Referencia del Consejo de Ministros

3.5.2022

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Madrid

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

  • REAL DECRETO por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
  • ACUERDO por el que se autoriza la aportación española al Grupo de Acción Financiera Caribe y Centroamérica (GAFIC), durante el año 2022, por un importe de 40.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la aportación de España al Foro Global de Productividad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico correspondiente a 2022, por importe de 12.500 euros.

Trabajo y Economía Social

  • ACUERDO por el que se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal la concesión de una subvención de 42.000.000 de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de un Plan Integral de Empleo de Canarias de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional centésima de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de los trabajos de reparación del muro del encauzamiento del río Segura en el tramo urbano de Formentera del Segura, T.M. Formentera del Segura (Alicante), por un importe máximo de 350.000 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de los daños causados por los temporales marítimos, de viento y de lluvias acaecidos en el mes de marzo y principios de abril de 2022 en las provincias de Almería, Granada, Málaga, Cádiz, Valencia y Alicante, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en las ciudades de Ceuta y Melilla, por un importe de 12.390.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autorizan catorce contribuciones voluntarias a entidades de carácter internacional por un importe global de 978.141,94 euros‬.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Justicia

  • REAL DECRETO por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal.
  • REAL DECRETO por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes.
  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C13, R1). REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.
  • ACUERDO por el que se declara la caducidad del procedimiento de revisión de oficio del Real Decreto de 2 de julio de 1923, por el que se rehabilitó el título de Marqués de Otero a favor de doña María Teresa Losada y González de Villalaz, y de las Reales Cartas de Sucesión de 2 de noviembre de 1923, 20 de octubre de 1961 y 7 de mayo de 1988, expedidas en favor de la citada doña María Teresa Losada, de don Ignacio de Urquijo y Losada, y de don Joaquín de Urquijo y Quiroga, respectivamente.
  • ACUERDO por el que se toma conocimiento de la Memoria Anual de Actividades del miembro nacional de Eurojust y se acuerda su remisión al Congreso de los Diputados y al Senado.

Hacienda y Función Pública

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Industria, Comercio y Turismo

Agricultura, Pesca y Alimentación

  • ACUERDO por el que se solicita a la Comisión Permanente del Consejo de Estado la emisión de dictamen, con carácter urgente, en relación con el Anteproyecto de Ley por la que se establecen las normas para la implantación del sistema de gestión de la Política Agrícola Común.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Cultura y Deporte

  • Compromisos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C26, I1 y C26, I2). ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de la distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla con cargo al presupuesto del Ministerio de Cultura y Deporte, en el marco del Componente 26 "Plan de fomento del sector deporte" del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el ejercicio presupuestario 2022, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Deporte, por importe de 35.000.000 de euros.

Sanidad

Derechos Sociales y Agenda 2030

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de los servicios, suministros y obras requeridos para la habilitación de espacios necesarios con ocasión del desplazamiento masivo de personas procedentes de Ucrania debido al conflicto armado existente en el país, por un importe total máximo de 1.116.152,84 euros.


ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Justicia

  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal Jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado a Dª. ESMERALDA RASILLO LÓPEZ.
  • REAL DECRETO por el que se nombra Fiscal de Sala contra los Delitos relativos a la Ordenación del Territorio y la Protección del Patrimonio Histórico, del Medio Ambiente e Incendios Forestales de la Fiscalía General del Estado a D. ANTONIO VERCHER NOGUERA.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal de Sala de Seguridad Vial de la Fiscalía General del Estado a D. LUIS DEL RÍO MONTESDEOCA.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal de Sala de Extranjería de la Fiscalía General del Estado a Dª. BEATRIZ SÁNCHEZ ÁLVAREZ.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal de Sala de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado a Dª. ELVIRA TEJADA DE LA FUENTE.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal de Sala de Cooperación Penal Internacional de la Fiscalía General del Estado a D. FRANCISCO JIMÉNEZ-VILLAREJO FERNÁNDEZ.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal de Sala de la Fiscalía del Tribunal Supremo a D. JOAQUÍN ANTONIO SÁNCHEZ-COVISA VILLA.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal de Sala de la Fiscalía del Tribunal Supremo a D. LUIS MANUEL LÓPEZ SANZ-ARANGUEZ.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a D. JESÚS ALONSO CRISTÓBAL.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal Jefa de la Fiscalía Especial Antidroga a Dª. ROSA ANA MORÁN MARTÍNEZ.
  • REAL DECRETO por el que se nombra teniente Fiscal de la Fiscalía Especial Antidroga a D. IGNACIO MIGUEL DE LUCAS MARTÍN.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo a Dª. AMALIA CORTÉS COSME.
  • REAL DECREO por el que se nombra fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo a D. CONSUELO FIDALGO MARTÍN.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Andalucía a Dª. ANA TÁRRAGO RUIZ.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a D. JOSÉ LUIS DÍAZ MANZANERA.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco a Dª. MARÍA DEL CARMEN ADÁN DEL RÍO.
  • REAL DECRETO por el que se nombra teniente Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria a D. ÁNGEL GONZÁLEZ BLANCO.
  • REAL DECRETO por el que se nombra teniente Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Galicia a D. JOSÉ RAMÓN PIÑOL RODRÍGUEZ.
  • REAL DECRETO por el que se nombra teniente Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a D. JOSÉ FRANCISCO SÁNCHEZ LUCERGA.
  • REAL DECRETO por el que se nombra teniente Fiscal de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco a Dª. MARÍA JESÚS CUARTERO ITURRALDE.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Almería a D. JOSÉ MARÍA LÓPEZ CERVILLA.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Cádiz a D. ÁNGEL MARÍA NÚÑEZ SÁNCHEZ.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Zaragoza a D. FELIPE ZAZURCA GONZÁLEZ.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Salamanca a D. JUAN JOSÉ PEREÑA MUÑOZ.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de Girona a Dª. ANA MARÍA MELÉNDEZ GIL.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Lleida a D. JORGE LUCÍA MORLANS.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de Tarragona a Dª. MARÍA JOSÉ OSUNA CEREZO.
  • REAL DECRETO por el que se nombra fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de Araba/Álava a Dª. MARÍA DEL CARMEN COTELO LÓPEZ.

CONDECORACIONES

Interior

  • REAL DECRETO por el que se concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, a título póstumo, a D. ARTURO MANUEL PAJUELO RUBIO.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Asuntos Económicos y Transformación Digital

ACTUALIZADO EL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Este real decreto actualiza el ENS y se enmarca en el paquete de actuaciones urgentes, adoptado el 25 de mayo de 2021, para reforzar las capacidades de defensa frente a las ciberamenazas sobre el sector público y las entidades colaboradoras que suministran tecnologías y servicios al mismo.

El Esquema Nacional de Seguridad vigente hasta la fecha data de 2010, una etapa con un contexto normativo, social y tecnológico que ha sufrido una evolución radical.

El ENS establece la política de seguridad para la protección adecuada de la información tratada y los servicios prestados a través de un planteamiento común de principios básicos, requisitos mínimos, medidas de protección y mecanismos de conformidad y monitorización para la administración pública, así como los proveedores tecnológicos del sector privado que colaboran con la administración.

Entre las novedades que introduce el real decreto figuran: la adecuación del ENS al nuevo marco normativo y al contexto estratégico existente para garantizar la seguridad en la administración digital, el ajuste de los requisitos a necesidades, colectivos de entidades y ámbitos tecnológicos para una aplicación más eficaz y eficiente y la actualización de los principios básicos y las medidas de seguridad para facilitar una mejor respuesta a las nuevas tendencias y necesidades de ciberseguridad.

