.

Hacienda y Función Pública

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS DE LA IGAE

El Consejo de Ministros ha autorizado la contratación de servicios de soporte técnico y de consultoría de sistemas con destino a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

La finalidad del contrato es satisfacer las necesidades consistentes en optimizar y potenciar el desarrollo de la infraestructura y de los sistemas informáticos y de comunicaciones de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, asegurando unos niveles de rendimiento óptimos.

Todo ello con el objetivo de permitir una mejora en los niveles de eficiencia de las unidades funcionales a las que prestan servicio y el avance en el cumplimiento de las funciones y atribuciones encomendadas.

El presupuesto de licitación del contrato, IVA incluido, asciende a 9.154.988,89 euros y su valor estimado a un total de 18.158.655,64 euros.

La duración del contrato será de 24 meses y 20 días hábiles, prorrogable por un máximo de otros 24 meses.

La adjudicación del contrato se realizará mediante procedimiento abierto, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público.

Hacienda y Función Pública

LUCHA CONTRA EL FRAUDE

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto para adquirir compromisos de gasto durante 2022, con base en lo previsto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la suscripción del convenio con el organismo autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por el que se fija el marco de relaciones para intensificar y hacer más eficaz la colaboración recíproca para mejorar la persecución del fraude en materia de Seguridad Social.

El objetivo del convenio es intensificar y hacer más eficaz la colaboración recíproca entre la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

AñoCompromiso máximo a adquirir (euros)
20232.875.000,00
20242.875.000,00
20252.875.000,00
20262.587.500,00

De esta forma, se modifican los límites de gasto con las siguientes anualidades e importes:

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad Social han venido colaborando, al amparo de diversos procedimientos, protocolos y convenios, en intensificar y hacer más eficaces las labores de control e inspección del cumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de Seguridad Social.

La experiencia y especialización alcanzadas, junto con la evolución de las modalidades de fraude, han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la colaboración e intensificar la coordinación entre los distintos órganos y unidades de ambas partes que se han especializado o se han dedicado, en exclusiva o como parte especifica de las funciones que tienen atribuidas, a la persecución del fraude a la Seguridad Social.

Para todo ello, se hace necesario establecer un instrumento de colaboración entre ambos órganos, adoptando la forma jurídica de convenio, con el objeto de regular el marco general de colaboración ya existente entre la Tesorería y la Inspección de la Seguridad Social y los mecanismos y procedimientos de actuación coordinada y conjunta en aras de una mayor eficacia de cara a la prevención y lucha contra el fraude.

El convenio que se pretende firmar tendrá una duración de cuatro años a partir del momento en que adquiera eficacia, prorrogable por un periodo de otros cuatro.

Hacienda y Función Pública

ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO CUZCO IV Y OTROS ARRENDAMIENTOS

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con base en lo previsto en el apartado 3 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Hacienda y Función Pública el arrendamiento del edificio Cuzco IV, situado en el Paseo de la Castellana 141, de Madrid, así como las prórrogas y novaciones a realizar en otros arrendamientos.

El Departamento de Servicios y Coordinación Territorial solicitó autorización para modificar los límites de la aplicación presupuestaria 'Arrendamientos de edificios y otras construcciones', según nivel de vinculación, dotada en el presupuesto para el año 2022, con un crédito inicial de 20.457.990 euros. Con cargo a la aplicación citada anteriormente, se financian los arrendamientos de los edificios en los que se ubican tanto los Servicios Centrales como los Servicios Territoriales del Ministerio.

Posteriormente, el 6 de septiembre de 2022 se aprobó el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se modificaban los límites establecidos en el artículo 10.Cuatro de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio el arrendamiento del edificio situado en la calle Manuel Cortina, 2, de Madrid, así como las novaciones y revisiones de renta a realizar en otros arrendamiento.

Con posterioridad, la Secretaría General de Fondos Europeos, adscrita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, necesita un nuevo edificio para sus oficinas en Madrid. Por este motivo, se considera oportuno arrendar el Edificio Cuzco IV, situado en el Paseo de la Castellana, 141, de Madrid para los ejercicios 2023 a 2025, por un importe total de 7.056.720 euros, correspondiendo a cada anualidad un importe de 2.352.240 euros.

