Referencia del Consejo de Ministros

18.10.2022

Madrid

SUMARIO

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de dos subvenciones, a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la ejecución de obras de seguridad minera y clausura en las instalaciones de residuos mineros abandonadas denominadas "La Soterraña" y "San Cristóbal I".
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de actuaciones hidrológico-forestales en el área afectada por el incendio forestal de Vall d'Ebo (Alicante), por un importe máximo de 298.766,61 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de actuaciones hidrológico-forestales en el área afectada por el incendio forestal de Bejís (Castellón), por un importe máximo de 599.748,30 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de actuaciones hidrológico-forestales en el área afectada por el incendio forestal de Vilariño y Carballeda (Orense), por un importe máximo de 399.244,49 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la realización de actuaciones forestales en el área afectada por el incendio forestal de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), por un importe máximo de 250.000 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de aporte de recursos de agua subterránea a la Mancomunidad de Tentudía para mantener el suministro, por un importe máximo de 1.750.000 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo al centro auspiciado por la UNESCO (Categoría 2) denominado "Centro Internacional sobre Reservas de Biosfera Mediterráneas", solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.
ACUERDO por el que se autoriza al uso de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado a los responsables de programas y responsables de proyectos de cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de nacionalidad española, destinados en Haití, Mali, Jerusalén, Níger, Nigeria, Nicaragua, Argelia, Caracas y Etiopía.
ACUERDO de autorización de contribuciones voluntarias de España a organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, por importe de 82.545.000 euros.
ACUERDO sobre propuesta de concesión de beneplácito para jefe de misión extranjera.

Justicia

REAL DECRETO por el que se regula el procedimiento para la selección y designación de la terna de candidatos a Fiscal Europeo y candidatos a Fiscal Europeo Delegado en España.

Hacienda y Función Pública

ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para financiar una modificación de crédito que posibilite al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el cumplimiento de una Sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 12 de febrero de 2020, por responsabilidad patrimonial por la aplicación del sistema de minoración de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica, por importe de 264.202.426,26 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la modificación del lote 2 del contrato centralizado de servicios de telecomunicaciones de la Administración General del Estado y otras entidades públicas fase II, por un importe de 4.338.939 euros (IVA incluido).
ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Extremadura a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 60.000.000 de euros.
ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2022 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el apartado cuatro del artículo 10 de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, para posibilitar a Mutua Universal MUGENAT, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 10, la contratación de dos arrendamientos.
ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2022 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la contratación, la tramitación anticipada y la prórroga de diversos expedientes para poder desarrollar su normal funcionamiento.
ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Foral de Navarra a otorgar garantías por un importe máximo de 20.000.000 de euros.
ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad de Madrid a otorgar garantías por un importe máximo de 18.000.000 de euros.
ACUERDO por el que se modifican límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para la tramitación de diversos expedientes de gastos corrientes del Museo Nacional del Prado, organismo público adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte.

Interior

ACUERDO por el que se autoriza a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la contratación del suministro de gas natural a los establecimientos penitenciarios dependientes de Instituciones Penitenciarias, por un valor estimado 19.579.693,26 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la concesión de una ayuda de cooperación policial internacional para contribuir a la financiación del despliegue de las autoridades marroquíes en actividades de lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de personas.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras: "Paso inferior en la intersección tipo glorieta entre la A-68 punto kilométrico 233 con la Z-40 en Zaragoza". Provincia de Zaragoza. Valor estimado del contrato 19.055.459,23 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de ejecución de las obras del proyecto de construcción de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Palencia - Aguilar de Campoo. Tramo: Osorno - Calahorra de Boedo. Valor estimado del contrato: 88.114.868,66 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de obras: "Terminación de las obras de la prolongación de la Autovía del Baix Llobregat. Tramo: Ronda Litoral. - Autopista A-16. Mejora de la movilidad de usuarios vulnerables en el Baix Llobregat". Valor estimado del contrato 63.119.346,33 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de recalce de cimentación y reparación de daños en el paso superior del punto kilométrico 508+300 de la A-4, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Sevilla, por importe de 308.076,26 euros.
ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia de las obras de protección y reparación de los daños producidos por desprendimientos del terreno entre los puntos kilométricos 389+700 y 390+425 de la carretera N-260, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Huesca, por importe de 5.001.081,50 euros.
ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión de los avales por cuenta del Estado de la "Línea de avales rehabilitación edificatoria residencial" por importe máximo de gasto de 15.990.000 euros por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Educación y Formación Profesional

REAL DECRETO por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Agraria, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, y Fabricación Mecánica, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se suprime una cualificación profesional de la familia profesional Energía y Agua, establecida por el Real Decreto 716/2010, de 28 de mayo, recogida en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
REAL DECRETO por el que se establecen determinadas cualificaciones profesionales de las familias profesionales Hostelería y Turismo, Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento, y Transporte y Mantenimiento de Vehículos, que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas destinados al Programa de Educación inclusiva en el ejercicio presupuestario 2022, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Educación, por importe de 38.000.000 de euros.

Universidades

REAL DECRETO por el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologación, de declaración de equivalencia y de convalidación de enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros y por el que se regula el procedimiento para establecer la correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior de los títulos universitarios oficiales pertenecientes a ordenaciones académicas anteriores.
ACUERDO por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Máster y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia del Gobierno

REAL DECRETO por el que se nombra consejera permanente de Estado y presidenta de la Sección Séptima del Consejo de Estado a Dª. MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ.

Defensa

REAL DECRETO por el que se nombra segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra a D. ALEJANDRO GONZALO ESCÁMEZ FERNÁNDEZ.
REAL DECRETO por el que se nombra director General de Asuntos Económicos a D. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MARTÍNEZ.

Hacienda y Función Pública

REAL DECRETO por el que se nombra director General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia a D. JORGE FABRA PORTELA.

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ASUNTOS GENERALES

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

CLAUSURA Y RESTAURACIÓN DE DOS MINAS ABANDONADAS EN MURCIA Y ASTURIAS

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión directa de subvenciones al Principado de Asturias y a la Región de Murcia, para clausurar y restaurar las minas abandonadas de "Soterraña" y "San Cristóbal I". Ambas actuaciones están dotadas con un presupuesto superior a los 9 millones de euros.

De este modo, la región de Asturias recibirá 7.986.445 euros realizar las obras en la mina de "Soterraña". Esta instalación, situada en el paraje de "Muñón Cimero", se encuentra en el término municipal de Lena y, en la actualidad, es una escombrera de una antigua mina de mercurio subterránea. La zona está desmantelada, pero se han observado problemas de inestabilidad tanto en la escombrera como en los lugares colindantes, lo que obliga a tomar medidas.

Por su parte, la región de Murcia percibirá 1.334.872 euros para los trabajos necesarios en la explotación minera de "San Cristóbal I", en el término municipal de Mazarrón. Esta instalación es una antigua presa de lodos de flotación que presenta problemas de inestabilidad debido a su estado de abandono.

A consecuencia de estas actuaciones, tanto el Principado de Asturias como la Región de Murcia quedarán sujetas a las obligaciones previstas en las resoluciones que contemplarán las labores de restauración, y la vigilancia del mantenimiento y conservación medioambiental de los terrenos afectados por los residuos mineros. Asimismo, durante, al menos, 75 años desde la concesión de estas subvenciones, quedará prohibido cualquier cambio de uso de los terrenos afectados por los residuos mineros.

Identificación de instalaciones mineras peligrosas

El Ministerio para la Transición Ecológica ha identificado en España 109 instalaciones mineras clausuradas que están teniendo un impacto medioambiental negativo en su zona o que lo pueden tener en un medio o corto plazo. Además, podrían ser una amenaza grave para la salud y la seguridad de las personas y el medioambiente.

Por ello, desde el ministerio se está colaborando con las comunidades autónomas para identificar todas las instalaciones mineras que puedan resultar peligrosas para emprender su rehabilitación o clausura definitiva. La primera actuación realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica para la ejecución de obras y clausura de instalaciones de residuos mineros fue en el año 2020 en la zona "El Lirio" en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

DECLARACIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A LA MANCOMUNIDAD DE TENTUDÍA

El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia de las obras de aporte de recursos de agua subterránea a la Mancomunidad de Tentudía (Badajoz).

Las actuaciones, que ya han comenzado, cuentan con un presupuesto de 1,75 millones de euros destinados a la búsqueda de fuentes subterráneas con las que reforzar el suministro de los nueve ayuntamientos del sur de la provincia que engloba la Mancomunidad. La población total susceptible de abastecerse desde su red suma unos 21.000 habitantes en la actualidad.

La fuente principal de suministro de agua potable de esta población es la ETAP existente al pie de la presa de Tentudía, que recibe el agua del embalse creado por dicha presa. Los consumos anuales desde el embalse vienen oscilando entre los 1,5 y 2 hm3, y a día de hoy la presa embalsa un total de 0,78 hm3 totales, de los que útiles para abastecimiento tan sólo son 0,25 hm3. En las últimas semanas, entre consumo y evaporación, el embalse viene perdiendo, un volumen de unos 0,02 hm3 a la semana, lo que supone que el agua del mismo dejaría de poder captarse en unas 10 semanas, aunque no se descarta que las posibilidades de toma desde el embalse se agoten antes, por problemas de calidad, al estarse apurando los niveles más bajos del mismo.

Estudios y sondeos

La única posibilidad de aportar algunos recursos adicionales a la zona, a corto plazo, son las aguas subterráneas. Por lo tanto, se plantean, entre otras actuaciones: realizar estudios hidrogeológicos en búsqueda de posibles recursos de agua subterránea adicionales, en particular en las localidades de Fuente de Cantos y Cabeza la Vaca (zonas actualmente con mínima o nula aportación de recursos subterráneos) para buscar captaciones de agua (nuevos sondeos, manantiales, etc) susceptibles de apuntalar el suministro a la red mancomunal.

También se prevén intervenciones en las proximidades de tres sondeos preexistentes (El Naranjo, Domingo y Lancharro) en su día vinculados a la Mina de Aguablanca y que actualmente están incorporados en precario al sistema de abastecimiento de la Mancomunidad. Se trataría de ejecutar dos nuevos sondeos en búsqueda de recursos subterráneos que complementen a los anteriormente mencionados y conectarlos una vez equipados (en caso de obtener un resultado positivo en los mismos) directamente a las instalaciones de la ETAP de la Mancomunidad para su potabilización.

Asimismo, cabría la ejecución de otras actuaciones de menor calado para incorporar recursos existentes que actualmente están siendo desaprovechados (conexiones hidráulicas, eléctricas, equipamientos electromecánicos, etc), y la ejecución de tres nuevos sondeos en la zona de Calera de León, y en función de los aforos de los mismos, el correspondiente equipamiento (bombeo, electricidad...) y conexión de los mismos hasta la ETAP.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

INVERSIÓN PARA RESTAURACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES EN VALENCIA, GALICIA Y CANARIAS

El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia para realizar actuaciones de recuperación medioambiental en las áreas afectadas por los incendios forestales de Vall d'Ebo y Bejís (Comunidad Valenciana), Vilariño de Conso y Carballeda de Valdeorras (Galicia) y Los Realejos (Canarias). Estas intervenciones, que tienen consignado un presupuesto de más 1,5 millones de euros, han comenzado ya y tendrán un plazo máximo de ejecución de 6 meses.

Los suelos de los enclaves citados se encuentran desprotegidos, ya que no ha transcurrido suficiente tiempo entre el siniestro y la temporada otoñal como para que la vegetación haya podido recuperarse por sí misma, por lo que pueden verse acelerados los procesos erosivos de torrenteras, generando el arrastre de cenizas y sólidos e incluso movimientos en masa si ocurrieran fuertes lluvias en los próximos meses.

Por otro lado, los incendios afectan a los balances hidrológicos, no solo por la desaparición de la cubierta vegetal que reduce el impacto de las lluvias y la captación de las precipitaciones, sino también por la reducción de la infiltración y aumento de las escorrentías superficiales. La situación es especialmente grave ante el riesgo de precipitaciones en forma de tormenta que desencadenen los mencionados procesos erosivos.

Por ello, la intervención inmediata incluye, entre otras, acciones como el triturado in situ del arbolado quemado, la incorporación de acolchado de astilla al suelo, la construcción de diques o la creación de charcas para fauna que sirvan a su vez como punto de carga contra incendios. Las actuaciones se limitan a las estrictamente urgentes, es decir, aquellas en las que técnicamente no es posible aplazar su inicio a meses posteriores porque perderían su eficacia e, incluso, gran parte de su necesidad para prevenir o remediar daños.

Daños en el dominio público hidráulico

Los incendios ocurridos este verano en los municipios de Bejís, en Castellón, y Vall d'Ebó, en Alicante, calcinaron una superficie total de 31.473 hectáreas y causaron cuantiosos daños, tanto personales como materiales.

El dominio público hidráulico también sufrió las consecuencias del fuego, ya que se vio afectado por problemas de obstrucciones en los cauces debido a la presencia de restos de árboles y vegetación quemados, así como un riesgo de erosión y futuras obstrucciones, dada la desprotección de los cauces al haber desaparecido la capa vegetal y a la precariedad de los árboles quemados en pie.

Con el objetivo de paliar los daños ocasionados, se han aprobado actuaciones de emergencia por un importe máximo de 599.0748 euros en Bejís y 298.766 euros en Vall d'Ebó, que incluye trabajos para retirar todo el material vegetal quemado, así como la reparación de las erosiones y daños ocasionados en los mismos.

En cuanto a Galicia, las actuaciones de emergencia para afianzar los suelos afectados por los fuegos de Vilariño de Conso y Carballeda de Valdeorras, ambos en la provincia de Orense, cuentan con un presupuesto máximo de 399.244,49 euros. Y las intervenciones en los terrenos calcinados en Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife) tienen consignado un importe máximo de 250.000 euros.

Restauración de las zonas afectadas

El 24 de agosto, el Consejo de Ministros acordó declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) las comunidades autónomas de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Navarra y el Principado de Asturias, que este verano han sufrido importantes incendios forestales, contexto en el que se encuentran incluidos también estos acuerdos.

El plazo de ejecución es de 6 meses, mínimo imprescindible para llevarlas a cabo, teniendo en cuenta la estacionalidad de los trabajos de campo y la necesidad de concurrencia de las condiciones climatológicas necesarias para su normal desarrollo.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO SOBRE EL USO DE VIVIENDA EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se autoriza al uso de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado a los responsables de programas y responsables de proyectos de cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de nacionalidad española, destinados en Haití, Mali, Jerusalén, Níger, Nigeria, Nicaragua, Argelia, Caracas y Etiopía.

El artículo 106.1 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, autoriza al Gobierno para delimitar los supuestos en los cuales los empleados públicos pueden acceder al disfrute de una vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado. Continúa el artículo: "a los anteriores efectos, se atenderá a las necesidades del servicio, razones de seguridad, representatividad y al contenido del puesto de trabajo de que se trate".

En aplicación de lo previsto en el citado artículo, el Ministerio de Asuntos Exteriores promovió un Acuerdo de Consejo de Ministros, aprobado el 25 de abril de 1997, por el que se establecía un régimen transitorio para el personal de las Misiones Diplomáticas y Consulares y, posteriormente, promovió un Acuerdo, aprobado en Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 1997, que extendía dicho régimen al personal destinado en el exterior de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). En concreto:

a los coordinadores generales de la Cooperación Española y sus Adjuntos,
a los directores de la Cooperación Cultural y de Formación, y
a los arquitectos coordinadores del Programa de Preservación del Patrimonio Cultural de Iberoamérica.

Actualmente, la AECID considera necesario, por razones de seguridad, ampliar los supuestos a los responsables de programas y responsables de proyectos con destino en las Oficinas Técnicas de Cooperación de Argelia, Colombia con residencia en Caracas, Venezuela, Etiopía, Haití, Jerusalén, Mali, Nicaragua, Níger y Nigeria, debido a la especial peligrosidad de los entornos en los que viven.