Con el nuevo texto normativo se persigue garantizar la protección de los sistemas de información en las entidades de su ámbito de aplicación, reduciendo vulnerabilidades y promoviendo la vigilancia continua, estableciendo a su vez mecanismos de respuesta y medidas de seguridad óptimas dentro del marco jurídico, tecnológico, estratégico y de ciberamenazas actuales.

Entre las nuevas medidas de seguridad, por ejemplo, se han incluido las relativas a servicios en la nube, interconexión de sistemas, protección de la cadena de suministro, medios alternativos, vigilancia y otros dispositivos conectados a la red.

Informe del estado de la seguridad

El real decreto recoge que la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, órgano técnico para la cooperación del Estado con las comunidades autónomas y entidades locales en materia de administración digital, recopilará la información de las principales variables de la ciberseguridad.

Los resultados del informe serán utilizados por las autoridades competentes que impulsarán las medidas oportunas que faciliten la mejora continua del estado de la seguridad.

El Centro Criptológico Nacional (CCN), del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) adscrito al Ministerio de Defensa, articulará la respuesta a los incidentes de seguridad de entidades del sector público. Por su parte, las entidades del sector privado que presten servicios a las entidades públicas notificarán la respuesta a incidentes de seguridad al Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).

Para el desarrollo del real decreto, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, a propuesta de la Comisión Sectorial de Administración Electrónica y a iniciativa del Centro Criptológico Nacional, aprobará las instrucciones técnicas de seguridad de obligado cumplimiento, que tendrán en cuenta las normas armonizadas europeas aplicables.

La aprobación de este real decreto se incardina también en la ejecución del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, uno de los instrumentos principales para el cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y su Componente 11 denominado "Modernización de las Administraciones Públicas", así como para el desarrollo de las inversiones y reformas previstas en la agenda España Digital.

El Plan de Digitalización contempla expresamente, entre sus reformas, la actualización del ENS con el fin de hacer evolucionar la política de seguridad de todas las entidades del sector público español, tomando en cuenta las regulaciones de la Unión Europea dirigidas a incrementar el nivel de ciberseguridad de los sistemas de información.

Trabajo y Economía Social

PLAN INTEGRAL DE EMPLEO DE CANARIAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal la concesión de una subvención de 42.000.000 euros para el desarrollo de un Plan Integral de Empleo de Canarias, de acuerdo con lo establecido en la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

Esta subvención se instrumentará a través de la firma de un convenio entre esta comunidad autónoma y el Servicio Público de Empleo Estatal.

El establecimiento de planes específicos ha tenido en cuenta la condición ultraperiférica de Canarias que incide en sus posibilidades de desarrollo económico.

Además, el presente Plan de Empleo se desarrollará bajo el impacto negativo del COVID- 2019, que ha afectado al empleo en Canarias.

A estas cuestiones se añade la erupción volcánica en la isla de La Palma, que ha supuesto un impacto negativo en el tejido socioeconómico y laboral de la isla.

Objetivos del PIEC

Se pueden concretar en los siguientes aspectos:

Fomentar los programas que contribuyan a la contratación de las personas desempleadas en Canarias y al mantenimiento y sostenibilidad de los puestos de trabajo.

Desarrollar medidas específicas y de apoyo para aquellas personas cuya exposición al impacto económico del coronavirus haya sido mayor, como personas trabajadoras autónomas, personas trabajadoras con contratos temporales, suspendidos al estar sujetos a ERTE de fuerza mayor u otras causas, y personas que trabajan en el ámbito doméstico.

Desarrollar actuaciones singulares dirigidas a personas que se encuentran en desempleo de larga duración y aquellas otras especialmente vulnerables ante el empleo.

Fortalecer el compromiso con la formación integral y con la cualificación de las personas jóvenes.

Apoyar el emprendimiento, en especial las empresas de economía social.

Promover la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, así como de los colectivos más vulnerables.

Luchar contra la economía sumergida.