Además, con cargo a la aplicación presupuestaria citada anteriormente, dicho Ministerio ha de hacer frente al incremento del gasto que se producirá en los años 2023, 2024 y 2025, como consecuencia de las prórrogas y novaciones a realizar en otros arrendamientos, por unos importes totales de 1.383.472,49 euros, 96.019,47 euros y 96.019,47 euros, respectivamente.

El detalle por importes y anualidades de los compromisos totales a adquirir con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria 'Arrendamientos de edificios y otras construcciones', sumados a los ya existentes, según nivel de vinculación, es el siguiente.

20232024202520262027
Arrendamiento Edificio Cuzco IV2.352.240,002.352.240,002.352.240,000,000,00
Novaciones y prórrogas1.383.472,4996.019,4796.019,47 0,00 0,00
Total nuevas necesidades 3.735.712,49 2.448.259,47 2.448.259,47 0,00 0,00
Compromisos ya adquiridos22.984.147,7118.569.482,7515.257.738,179.612.142,967.552.397,28
Límite de compromiso máximo a adquirir 25.336.387,71 20.921.722,75 17.609.978,17 9.612.142,96 7.552.397,28

Por todo ello, al superarse los límites establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, se requiere autorización de Consejo de Ministros para elevar el límite de compromisos de gasto para las anualidades 2023 y 2024 a 2026.

Interior

PLAN HORIZONTE 2035 DE PROTECCIÓN CIVIL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

El Consejo de Ministros ha recibido el informe sobre el Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres Horizonte 2035, un proyecto pionero en España y que ha sido elaborado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias para anticiparse y dar respuesta desde las Administraciones Públicas a los sucesos catastróficos vinculados con el cambio climático.

El Plan parte del acuerdo alcanzado en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma el 13 de marzo y cuenta con el respaldo unánime de todas las comunidades autónomas. El proceso iniciado en La Palma culminó el pasado 24 de octubre con la aprobación por unanimidad del Plan en la reunión del V Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil, que estuvo presidido por Grande-Marlaska y que contó con la asistencia de representantes del de todas las comunidades autónomas y de las administraciones locales.

Horizonte 2035 constata el incremento de los episodios catastróficos en los últimos años, como la pandemia, la erupción volcánica de La Palma o los incendios forestales. En este contexto, su objetivo es ofrecer una respuesta eficaz a las crecientes emergencias derivadas del cambio climático, garantizando la seguridad integral de las personas y estableciendo el Sistema Nacional de Protección Civil como pilar esencial del Estado y como instrumento de cohesión social.

El documento apuesta por fortalecer los órganos que configuran el Sistema Nacional de Protección Civil en todos sus niveles territoriales; ordenar sus recursos para garantizar su interoperabilidad y asistencia entre las diferentes administraciones; garantizar la capacidad de respuesta de las diferentes Administraciones Públicas; e impulsar la cultura preventiva.

Horizonte 2035 incorpora también la ciencia y las acciones de I+D+i al proceso de planificación, así como a otros actores relevantes del sector privado, además de reforzar los vínculos de la protección civil con los servicios sociales y la ayuda humanitaria.

El programa de trabajo marcado hasta 2035 establece la redacción de cuatro sucesivas estrategias cuatrienales para cada uno de los distintos niveles: del Sistema, de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de Ceuta y Melilla, y de las entidades locales.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CONTRATO PARA LA CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS EN GRANADA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en carreteras del Estado en un sector de la provincia de Granada, con un valor estimado de 29 millones de euros. El plazo de ejecución es de tres años, con posibilidad de una primera prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de 9 meses.

Este contrato, para un total de 170,77 km que incluye 77,86 km de autovía, se enmarca en del programa de conservación y explotación de carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y permite mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado para que sea accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos.