En este sentido, es preciso señalar que el deber de cuidado es una obligación que asume la Administración General del Estado a través de las Misiones y Representaciones de España en los países en los cuales se despliega la cooperación española.

En virtud de tal deber y ante situaciones de inseguridad, el arrendamiento directo de las viviendas del personal desplazado en estos entornos permitirá que la ubicación de los lugares de residencia reúna condiciones de seguridad más idóneas.

Por su parte, el uso de dichas viviendas se producirá en las condiciones que establece la actual normativa, en tanto no se desarrollen reglamentariamente las previsiones contenidas en el artículo 106 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CENTRO INTERNACIONAL SOBRE RESERVAS DE BIOSFERA MEDITERRÁNEAS

El Consejo de Ministros ha adoptado el Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo al centro auspiciado por la UNESCO (Categoría 2) denominado "Centro Internacional sobre Reservas de Biosfera Mediterráneas", solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.

Antecedentes

El Centro Internacional sobre Reservas de Biosfera Mediterráneas (CC2) es un centro de categoría 2 de la UNESCO. Estos institutos y centros constituyen una red mundial de instituciones de excelencia en los ámbitos de competencia de la Organización, prestando asistencia y servicios técnicos a los Estados Miembros, los asociados cooperantes y las oficinas de la red de la UNESCO sobre el terreno como parte de su Estrategia Global de Asociación. A instancias de los Estados Miembros en los que se sitúan, se crean y establecen como entidades jurídicas y presupuestariamente independientes de la Organización, pero asociadas a ella a través de acuerdos oficiales suscritos entre la UNESCO y el Estado Miembro correspondiente, previa autorización de la Conferencia General como máximo órgano de gobierno de aquélla.

El Centro Internacional sobre Reservas de Biosfera Mediterráneas (CC2) fue creado mediante el Acuerdo firmado entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el 5 de abril de 2014 y entró en vigor el 17 de febrero de 2015, por un periodo de cuatro años, por lo que su vigencia expiró el 17-02-2019.

El CC2 está enfocado fundamentalmente a las Reservas de la Biosfera Mediterráneas, así como en el desarrollo de otras actividades destinadas a potenciar el Programa del Hombre y la Biosfera (MAB) y la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Tiene como objetivos promover la sostenibilidad en los ambientes mediterráneos, realizar programas de formación y capacitación, elaborar publicaciones y hacer difusión de materiales de sensibilización, y albergar eventos del Programa MAB de la UNESCO.

La sede del CC2 está ubicada en el Castillo de Castellet i Gornal (Barcelona) perteneciente a la Fundación Abertis, según lo acordado en el Protocolo de Colaboración firmado el 11 de julio de 2011 entre el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Fundación Abertis.

De acuerdo con lo establecido en el mencionado Protocolo, la Fundación Abertis aporta los recursos necesarios para facilitar al CC2 los locales, el equipo, las instalaciones y el mantenimiento de los mismos, así como los gastos derivados de la organización de reuniones del Consejo de Administración. También facilita el personal administrativo necesario para su funcionamiento, incluyendo la realización de investigaciones, estudios y actividades de formación, entre otros.

Según la cláusula quinta del Protocolo, éste se podrá resolver por cualquiera de las partes firmantes, avisando a la parte interesada con un plazo de preaviso de dos meses, mientras que el acuerdo que nos ocupa indica en su artículo 15 la posibilidad de que las partes firmantes lo denuncien unilateralmente, siendo dicha denuncia efectiva en el plazo de 30 días después de la correspondiente notificación. Estos plazos permitirían, por tanto, que en caso de que la Fundación Abertis decidiera no continuar con la financiación del CC2, el Estado podría denunciar el acuerdo sin asumir ningún compromiso económico.

A su vez se hace necesaria la tramitación por el procedimiento de urgencia en las Cortes Generales con el fin de conseguir la entrada en vigor del instrumento internacional a la mayor brevedad limitando en lo posible el riesgo de que algunos de sus objetivos se vean mermados.

Una vez autorizado por el Consejo de Ministros el 22 de junio de 2021, la firma del acuerdo tuvo lugar en Barcelona, el 18 de mayo de 2022 por José Manuel Rodríguez Uribes, actual Embajador Delegado Permanente de España ante la UNESCO, y Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO.

Por su parte, el Consejo de Estado en su dictamen de 23 de junio de 2022, determinó que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Acuerdo, requiere la previa autorización de las Cortes Generales, en los términos del párrafo d) del artículo 94.1 de la Constitución, debido a que el Acuerdo puede implicar la asunción de obligaciones financieras para la Hacienda Pública.

Contenido

El acuerdo consta de un preámbulo y 18 artículos y tiene por objeto definir las modalidades de colaboración entre la UNESCO y España, así como los correspondientes derechos y obligaciones de las Partes.

En los artículos 1 a 6 se recoge el objeto del acuerdo, la constitución, la condición jurídica, y las funciones y objetivos del CC2. En el artículo 7 se establece que las actividades del centro serán dirigidas y coordinadas por un Consejo de Administración y se define su composición y sus funciones. En el artículo 8 se estipulan las contribuciones correspondientes a la UNESCO, y en el artículo 9 las correspondientes al Gobierno.

En los artículos 10 a 13 se regulan cuestiones como la participación de los Estados Miembros y los Miembros asociados de la UNESCO en el CC2, la responsabilidad, y la evaluación a la que estará sometido dicho centro, u otras como la utilización del nombre y el logotipo de la UNESCO.

En los artículos 14 y 15 se establece la entrada en vigor del acuerdo, que tendrá lugar después de su firma por las partes contratantes, una vez que éstas se hayan informado mutualmente, por escrito, de que se han cumplido todas las formalidades requeridas a tal efecto por la legislación española y por los reglamentos de la UNESCO, considerándose como fecha de entrada en vigor del mismo, la fecha de recepción de la última notificación.

Los artículos 16, 17 y 18 contemplan, respectivamente: los requerimientos necesarios para su denuncia; la posibilidad de revisión del texto, por acuerdo entre las Partes; o la solución de controversias mediante un tribunal de arbitraje.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS A ENTIDADES DE CARÁCTER INTERNACIONAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo de autorización de contribuciones voluntarias de España a organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, por importe de 82.545.000 euros.

En ejecución del mandato que tiene encomendado, y dentro de sus disponibilidades presupuestarias, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) viene efectuando regularmente contribuciones voluntarias a diversas organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional. Mediante este acuerdo, el Consejo de Ministros autoriza las contribuciones voluntarias de España a las siguientes organizaciones, programas y fondos internacionales y otras entidades de carácter internacional, por un importe global de 82.545.000 euros, con el siguiente desglose:

Contribución de 2.700.000 euros a la Organización Mundial de la Salud (OMS)

La OMS es el organismo de las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial.

La contribución propuesta financiará líneas de trabajo del organismo relacionadas con la mitigación del impacto de la crisis y poscrisis de la COVID-19 en los países socios, con énfasis en el fortalecimiento de sus sistemas de salud, la cobertura sanitaria universal y la promoción de la salud a lo largo de la vida. Asimismo, se mantendrá el apoyo a otros programas del organismo con los que viene colaborando la cooperación española, relacionados con otras enfermedades que también requieren atención en el contexto actual, tales como la malaria, la polio, las enfermedades tropicales.

Con esta contribución también se financiará una propuesta para promoción de los servicios sanitarios esenciales que garanticen una cobertura sanitaria universal de base, en las zonas más vulnerables de Mali.

Contribución de 1.950.000 euros a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La OPS es la agencia especializada en salud del Sistema Interamericano, sirviendo como oficina regional para las Américas de la OMS. Asimismo, da respuesta a las emergencias y desastres en la región de América Latina y el Caribe.

La aportación propuesta para 2022 contribuirá a realizar, entre otras, acciones en el cumplimiento de los objetivos del organismo, en línea con las prioridades del V Plan Director, fundamentalmente las acciones relacionadas con el fortalecimiento de los sistemas de salud de los países socios, con los sistemas de respuesta a emergencias y desastres naturales y, con las vinculadas a avanzar en el Plan de prevención y control de brotes de fiebre amarilla en Venezuela, 2021-2022, así como al suministro de otros medicamentos necesarios para población de Venezuela, como parte del compromiso de España de financiación para ese país..

Asimismo, con esta contribución se financiará una propuesta para fortalecer los servicios esenciales de salud y la resiliencia del sistema en el marco de la respuesta a la emergencia sanitaria de la COVID-19 en México.

Contribución de 8.032.000 euros al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

UNICEF es la agencia de las Naciones Unidas que provee ayuda humanitaria y de desarrollo a niños y madres en países en vías de desarrollo.

La contribución de este año se orientará a reforzar la financiación temática del Fondo en las líneas específicas de inclusión social, discapacidad y políticas públicas, consolidando así la línea de protección social a la infancia y de protección infantil contra la violencia, la explotación y el abuso, ámbitos coincidentes con las líneas 3 y 5 del Plan Estratégico de UNICEF para 2022-2025, al tiempo que se incorpora una línea de apoyo a la innovación.

Parte de la contribución se destinará a apoyar una intervención en Filipinas, con objeto de dar continuidad al proyecto iniciado en 2020 para ayudar a los gobiernos provinciales y municipales a comenzar y/o continuar sus esfuerzos para mejorar su resiliencia en el acceso a agua, saneamiento e higiene (WASH).

Además, en el ámbito de la acción humanitaria, se considera necesario dotar de los fondos necesarios al Fondo España-UNICEF de asistencia en contextos humanitarios, proponiendo apoyar la línea específica de nutrición, esencial en contextos como Siria o el Sahel. En Venezuela, se apoyará el sector de la educación en emergencias con enfoque de protección de la infancia. Esta misma línea se apoyará, por primera vez, en los campamentos de población saharaui refugiada en Tinduf (Argelia).

Contribución de 6.050.000 euros al Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP).

El FNUAP es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva, que trabaja para lograr el acceso universal a la salud sexual y reproductiva, el ejercicio efectivo de los derechos reproductivos y la reducción de la mortalidad materna, con el propósito de mejorar la vida de las mujeres, las adolescentes y los jóvenes.

Teniendo en cuenta el contexto actual y los efectos de la pandemia, la contribución de este año se centrará en el apoyo de iniciativas del organismo que contribuyan a garantizar la respuesta a las necesidades en el ámbito de la salud sexual y reproductiva; la mejora de los sistemas de acceso a la planificación familiar; fortalecer la capacidad de prevención y respuesta a la violencia de género; perseguir la eliminación de prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina; e incidir en el ámbito de la igualdad de género, con el objetivo de cambiar mentalidades y contribuir a transformar las normas sociales y de género.

Contribución de 3.095.000 euros a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La FAO es la agencia de las Naciones Unidas cuyo objetivo es lograr la seguridad alimentaria para todos, y, al mismo tiempo, garantizar el acceso regular a alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una vida activa y sana.

La contribución de este año se orientará hacia los programas y acciones del organismo que puedan contribuir a paliar los efectos de la crisis y poscrisis de la COVID-19 en los países socios de la AECID, tales como asegurar la producción de ganadería y agricultura, evitar rupturas de cadenas y canales de distribución de alimentos; asegurar acceso a productos frescos y de calidad; trabajar en temas relacionados con la inocuidad de alimentos y mercados locales/ferias libres; agricultura familiar; alimentación con enfoque de derechos humanos, incluyendo a todas las poblaciones, atenuación del impacto de la crisis en la población rural y en concreto en las comunidades de ganaderos y pastores, entre otros.

Contribución de 3.050.000 euros al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El PNUD es el organismo mundial de las Naciones Unidas que respalda los procesos que se llevan a cabo a nivel nacional para acelerar el progreso en materia de desarrollo humano. Su trabajo se dirige a erradicar la pobreza mediante el desarrollo, el crecimiento económico equitativo y sostenido y el fomento de las capacidades.

La aportación propuesta para el PNUD en 2022 prevé apoyar las líneas de trabajo del organismo en el ámbito del desarrollo humano y en el fortalecimiento de la gobernanza eficaz, inclusiva y responsable. Asimismo, se plantea la entrada en el Hub de Financiación sostenible de PNUD, abierto a fin de fortalecer las oportunidades de trabajo con el sector privado para el cumplimiento de la Agenda 2030.

Además, la contribución incluirá una línea de financiación de actividades de coordinación y armonización de donantes en Etiopía, Senegal y Mali.

Contribución de 2.000.000 euros a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La OIT es la agencia de las Naciones Unidas para el mundo del trabajo. Establece las normas internacionales del trabajo, promueve los derechos en el trabajo, y favorece la creación de oportunidades de empleo decente, la mejora de la protección social y el fortalecimiento del diálogo sobre las cuestiones relacionadas con el trabajo.

La contribución de 2022 a la OIT apoyará la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, que se alinea y articula con las necesidades identificadas y la planificación estratégica 2022-2025, en un año en el que resulta particularmente crítico mantener las acciones para avanzar hacia la eliminación del trabajo infantil en 2025, ya que la pandemia de la COVID-19, con el cierre de escuelas durante un año y medio en la mayoría de países de la región, ha supuesto un repunte del trabajo infantil.

Asimismo, la AECID quiere apoyar el proyecto "Fortalecimiento de las políticas, programas y servicios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de Perú", que favorecen la empleabilidad y la integración socioeconómica de personas migrantes, refugiadas, solicitantes de asilo y nacionales vulnerables en comunidades de acogida.

Contribución de 600.000 euros a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La CEPAL es una de las cinco Comisiones Regionales de las Naciones Unidas que informan al Consejo Económico y Social (ECOSOC) y funcionan bajo la autoridad del Secretario General de las Naciones Unidas. Tiene por objetivo contribuir al desarrollo económico de América Latina y el Caribe, coordinar las acciones encaminadas a su promoción, reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo y promover el desarrollo social.

La aportación propuesta para 2022 apoyará la realización de acciones de desarrollo en el cumplimiento de los ODS y en línea con las prioridades del V Plan Director, entre las que se podrán encontrar acciones en materia de igualdad de género, política fiscal, fortalecimiento de la implementación de la Agenda 2030 en la región, entre otras.

Contribución de 5.000.000 de euros a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).

La UNRWA ofrece ayuda de emergencia y programas de asistencia social a la población palestina refugiada.

La presente financiación se destinará al mantenimiento de los gastos corrientes de UNRWA para el buen funcionamiento de los servicios de educación, salud y programas sociales, en el contexto de crisis actual, ofrecidos por la Agencia de las Naciones Unidas a la población refugiada en Palestina y países de acogida.

Contribución de 3.250.000 euros a la Entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres).

ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros en el establecimiento de normas internacionales para lograr la igualdad de género y trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en establecer mecanismos destinados a este fin.

La aportación propuesta para 2022, propone apoyar en diferentes marcos geográficos la Iniciativa Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas. Además, a nivel regional se contempla la posibilidad de apoyar intervenciones en el marco de trabajo de la iniciativa insignia sobre Mujer, Paz y Seguridad en el Sahel, o sobre la transformación de economías en relación con el trabajo doméstico y los cuidados no remunerados en América Latina y el Caribe.

Asimismo, se apoyará la intervención en Egipto denominada "Contribución a la ejecución del Plan Nacional de Acción de Egipto sobre Mujeres, Paz y Seguridad 1325", en su fase II de desarrollo. Además, se propone continuar apoyando el Programa Sawasya II de Acceso a la justicia y mejora de la seguridad de las mujeres en Palestina a través de la prestación de servicios sensibles al género.

Contribución de 1.000.000 euros a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

ACNUDH es la principal entidad de las Naciones Unidas en derechos humanos.