Articular y destinar políticas de formación para aquellos sectores donde los trabajadores hayan visto suspendida temporalmente su actividad por efecto del COVID 19.

Actuaciones

El importe permitirá financiar actuaciones de formación profesional para el empleo dirigidas al aprendizaje, formación, recualificación o reciclaje profesional, así como de formación dual y en alternancia con la actividad laboral que permitan al beneficiario adquirir competencias o mejorar su experiencia profesional, para incrementar su cualificación y facilitar su inserción laboral.

También actuaciones que tengan por objeto incentivar la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo suspendidos temporalmente o personas trabajadoras autónomas con reducción o cese de actividad.

Se podrán facilitar incentivos para la incorporación de nuevas tecnologías para pymes y autónomos y a la contratación para pymes y autónomos.

Además, se podrán impulsar acciones para facilitar la movilidad para el empleo, desarrollar planes extraordinarios de empleo y/o formación y desarrollar planes de empleo social en actuaciones coordinadas con las distintas administraciones públicas de Canarias con el objeto de mejorar la empleabilidad de los colectivos especialmente vulnerables.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS CON QATAR

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma del Acuerdo sobre traslado de personas condenadas a una pena de privación de libertad entre el Reino de España y el Estado de Qatar.

Las autoridades competentes de España y de Qatar han mantenido contactos desde el mes de mayo de 2018 con la intención de negociar un acuerdo bilateral en materia de traslado de personas condenadas. Tras una ronda negociadora por videoconferencia celebrada entre los días 8 y 10 de febrero de 2021, seguida de un intercambio de observaciones por ambas Partes, quedó finalmente acordada la redacción definitiva del texto.

Este acuerdo refuerza las relaciones entre ambos Estados, ya que incrementa la cooperación en el ámbito del traslado de personas condenadas a penas privativas de libertad, favorece la integración y combate el desarraigo social producido por el internamiento en un país distinto al de origen.

Se prevé que la firma del tratado tenga lugar durante la visita del Emir de Qatar a España, los próximos 17 y 18 de mayo.

Contenido

El texto final del acuerdo consta de un preámbulo y veintiún artículos.

El artículo 1 contiene las definiciones a efectos de la aplicación y el artículo 2 designa las Autoridades Centrales, que en el caso de España es el Ministerio de Justicia y en el de Qatar es la Fiscalía General.

Entre los artículos 4 al 18 se recogen las condiciones y requisitos para la solicitud y ejecución del traslado (consentimiento del condenado, principio de doble incriminación, requisitos formales de la solicitud, incluyendo el idioma de dicha solicitud y de la documentación requerida y los gastos), los derechos de información de las Partes y las peculiaridades en la ejecución del traslado y de la condena con carácter general, manteniendo el principio de "non bis in idem" y de información al Estado de condena.

Los artículos 19, 20 y 21 regulan cuestiones como la resolución de controversias, enmiendas, entrada en vigor, así como la duración y denuncia del acuerdo.

El acuerdo entrará en vigor transcurridos treinta días desde la fecha de recepción de la última notificación escrita remitida por vía diplomática por la otra Parte, confirmando el cumplimiento de los procedimientos legales internos necesarios para su entrada en vigor.

Desde el punto de vista de la repercusión económica, este acuerdo no supone incremento de gasto público.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ENMIENDA AL ACUERDO EUROPEO DE TRABAJO EN TRANSPORTES INTERNACIONALES POR CARRETERA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de la Enmienda al artículo 14 del Acuerdo europeo sobre trabajo de tripulaciones de los vehículos que efectúen transportes internacionales por carretera (AETR), así como del texto consolidado de dicho Acuerdo.

Antecedentes

El acuerdo europeo sobre el trabajo de tripulaciones de los vehículos que efectúen transportes internacionales por carretera (AETR), hecho en Ginebra el 1 de julio de 1970, tiene por finalidad aumentar la seguridad de la circulación en carretera y reglamentar ciertas condiciones de trabajo en los transportes internacionales por carretera conforme a los principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). España depositó el instrumento de adhesión al acuerdo el 3 de enero de 1973, que entró en vigor de forma general y para nuestro país el 5 de enero de 1976 (BOE nº 277 de 18 de noviembre de 1976).