El sector indicado es el nº 2, que incluye las siguientes carreteras:

  • A-44 (Bailén-Motril) entre los puntos kilométricos (PP.KK.) 181+700 y 183+980.
  • A-7 (Algeciras-Barcelona) entre los PP.KK. 851+830 y 922+520.
  • A-7. Vías de servicio, en varios tramos delimitados entre los siguientes PP.KK.: 883+000 y 885+300; 910+000 y 911+900 y 920+000 y 920+870.
  • GR-14 (Acceso Oeste al Puerto de Motril) entre los PP.KK. 0+000 y 2+940.
  • GR-16 (Acceso Este al Puerto de Motril) entre los PP.KK. 0+000 y 3+000.
  • N-323 (Bailén - Puerto de Motril) en varios tramos delimitados entre los siguientes PP.KK.: 187+500 y 189+500; 190+250 y 194+000.
  • N-340 (San Fernando-Barcelona) en varios tramos delimitados entre los siguientes PP.KK.: 302+680 y 355+000; 358+250 y 373+050 y 374+650 y 377+690.
  • N-340A entre los PP.KK. 354+000 y 359+500.
  • Ramal de enlace entre autovías las autovías A-7 y A-44.
  • Ramal de enlace entre autovías A-7 y GR-14.

Características del nuevo modelo de conservación

El nuevo modelo de contratos de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y de la red, así como optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de vialidad y seguridad posibles, incluyendo actuaciones como: vigilancia y atención de accidentes e incidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones, mantenimiento de instalaciones, establecimiento de inventarios y reconocimiento del estado de la vía, agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Además, en algunos contratos se incorporan proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía, aunque esto no aplica en este sector.

Así mismo, en el caso de sectores que incorporen elementos funcionales de la carretera, como las áreas de servicio, se recoge la explotación de los mismos, lo cual tampoco aplica en el sector que nos ocupa.

Con este nuevo modelo se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido Mitma.

Imágenes de sector y de los trabajos que se realizan:

(huarea)

Viaducto de Huarea. P.K. 852+600 de la autovía del Mediterráneo A-7

(rio verde)

Viaducto de Río Verde. P.K. 913+400 de la autovía del Mediterráneo A-7

(cantalobos)

Túnel de Cantalobos. P.K. 917+400 de la autovía del Mediterráneo A-7

(barrera)

Colocación de barrera metálica

(sellado)

Sellado de grieta

(limpieza)

Limpieza de vegetación en muro de tierra armada

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS EN LA RIOJA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en un sector de la red de carreteras del Estado en La Rioja, con un valor estimado de 25,78 millones de euros. El plazo de ejecución inicial es de tres años, con posibilidad de prórroga por otros dos años.

El contrato, para un total de 166,408 km de los cuales 62,32 km son de autovía, se enmarca en el programa de conservación y explotación de carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) que permite mantener las condiciones de vialidad, circulación y seguridad en la Red de Carreteras del Estado.

El sector indicado es el nº 1, que incluye varios tramos de las carreteras LO-20, A-12, A-13, N-120, N-120A, N-124, N-126, N-232 y N-232A.

El nuevo modelo de contratos de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la carretera y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de vialidad y seguridad posibles, incluyendo actuaciones como: vigilancia y atención accidentes e incidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones, mantenimiento de instalaciones, establecimiento de inventarios y reconocimiento del estado de la vía, agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Proyectos específicos

Además, algunos contratos se incorporan proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía. En este contrato se incluyen los siguientes:

  • Actuaciones de mantenimiento para la mejora de la Seguridad Vial en lo referente a sistemas de contención y adecuación a normativa de los sistemas de contención existentes en la autovía A-12, p.k. 98+000 a p.k. 131+000.
  • Reparación del puente de Cenicero, N-232 P.K. 428+350.

Con este nuevo modelo se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido Mitma.

(ODS)

(croquis)

Croquis orientativo, sujeto a posibles variaciones

(imagen 1)

(imagen 2)

(imagen 3)

(imagen 4)

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CONTRATO PARA LA CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS EN VALLADOLID

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en un sector de la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Valladolid, con un valor estimado de 17,33 millones de euros. El plazo inicial de ejecución es de tres años, con posibilidad de una prórroga de dos años.