Con cargo a esta contribución se pretende financiar el proyecto denominado "Promoción y protección de los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes venezolanas. Fase II".

La contribución también busca reforzar las asociaciones a nivel local con capacidad especializada mediante el despliegue de oficiales de derechos humanos en países prioritarios, en especial en Colombia, Ecuador y Perú.

Contribución de 30.000 euros al Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

CLAD es un organismo internacional constituido en 1972 cuya misión es promover el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la Administración Pública.

La contribución propuesta financiará acciones de cooperación técnica -con especial atención al Índice de Gobernanza Iberoamericano- con las que se contribuirá mediante el avance del conocimiento al fortalecimiento de las capacidades institucionales de las Administraciones Públicas de América Latina y el Caribe, para facilitar mejoras en políticas públicas a favor del desarrollo humano sostenible en la región.

Contribución de 600.000 euros a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS).

La OISS es un organismo internacional, creado en 1954, de carácter técnico y especializado, que tiene como finalidad promover el bienestar económico y social de los países iberoamericanos y de todos aquellos que se vinculan por el idioma español y portugués mediante la coordinación, el intercambio y el aprovechamiento de sus experiencias mutuas en seguridad social y, en general, en el ámbito de la protección social. España es miembro titular de la OISS.

La contribución propuesta para 2022 se destinará a apoyar actuaciones de OISS en el ámbito de la protección social, ampliación de las coberturas en seguridad social y mejora de su gobernanza y digitalización, prestando especial atención a la igualdad de género, la protección de las personas mayores, las personas con discapacidad y las personas migrantes, entre otros.

Contribución de 2.530.000 euros a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

La SEGIB fue creada en 2003 para dar apoyo institucional y técnico permanente a la Conferencia Iberoamericana de la que forman parte los veintidós países iberoamericanos.

La contribución 2022 se destinará principalmente a apoyar la implementación de la Cooperación Iberoamericana en temáticas como la cohesión social, la igualdad de género, el conocimiento, la cultura, la innovación o el fortalecimiento del sistema de cooperación, según la planificación estratégica vigente en el plazo de ejecución de la aportación de acuerdo al II Plan de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana (PACCI) 2019-2022 o al futuro III PACCI 2023-2026. Además, se prevé la financiación de acciones dirigidas al fortalecimiento de la Conferencia Iberoamericana, clave en la efectiva implementación del PACCI.

Asimismo, se transferirán los fondos con los que España contribuye a la Iniciativa Iberoamericana sobre Ciudadanía Global para el Desarrollo Sostenible. Asimismo, se financiarán los programas de cooperación cultural IBERMUSEOS e IBERORQUESTAS.

Contribución de 1.410.000 euros a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y las Cultura (OEI).

La OEI es un organismo internacional de carácter intergubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en los ámbitos de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional. La sede de la Secretaría General de la OEI se encuentra en Madrid.

Parte de la contribución se destinará a actuaciones de la OEI en el ámbito educativo en línea con el V Plan Director y los ODS.

Asimismo, se financiarán los programas de cooperación cultural Iberarchivos e Iberescena, al Espacio Cultural Iberoamericano y al impulso de la diplomacia científica.

Finalmente, parte de esta contribución se destinará a diferentes proyectos diseñados en el marco del Fondo e-Duc@.

Contribución de 1.000.000 de euros a la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La OEA es el organismo regional más antiguo del mundo cuyo origen se remonta a la Unión Internacional de Repúblicas Americanas de 1890. España e Israel fueron los primeros Estados en alcanzar el estatus de observadores permanentes en 1972.

Con la contribución de 2022 se propone seguir apoyando las actuaciones de la OEA, incidiendo en líneas de acción como el apoyo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el fortalecimiento democrático, y la prevención de crisis y construcción de la paz.

Contribución de 500.000 euros a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

España es miembro de la UNESCO desde 1953. Se trata de la primera Organización del Sistema de Naciones Unidas en la que ingresó.

La contribución voluntaria en 2022 se destinará a dos instrumentos:

Fondo Fiduciario España-UNESCO (450.000 euros):

En la primera Comisión Mixta de 2022 se va a proponer dedicar 400.000 euros de la presente contribución voluntaria a la financiación de proyectos de protección y recuperación del patrimonio cultural en Ucrania (al amparo de la Convención de La Haya de 1954, de protección de bienes culturales en caso de conflicto armado); y dedicar 50.000 euros al establecimiento de una línea de trabajo en el ámbito de ciencia e innovación con la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para América Latina y el Caribe, con sede en Montevideo.

Fondo del Patrimonio Mundial (50.000 euros):

España es Estado Parte de la Convención de 1972 para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural desde 1982. La Convención de 1972 prevé en su artículo 15 la creación del Fondo del Patrimonio Mundial como fondo fiduciario.

UNESCO, con fecha de 7 de noviembre de 2018, solicitó una aportación anual al Fondo de Patrimonio Mundial de 45.000 euros para 2018, 2019, 2020 y 2021, que en el 2022 se va a aumentar en 50.000 euros.

Contribución de 7.300.000 euros a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA).

La OCHA (por sus siglas en inglés Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) es el departamento de la Secretaría General de las Naciones Unidas responsable de coordinar a los actores humanitarios para garantizar una respuesta coherente a las emergencias, así como de asegurar que existe un marco dentro del cual cada actor puede contribuir al esfuerzo de respuesta general. La misión de OCHA es coordinar la respuesta de emergencia global para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias.

El papel clave de OCHA en otras áreas funcionales, como la financiación humanitaria, ayuda a mejorar su rol de coordinación. Por todo ello, esta aportación constituye una contribución anual regular en la planificación de la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID desde hace más de once años.

Contribución de 8.700.000 euros al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El Estatuto del ACNUR, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante Resolución 428 (V) el 14 de diciembre de 1950, estipula que el Alto Comisionado, actuando bajo la autoridad de la Asamblea General, asumirá la función de proporcionar protección internacional, bajo los auspicios de Naciones Unidas, a los refugiados que se encuentren en el ámbito de actuación del Estatuto y de buscar soluciones permanentes para el problema de los refugiados ayudando a los gobiernos y, con la aprobación de los gobiernos afectados, a organizaciones privadas para facilitar la repatriación voluntaria de los refugiados, su integración en las nuevas comunidades nacionales o su reasentamiento en terceros países. España es miembro del Comité Ejecutivo del ACNUR desde 1994.

El apoyo al ACNUR es coherente con la línea de diplomacia humanitaria de la Cooperación Española y con la Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española 2019- 2026.

Contribución de 6.100.000 euros al Programa Mundial de Alimentos (PMA).

El PMA es un programa de la Organización de las Naciones Unidas, fundado en 1962, con la misión de apoyar todos los esfuerzos para reducir el hambre y la pobreza, fundamentalmente, a través del apoyo logístico para garantizar la distribución de alimentos a la población con mayor necesidad.

El PMA es la organización humanitaria líder en la lucha contra el hambre en el mundo y, como tal, es, desde hace años, un socio estratégico para la Cooperación Española en el ámbito de la acción humanitaria.

Se propone financiar intervenciones concretas del PMA en Etiopía, Haití, Mali, Níger, Palestina y en los campamentos de población saharaui refugiada en Tinduf (Argelia), el sector de seguridad alimentaria y nutrición), el sector de seguridad alimentaria y nutrición.

Todas ellas están alineadas con las Estrategias humanitarias de la AECID para cada uno de los contextos.

El apoyo al PMA es, igualmente, coherente con la línea de diplomacia humanitaria de la Cooperación Española y con la Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española 2019- 2026.

Contribución de 3.100.000 euros a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La OIM, única organización intergubernamental mundial dedicada a los asuntos migratorios con objeto de promover la migración humana y ordenada en beneficio de todos, ofrece servicios y asesoramiento tanto a gobiernos como a personas migrantes. En 2016 la OIM y Naciones Unidas firman un Acuerdo de Relación mediante el cual este organismo se une al Sistema de Naciones Unidas.

España fue miembro de pleno derecho de la OIM entre 1958 y 1979, pasando desde entonces a ser miembro observador durante casi 30 años, en los que no se ha dejado de cooperar con la OIM, hasta su reingreso como miembro de pleno derecho en 2006 y la consolidación de relaciones a raíz del Acuerdo firmado el 17 de diciembre de 2009, que establece el marco en el que se desarrolla la colaboración entre España y la Organización.

La pandemia de la COVID-19 ha tenido enormes repercusiones en el bienestar y la salud de la población de América Latina y el Caribe, con especial incidencia en la población venezolana desplazada y refugiada en los países de la región.

La contribución se enmarca en los compromisos adquiridos por el gobierno español en la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos, celebrada el 26 de mayo de 2020, durante la cual España anunció el compromiso de destinar 50 millones de euros para los siguientes tres años, con el que España dará apoyo a los principales países de acogida de refugiados y migrantes venezolanos en América Latina cuya situación se ha visto agravada ahora por la pandemia de la COVID-19.

En 2020 y en 2021 el Consejo de Ministros aprobó una contribución voluntaria a la OIM con esta finalidad, a la que esta contribución dará continuidad en 2022.

Igualmente, la contribución contempla la respuesta de emergencia a las poblaciones afectadas por el conflicto en el norte de Mozambique (Cabo Delgado).

Contribución de 9.850.000 euros al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

CICR es una organización independiente y neutral que brinda protección y asistencia humanitaria a las víctimas de conflictos armados y otras situaciones de violencia, y promueve el respeto del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La financiación de las actividades del CICR se articula a través de un memorando de entendimiento entre la AECID y el CICR, firmado en Ginebra el 28 de julio de 2009, mediante el que se establece el Fondo de asistencia en contextos humanitarios.

La contribución en 2022 a esta organización se centra en el apoyo a los Llamamientos humanitarios en Mali, Níger, Siria, Centroamérica, Haití, Colombia, Venezuela, Palestina, Etiopía, Mozambique, los campamentos de población saharaui refugiada en Tinduf (Argelia) y Afganistán (esta última en marco del Convenio entre la cooperación descentralizada y la AECID para la actuación conjunta y coordinada en materia de acción humanitaria). Asimismo, se apoyará el Llamamiento especial sobre violencia sexual del CICR. Sus Llamamientos están alineados con las Estrategias humanitarias 2018-2019 de la AECID.

Contribución de 350.000 euros a la Oficina de Naciones Unidas de Reducción de Riesgo de Desastres (UNDRR).

La UNDRR (por sus siglas en inglés), es el punto focal designado en el sistema de las Naciones Unidas para la coordinación y asegurar sinergias entre las actividades de reducción de desastres de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y de las actividades en los campos socioeconómicos y humanitarios.

Esta contribución, continuidad de la realizada en 2020, se alinea con la Estrategia de Acción Humanitaria de la Cooperación Española 2019- 2026, la Estrategia humanitaria de contexto de la AECID para América Latina y el Caribe, en consonancia con la agenda internacional marcada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, se encuentra alineada con los Objetivos Estratégicos de AECID para América Latina y el Caribe.

Contribución de 750.000 euros al Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

FIDA es una agencia especializada de las Naciones Unidas cuyo objetivo es proporcionar fondos y movilizar recursos adicionales para promover el progreso económico de los habitantes de zonas rurales en situación de pobreza, principalmente mejorando la productividad agrícola.

A través de créditos y donaciones, el fondo trabaja con los gobiernos para elaborar y financiar programas y proyectos que permitan a los campesinos pobres superar la pobreza por sí mismos.

Con la contribución de 2022, se propone una aportación al programa "Inclusión financiera rural en Palestina". FIDA trabajará en todas las zonas rurales de la Cisjordania (Zona B y C) y la Franja de Gaza. La contribución apoyaría también el programa de esta agencia en Mauritania.

Contribución de 1.000.000 euros a la Unión Africana.

La UA es la unión política formada por 55 Estados africanos, cuyos objetivos son la promoción de la unidad y la solidaridad entre sus miembros, la eliminación de los vestigios del período colonial, coordinar la cooperación para el desarrollo, salvaguardar la soberanía y promover la cooperación internacional en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.

La contribución 2022 se orientará a dos componentes estratégicos:

500.000 euros se destinarán al Programa de Paz y Seguridad de la Unión Africana y otros 500.000 euros al Centro de Control de Enfermedades adscrito a esta institución.

Contribución de 1.498.000 euros a la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).

CEDEAO es un grupo regional de 15 países fundado en 1975 cuyo fin es promover la integración económica en todas las áreas de la actividad económica, especialmente la industria, el transporte, las telecomunicaciones, la energía, la agricultura, los recursos naturales, el comercio, los asuntos monetarios y financieros, los asuntos sociales y culturales.

Se proponen las siguientes aportaciones para 2022:

500.000 euros a la Agencia Regional para la Agricultura y la Alimentación de la CEDEAO,
748.000 euros al Centro de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la CEDEAO,
250.000 euros al Centro de Género y Desarrollo de la CEDEAO.
Contribución de 400.000 euros al Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU HABITAT).

El Programa ONU HABITAT es el centro de coordinación de todas las cuestiones relativas a la urbanización y los asentamientos humanos en el sistema de las Naciones Unidas.

Con la contribución 2022 se propone financiar el Proyecto de Apoyo a la recuperación verde, fortalecimiento de la resiliencia y promoción del crecimiento sostenible en las ciudades y comunidades filipinas a través de soluciones basadas en la naturaleza y la economía circular. En concreto, el proyecto persigue el objetivo de promover la recuperación sostenible y resiliente de infraestructura urbana y productiva de la ciudad de Surigao (Filipinas), afectada tras el paso del tifón Odette.

Contribución de 200.000 euros a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La OCDE tiene por misión promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo.

La contribución propuesta se destinará al mantenimiento del apoyo a los dos siguientes Comités de la OCDE, a fin de potenciar nuestro nivel de influencia en ambos:

Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), que regula el cómputo como "ayuda al desarrollo" de las intervenciones realizadas por cada donante internacional.
Centro de Desarrollo (DEV), que realiza análisis comparativos de temas de desarrollo y promueve diálogos informales de política con países emergentes y en desarrollo y del cual España ostenta la Presidencia desde el año 2018.

Con la contribución de 2022, se va a impulsar una línea de especial interés para la Cooperación Española, como es el trabajo del Observatorio de Inversiones en África, el cual puede tener gran impacto sobre la identificación de necesidades de financiamiento en África.

Contribución de 500.000 euros a la Unión por el Mediterráneo (UpM).

La UpM, con sede en Barcelona es la única organización regional de cierta entidad cuyo ámbito de actuación cubre todo el Mediterráneo.

En el ámbito de la cooperación con la Unión Europea (UE), la AECID está implicada desde su génesis en la única Iniciativa Equipo Europa (Team Europe Initiative, TEI) de carácter regional que afecta a la Vecindad Sur y cuyo objetivo es la creación de empleo a través del comercio y las inversiones.

Como parte de esta iniciativa, Alemania apoya un componente a ejecutar por la UpM (Regional Hub for Jobs, Trade and Investment), al que se incorporará España por medio de esta contribución de 500.000 euros, compromiso que fue transmitido por el Ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en el marco del Foro Regional de la UpM de 29 de noviembre de 2021.

Esta contribución de España incluiría, entre otras actuaciones, la segunda fase de la convocatoria de proyectos para la promoción del empleo que se enfocará en propuestas de organizaciones de sociedad civil de la región, vinculadas con la Economía y el Empleo Verde.

Asimismo, se priorizarán en la convocatoria aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la juventud y las mujeres en la región.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

REAL DECRETO-LEY DE REFUERZO PARA LA PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA Y DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley que protege más a los consumidores de la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania y da cumplimiento a 18 de las 73 medidas del Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE).