La materia a la que se refiere el Acuerdo AETR es una competencia de la Unión Europea, aunque como esta no es parte en dicho convenio y sí lo son los distintos Estados miembros, es doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión que la competencia exterior de la Unión en éste ámbito la ejercen los Estados miembros actuando en nombre e interés de la Unión.

El procedimiento de enmienda del AETR está previsto en su artículo 21, estableciéndose un mecanismo de aceptación tácita: las enmiendas se consideran aceptadas si los Estados parte, una vez notificados debidamente a través del depositario, no manifiestan oposición alguna.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha estimado necesario, tras las numerosas enmiendas que se han producido al texto original del AETR, la publicación en el Boletín Oficial del Estado de un texto consolidado de este acuerdo, dando así cumplimiento a los principios constitucionales de publicidad de las normas y seguridad jurídica, recogidos en el artículo 9.3 de la Constitución Española.

Contenido

El 23 de octubre de 2020, la Secretaría General de las Naciones Unidas notificó a los Estados parte una propuesta de enmienda al párrafo 1 del artículo 14 del AETR, presentada por Grecia y adoptada por el Grupo de Trabajo de Transportes por Carretera de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) durante su 114 sesión, celebrada en Ginebra del 16 al 18 de octubre de 2019. La enmienda entró en vigor el 23 de abril de 2022.

Mediante esta enmienda se amplía la posibilidad de adhesión al Acuerdo AETR por parte de Egipto, a través de un procedimiento específico que estaba reservado hasta ahora para Argelia, Jordania, Líbano, Marruecos y Túnez.

Para España es importante que los países con los que existe gran volumen de transporte realizados por vehículos matriculados en esos países se adhieran al citado acuerdo. En el momento en que el país se adhiere al AETR, se permite el control de todo el trayecto desde el punto de carga del vehículo.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONTRIBUCIÓN AL COLEGIO DE EUROPA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la contribución voluntaria de España al Colegio de Europa por importe de 20.000 euros.

El Colegio de Europa es una asociación de utilidad pública, sin ánimo de lucro, que tiene como misión la formación de postgraduados procedentes de toda Europa y capaces de trabajar para la construcción de Europa tanto en las instituciones políticas específicas que la hacen posible como en ámbitos privados.

Como país miembro de la Unión Europea, España forma parte del Consejo de Administración del Colegio de Europa a través de la figura de su Embajador-Representante Permanente de España ante la Unión Europea.

Entre las funciones del Consejo de Administración está acordar el presupuesto anual del Colegio de Europa y fijar las contribuciones que corresponden a cada Estado Miembro.

El Colegio de Europa, a través de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, solicitó el 22 de febrero de 2022 el pago de 20.000 euros como contribución española para el año 2021.

En consecuencia, mediante este acuerdo se autoriza la contribución de 20.000 euros de España al Colegio de Europa, correspondiente al año 2022.

La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales informó favorablemente la presente contribución, con fecha 15 de marzo de 2022.

La Asesoría Jurídica Internacional emitió informe sobre esta contribución, con fecha 10 de marzo de 2022.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública emitió informe, con fecha 31 de marzo de 2022, no formulando objeciones a la tramitación de este acuerdo.

Justicia

ARANCEL DE DERECHOS DE LOS PROCURADORES DE LOS TRIBUNALES

El Consejo de Ministros ha aprobado la modificación del Real Decreto por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. Esta nueva norma, que armoniza el ordenamiento jurídico español con la normativa europea, actualiza el contenido del Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre.

El real decreto aprobado recoge que la cuantía global por derechos devengados por un procurador de los tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso, no podrá exceder de 75.000 euros. Además, el sistema arancelario que rija los derechos de los procuradores no podrá fijar límites mínimos para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales realizadas.