Este contrato, destinado a un total de 137,37km que incluyen 15,57 km de autovías, se enmarca en del programa de conservación y explotación de carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y permite mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado para que sea accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos.

El sector indicado es el nº 2, que incluye varios tramos de las carreteras A-60, N-601 y N-610.

El nuevo modelo de contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la carretera y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de vialidad y seguridad posibles, incluyendo actuaciones como: vigilancia y atención accidentes e incidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones, mantenimiento de instalaciones, establecimiento de inventarios y reconocimiento del estado de la vía, agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Proyectos específicos

Además, en algunos contratos se incorporan proyectos específicos de pequeñas obras necesarias para mejorar la funcionalidad de la vía. En este contrato se incluyen los siguientes:

  • Rehabilitación del firme de la carretera N-601 entre los kilómetros 239+970 y 243. Travesía de Berrueces.
  • Adecuación de márgenes en la N-601, del km 234+370 al 260+557.
  • Acondicionamiento superficial del talud de la margen izquierda en el km 195 de la carretera N-601 en Zaratán.

Con este nuevo modelo se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido Mitma.

(croquis2)

Croquis orientativo, sujeto a posibles variaciones

(carreteras)

(bidones)

(carreteras2)

(Benavente)

Educación y Formación Profesional

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN AUDITORÍA ENERGÉTICA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establece el curso de especialización de Formación Profesional de Grado Superior en Auditoría energética y se fijan los aspectos básicos del currículo. Hasta la fecha, el Gobierno ha creado 21 cursos de especialización y 10 titulaciones más de FP.

Este curso, de 420 horas de duración, proporcionará formación relativa a auditar y asesorar en el uso y consumo de energía y coste asociado en edificios, instalaciones u operaciones industriales o comerciales, transporte vinculado a la actividad o servicio privado o público, con el objetivo de identificar e informar sobre los flujos de energía y de su potencial de mejora.

Podrán acceder a él aquellas personas que posean un título de técnico superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluidos; Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos; Eficiencia Energética y Eficiencia Solar Térmica; Proyectos de Edificación; Sistemas Electrotécnicos y Automatizados; Centrales Eléctricas; Energías Renovables; Proyectos de Obra Civil; Organización y Control de Obras de Construcción; y Gestión del Agua.

Los cursos de especialización complementan las competencias de quienes ya disponen de un título de FP de grado medio o superior y quieren especializarse en sectores emergentes de alto nivel de empleabilidad. Esta oferta formativa, en permanente actualización, responde de forma rápida a las innovaciones tecnológicas y sostenibles que se producen en el mercado. Para ello, durante el proceso de elaboración, el Ministerio cuenta con la colaboración de profesionales de empresas punteras de los distintos sectores productivos.

La aprobación de esta titulación responde a una de las actuaciones más importantes del Plan de Modernización de la Formación Profesional. Se trata de la ampliación y renovación permanente de la oferta formativa, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, atendiendo a perfiles profesionales de los sectores emergentes y que se están viendo más afectados por la sostenibilidad, la digitalización y las nuevas tecnologías.


Industria, Comercio y Turismo

PROGRAMAS DE CONSTRUCCIÓN DE BUQUES Y SUBMARINOS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una segunda Adenda al Convenio con la empresa Navantia, S.A., S.M.E., para el Programa de construcción de dos buques de acción marítima oceánicos (BAM).

Esta adenda no implica ningún gasto adicional sobre el ya autorizado, puesto que su único objeto es la modificación del vigente calendario de la devolución al Tesoro Público por parte de Navantia de la financiación recibida.

El programa de desarrollo de los BAM tiene como objetivo sustituir progresivamente algunos antiguos buques de la Armada por una Fuerza de Acción Marítima Oceánica, diseñada a partir de una plataforma fiable, de bajo coste de mantenimiento, plantilla reducida y con gran capacidad de permanencia en la mar.

El Consejo de Ministros también ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una séptima Adenda al Convenio con la empresa Navantia, S.A., S.M.E., para el desarrollo tecnológico del Programa de los submarinos S-80.

Esta nueva adenda no implica ningún gasto adicional, ya que únicamente se modifica el calendario de devoluciones anteriormente aprobado.