Entre estas medidas destacan la extensión de las tarifas reguladas de calefacción con gas a todos los hogares del país, con el nacimiento de una nueva Tarifa de Último Recurso (TUR) para las calderas comunitarias, y la aplicación de un descuento del 40% en la factura eléctrica para familias trabajadoras con bajos ingresos afectadas por la crisis. También destacan una mayor protección para los consumidores vulnerables, más impulso a la eficiencia energética -especialmente en alumbrado exterior- y más fomento de las renovables y el autoconsumo.

Gracias a la nueva TUR de ahorro vecinal, en vigor hasta el final de 2023, alrededor de 1,7 millones de hogares con calderas comunitarias de gas podrán reducir el coste de su calefacción un 50%, alcanzando un nivel de protección similar al otorgado por las vigentes TUR para los hogares con calefacción individual. De este modo, todos los hogares con calefacción con gas tendrán a su disposición tarifas reguladas de protección. Además, el precio de la bombona de butano está limitado a 19,55 euros desde el pasado mes de junio.

La nueva TUR cubrirá el equivalente al consumo medio de la comunidad de los últimos cinco años y ésta, para fomentar la eficiencia energética, tendrá que instalar contadores individuales o repartidores de costes antes de octubre de 2023, a menos que estén eximidas por inviabilidad técnica; en caso contrario, se aplicará un recargo del 25% en el término variable sobre el consumo desde el momento en que la comunidad se acogió a la TUR.

Una partida de 3.000 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, respaldará la aplicación de la nueva TUR de ahorro vecinal y del resto de las TUR, cuyas limitaciones de precios se prorrogan hasta finales de 2023.

Por otro lado, la dotación en los PGE para el bono social térmico aumenta muy notablemente en 2022 y 2023, alcanzando los 453 millones en cada año. Además, la cuantía mínima de la ayuda aumenta desde los 25 hasta los 40 euros anuales y la ayuda media -varía según la zona climática- se eleva hasta los 375 euros anuales por beneficiario.

Bono eléctrico de justicia energética

El Ejecutivo ha aprobado la aplicación de un descuento del 40% sobre la tarifa eléctrica regulada, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), para los hogares trabajadores con bajos ingresos particularmente afectados por la crisis energética. Este bono de justicia energética tendrá carácter temporal y abarcará hasta finales de 2023.

Podrán recibirlo todos los hogares cuya renta se sitúe entre 1,5 y dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) de 14 pagas, con los multiplicadores aplicados al bono social convencional. Con ello, el Gobierno amplía la cobertura frente a la escalada de precios de la electricidad a 1,5 millones de familias adicionales a las ya cubiertas por el bono social normal, abarcando a toda la población situada en los cuatro deciles de renta más bajas del país, es decir, el 40% de los hogares con menos recursos.

A modo de ejemplo, en 2023 podrán acogerse al nuevo bono de justicia energética un adulto con una renta inferior a 16.800 euros anuales o una familia de cuatro miembros con una renta inferior a 27.720 euros anuales, según se recoge en la siguiente tabla:

Umbrales de renta para el bono de justicia energética

(energia)

También se han aumentado los descuentos del bono social preexistente, de modo que para los consumidores vulnerables pasa del 60% al 65%, mientras que para los consumidores vulnerables severos pasa del 70% al 80%. Y el volumen de energía anual sujeta al descuento se incrementa un 15%, hasta los 1.587 kWh en una unidad de convivencia de una o dos personas y hasta los 4.761 kWh en una unidad de cinco o más.

Adicionalmente, la minoración de gas, que frena el alza de los precios de la electricidad para los consumidores por encima de los 67 €/MWh, aprobada en septiembre de 2021, se prorroga hasta diciembre de 2023.

Transparencia en la factura: ¿qué pasa en tu barrio?

Entre otra información útil para incentivar el consumo responsable, las facturas de luz y gas de hogares y Pymes recogerán el consumo medio de consumidores domésticos y pymes con el mismo código postal y consejos para ahorrar. En el recibo de la luz se unificará la información facilitada por la compañía eléctrica sobre la aplicación del Mecanismo Ibérico y el de gas recogerá un código QR vinculado a la página del comparador de tarifas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. También se facilita la recisión de los contratos de gas natural y los servicios adicionales asociados al suministro, incrementando la protección de los consumidores.

Hasta diciembre de 2023 las empresas y los autónomos podrán modificar su potencia contratada más de una vez en un plazo inferior a los 12 meses habituales; una partida de los PGE compensará la merma de ingresos para el sistema eléctrico. La flexibilidad en los contratos industriales de gas natural se prorroga también hasta diciembre del año que viene.

Se dotará una partida de 40 millones para sustituir contadores analógicos de gas por contadores digitales en hogares y Pymes, sin incremento del coste del alquiler para estos consumidores, fomentando el ahorro de los pequeños consumidores.

El autoconsumo y las comunidades energéticas reciben otro impulso, al aumentarse la distancia entre punto de generación y autoconsumo en líneas de transporte o distribución hasta 1.000 metros para instalaciones en cubierta, al permitirse más de una instalación en una misma referencia catastral -evitando limitaciones al crecimiento en lugares donde ya haya una planta- y con otras medidas, como simplificando la tramitación de las instalaciones: se aumenta de 100 kW a 500 kW el tamaño de la planta exenta de obtener la autorización previa y la de construcción.

Más eficiencia en el alumbrado público

El Real Decreto-ley incluye la modificación del Reglamento alumbrado exterior para aprovechar los avances técnicos. Así, los requisitos mínimos de eficiencia aumentan un 119% para el alumbrado funcional y un 163% para el alumbrado ambiental. Así mismo se actualiza el sistema de etiquetado mediante letras, de modo que sólo lo más eficiente se califique como "A" o "B", dando al usuario final información más realista de la eficiencia energética de su instalación y se potenciará el ahorro.

El nuevo reglamento afectará a la iluminación pública (carreteras y calles), lo que incluye la de las administraciones y la de agentes privados que iluminen espacios públicos, como algunas vías de concesionarios. Será voluntario desde su publicación y obligatorio para los proyectos que se inicien el 1 de enero; los que se hayan iniciado antes, tienen un año máximo para concluirse.

El alumbrado exterior municipal consume unos 5.200 GWh anuales, un 2% del consumo eléctrico nacional y la reforma permitirá un ahorro de energía del orden del 65% para un mismo servicio de iluminación. En España hay más de ocho millones de puntos de luz exterior, de los que sólo se ha sustituido por LED un 30%.

Prorrogadas las deducciones en el IRPF por obras para mejorar la eficiencia energética de las viviendas

Además, en el este Real Decreto-ley, se ha aprobado la prorrogará de un año más para las deducciones existentes que se aplican en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas.

Esto supondrá una movilización de 3.000 millones de euros adicionales, destinados a amortiguar la subida de precios de la electricidad y gas en las familias, especialmente las más vulnerables.

Entre esas medidas, se contemplan en la norma aprobadas varias de índole fiscal, vinculadas a la mejora de la eficiencia energética.

Una de ellas se centra en ampliar hasta finales de 2023 la aplicación de la deducción prevista en el IRPF por obras para mejorar la eficiencia energética de la vivienda habitual de manera individual. La ampliación de la deducción se extiende hasta finales de 2024 en el caso de obras de rehabilitación energética realizadas en edificios de uso residencial.

Asimismo, merced a este nuevo Real Decreto-ley se introducirá en el Impuesto sobre Sociedades una medida por la que los contribuyentes podrán amortizar libremente las inversiones que se efectúen en instalaciones destinadas al autoconsumo de energía eléctrica, así como aquellas instalaciones para uso térmico de consumo propio, siempre que utilicen energía procedente de fuentes renovables y sustituyan a instalaciones que utilicen energía procedente de fuentes no renovables de origen fósil.

Deducción en elIRPF

Actualmente, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) prevé una serie de deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas, que van del 20% al 60% en función de la reducción de consumo obtenida y del tipo de inmueble, ya sea vivienda individual o edificio residencial.

En concreto, el Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la rehabilitación de edificaciones en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incluyó nuevas deducciones en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios residenciales, que se aplican sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación que contribuyan a alcanzar determinadas mejoras de la eficiencia de la vivienda habitual y en los edificios residenciales:

Los contribuyentes pueden deducirse el 20% de las cantidades invertidas por las obras de rehabilitación o mejora, encaminadas a reducir la demanda de calefacción y refrigeración en un 7% en una vivienda individual. En este caso debe tratarse de la vivienda habitual del contribuyente, o que esté destinada o vaya a destinarse al alquiler como vivienda habitual. La deducción puede ascender hasta un máximo de 5.000 euros por vivienda.

También se contempla una deducción del 40% por actuaciones de rehabilitación que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, acreditable a través del certificado de eficiencia energética de la vivienda, o mejoren la calificación energética, alcanzando las letras 'A' o 'B'. En este caso también debe tratarse de la vivienda habitual o que se destine al alquiler como tal. En este caso el consumidor puede obtener una deducción de hasta un máximo de 7.500 euros por vivienda.
En el caso de edificios residenciales, se contempla una deducción del 60% por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación, alcanzando las letras 'A' o 'B' en el edificio donde se lleve a cabo las obras de mejora, que deben afectar al conjunto del inmueble. En ese caso, pueden acogerse las personas físicas en cuyo edificio se hayan realizado obras de mejora o rehabilitación en las que se obtenga una reducción de al menos un 30% del consumo de energía, acreditable a través del certificado de eficiencia energética del edificio, o mejora de la calificación energética del edificio. En esa ocasión, la deducción puede ser de hasta un máximo de 15.000 euros por vivienda.

Hasta este momento, las deducciones se podían aplicar hasta el 31 de diciembre de 2022, por las obras realizadas para reducir el consumo de calefacción y refrigeración en el caso de una vivienda individual. Con las modificaciones que ahora se aprueban, se ampliará un año más, hasta el 31 de diciembre de 2023, el ámbito temporal de aplicación de la deducción prevista en el IRPF, con la finalidad de mejorar su eficiencia energética.

Asimismo, en el caso de obras de rehabilitación energética realizadas en edificios residenciales, se amplía un año más el ámbito temporal de la deducción, de manera que ésta se podrá aplicar hasta el 31 de diciembre de 2024. Hasta el momento el plazo para aplicar las deducciones en el caso de obras de rehabilitación en edificios culminaba a finales de 2023.

De esta forma, se dispondrá de un mayor plazo para poder acometer tales obras que permitan reducir el consumo de energía primaria no renovable o la demanda de calefacción o de refrigeración de las mismas.

Amortizar inversiones en instalaciones destinadas a autoconsumo

Por otro lado, el Real Decreto-ley contempla introducir en el Impuesto sobre Sociedades una medida por la que los contribuyentes podrán amortizar libremente las inversiones desarrolladas en instalaciones destinadas al autoconsumo de energía eléctrica, así como aquellas instalaciones para uso térmico de consumo propio, siempre que utilicen energía procedente de fuentes renovables y sustituyan instalaciones que utilicen energía procedente de fuentes no renovables fósiles.

En ese sentido, se establece como condición que la entrada en funcionamiento de las nuevas instalaciones deberá producirse en el año 2023.

El objetivo de esta medida es promover la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables producidas de forma autóctona. Ello contribuirá a mejorar la competitividad de las empresas españolas, incidirá en la lucha contra el cambio climático y reforzará la seguridad energética del país.

Estas medidas están alineadas con las políticas nacionales y europeas de mejora de la seguridad de suministro y de lucha contra el cambio climático, entre las que destaca el Plan Más Seguridad Energética, aprobado en Consejo de Ministros el 11 de octubre de 2022, y el Plan REPowerEU presentado por la Comisión Europea el 18 de mayo de 2022, para dar respuesta a la crisis energética a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Rebaja a 10 el número de peonadas necesarias para acceder al subsidio y renta agraria hasta junio de 2023

Con esta norma se ha aprobado también reducir a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria que beneficiará a las personas trabajadoras eventuales agrarias en las comunidades autónomas de Andalucía y de Extremadura.

Esta rebaja queda recogida en este Real Decreto-ley, así como otras medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.

Con carácter previo, el Real Decreto Ley 4/2022, de 15 de marzo, con importantes medidas urgentes de apoyo al sector agrario por la sequía, ya recogía, en materia laboral, la reducción de 35 a 20 del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria hasta el 31 de diciembre de 2022.

La posterior evolución negativa de las precipitaciones ha empeorado las perspectivas en cuanto a previsión de producciones.

De hecho, el valor medio nacional de las precipitaciones en año hidrológico 2021/2022 en el periodo del 1 de octubre de 2021 al 27 de septiembre de 2022) ha sido de 475,5 mm, un 25,6% inferior al valor normal. Este empeoramiento de la perspectiva ha hecho necesario reforzar y extender las medidas de protección, sobre todo, ante unas perspectivas de importante reducción en la cosecha del olivar.

Reducción de las peonadas

El cultivo del olivar, que demanda una gran cantidad de mano de obra, resulta especialmente perjudicado ante esta situación climática adversa por lo que se ha aprobado reducir el número de jornadas cotizadas a 10 para que las personas trabajadoras agrarias eventuales, en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura, puedan acogerse al subsidio de desempleo y a la renta agraria, para minimizar el impacto de la situación en sus posibilidades de empleo.

Justificación de la medida

Las primeras estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reflejan una importante caída del 47 % de la cosecha este año con respecto a la anterior 2021/2022. Se trataría, además, de la producción más baja de las siete últimas campañas, al situarse en cerca de 800.000 toneladas en la campaña 2022/2023.

En las campañas de 2012 y 2019, con descensos en la recolección del 54 % y del 53 %, respecto a la cosecha precedente también se aprobó una reducción a 20 del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en Andalucía y Extremadura.

Dado que el grueso de la cosecha del olivar finalizará en marzo de 2023, y que se prevé que sea escasa, es también previsible que desciendan de manera notable los jornales correspondientes necesarios para la recolección, que perjudicará las perspectivas laborales de las personas trabajadoras eventuales que habitualmente desarrollan su actividad en el olivar, también a lo largo del próximo 2023.

Por tanto, se aprueba establecer la reducción del número de jornadas reales cotizadas desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 30 de junio 2023.

Compensación salarial adicional del 1,5% a los empleados públicos por la inflación

Con esta norma también se ha aprobado la compensación del 1,5% en las retribuciones de los empleados públicos para este año 2022. Esta subida salarial, acordada en el marco de la Mesa General de Negociación de la Función Pública, tiene carácter retroactivo y será consolidada en el presente ejercicio. Por lo que este incremento se suma al alza del 2% de las retribuciones públicas que entró en vigor el 1 de enero de este año.

La medida fue fruto del acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública con los sindicatos CCOO y UGT, mayoritarios en las Administraciones Públicas (AAPP), con el fin de dar respuesta al agravamiento de la situación económica por el estallido de la invasión de Ucrania, la crisis energética derivada de esta y el consiguiente aumento del coste de la vida por el impacto de la inflación, especialmente en la segunda mitad del año.

Este incremento adicional del 1,5% generalizado tiene un carácter excepcional, ya que es la primera vez que se produce. El mismo se aplicará a todas las AAPP, incluidas Comunidades Autónomas (CCAA) y Entidades Locales (EELL), y tendrá en cuenta las circunstancias de la ejecución del presupuesto que puedan darse en este momento del ejercicio. Su consolidación en el presente ejercicio supone que se aplique sobre las retribuciones vigentes el 31 de diciembre de 2021. Por lo que la subida global para 2022 es del 3,5%.

En lo que respecta al periodo 2022-2024, la mejora salarial alcanzará un porcentaje fijo del 8%, pudiendo incrementarse el mismo al 9,5%. Si se hacen cálculos en términos reales, la revalorización salarial puede alcanzar un 9,8%. El motivo es que el incremento salarial de cada ejercicio se consolida. Por lo que el aumento de cada año se realiza sobre el sueldo incrementado del ejercicio anterior.