Del mismo modo, excepcionalmente y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales realizados por el procurador de manera extraordinaria.

El nuevo real decreto se articula a partir de la negociación del precio de prestación del servicio entre el procurador de los tribunales y su cliente, en un entorno libre de competencia, sin perjuicio de la existencia de un arancel máximo que sirva de protección al consumidor y de la obligatoriedad de presentar, por parte del procurador de los tribunales a su cliente, un presupuesto previo.

Justicia

REGLAMENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y AMPLIACIÓN DE SU PLANTILLA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal y el Real Decreto por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las necesidades existentes.

El real decreto para la aprobación del Reglamento de Ministerio Fiscal tiene como objetivo dictar una nueva norma que derogue y supere la existente, de 1969 y, por tanto, preconstitucional y desfasada, para que sea congruente con el orden constitucional.

El reglamento del Ministerio Fiscal recoge las categorías, adquisición y pérdida de la condición de fiscal, la provisión de destinos, distinguiendo las plazas de designación directa del Fiscal General del Estado, la provisión de plazas de nombramiento discrecional y el procedimiento de concurso reglado, así como los artículos referidos a las situaciones administrativas en que pueden hallarse los miembros de la carrera fiscal.

Asimismo, regula todos los permisos que podrán disfrutar los miembros de la carrera fiscal de manera extensa y pormenorizada, y les reconoce, al menos, los mismos derechos establecidos para los miembros de la Administración General del Estado y que supongan una mejora en materia de conciliación y permisos.

También regula los derechos y deberes de los integrantes del Ministerio Fiscal, tanto profesionales y de asociación, como el derecho a la salud y a la protección frente a los riesgos laborales, y el régimen de responsabilidad de los miembros de la carrera fiscal con respeto a lo regulado en el Estatuto Orgánico, abordando el marco procedimental, entre otros. Se completa así la regulación integral, cuyas exigencias venían también determinadas por organismos internacionales.

Ampliación de la plantilla

Por su parte, el real decreto para la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal tiene por objeto adecuarla a las necesidades existentes mediante la creación de 60 nuevas plazas y el reforzamiento de la especialización en el ámbito de la discapacidad. Así, contempla la creación de dos plazas de Fiscales adscritos al Fiscal de Sala para la protección de personas con discapacidad y mayores.

La plantilla vigente del Ministerio Fiscal fue fijada en el Real Decreto 255/2019, de 12 de abril. Esta plantilla precisa ser actualizada para reflejar cualitativa y cuantitativamente las funciones y cometidos que viene llevando a cabo el Ministerio Fiscal, por lo que resulta necesario avanzar tanto en su incremento como en la mejora de la especialización, adaptando su estructura organizativa y funcional.

Las 60 plazas saldrán a concurso entre los miembros de la carrera fiscal que reúnan la categoría y las condiciones necesarias para ocuparlas, de conformidad con la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de acuerdo con la distribución que se indica.

La norma fija el total de efectivos de la Carrera Fiscal, que queda constituido por 2.613, y el número de fiscales para cada categoría así como todas sus características: denominación de la plaza, dotación, categoría de la misma, procedimiento de nombramiento, sede de la plaza, número de decanos que corresponden a cada sección territorial y número de fiscales coordinadores que corresponden a la fiscalía territorial de que se trate.

Justicia

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL MIEMBRO NACIONAL DE EUROJUST

El Consejo de ministros ha aprobado un acuerdo por el que el Gobierno toma conocimiento de la memoria anual de actividades desarrolladas por el miembro nacional de Eurojust y se encarga de remitirla a las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado.

Eurojust, como órgano de la Unión Europea encargado de apoyar y reforzar la coordinación y cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de investigar y perseguir la delincuencia grave que afecte a dos o más Estados miembros, cuenta con un miembro nacional destacado que representa a cada Estado.