La clase S-80 es uno de los proyectos más ambiciosos para la industria naval y militar española, al configurarse como uno de los submarinos no nucleares más avanzados del mundo, con diseño y construcción españoles.

El submarino S-81 Isaac Peral, fue puesto a flote en mayo de 2021, y deberá realizar un conjunto de pruebas muy exigentes hasta que pueda ser entregado a la Armada con fecha de febrero o marzo de 2023.

Industria, Comercio y Turismo

PROGRAMA LEOPARDO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una séptima Adenda al Convenio con la empresa Santa Bárbara Sistemas, S.A., para el desarrollo industrial del Programa Leopardo.

El objetivo de esta nueva adenda es ajustar el calendario de las devoluciones al Tesoro Público a la reprogramación de pagos aprobada por la Secretaría de Estado de Defensa. Esta séptima adenda no supone ningún incremento de gasto sobre el anteriormente autorizado para este programa.

Industria, Comercio y Turismo

PROGRAMA EUROFIGHTER

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una octava Adenda al Convenio con el Consorcio Español para el Desarrollo Industrial del Programa Eurofighter A.I.E. (CEDIEF A.I.E.), relativo al Programa EF2000.

España es un miembro clave del consorcio Eurofighter, junto con Italia, Alemania y Reino Unido, y recibió su primer avión en 2003. Hoy en día es un elemento clave de la estrategia defensiva española, con 73 unidades operativas.

Esta octava adenda se autoriza para ajustar el calendario de las devoluciones al Tesoro Público debido a la reprogramación de pagos aprobada por la Secretaría de Estado de Defensa. La adenda no supone ningún incremento de gasto sobre el anteriormente autorizado para este programa.

Industria, Comercio y Turismo

LÍNEA ICO DEL SECTOR TURÍSTICO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la primera Adenda al Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la concesión de financiación y garantía a operaciones del sector turístico en la línea ICO Empresas y Emprendedores.

En esta línea se establece un gasto adicional de 26.000€ y se modifica la distribución temporal de los compromisos asumidos por la Secretaría de Estado de Turismo.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS DE LA UE VINCULADAS A POLÍTICAS DE ACCESIBILIDAD, MIGRACIÓN, TRIBUTACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y DAÑOS NUCLEARES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos; una norma que incorpora al ordenamiento jurídico español cuatro directivas de la Unión Europea a la vez.

Migraciones

En materia de migraciones, se traspone la Directiva (UE) 2021/1883, de Tarjeta azul, que tiene como objetivo propiciar la incorporación al mercado laboral español de perfiles laborales altamente cualificados provenientes del exterior, en un momento de cambio del modelo productivo español hacia actividades de mayor valor añadido y de renovada competencia internacional por el talento profesional. Se trata de una transposición ambiciosa de la norma europea a la española, que homologa a España a regulaciones exitosas como la alemana, y no una trasposición de mínimos como la que se hizo en 2009.

La nueva regulación simplifica y unifica la regulación para la entrada de profesionales de alta cualificación, creando un solo régimen con dos modalidades -europea y nacional- complementarias, y no alternativas como hasta ahora, dando así mayor seguridad jurídica. En este sentido, también reduce las cargas administrativas con medidas como ampliar la duración de las autorizaciones desde los dos años actuales a tres años prorrogables hasta cinco. Además, se instituye un sistema de ventanilla única por el que todas las solicitudes se examinarán por la Unidad de Grandes Empresas, y el silencio administrativo se considerará positivo.

Además, la nueva regulación elimina requisitos de tamaño y volumen de facturación de las empresas en el esquema nacional, favoreciendo a las PYMEs; flexibiliza los umbrales salariales para la concesión de la autorización a estos profesionales; se instituye un régimen de agrupamiento familiar por el que los titulares pueden venir acompañados de sus familiares y éstos pueden trabajar desde el momento que tienen la autorización de residencia sin limitación ni geográfica ni sectorial y se facilita la incorporación de profesionales de sectores tecnológicos al requerirles tres años de experiencia y no los cinco que se exigen con carácter general.