Según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, actualmente hay 2.717.570 empleados al servicio de las Administraciones Publicas. Todos ellos se beneficiarán de estos incrementos impulsados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el periodo 2022-2024.

La subida quedará reflejada en las nóminas a partir de noviembre, abonándose como atrasos el incremento correspondiente de enero a octubre del ejercicio en curso. El carácter retroactivo de la medida obliga a que sea así, ya que la subida inicial del 2% recogida en los Presupuestos Generales del Estado 2022 lleva en vigor desde el 1 de enero de este año.

La norma establece además reglas específicas para que las Comunidades Autónomas y Entidades Locales puedan materializar el pago. En el caso de las EELL, se contempla en esas reglas que adopten las actuaciones presupuestarias necesarias para poder aplicar el incremento retributivo, como la incorporación del alza salarial a los créditos de los presupuestos de gastos del próximo ejercicio.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR AVALES A NAVARRA Y MADRID

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad de Madrid para poder otorgar garantías por un importe máximo de 18 millones de euros, al tiempo que ha autorizado también una operación similar para Navarra para otorgar avales por un máximo de 20 millones de euros.

Estas dos autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

En el caso de Navarra, el pasado 21 de septiembre la Comunidad Foral solicitó autorización para el otorgamiento de garantías durante 2022 por un importe máximo global de 20.000.000 euros.

Analizadas la naturaleza, características y finalidad de las operaciones garantizadas, así como las condiciones de las garantías, se estima procedente la concesión a la Comunidad Foral de Navarra de la autorización solicitada.

La entidad pública navarra que otorga las garantías será la Sociedad de Desarrollo de Navarra, S.L. (SODENA) y serán avales destinados a empresas participadas por esta sociedad y a pequeñas y medianas empresas navarras. También se contempla atender operaciones de reavales a Sonagar, S.G.R., Elkargi, S.G.R. y otras Sociedades de Garantía Recíproca.

Esta autorización solo podrá amparar la concesión de garantías por parte de SODENA dentro de las líneas relacionadas anteriormente hasta el 31 de diciembre de 2022.

Autorización a Comunidad de Madrid

Por otra parte, el Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad de Madrid a otorgar garantías por un importe máximo de 18 millones de euros.

El pasado 5 de octubre esta Comunidad ha presentado solicitud de autorización para la concesión de las garantías contempladas en la Orden 2350/2022, de 27 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la que se regula el Programa 'Mi Primera Vivienda', durante el ejercicio 2022 por el citado importe.

Analizadas la naturaleza, características y finalidad de las operaciones garantizadas, así como las condiciones de las garantías, se estima procedente la concesión de la autorización solicitada.

En este caso, será la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura la encargada de otorgar las garantías, siendo los beneficiarios personas que no superen los 35 años de edad y que cumplan las condiciones establecidas en la Orden 2350/2022, de 27 de julio. En concreto, estas garantías respaldarán parte de los préstamos hipotecarios de estos beneficiarios.

Como en el caso anterior, esta autorización solo podrá amparar la concesión de garantías por parte de la Comunidad de Madrid sobre los préstamos hipotecarios que se formalicen en el marco del Programa referenciado hasta el 31 de diciembre de 2022, y por la referida cuantía máxima.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZACIÓN A EXTREMADURA PARA OPERACIONES DE DEUDA

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Extremadura a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo.

Esta autorización se efectúa en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

De esta forma, el Gobierno ha autorizado a Extremadura a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 60 millones de euros, con el objetivo de formalizar un préstamo a largo plazo con el Banco Europeo de Inversiones, por ese mismo importe, que se destina a cofinanciar planes de inversión apoyados por el FEADER 2014-2020.

Extremadura se encuentra adherida en 2022 al compartimento Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

En ese sentido, esta Comunidad Autónoma ha comunicado que detraerá el importe dispuesto del préstamo autorizado por este acuerdo de las cantidades a disponer dentro del FLA en este año.

Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2022.

Hacienda y Función Pública

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE TELECOMUNICACIONES PARA COMUNICACIONES MÓVILES DE LA AGE

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación del Lote 2 (Comunicaciones móviles) del contrato centralizado de servicios de telecomunicaciones de la Administración General del Estado y otras entidades públicas Fase II, por importe de 4.338.939 euros.

Esta modificación se tramita al amparo del artículo la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y tiene por objeto incrementar las volumetrías de SMS internacionales y el número de líneas de datos móviles incluidas inicialmente en el contrato.

El Lote 2 del contrato se formalizó el 4 de septiembre de 2019 con la empresa Vodafone España, S.A.U por importe de 12.529.254,07 euros, IVA incluido.

En el ámbito subjetivo del contrato centralizado se incluye a la Administración General del Estado y demás Entidades Públicas estatales, relacionadas en el pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato.

Hacienda y Función Pública

FINANCIACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS ARRENDAMIENTOS A MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites para adquirir compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 para posibilitar a Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social n.º 10, la contratación de dos arrendamientos.

Mutua Universal Mugenat es una entidad colaboradora con la Seguridad Social con personalidad jurídica propia que tiene atribuidas, entre otras funciones, la gestión de las prestaciones de la Seguridad Social previstas en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

En el ejercicio de tales funciones, en particular la prestación de asistencia sanitaria y recuperadora a sus trabajadores protegidos en las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional y la gestión de la prestación económica de la incapacidad temporal por contingencias comunes, precisa trasladar los centros asistenciales que gestiona en Albacete y Alicante, siendo necesario tramitar dos expedientes de contratación de arrendamientos por una renta mensual, IVA excluido, de 1.950 euros y 9.332,4 euros, respectivamente.

Mutua Universal Mugenat ha tramitado hasta la fecha distintos expedientes imputados a los conceptos presupuestarios señalados anteriormente que, unido a los nuevos compromisos derivados de los expedientes de contratación, determinan unos compromisos máximos a adquirir con las siguientes anualidades e importes:

Año	Compromiso máximo a adquirir (euros)
2023	4.409.892,05
2024	4.060.110,40
2025	3.854.321,19
2026	3.217.550,71
2027	2.670.210,60
2028	2.152.753,77
2029	2.110.578,41
2030	2.030.434,74
2031	1.828.681,08
2032	1.745.088,47
2033	1.579.265,75
2034	1.534.669,99
2035	1.490.487,00
2036	1.393.131,03
2037	1.034.149,91

Interior

COOPERACIÓN POLICIAL CON MARRUECOS CONTRA EL TRÁFICO DE PERSONAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de una ayuda en materia de cooperación policial internacional al Reino de Marruecos, por un importe de 30 millones de euros, para contribuir a la financiación de su despliegue en la lucha contra el tráfico de personas y la gestión de los flujos migratorios.

La concesión de esta ayuda se ha tramitado conforme al artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y al artículo 5.3 del Real Decreto 732/2007, de 8 de junio, por el que se establecen las normas especiales sobre ayudas en el ámbito de la cooperación policial internacional.

La subvención tiene como finalidad contribuir a sufragar los gastos de los despliegues operativos, así como los gastos de mantenimiento de los materiales empleados y de los servicios policiales marroquíes en el desarrollo de las actuaciones de colaboración con España en la lucha contra el tráfico ilegal y la trata de seres humanos que tiene como destino las costas españolas.

Esta ayuda financiera responde a la necesidad de apoyar los esfuerzos del Reino de Marruecos para hacer frente a la presión migratoria en la ruta del Mediterráneo occidental. Los datos registrados a lo largo de este 2022 corroboran la eficacia de las acciones de cooperación policial internacional para hacer frente a las llegadas irregulares, ya que ese flujo migratorio se ha reducido en casi en 20 por ciento.

El control y la justificación de esta subvención corresponderán a la Consejería de Interior de la Embajada de España en Marruecos, órgano encargado de verificar el adecuado destino de los recursos financieros, su adecuación a los objetivos y finalidades establecidas, y el grado de eficacia y eficiencia alcanzada.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

NUEVO TRAMO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD PALENCIA-SANTANDER

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a licitar, a través de Adif Alta Velocidad (Adif AV), el contrato para la construcción del tramo Osorno-Calahorra de Boedo (Palencia), de 20,7 km de longitud, perteneciente a la Línea de Alta Velocidad (LAV) entre Palencia y Santander, con una inversión estimada de más de 88 millones de euros (sin IVA).

De esta forma, se inicia la contratación del cuarto tramo de alta velocidad de la línea Palencia-Santander, que se suma a los tramos en construcción entre Palencia Norte-Amusco y Amusco-Osorno y el licitado en julio, entre Palencia y Palencia Norte.

Estos cuatro tramos suman 65 km de longitud de los 78,3 km proyectados para la nueva LAV entre Palencia y Nogales (Alar del Rey y Aguilar de Campoo).

Mientras que, paralelamente, se avanza en la redacción de los proyectos y estudios que completarán el tramo y la conexión hasta Reinosa (Cantabria).

Ocho viaductos

El nuevo tramo autorizado hoy discurre a lo largo de 20,7 km por los términos municipales de Osorno la Mayor, Abia de las Torres, Espinosa de Villagonzalo, Villaprovedo, Santa Cruz de Boedo y Calahorra de Boedo, todos ellos en la provincia de Palencia.

La nueva plataforma está diseñada en vía única de ancho estándar (1.435 mm), para una velocidad máxima de 350 km/h y tráfico exclusivo de viajeros. En este tramo se construirán ocho viaductos, destacando el del río Valdavia, con 605 m de longitud, 11 pasos superiores y numerosos pasos inferiores y obras de drenaje, que a su vez hacen la función de pasos de fauna.

Al final del trazado se proyecta un PAET (Puesto de Adelantamiento y Estacionamiento de Trenes).

Conexión de Palencia y Cantabria a la alta velocidad

La conexión de alta velocidad Palencia-Santander supone la construcción de una nueva línea de ancho estándar entre la capital palentina y Alar del Rey, a lo largo de más de 78 kilómetros, que se completará hasta Reinosa. A su ejecución se destinará una inversión estimada de unos 1.700 millones de euros.

La conexión con Santander se materializa a través de la red convencional, que será objeto de una renovación integral.

La construcción de esta línea favorecerá las comunicaciones de Santander con el centro del país, reduciendo los tiempos de viaje y reforzando la fiabilidad y el confort de la infraestructura, al tiempo que se incrementa la capacidad de circulación al disponer de doble vía en la mayor parte de su recorrido.

Hitos de la conexión con la alta velocidad

La conexión del centro del país con Santander en alta velocidad avanza con esta nueva autorización y con la consecución de hitos en cada uno de los principales tramos:

Palencia-Palencia Norte (1,3 km): en licitación, con un presupuesto de 30,9 millones de euros y financiación de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Palencia Norte-Amusco (20,8 km): la obra iniciada en octubre de 2021 representa una inversión de 77,3 millones de euros. Su construcción cuenta con financiación de fondos europeos, en concreto, los Mecanismos de Recuperación y Resiliencia (MRR).
Amusco-Osorno (21,9 km): obra iniciada en julio de 2021, con una inversión de cerca de 80 millones de euros y financiación de fondos MRR.
Osorno-Calahorra de Boedo (20,7 km). Tramo autorizado hoy para su licitación.
Calahorra de Boedo-Alar del Rey (13,6 km). Proyecto en redacción con un presupuesto para las obras de más de 67 millones de euros.

(palencia)

Esta actuación contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como es el número 9, que tiene entre sus metas el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano.

Financiación europea

La obra de ejecución del proyecto de construcción de plataforma del tramo Osorno-Calahorra de Boedo, así como la redacción del proyecto del tramo Calahorra de Boedo-Alar del Rey, podrá ser financiada por el Mecanismo "Conectar Europa" de la Unión Europea (CEF).

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

OBRAS EN EL BAIX LLOBREGAT PARA PROLONGAR LA AUTOVÍA Y MEJORAR LA MOVILIDAD

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a licitar el contrato de obras para la "Prolongación de la autovía del Baix Llobregat. Tramo: Ronda Litoral- Autopista A-16", por un valor estimado de 63,12 millones de euros (sin IVA).

Las actuaciones proyectadas mejorarán las conexiones entre las infraestructuras del Baix Llobregat mediante la construcción de 2,26 km de nueva autovía B-25 y la remodelación de los enlaces del entorno, mejorando la movilidad en esta zona del entorno metropolitano de Barcelona, con especial atención a la movilidad de los usuarios vulnerables.

Características técnicas

Mediante este contrato se desarrollarán las actuaciones necesarias para concluir las obras, parcialmente ejecutadas, de la prolongación de la Autovía del Baix Llobregat, conectando la autovía A-2 con la autopista C-32 mediante la nueva autovía B-25, así como la mejora en siete zonas de la actuación:

Tronco y Nudo de Sant Boi de Llobregat - Cornellà. Es el nudo central del proyecto ya que incluye la nueva autovía B-25, permitiendo una mejor conexión de las carreteras C-32, C-245, BV-2002 y el viario urbano de Sant Boi.
Nudo de Cornellà, duplicando el ramal actualmente existente.
El nudo de Sant Boi Norte, en la carretera BV-2002 con el viario urbano de Sant Boi de Llobregat.
El enlace de Sant Boi Sur, en la autopista C-32 con el polígono industrial de Les Salines en Sant Boi de Llobregat.
Nudo C-32 con C-31c, que permitirá numerosos movimientos locales.
El enlace de Mas Blau, en la autovía C-32b con el polígono industrial y viario urbano de El Prat de Llobregat.
El proyecto incluye la terminación del vial del Centro Direccional en El Prat de Llobregat y la duplicación de carriles en el vial de conexión de las carreteras BV-2002 y BV-2005, de la Diputación de Barcelona, con el enlace 602 de la autovía A-2 a la altura de Sant Vicenç dels Horts, junto con la construcción de dos ramales de conexión directa con los propios del enlace sin tener que pasar por su glorieta.

También se proyectan unos 750 metros (m) de carril-bici con 3 m de anchura, que se amplía a 5 m al sur del río Llobregat, discurriendo a lo largo del trazado de la carretera B 25 desde el camino de acceso a la ETAP de Sant Joan Despí hasta la glorieta de La Parellada en Sant Boi de Llobregat.

Se actúa sobre 24 estructuras, ya sean de nueva construcción, o ampliaciones, modificaciones o sustituciones de los sistemas de contención de las existentes, constituyendo los enlaces a distinto nivel y dando permeabilidad a la autovía frente a los cursos de agua, carreteras, vías de ferrocarril y caminos interceptados por el trazado.

Al discurrir la autovía por una zona peri-urbana, destaca la necesidad de desviar y reponer numerosos servicios afectados: líneas eléctricas, incluido REE y telefónicas, conducciones de abastecimiento y saneamiento de aguas, canales de riego, conducciones de gas, etc.

(llobregat)

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

LUZ VERDE AL ENLACE ENTRE LA AUTOVÍA A-68 Y LA CIRCUNVALACIÓN Z-40

El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) a licitar un contrato de obras para la construcción de un paso inferior en la glorieta entre la autovía A-68 y la carretera Z-40, en Zaragoza, por un valor estimado de 19 millones de euros (sin IVA).

Actualmente, la continuidad de la A-68 en las inmediaciones de la ciudad de Zaragoza se ve interrumpida por el enlace con la circunvalación Z-40, dado que los vehículos que circulan por la A-68 deben atravesar la glorieta del enlace. Debido al tráfico intenso de esta autovía (28.500 vehículos de media al día), se producen frecuentes retenciones en las entradas a la glorieta, siendo las de mayor importancia la de los vehículos que circulando por la autovía A-68 se dirigen a Zaragoza.

Además, el tramo de la A-68 entre los puntos kilométricos 232,9 y 233,4, donde se ubica este enlace, está identificado como tramo de concentración de accidentes.

Para solucionar los problemas de congestión y mejorar la seguridad viaria de la zona, en el proyecto se prevé la construcción de un paso inferior de aproximadamente 535 m de longitud bajo la glorieta del enlace, de manera que canalice el tráfico que circula por la A-68.

De esta manera, el tráfico que circule por esta autovía y no necesite acceder a la Z-40 no tendrá que cruzar la glorieta del enlace.

La construcción de este paso inferior mejorará el funcionamiento del enlace, pues se reducirá notablemente la congestión que soporta. También se prevé una mejora en la seguridad vial, al disminuir las colas que actualmente se forman en los accesos a la glorieta y realizarse los accesos a la misma por vías de servicio, lo que contribuirá a la adaptación de velocidad de los vehículos que necesiten atravesarla.

Características técnicas

El paso inferior se proyecta con dos carriles por calzada (sentido Zaragoza y sentido Castellón) y se disponen dos vías laterales paralelas a las calzadas de la A-68, también de dos carriles, que permiten canalizar los movimientos entre la A-68 y la Z-40 a través de la glorieta y el acceso a las instalaciones industriales y de servicios existentes en ambas márgenes de la citada autovía.

Está previsto que el paso inferior se resuelva mediante la ejecución de una cubrición de vigas prefabricadas que se apoyen en pantallas continuas de hormigón armado, que constituirán las paredes laterales de contención de tierras.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CREACIÓN DE LA SOCIEDAD "BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL"

El Consejo de Ministros ha autorizado a AENA para crear en Brasil la sociedad mercantil estatal Bloco de Onze Aeroportos do Brasil, S.A. (BOAB).

A través de esta compañía, AENA gestionará durante 30 años los once aeropuertos brasileños cuya concesión se adjudicó el pasado mes de agosto. El contrato, que se firmará previsiblemente en febrero de 2023, contempla una prórroga de cinco años.

El grupo de los 11 aeropuertos registró en 2019 un total de 26,8 millones de pasajeros, el 12% del tráfico aéreo de Brasil en dicho ejercicio. Entre ellos, se encuentra el de Congonhas-Sao Paulo, que es el segundo de mayor tráfico de todo el país y, por lo tanto, es el principal aeropuerto del grupo, con 22,8 millones de pasajeros en 2019, el 85% del conjunto.

Los once aeropuertos están ubicados en cuatro estados (São Paulo, Mato Grosso del Sur, Minas Gerais y Pará) y son los siguientes:

•Aeroporto de Congonhas - São Paulo/SP (SBSP)

•Aeroporto de Campo Grande - Campo Grande/MS (SBCG)

•Aeroporto Ten. Cel. Aviador César Bombonato - Uberlândia/MG (SBUL)

•Aeroporto Maestro Wilson Fonseca - Santarém/PA (SBSN)

•Aeroporto João Corrêa da Rocha - Marabá/PA (SBMA)

•Aeroporto Mário Ribeiro - Montes Claros/MG (SBMK)

•Aeroporto Carajás - Parauapebas/PA (SBCJ)

•Aeroporto de Altamira - Altamira/PA (SBHT)

•Aeroporto Mario de Almeida Franco - Uberaba/MG (SBUR)

•Aeroporto de Corumbá - Corumbá/MS (SBCR)

•Aeroporto Internacional de Ponta Porã - Ponta Porã/MS (SBPP)

AENA Brasil ya gestiona al 100% seis aeropuertos en la región Nordeste, por lo que, tras la firma de este contrato, operará una red de 17 aeropuertos en Brasil y será el gestor de la mayor red de aeropuertos concesionados del país.

Transportes, Movilidada y Agenda Urbana

CONVENIO CON EL ICO PARA UNA NUEVA LÍNEA DE AVALES PARA REHABILITAR EDIFICIOS RESIDENCIALES

El Consejo de Ministros ha autorizado la firma de un convenio entre Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA)y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la gestión de la "Línea de avales rehabilitación edificatoria residencial", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La futura línea seguirá las condiciones, criterios y requisitos aprobados el pasado 11 de julio en Consejo de Ministros para la cobertura parcial por parte del Estado de la financiación de las obras de rehabilitación que contribuyan a la mejora energética en edificios de vivienda, en el marco de la ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria. Los avales están destinados a los beneficiarios de las subvenciones del Plan de Recuperación, por lo que sólo podrán solicitarlos aquellos que reciban fondos europeos para ejecutar las actuaciones de rehabilitación.

La firma del convenio MITMA-ICO, que servirá para establecer los términos de la colaboración para la gestión de la nueva línea, permitirá conceder avales por un importe de hasta 1.100 millones de euros para cubrir parcialmente el riesgo de los futuros préstamos destinados a actuaciones de rehabilitación de edificios residenciales. Los avales no tendrán ningún tipo de coste para la entidad financiera ni para el propietario o comunidad de propietarios.

En concreto, el Estado avalará hasta el 50% de los créditos concedidos por las entidades financieras para actuaciones de rehabilitación residencial en el marco del PRTR, por lo que la financiación movilizada por el ICO a través de dichas entidades podrá alcanzar los 2.200 millones de euros.

Hasta 30.000 euros por vivienda

El beneficiario de las ayudas puede solicitar como máximo un crédito de 30.000 euros por vivienda con un plazo de amortización de hasta 15 años, con derecho a la cancelación total o amortización anticipada sin comisión o coste. Los préstamos los concederán las entidades financieras que se adhieran a la línea del ICO.

Los préstamos parcialmente avalados por el Estado podrán concederse a los propietarios o comunidades de propietarios que vayan a realizar obras de rehabilitación en edificios de vivienda con las que se consiga una mejora de la eficiencia energética y a las que se hayan concedido ayudas por la Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta y Melilla en que se ubique el edificio, del "Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio" o del "Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio" del PRTR.

Inversión prevista de 3.420 millones de euros hasta el año 2026

La nueva línea de avales se configura como un instrumento más para el despegue de la actividad de rehabilitación en España, que se suma a los programas de ayuda, las deducciones fiscales y las mejoras del marco normativo impulsadas en los últimos meses por el Gobierno.

Facilitará, así, la aplicación de los programas de ayuda a la rehabilitación gestionados por el Ministerio en el marco del PRTR y recogidos en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan dichos programas.

Y es que el Plan de Recuperación recoge una inversión de 3.420 millones de euros para impulsar la rehabilitación residencial hasta 2026. Del total, tiene previsto transferir hasta 2.970 millones de euros a las CCAA, Ceuta y Melilla para financiar dichas actuaciones. El año pasado, MITMA traspasó 1.151 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas, según los criterios acordados en conferencia sectorial.

Además, en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, celebrada el pasado 13 de septiembre, fueron acordados por unanimidad los criterios de reparto de otros 1.389 millones de euros, que se encuentran recogidos en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, y que incrementarán la dotación para aplicar los referidos programas de ayuda a la rehabilitación de vivienda.

Momento de oportunidad para la rehabilitación y la mejora del parque de vivienda

La nueva línea de avales forma parte de un conjunto de medidas clave para asegurar el cumplimiento de los compromisos de nuestro país de impulso de la rehabilitación edificatoria en el ámbito de la vivienda, en el marco tanto de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE), como del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030.

Así, se conforma un momento de oportunidad para la rehabilitación y mejora de viviendas y edificios residenciales, a través de la existencia de diferentes medidas e instrumentos que no tienen precedentes en cuanto a la cuantía e intensidades de ayuda, y que hacen especialmente atractiva la realización de tales actuaciones, lo que permitirá, a la vez que mejorar la calidad de vida y el confort de las viviendas y asegurar la máxima calidad de los edificios, contribuir a fortalecer un sector clave de la economía española en términos de actividad y empleo, con un enorme potencial de crecimiento en los próximos años.

Educación y Formación Profesional

NUEVAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES SOBRE DIGITALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos que actualizan el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). Con esta aprobación, se crean 18 nuevas cualificaciones de ocho familias profesionales, y se suprime una. Todas ellas están vinculadas a los once sectores productivos identificados como estratégicos en el Plan de Modernización de la Formación Profesional.

Las nuevas cualificaciones responden, en su mayoría, a la tecnificación o digitalización de los sistemas productivos de Edificación y Obra Civil, Transporte y Mantenimiento de Vehículos, Informática y Comunicaciones, Fabricación Mecánica, y Electricidad y Electrónica.

Con esta renovación permanente del Catálogo Nacional de las Cualificaciones, se responde a una de las exigencias de la nueva Ley Orgánica de Formación Profesional, que consolida una oferta formativa moderna y en constante actualización para garantizar la empleabilidad de la población activa.

Para llevar a cabo este proceso de modernización, se ha contado con la colaboración de empresas referentes en cada sector productivo y se ha atendido a las técnicas más punteras del mercado utilizadas en el desarrollo de la actividad laboral que recogen.

El CNCP es el instrumento del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional que facilita el carácter integrado y la adecuación entre la FP y el mercado laboral. Está constituido por las cualificaciones identificadas en el sistema productivo, que son la base para la elaboración de la oferta formativa de Formación Profesional.

En los últimos tres años, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha creado 119 nuevas cualificaciones, hasta alcanzar un total de 756 en el catálogo.

Nuevas cualificaciones profesionales

1.Cultivo y trabajos en palmeras.

2.Asistencia en centros de protección animal.

3.Manipulación mecánica de cargas con carretilla todoterreno de alcance variable.

4.Desarrollo de trabajos de fotogrametría.

5.Gestión y supervisión de sistemas de electrificación ferroviaria.

6.Gestión y supervisión de sistemas de control-mando y de telecomunicaciones en infraestructuras ferroviarias.

7.Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento de instalaciones de alta tensión.

8.Fabricación aditiva.

9.Pesca-turismo.

10.Desarrollo de productos basados en cadenas de bloques Blockchain.

11.Metodología de trabajo colaborativa para el modelado y gestión de información de proyectos de construcción (BIM).

12.Implantación y gestión de proyectos de digitalización del mantenimiento industrial.

13.Desarrollo y gestión de proyectos de fabricación inteligente en la industria.

14.Mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos.

15.Planificación y control del mantenimiento de los sistemas eléctricos, electrónicos e informáticos del material rodante ferroviario.

16.Planificación y control del mantenimiento de los sistemas mecánicos, dinámicos, neumáticos e hidráulicos y de climatización del material rodante ferroviario.

17.Supervisión de la seguridad de la estiba en carretera.

18.Supervisión del mantenimiento y de la seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos.
Educación y Formación Profesional

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución a las comunidades autónomas de 38 millones de euros para atender al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en las primeras etapas de escolarización y mejorar la equidad de la educación.

Los objetivos del programa son actualizar y ajustar las medidas de atención a la diversidad para garantizar la educación inclusiva en las primeras etapas educativas; impulsar la colaboración con las familias en la vida del centro y desarrollar sentimiento de pertenencia; garantizar la detección precoz de estas necesidades de apoyo educativo y la intervención temprana; y asegurar una atención especializada para este alumnado.

Está dirigido en particular al alumnado de Educación Infantil y los dos primeros ciclos de Educación Primaria escolarizado en centros ordinarios y de educación especial sostenidos con fondos públicos. Estas necesidades de apoyo educativo incluyen, entre otras, las asociadas a discapacidad, los trastornos del lenguaje, los trastornos del aprendizaje o el retraso madurativo.

El plazo de ejecución de este programa de educación inclusiva, con cargo a los presupuestos de 2022, es desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023.

Los criterios de distribución incluyen el número de alumnos y alumnas de la etapa de Educación Infantil y de los dos primeros ciclos de Educación Primaria escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos (ponderación del 90%) y la dispersión de la población e insularidad (10%).

COMUNIDAD AUTÓNOMA	AÑO 2022
ANDALUCÍA	7.580.227
ARAGÓN	1.213.127
ASTURIAS	857.300
BALEARES (ILLES)	1.202.457
CANARIAS	1.693.767
CANTABRIA	758.313
CASTILLA Y LEÓN	1.862.272
CASTILLA-LA MANCHA	1.962.507
CATALUÑA	6.333.306
COMUNITAT VALENCIANA	3.829.083
EXTREMADURA	1.142.822
GALICIA	2.248.126
MADRID	5.314.735
MURCIA	1.547.328
RIOJA (LA)	454.630
TOTAL	38.000.000

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

RECONOCIMIENTO Y CANJE DE PERMISOS DE CONDUCCIÓN ENTRE ESPAÑA Y NUEVA ZELANDA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de España y Nueva Zelanda sobre el reconocimiento recíproco y el canje de los permisos de conducción nacionales.

Antecedentes

Las negociaciones de este acuerdo comenzaron en 2016, a iniciativa de Nueva Zelanda. Y se asumió el compromiso de concluirlo el 2 de junio de 2021, en el transcurso de una videoconferencia entre el presidente del Gobierno y la primera ministra de Nueva Zelanda. Desde entonces, se ha continuado trabajando en el texto del Acuerdo hasta que ambas Partes han llegado a un consenso sobre su redacción final.

El objeto del acuerdo es el reconocimiento recíproco por las Partes de los permisos de conducción nacionales expedidos por las autoridades de los Estados a quienes tuvieran residencia legal en los mismos. Su conclusión reforzará las relaciones políticas con Nueva Zelanda que, desde el año pasado, tienen carácter estratégico.

Asimismo, el anuncio de este acuerdo posibilita que Nueva Zelanda aumente la cuota de visados por trabajo que anualmente concede a España.

Contenido

El acuerdo se estructura en un preámbulo, 17 artículos y dos anexos. El preámbulo deja constancia de que en ambos Estados las normas y señales que regulan la circulación por carretera se ajustan a lo dispuesto en la Convención sobre Circulación por Carretera adoptada en Viena el 8 de noviembre de 1968 y que tanto las clases de los permisos y licencias de conducción, como las condiciones que se exigen y las pruebas que se realizan para su obtención son básicamente homologables, ajustándose en lo esencial a las disposiciones de la Directiva 2006/126/CE sobre el Permiso de Conducción.

El artículo 1 establece que las Partes reconocen recíprocamente los permisos de conducción nacionales expedidos por las autoridades competentes de los Estados a quienes tuvieran su residencia legal en los mismos, siempre que se encuentren en vigor y de conformidad con lo establecido en el acuerdo y en los anexos I y II que forman parte integrante del acuerdo.

El artículo 2 autoriza al titular de un permiso de conducción válido y en vigor, expedido por una de las Partes, siempre que tenga la edad mínima exigida por el otro Estado, a conducir temporalmente en el territorio de la otra Parte los vehículos a motor de las categorías para las cuales su permiso, según su clase, sean válidos, durante el tiempo que determine la legislación nacional del Estado donde se pretenda hacer valer esa autorización. Transcurrido ese período de tiempo, el artículo 3 establece que el titular de un permiso de conducción válido y en vigor expedido por uno de los Estados Parte, y con residencia legal en el otro Estado, podrá canjear su permiso por uno equivalente al del Estado donde reside, de acuerdo con la tabla de equivalencias entre permisos españoles y neozelandeses.

Los artículos 4 al 11 recogen las disposiciones necesarias para la mejor aplicación del acuerdo. entre ellas, la necesidad de realizar una prueba teórica o práctica cuando existan razones fundadas para dudar de los conocimientos o aptitudes para conducir de los titulares de determinados permisos; la potestad de solicitar, con carácter previo a la realización del canje, información a la otra Parte para comprobar la autenticidad del permiso; la obligación de realizar las formalidades administrativas fijadas por cada Estado para el canje; la designación de las autoridades competentes; la devolución del permiso canjeado al Estado emisor, y el intercambio de modelos de los respectivos permisos.