Accesibilidad a determinados productos y servicios para personas con discapacidad

La aprobación del anteproyecto de Ley en materia de requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios establece unos nuevos requisitos mínimos de accesibilidad en toda la UE para una serie de productos y servicios que blinde el derecho de las personas con discapacidad a acceder a los bienes y servicios disponibles en el mercado interior de la UE.

Este anteproyecto de Ley recoge la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, conocida como Acta Europea de Accesibilidad.

Gracias a la transposición de esta Directiva, serán plenamente accesibles productos tales como las máquinas de facturación, los terminales de autoservicio interactivos que faciliten información, los terminales de gestión de turno o los lectores electrónicos. Asimismo, entre otros servicios, serán accesibles las aplicaciones de los servicios de transporte de viajeros, sus terminales de servicio interactivos (situados en estaciones de tren, aeropuertos, puertos, etc.), los libros electrónicos y los servicios de comercio electrónico.

Además, el teléfono de emergencia 112 será accesible en toda la Unión Europea. Actualmente, las personas con discapacidad, y particularmente las personas sordas, experimentan dificultades en el uso y acceso a los servicios de emergencia a través del 112. En este sentido, en ningún caso será necesario un registro o procedimiento previo para que las personas con discapacidad obtengan respuesta a las comunicaciones con el número único europeo de emergencia 112.

Las disparidades existentes entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de accesibilidad de productos y servicios para personas con discapacidad constituyen obstáculos a la libre circulación de productos y servicios y distorsionan la competencia efectiva en el mercado interior. Debido a las diferencias entre los requisitos de accesibilidad nacionales, los profesionales, las PYMES y las microempresas son especialmente reacios a aventurarse en nuevos proyectos empresariales fuera de los mercados de sus países. Los requisitos de accesibilidad nacionales, o incluso regionales o locales, que han establecido los Estados miembros difieren actualmente tanto en cobertura como en nivel de detalle. Esas diferencias afectan negativamente a la competitividad y al crecimiento, debido a los costes adicionales derivados del desarrollo y la comercialización de productos y servicios accesibles para cada mercado nacional. Por todo ello, se hace necesario establecer una regulación homogénea para aproximar, en el menor plazo posible, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en lo relativo a los requisitos de accesibilidad de determinados productos y servicios.

España es de los pocos países que ha apostado por una de transposición integral la Directiva 2019/882 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios y concretamente dotándola de rango de Ley. Se trata, pues, de una revisión técnica de esos requisitos de accesibilidad, para asegurar su uso no sólo en España, sino en toda la Unión Europea.

Gracias a estos estándares comunes, se protegen el derecho de circulación sin discriminación de todas las personas, asegurando así una mayor autonomía de las personas con discapacidad.

En cuanto al proceso de transposición, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 es el departamento ministerial responsable de los trabajos de transposición de la Directiva (UE), si bien son varios los departamentos ministeriales que también son competentes por razón de los productos y servicios que entran dentro de su ámbito de aplicación.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

PRÉSTAMO A LA SEGURIDAD SOCIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 6.981,6 millones de euros, con el objetivo de proporcionar cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social.

Así estaba establecido en la disposición adicional tercera de la Ley 22/2021, de los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Se trata de un préstamo sin devengo de intereses.

La Seguridad Social se financia con cargo a los recursos del sistema, principalmente cotizaciones de trabajadores y empresas.

En los meses de junio y noviembre, la Seguridad Social abona conjuntamente la nómina ordinaria y extraordinaria de las pensiones, un desembolso que supera los 21.000 millones de euros. Como en los últimos años, la concesión del préstamo realizada hoy asegura el pago puntual de las pensiones y permite a la Seguridad Social planificar con suficiente antelación la disposición de los recursos necesarios para hacer frente a estos desembolsos extraordinarios.

La mejora de la situación financiera de la Seguridad Social ha propiciado que, por primera vez desde que empezaron los préstamos al sistema tras la crisis financiera, el importe anual del mismo haya sido inferior a los 10.000 millones de euros y sólo haya requerido un libramiento, en vez de los dos habituales, coincidiendo con el abono de las dos pagas extraordinarias. En este sentido, el préstamo de 2021, también consignado en la Ley de Presupuestos Generales, ascendió a 13.830 millones de euros.