El artículo 12 hace referencia a la protección de datos personales. Y el artículo 13 prevé, en el caso de que alguna de las Partes modifique sus clases de permisos de conducir, la remisión a la otra Parte, al menos treinta días antes de su aplicación, de las condiciones de expedición y las características de los vehículos que se autorizan a conducir con esas clases, y la posterior negociación de la nueva tabla de equivalencias y consiguiente modificación del anexo I.

el artículo 14 establece la no aplicación del acuerdo a permisos expedidos por una de las Partes por canje de otro permiso expedido por un tercer Estado; el artículo 15 regula la resolución de controversias, y el artículo 16 se refiere a la duración, enmienda y posible denuncia del acuerdo.

el artículo 17 hace referencia a la entrada en vigor del acuerdo, que se producirá a los 60 días de la fecha de recepción de la última notificación por la que las Partes se comuniquen por vía diplomática el cumplimiento de sus requisitos internos necesarios para dicha entrada en vigor y siempre que en ese plazo esté en funcionamiento el protocolo técnico de intercambio de información automatizado previsto en el Protocolo de Actuación del Anexo II. Por su parte, el anexo I contiene la tabla de equivalencias entre los permisos de conducción españoles y neozelandeses, y en el anexo II se establece un Protocolo de Actuación.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

SUBVENCIONES A CONFESIONES RELIGIOSAS MINORITARIAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las confesiones religiosas minoritarias que tienen firmados acuerdos de cooperación con el Estado.

El objetivo de estas subvenciones es contribuir a garantizar el ejercicio efectivo del derecho de libertad religiosa en comunidades no católicas con un fuerte arraigo en España, como son las religiones evangélica, judía y islámica.

Para ello se destinarán 1.170.623 euros procedentes de la asignación anual establecida en los Presupuestos Generales del Estado para la Fundación Pluralismo y Convivencia F.S.P, entidad estatal encargada de la gestión de estos fondos y de la promoción de la diversidad religiosa.

La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España serán las entidades beneficiarias de estas ayudas, con las que el Estado contribuirá a financiar, entre otros, actuaciones de visibilización e inclusión social de las comunidades o la asistencia religiosa en centros penitenciarios, hospitalarios y asistenciales públicos.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO DE PROMOCIÓN PÚBLICA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, para el impulso de los planes de pensiones de empleo. Esta nueva norma desarrolla la arquitectura institucional de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP) aprobados en la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo.

Se trata de una regulación clave para que la Ley 12/2022, que tiene como objetivo facilitar el acceso de los trabajadores de pymes, empleados públicos y trabajadores autónomos a los planes de pensiones colectivos, pueda desplegar plenamente sus efectos en los próximos meses.

El Real Decreto regula técnicamente la Comisión Promotora y de Seguimiento, un órgano colectivo de carácter público, dotándola de carácter supervisor para poder monitorizar y actuar en el caso de que se produzcan anomalías en la gestión de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, estableciendo un procedimiento para velar por su adecuado funcionamiento. La norma también regula el régimen de constitución y funcionamiento del otro órgano de vigilancia de los fondos y planes de pensiones de empleo, la Comisión de Control Especial, y estipula las condiciones de retribución de sus integrantes.

El reglamento detalla las comisiones que podrán aplicar las entidades que se ocupen de la gestión de los planes incluidos en los fondos de pensiones de empleo de promoción pública. Así, se establece una comisión de gestión máxima del 0,30%. También se dispone que, de forma excepcional y vinculada a los gastos en los que incurran a la hora de conectarse a la Plataforma Digital Común, las entidades gestoras puedan repercutir estos costes durante un plazo máximo de cinco años. Se establece asimismo un régimen de máxima transparencia en los gastos directos e indirectos incurridos por las entidades gestora y depositaria en los informes trimestrales y semestrales.

Con la norma aprobada este martes se podrá proceder a la selección de los miembros de la Comisión Promotora y de Seguimiento, al diseño e implementación de la Plataforma Digital Común y abrir el proceso de selección de entidades gestoras y depositarias.

Política Territorial

APROBACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO PARA CEUTA Y MELILLA

El Consejo de Ministros ha aprobado los Planes Integrales de desarrollo socioeconómico de las ciudades de Ceuta y Melilla, con una inversión en conjunto superior a 711 millones de euros entre 2023 y 2026.

Ceuta y Melilla son dos territorios con características singulares que requieren una atención diferenciada por la suma de dificultades asociadas a factores económicos, sociales, demográficos y su propio carácter extrapeninsular.

El Ministerio de Política Territorial lideró el proceso de diálogo con todos los departamentos ministeriales implicados y encargó a la empresa pública TRAGSATEC asesoramiento y apoyo para elaborar los Planes Integrales de desarrollo socioeconómico en Ceuta y Melilla, que incorporan también las conclusiones de un proceso participativo público, en el que han participado más de 150 entidades y actores sociales económicos y políticos de las dos ciudades.

Compromiso con Ceuta y Melilla

Los planes estratégicos responden a un compromiso estatal con Ceuta y Melilla, más presentes que nunca en la agenda política y económica. Representan una clara apuesta por el desarrollo económico y la cohesión social y territorial y para garantizar un horizonte de oportunidades a las generaciones presentes y futuras de las dos ciudades.

Las inversiones impulsarán dos ciudades modernas, digitalizadas y sostenibles a todos los niveles, para acelerar en Ceuta y Melilla la transformación económica y social impulsada por el Gobierno de España y la Unión Europea.

Las inversiones superan los 711 millones de euros para garantizar el crecimiento económico y una agenda modernizadora que pasa por la transformación digital, pacto verde, cohesión social y territorial e igualdad de oportunidades, con financiación de recursos nacionales (Presupuestos Generales del Estado) y de fondos europeos a través del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

De esta forma, se impulsan reformas e inyección de recursos a empresas para desarrollar líneas de negocio en sectores estratégicos para las ciudades como la economía digital y el comercio electrónico, la economía verde y circular o el turismo sostenible y de calidad, así como planes de empleo, infraestructuras y fortalecimiento de los servicios públicos estatales, como la sanidad o la educación, aumentando el número de empleados públicos y refuerzo de las delegaciones del Gobierno, actores clave en la transformación, debido al importante volumen de competencias que el Estado ejerce en Ceuta y Melilla.

Planes integrales de desarrollo económico

Se han identificado más de 70 medidas -inversiones y reformas- para cada una de las ciudades, dirigidas a garantizar las oportunidades de crecimiento económico y cohesión social en estos territorios.

Las medidas se agrupan en torno a tres ejes:

Primer Eje. Nuevo modelo económico. Medidas para el fortalecimiento de la economía verde, digital y circular, destacando el especial impulso al sector turístico y la proyección exterior de las ciudades. Los objetivos son los siguientes: fortalecimiento de la economía digital, promoción y potenciación del sector turístico, fortalecimiento de la economía verde y circular, fortalecimiento del desarrollo de empresas y generación de empleo y proyección económica y comercial exterior.
Segundo eje. Infraestructuras y vivienda. Medidas de calado, como la desafectación de los terrenos hoy propiedad del Ministerio de Defensa para generar nuevas oportunidades de desarrollo urbanístico y promoción de vivienda asequible. Los objetivos son el desarrollo urbano, promoción y revitalización de puertos y carreteras, mejora de la conectividad del transporte, modernización de infraestructuras tecnológicas y de las infraestructuras energéticas.
Tercer Eje. Fortalecimiento de los servicios públicos. Con los siguientes objetivos: promoción y fortalecimiento del sistema sanitario, impulso del sistema educativo y la formación profesional, fortalecimiento de la Administración de Justicia, fortalecimiento del sector cultural, digitalización de las administraciones públicas, refuerzo de los servicios estatales y refuerzo de las capacidades de las administraciones para la canalización de las inversiones a la economía real.

Aunque algunas medidas son similares para ambas ciudades, se ha considerado la especificidad propia de cada una de ellas. Como ejemplos, en el caso de Ceuta, su Plan Integral destaca una medida que goza de un amplio respaldo por parte de todos los actores de la ciudad, como es el impulso de la Formación Profesional. En el caso de Melilla, el Plan se hace eco de propuestas incluidas en el Plan que elaboró la propia ciudad autónoma, incluyendo aquellas medidas cuyo diseño y ejecución sería de competencia estatal, en materias como energía, empleo o comercio electrónico.

En ambas ciudades se apuesta por constituir oficinas de gestión de proyectos, que contribuirán a ejecutar el importante volumen de recursos que se inyectará en la economía, con especial atención a las inversiones procedentes del PRTR.

Tanto en Ceuta como en Melilla se parte de las estimaciones realizadas por los distintos departamentos ministeriales implicados. Más del 75% de la financiación de los planes para ambas ciudades proceden de los Presupuestos Generales del Estado y de Fondos Estructurales de la UE. El resto se enmarca en los fondos del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Plan Integral de Empleo para Ceuta

En el marco de este plan, también se ha aprobado el Plan Integral de Empleo para la Ciudad Autónoma de Ceuta, que está dotado con 16 millones de euros en el año 2023 y que permitirá avanzar en el objetivo de fortalecer del desarrollo de empresas y la generación de empleo.

Las actuaciones están encaminadas a apoyar la inserción de las personas desempleadas mediante la información, la orientación profesional, el asesoramiento y la elaboración de un perfil profesional personalizado.

El Plan Integral de Empleo propondrá actuaciones que se alineen con los nuevos vectores de desarrollo que permitan transformar el modelo económico de Ceuta en el que se observa una alta tasa de desempleo juvenil y abandono escolar y con una estructura productiva poco diversificada y dependiente del sector Servicios y del Sector Público. El plan de empleo, en colaboración con el gobierno de la Ciudad Autónoma, partirá del diagnóstico y caracterización del tejido productivo y empresarial de la Ciudad.

Por otra parte, se prevé una inversión de 7.480.802 euros para modernizar el Servicio Público de Empleo Estatal en la ciudad de Ceuta en el periodo 2021-2026.

La ejecución de las medidas se evaluará mediante indicadores objetivos una vez concluida la anualidad y durante en el primer trimestre del año siguiente.

Dentro del Plan de Empleo para Ceuta, cabe destacar pues las siguientes medidas:

Personas trabajadoras transfronterizas. Se estudiará una reforma legal dirigida a mejorar la protección del derecho al desempleo de las personas trabajadoras trasfronterizas, con especial consideración a las empleadas de hogar.

Como medida para garantizar la protección de estas personas se revisará la normativa para que la prestación por desempleo generada por trabajos realizados en España se solicite y se obtenga, en todos los supuestos, en España.

Esta medida incluye, por tanto, al colectivo de empleadas de hogar, considerando el Real Decreto-ley Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar, que extiende a este colectivo la protección por desempleo.

Centro de Orientación y Emprendimiento. Se pondrá en marcha el Centro de Orientación y Emprendimiento (COE) con una inversión en infraestructuras prevista de 2.200.000 euros acompañada de una serie de actuaciones por importe de 2.300.000 euros.
Políticas Activas de Empleo. El refuerzo y la consolidación de las Políticas Activas de Empleo contará con una cuantía en la Ciudad Autónoma de Ceuta de 9.916.666 € entre los años 2021 y 2026 con cargo a los fondos PRTR, con el siguiente desglose:
Apoyo al empleo de la mujer en el ámbito rural y urbano: 4.166.666 euros
Programa de formación para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual: 500.000 euros
Apoyo al empleo de colectivos vulnerables. 2.750.000 euros
Apoyo al emprendimiento y microempresas: 2.500.000 y 5.000.000 euros

Plan Integral de Empleo para Melilla

En el caso del Plan Integral de Empleo para la Ciudad Autónoma de Melilla, estará dotado de 15 millones de euros. A este importe económico, a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, se sumarán 2.479.166 euros a cargo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El Plan Integral de Empleo propondrá actuaciones que se alineen con los nuevos vectores de desarrollo que permitan transformar el modelo económico de Melilla en el que se observa una alta tasa de desempleo juvenil y abandono escolar y con una estructura productiva poco diversificada y dependiente del sector Servicios y del Sector Público. El plan de empleo, en colaboración con el gobierno de la Ciudad Autónoma, partirá del diagnóstico y caracterización del tejido productivo y empresarial de la Ciudad.

Por otra parte, se prevé una inversión de 7.665.290 euros para modernizar el Servicio Público de Empleo Estatal en la ciudad de Melilla en el periodo 2021-2026.

La ejecución de las medidas se evaluará mediante indicadores objetivos una vez concluida la anualidad y durante en el primer trimestre del año siguiente.

Al igual que en el Plan de Empleo de Ceuta, dentro del Plan Integral de Empleo para la Ciudad Autónoma de Melilla, cabe destacar pues las siguientes medidas:

Personas trabajadoras transfronterizas. Se estudiará una reforma legal dirigida a mejorar la protección del derecho al desempleo de las personas trabajadoras trasfronterizas, con especial consideración a las empleadas de hogar, y se revisará la normativa para que la prestación por desempleo generada por trabajos realizados en España se solicite y se obtenga, en todos los supuestos, en España.
Centro de Orientación y Emprendimiento. Se pondrá en marcha el Centro de Orientación y Emprendimiento (COE) de Melilla con una inversión en infraestructuras prevista de 2.200.000 euros acompañada de una serie de actuaciones por importe de 2.300.000 euros.
Políticas Activas de Empleo. El refuerzo y la consolidación de las Políticas Activas de Empleo contará con una cuantía en la Ciudad Autónoma de Melilla de 9.916.666 euros entre los años 2021 y 2026 con cargo a los fondos PRTR, con el siguiente desglose:
Apoyo al empleo de la mujer en el ámbito rural y urbano: 4.166.666 euros
Programa de formación para mujeres víctimas de violencia de género o de trata y explotación sexual: 500.000 euros
Apoyo al empleo de colectivos vulnerables. 2.750.000 euros
Apoyo al emprendimiento y microempresas: 2.500.000 y 5.000.000 euros

En conjunto y en definitiva, las cifras económicas de los dos Planes Integrales de desarrollo socioeconómico de las ciudades de Ceuta y Melilla son las siguientes:

CEUTA Y MELILLA
PGE o Fondos Estructurales	530.465.087,63
PRTR	180.995.398,69
TOTAL	711.460.486,32

Datos económicos para Ceuta

CEUTA
PGE o Fondos Estructurales	280.875.026,26€
PRTR	73.809.244,04€
TOTAL	354.684.270,30€

Datos económicos para Melilla

MELILLA
PGE o Fondos Estructurales	249.590.061,37€
PRTR	107.186.154,65€
TOTAL	356.776.216,02€

Política Territorial

DENEGADA UNA CONSULTA POPULAR AL AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que no se autoriza al Ayuntamiento de Icod de los Vinos (Tenerife) la celebración de una consulta popular sobre el tipo de arena a usar para la recuperación de la playa de San Marcos.

La cuestión planteada entra dentro del concepto de la recuperación de las playas, materia de competencia estatal en los términos del artículo 111.1 de la Ley de Costas, cuando señala que "tendrán la calificación de obras de interés general y serán competencia de la Administración del Estado", entre otras, "creación, regeneración y recuperación de playas". En el mismo sentido se pronuncia el Reglamento General de Costas.

Por su parte, la Ley Orgánica 1/2018, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias establece que "corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público, la competencia exclusiva, que incluye en todo caso la ejecución de obras y actuaciones en el litoral canario cuando no sean de interés general, la atribución de los servicios que se presten en playas y demás lugares del litoral, en coordinación con las entidades locales, y el informe previo de la Comunidad Autónoma sobre la ejecución de obras de interés general en el litoral canario". Además, el traspaso de funciones y servicios de ordenación y gestión del litoral del Estado a Canarias no tendrá efectividad hasta el 1 de enero de 2023.

De todo ello, se deduce que el objeto de la consulta no ha de considerarse un asunto de competencia propia municipal, y no se cumple, por tanto, el artículo 71 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, por lo que no se puede autorizar la mencionada consulta popular.