Cultura y Deporte

SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real decreto de concesión directa de subvenciones a diversas fundaciones, entidades de ámbito local y asociaciones para la puesta en marcha de acciones culturales por valor de 695.000 euros.

Referentes en sus respectivos ámbitos, las entidades culturales a las que se han concedido la subvenciones son el Consorcio Centro Federico García Lorca, la Fundación Cultural Jordi de Sant Jordi de la Comunidad Valenciana, la Fundación Privada Procat, la Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas Profesionales de Danza (FECED), la Federación de la Música de España y las corporaciones locales canarias del Cabildo Insular de la Gomera y el Ayuntamiento de la Villa de Agaete.

En concreto los beneficiarios de la subvención deberán destinar el importe de la ayuda a:

  • En el caso del Consorcio Centro Federico García Lorca, para financiar la adquisición de bienes de la biblioteca personal y familiar de Federico García Lorca (125.000 euros)
  • La Fundación Cultural Jordi de Sant Jordi de la Comunidad Valenciana, para actividades de fomento y promoción del valenciano/catalán y oferta de contenidos diversos y de calidad (50.000 euros)
  • La Fundación Privada Procat, para la ejecución de la obra de reforma y ampliación del Edificio Socio-Cultural (50.000 euros)
  • La Federación Estatal de Asociaciones de Compañías y Empresas Profesionales de Danza, para actividades de promoción exterior e internacionalización de las compañías de danza (30.000 euros)
  • La Federación de la Música de España, para los trabajos de puesta en marcha del Instituto de la Música de España (40.000 euros)
  • El Cabildo Insular de la Gomera, para la celebración de las Jornadas Colombinas (300.000 euros)
  • Y el Ayuntamiento de la Villa de Agaete, para actividades de promoción cultural derivadas de la celebración del Mercado de las Artes Performativas del Atlántico Sur (MAPAS) (100.000 euros)

Ciencia e Innovación

SUBVENCIONES PARA EL IMPULSO DE PROYECTOS EN MATERIA DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de diversas subvenciones para el impulso de proyectos en materia de innovación y transferencia de conocimiento.

En virtud de este Real Decreto, el Ministerio de Ciencia e Innovación destinará 2,1 millones de euros a proyectos de la Universidad del País Vasco y la Universidad de Deusto.

En concreto, se concederá 1,2 millones de euros al proyecto de innovación abierta para la transición sostenible en los sectores marinos de la Universidad del País Vasco.

El proyecto supondrá convertir la Escuela de Ingeniería de Bilbao en un Centro de Innovación y Transferencia Universidad-Sociedad-Empresa, centrado en las ciencias y tecnologías del mar y los recursos y energías marinas sostenibles, para construir oportunidades para un crecimiento verde-azul y para promover la formación, la cultura y la I+D+i en los sectores marinos en colaboración con todos los agentes.

Para ello, se realizarán intervenciones dirigidas a mejorar en la sostenibilidad del edificio, mejorar el ámbito de la formación e investigación, así como el refuerzo de la transferencia, proyección e interacción con el entorno.

Asimismo, se concederá un millón de euros para el proyecto de innovación y transferencia en el ámbito sociosanitario y tecnológico de la Universidad de Deusto, que tiene por objeto impulsar la modernización de la investigación, la transferencia y los procesos productivos desde la Universidad, permitiendo el acceso al conocimiento a agentes como las PYMES y promoviendo la recuperación económica desde el eje de la innovación.

BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Presidenta del Consejo de Estado

Dª. MAGDALENA VALERIO CORDERO

Jurista de reconocido prestigio. Estudió Derecho en la Universidad Complutense en plena Transición. Es funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social y de la Escala de Gestión de Empleo del INEM.