Política Territorial

PRÓRROGA DE LA EMERGENCIA DEL CONTRATO DE CONTROL SANITARIO EN LA FRONTERA DE CEUTA Y MELILLA

El Consejo de Ministros ha acordado la toma de razón de la prórroga de la declaración de emergencia para la contratación del servicio de control sanitario en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla, con Cruz Roja Española, por un importe total de 720.000 euros.

Dada la inmediatez en la reapertura de los controles fronterizos, no se pudo prever ni disponer de los medios necesarios para la prestación de servicios de control sanitario en las Delegaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla. Por este motivo, la Secretaría General de Coordinación Territorial declaró el 13 de mayo de 2022 como situación de emergencia la necesidad de tramitar la contratación del control sanitario en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Cruz Roja Española, por un importe máximo de 720.000 euros. Se buscaba así reforzar al personal del área funcional de Sanidad de las Delegaciones del Gobierno, en un período inicial de tres meses a contar desde el día 15 de mayo de 2022, incluido.

Tras ello, mediante resolución de fecha 26 de julio de 2022, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, se ha acordado la prórroga de la contratación por emergencia antes descrita, por un plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a la finalización de la duración inicial de la contratación, y por un importe máximo total de 720.000 euros impuestos incluidos.

Derechos Sociales y Agenda 2030

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO, DECLARACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Este nuevo baremo de valoración de la discapacidad sustituye al que estaba en vigor desde 1999 y se adapta al modelo social de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas con un enfoque de derechos humanos.

De esta forma, el Gobierno da cumplimiento a los compromisos adoptados en la esfera nacional e internacional y se da respuesta a una demanda de las personas con discapacidad, un colectivo formado por 4,38 millones de personas en España según el INE, que llevaba bloqueada 10 años. Representantes de la sociedad civil de la discapacidad participarán además en primera persona como integrantes de la Comisión de Valoración de la Discapacidad.

Este texto, que se ha construido sobre la base del diálogo territorial, establece unos criterios objetivos para la valoración y calificación del grado de discapacidad en todo el territorio del Estado, garantizando con ello el acceso en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía. Además, proporciona una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y de los componentes sociales y económicos que impactan en la persona, garantizando una descripción más precisa y completa del grado de discapacidad que redunda en una mayor eficiencia y transparencia.

El texto aprobado establece un trámite de urgencia cuando fuese necesario por causas humanitarias o de especial necesidad social, como son las víctimas de zonas en guerra, o de salud y de esperanza de vida, como es el caso de las personas con enfermedades degenerativas, como la ELA, entre otras. También se incluyen en esta reducción de plazos a las mujeres víctimas de violencia de género, ya que, según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, el 17,5% tienen una discapacidad ocasionada por esta violencia.

Los menores con discapacidad ejercerán sus derechos en igualdad de condiciones, sin discriminación por motivos de edad o discapacidad, recibirán asistencia y apoyos adaptados a sus circunstancias y tendrán el mismo derecho que los adultos a ser informados y escuchados.

Como novedad, su tramitación pone en el centro a la persona flexibilizando el proceso a través de medios telemáticos y asegurando en todo momento la accesibilidad universal. Asimismo, permite que la persona pueda ir acompañada de una persona de confianza, lo que redundará favorablemente en la autonomía y seguridad de las personas con discapacidades severas o grandes necesidades de apoyo.

A partir de ahora, este nuevo baremo permitirá realizar una valoración y calificación más certera de realidades que causan discapacidad como las discapacidades psicosociales, el autismo o las enfermedades raras. También dispone de una valiosa fuente de información para el estudio y observación de las realidades derivadas de la discapacidad, situación real y evolución, permitiendo la comparación entre países, disciplinas y servicios en diferentes momentos a lo largo del tiempo, y facilitando la explotación de información en otros campos de la salud.

Además, ya se está programando desde la Administración una formación especializada a todo el personal valorador en las nuevas herramientas, como garantía de equidad en su aplicación.

Universidades

HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE ENSEÑANZAS DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS

El Consejo de Ministros ha aprobado la actualización y modernización de los requisitos y procedimientos para las solicitudes de homologación y equivalencia de títulos extranjeros a través de un real decreto que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Actualizar, modernizar y agilizar: el principal objetivo

El objetivo fundamental de este nuevo real decreto es actualizar y modernizar la ordenación de las condiciones, los requisitos y los procedimientos para el reconocimiento de títulos universitarios obtenidos en sistemas educativos extranjeros.

Actualmente son 2 los procedimientos que constituyen el grueso de las solicitudes de titulados extranjeros que cada año llegan a España: la homologación y la declaración de equivalencia de títulos extranjeros. El nuevo RD hará que ambos procedimientos se caractericen por su eficiencia y agilidad. Para ello se les dota de un diseño organizativo más ágil, que supone la simplificación de los trámites, acompañado del uso intensivo de tecnologías digitales. Ello facilitará que el tiempo de resolución no supere los seis meses.

Además, en todo momento, la persona interesada podrá consultar en qué estado se encuentra la tramitación de su solicitud, realizando la totalidad de trámites por la vía electrónica.

Entre las novedades más relevantes de este nuevo RD se encuentra la creación de la Comisión de Análisis Técnico de Homologaciones y Declaraciones de Equivalencia (CATHDE). Ésta formulará la propuesta de resolución en el plazo de 2 meses y podrá adoptar medidas de carácter general. Estará compuesta por trece personas (Tres de la Secretaría General de Universidades, dos de ANECA, cuatro Decanos/as o Direcciones de Escuelas universitarias, cuatro elegidas entre profesorado universitario y se renovarán cada 3 años, designadas con el previo acuerdo del Consejo de Universidades).

Dicha Comisión podrá solicitar informes sobre conocimientos y competencias a la ANECA y a profesorado universitario o a personas expertas en el ámbito profesional del título.

Además, no será necesaria una propuesta de la Comisión, cuando se trate de un título expedido por una universidad de algún país que forme parte del Espacio Europeo de Educación Superior o si hay una medida de carácter general.

Otra de las principales novedades que se incorporan es la digitalización de los procedimientos: así, este RD establece que la totalidad de los trámites de los procedimientos de homologación y declaración de equivalencias serán efectuados por vía electrónica. Las solicitudes, la documentación requerida y las comunicaciones y notificaciones se realizarán en la sede electrónica asociada del Ministerio de Universidades. Las credenciales de homologación y los certificados de declaración de equivalencia se expedirán en soporte electrónico. Así, se logran las garantías técnicas que faciliten un proceso y también la certidumbre para que las personas puedan tener un seguimiento de su proceso de manera ágil, rápida y sobre todo fácil pues podrán hacerlo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Por último, se ha adquirido el compromiso de reducir el plazo de resolución del procedimiento -máximo de 6 meses-. La norma establece plazos máximos para cada uno de los trámites del procedimiento de homologación y de declaración de equivalencia, con el fin de que sea resuelto en el máximo de 6 meses. Todo este conjunto de medidas, tanto de garantías tecnológicas, como de compromisos en las velocidades del trámite hacen que estos procedimientos administrativos que afectan a tantas personas puedan ser solventados en cortos espacios de tiempo.

En casos concretos, como los que se refieren a las personas beneficiarias de protección internacional por afluencia masiva de personas desplazadas (caso de los ucranianos) se agilizará el procedimiento, y podrán sustituir la documentación exigida por una declaración responsable.

En definitiva, este nuevo RD, que sustituye a la norma anterior, se erige como una de las soluciones jurídicas que muchas personas y colectivos han venido demandando durante mucho tiempo a este gobierno que ha estado comprometido y escuchando tanto las diferentes problemáticas como las propuestas de soluciones al mismo.

BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Consejera permanente de Estado y presidenta de la Sección Séptima del Consejo de EstadoDª. MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

María Teresa Fernández de la Vega (Valencia, 15 de junio de 1949).

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y jurista especializada en Derecho Comunitario por la Facultad Internacional de Derecho Comparado de Estrasburgo (Francia), María Teresa Fernández de la Vega ha ejercido el servicio público en los tres estamentos del Estado: el jurídico, el legislativo y el ejecutivo.

Profesora de Derecho del Trabajo en la UB (Universitat de Barcelona) y en la UCM (Universidad Complutense de Madrid) y profesora-tutora en la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), en 1982 fue nombrada jefa de Despacho del Gabinete del Ministro de Justicia. En 1985 y hasta 1989, es directora general de Servicio del Ministerio de Justicia.

Ese año ingresa en la carrera Judicial como magistrada, con el número 1 de su promoción. Un año más tarde, ya era vocal del Consejo General del Poder Judicial, cargo que ostenta hasta 1994.Diputada en el Congreso durante las Legislaturas VI, VII, VIII y IX, entre 1994 y 1996 fue secretaria de Estado de Justicia, desde donde promovió el nuevo Código Penal de la democracia española y en el que se eliminaban numerosas discriminaciones hacia las mujeres.

En 2004 se convierte en la primera mujer vicepresidenta primera del Gobierno de España, ministra de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo. También fue la primera mujer que presidió un Consejo de Ministros.

En 2010, es nombrada consejera permanente y presidenta de la Sección Séptima del Consejo de Estado, de nuevo un cargo ocupado por primera vez por una mujer. Ocho años más tarde, en 2018, es nombrada presidenta del Consejo de Estado, cargo ejercido hasta la actualidad.

Fernández de la Vega es doctora Honoris Causa por la UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo) en 2011, por su contribución en la lucha contra la discriminación por razones de género y Premio Igualdad 2020 concedido por la Universidad de Alicante. Entre otras condecoraciones, ha recibido la Gran Cruz de la Orden de Carlos III y la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort.

Defensa

Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra

D.ALEJANDRO GONZALO ESCÁMEZ FERNÁNDEZ

Ocupa el cargo de general jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra desde e l20 de octubre de 2021. Con anterioridad ha sido comandante general de Ceuta, jefe de Estado Mayor de Fuerza Terrestre, secretario general del Mando de Personal del Ejército de Tierra, segundo jefe de la Brigada Paracaidista, teniente coronel jefe del Batallón de Cuartel General de la Brigada Paracaidista. También ha estado destinado, entre otros, en el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, en la Guardia Real y en la Dirección de Gestión de Personal.

Diplomado de Estado Mayor del Ejército de Tierra y de Mando de Unidades de Operaciones Especiales y Paracaidistas. Ha realizado el Curso de Defensa Nacional por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, el Curso de Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales y el Curso Internacional de Gestión de Crisis por el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado. Ha estado desplegado en operaciones en el exterior (en Bosnia-Herzegovina y dos veces en Afganistán). Está en posesión de numerosas condecoraciones militares.

Director General de Asuntos Económicos

D.JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Obtiene el empleo de teniente del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire en 1984.

En la estructura del Ejército del Aire ha ocupado destino en la Dirección de Asuntos Económicos y en el Mando de Apoyo Logístico con cometidos como la contratación, tesorería, contabilidad y recepción de material tanto nacional como internacional. Fuera de la estructura del Ejército del Aire ha estado destinado en la Dirección General de Asuntos Económicos de la Defensa donde ha ocupado los cargos de consejero técnico, jefe del Órgano de Dirección y subdirector General de Contratación, y en la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material, como jefe de Área de Contratación Internacional. En el extranjero ha sido adjunto al Agregado de Adquisiciones y Cooperación en la Embajada de España en Washington, jefe de área OTAN de la Dirección General de Política de Defensa y representante de España ante la Junta de Planificación y Política de Recursos OTAN.

Hacienda y Función Pública

Director General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

D.JORGE FABRA PORTELA

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y Máster en Análisis Económico por la Universidad de Essex (Reino Unido). Pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 2008.

Ha sido subdirector adjunto de Análisis Estratégico y Sistema Financiero Internacional en la Secretaría General del Tesoro, encargado de los asuntos del FMI y ha trabajado como asesor en el gabinete de la presidencia de la AIREF.

Desde 2013 a 2017 ha trabajado en calidad de experto Nacional en la Dirección General de Economía (DG ECFIN) de la Comisión Europea en el secretariado del Comité Económico y Financiero, centrándose en el seguimiento de la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y, en particular, en la metodología común del output gap.

Entre septiembre de 2018 y febrero de 2021 ejerció de vocal asesor para asuntos económicos europeos en el Departamento de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno.

Desde febrero de 2021 ha ocupado el puesto de subdirector general de Programación en la Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Más información

Referencia en PDF

Referencia del Consejo de Ministros

SUMARIO

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Justicia

Hacienda y Función Pública

Interior

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Educación y Formación Profesional

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Política Territorial

Derechos Sociales y Agenda 2030

Universidades

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia del Gobierno

Defensa

Hacienda y Función Pública

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

CLAUSURA Y RESTAURACIÓN DE DOS MINAS ABANDONADAS EN MURCIA Y ASTURIAS

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

DECLARACIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A LA MANCOMUNIDAD DE TENTUDÍA

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

INVERSIÓN PARA RESTAURACIÓN DE ZONAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES EN VALENCIA, GALICIA Y CANARIAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO SOBRE EL USO DE VIVIENDA EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CENTRO INTERNACIONAL SOBRE RESERVAS DE BIOSFERA MEDITERRÁNEAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS A ENTIDADES DE CARÁCTER INTERNACIONAL

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

REAL DECRETO-LEY DE REFUERZO PARA LA PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA Y DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE GAS NATURAL

Hacienda y Función Pública

AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR AVALES A NAVARRA Y MADRID

Hacienda y Función Pública

AUTORIZACIÓN A EXTREMADURA PARA OPERACIONES DE DEUDA

Hacienda y Función Pública

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE TELECOMUNICACIONES PARA COMUNICACIONES MÓVILES DE LA AGE

Hacienda y Función Pública

FINANCIACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE DOS ARRENDAMIENTOS A MUTUA UNIVERSAL MUGENAT

Interior

COOPERACIÓN POLICIAL CON MARRUECOS CONTRA EL TRÁFICO DE PERSONAS

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

NUEVO TRAMO DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD PALENCIA-SANTANDER

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

OBRAS EN EL BAIX LLOBREGAT PARA PROLONGAR LA AUTOVÍA Y MEJORAR LA MOVILIDAD

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

LUZ VERDE AL ENLACE ENTRE LA AUTOVÍA A-68 Y LA CIRCUNVALACIÓN Z-40

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CREACIÓN DE LA SOCIEDAD "BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL"

Transportes, Movilidada y Agenda Urbana

CONVENIO CON EL ICO PARA UNA NUEVA LÍNEA DE AVALES PARA REHABILITAR EDIFICIOS RESIDENCIALES

Educación y Formación Profesional

NUEVAS CUALIFICACIONES PROFESIONALES SOBRE DIGITALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

18.Supervisión del mantenimiento y de la seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos.Educación y Formación Profesional

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN INCLUSIVA

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

RECONOCIMIENTO Y CANJE DE PERMISOS DE CONDUCCIÓN ENTRE ESPAÑA Y NUEVA ZELANDA

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

SUBVENCIONES A CONFESIONES RELIGIOSAS MINORITARIAS

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

PLANES DE PENSIONES DE EMPLEO DE LOS FONDOS DE PENSIONES DE EMPLEO DE PROMOCIÓN PÚBLICA

Política Territorial

APROBACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO PARA CEUTA Y MELILLA

Política Territorial

DENEGADA UNA CONSULTA POPULAR AL AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

Política Territorial

PRÓRROGA DE LA EMERGENCIA DEL CONTRATO DE CONTROL SANITARIO EN LA FRONTERA DE CEUTA Y MELILLA

Derechos Sociales y Agenda 2030

PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO, DECLARACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL GRADO DE DISCAPACIDAD

Universidades

HOMOLOGACIÓN Y CONVALIDACIÓN DE ENSEÑANZAS DE SISTEMAS EDUCATIVOS EXTRANJEROS

BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Defensa

Hacienda y Función Pública

Más información

18.Supervisión del mantenimiento y de la seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos.
Educación y Formación Profesional