Su trayectoria tanto profesional como política ha estado siempre muy vinculada al mundo del trabajo, de la Seguridad Social y de las políticas sociales, con una enorme vocación de servicio público. A lo largo de su vida profesional ha tenido la oportunidad de realizar tareas muy transversales en todos los niveles de la Administración Pública: en el INSALUD, en el INSERSO, en Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCMM), como concejala del Ayuntamiento de Guadalajara, delegada provincial de la Junta, como consejera del Gobierno de la propia Comunidad en diversas Consejerías y como ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Asimismo, aunque su actividad parlamentaria se ha centrado principalmente en su especialización en asuntos relacionadas con el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, siendo en estos momentos presidenta del Pacto de Toledo, también ha tenido una participación importante en la Comisión de Justicia, en la de Políticas de Atención Integral a la Discapacidad, en la Mixta del Defensor del Pueblo y en la de Auditoría de la Calidad Democrática, la Lucha contra la Corrupción y las Reformas Institucionales y Legales , a lo largo de las Legislaturas X, XIII y XIV.

Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Extremadura

D. FRANCISCO ALEJANDRO MENDOZA SÁNCHEZ

Nacido en 1961 en Don Benito (Badajoz) es licenciado en Derecho por la Universidad de Extremadura.

Es funcionario de la Diputación Provincial de Badajoz donde ha desempeñado entre otros puestos el de director del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior (1999-2007) y letrado del Gabinete de Asuntos Judiciales (2011-2018). Entre 2007 y 2011 desempeñó el cargo de secretario general de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura.

Desde junio de 2018 y hasta el presente momento ocupaba el cargo de subdelegado del gobierno en la Provincia de Badajoz

Delegado del Gobierno en Ceuta

D. RAFAEL GARCÍA RODRÍGUEZ

Licenciado en Derecho por la Universidad Europea de Madrid.

Desde 2019 es asesor jurídico del portavoz del Grupo Parlamentario Socialistas (Ceuta) y es, asimismo, el responsable jurídico del partido. También es el secretario general de Relaciones Institucionales y Función Pública del PSOE de Ceuta desde 2021. Anteriormente se ha dedicado a la empresa privada y ha sido titular de una gestoría.

Posee formación complementaria en gestión tributaria y en derecho del deporte.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajadora en Misión Especial para la Estrategia para el Caribe

Dª. MARÍA CRISTINA PÉREZ GUTIÉRREZ

Nacida en Zaragoza, el 5 de julio de 1965. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene también el diploma en Derecho Francés por la Universidad París XI Sceaux, diploma en Derecho Comunitario por la Universidad de París Sorbonne - Assas y máster en Derecho Comunitario por la Universidad Libre de Bruselas.

Ingresó en la Carrera Diplomática el 16 de junio de 1995. Ha desempeñado diversos puestos en el exterior: embajadora de España en Costa Rica desde octubre 2018 a 2022, consejera en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (2011-2015), secretaria de embajada en la Embajada de España en Bogotá (2005- 2008) y en la Embajada de España en Pekín (2001 a 2005).

En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, entre 2017 y 2018 fue directora general de Políticas de Desarrollo Sostenible en la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe. También ha desempeñado los puestos de vocal asesora en el Gabinete del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (2016 a 2017), subdirectora general de Organismos Multilaterales de Iberoamérica (2010 a 2011), vocal asesora en el Gabinete del secretario de Estado para Iberoamérica (2008 a 2010).

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Director G eneral de Aviación Civil

D. DAVID BENITO ASTUDILLO

Ingeniero superior Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Es funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

Comenzó su trayectoria profesional como consultor en el ámbito de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, con posterioridad ejerció como asesor en materia de regulación del transporte aéreo en la empresa pública SENASA, hasta su ingreso en el cuerpo de ingenieros aeronáuticos en 2010.

Como funcionario ha desempeñado los cargos de auditor nacional de seguridad de la aviación civil en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), jefe de área de convenios internacionales en la Dirección General de Aviación Civil, y desde julio de 2015, el de subdirector general de Transporte Aéreo.

Es miembro del panel de expertos de regulación del transporte aéreo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), vicepresidente del grupo de trabajo sobre economía del transporte de la Conferencia Europea de Aviación Civil (CEAC) y miembro del Consejo rector de AESA y presidente de su Comisión de Control. En julio de 2019 se le concedió la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil.

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