Una de las obligaciones del miembro nacional es remitir un informe anual sobre las actividades desarrolladas en desempeño de sus funciones, tanto al Ministerio de Justicia como al presidente del Consejo General del Poder Judicial y al Fiscal General del Estado.

Entre las funciones de este representante destacado en Eurojust están las de facilitar la emisión o ejecución de solicitudes de asistencia legal mutua o reconocimiento mutuo, entablar contacto e intercambiar información con otras autoridades competentes y participar en posibles equipos conjuntos de investigación.

Tras la remisión de copia de la memoria a las Cortes Generales, el miembro nacional podrá ser llamado a informar sobre las actividades desarrolladas a la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales, así como a las Comisiones de Justicia y de Interior de ambas cámaras.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA CONSTRUIR UN CENTRO DE EDUCACIÓN EN CEUTA

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo mediante el cual ha autorizado la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para permitir la ejecución de obras de construcción de un Centro Integrado de Educación en la parcela denominada 'Brull' en Ceuta, por parte de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, O.A., adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte.

La Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte, ha solicitado autorización para modificar los límites de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria 'Inversiones reales', cuya dotación inicial para el año 2022, a nivel de vinculación, se eleva a 11.661.620 euros.

Mediante Orden de 18 de octubre de 2018, la ministra de Educación y Formación Profesional declaró la urgencia y el excepcional interés público del proyecto básico del Centro Integrado de Educación (Infantil, Primaria y Secundaria) en la calle Cortadura del Balle s/n (solar del Brull) de Ceuta.

El 28 de diciembre de 2018 se autorizó, por acuerdo de Consejo de Ministros, la ejecución del proyecto básico para la construcción del citado centro.

Finalizada la redacción del proyecto de ejecución en el mes de junio de 2021 no fue posible su licitación por falta de crédito, por lo que esta se realizará en el ejercicio 2022 mediante el procedimiento de tramitación anticipada y comenzará la ejecución en el ejercicio 2023. El plazo de ejecución de la obra abarca 36 meses, comenzará en el ejercicio 2023 y finalizará en 2026.

La ejecución material de la obra derivada del proyecto, ya redactado, supone un importe estimado de 18.240.461,58 euros distribuidos según el siguiente cuadro:

AñoImporte en €
20234.500.000,00
2024 2025 20266.000.000,00 6.000.000,00 1.740.461,58
TOTAL 18.240.461,58

Hacienda y Función Pública

OPERACIONES CON CARGO AL FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL

El Consejo de Ministros ha aprobado dos acuerdos por los que ha autorizado la concesión de dos nuevas operaciones de respaldo público temporal, por un importe total de 66 millones de euros, destinados al Grupo Julià y al Grupo Mediterránea.

Estas autorizaciones se producen después de que el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas haya aprobado dichas operaciones.

Se trata de decisiones adoptadas tras un exhaustivo y riguroso proceso de análisis de la situación económica y jurídica de las empresas, del impacto que han sufrido por la COVID-19, del plan de viabilidad que ha presentado cada una de las compañías, así como de las perspectivas de evolución y de las garantías aportadas para asegurar la devolución del apoyo financiero público temporal que van a recibir.

Las ayudas proceden del citado Fondo de Apoyo a la Solvencia, una herramienta clave para proteger la actividad económica y el empleo mientras dure el impacto de la pandemia. Es uno de los instrumentos de apoyo a la economía que el Gobierno puso en marcha, con una dotación de hasta 10.000 millones de euros.

Grupo Julià, estratégico para el sector turístico en España

De esta forma, el Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de una ayuda de 38 millones de euros al Grupo Julià. Dicha financiación se canalizará a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 20 millones de euros y otro ordinario de 18 millones.

El Grupo Julià está estrechamente vinculado al turismo, sector estratégico de la economía española, y se especializa en la prestación de servicios de movilidad y turismo con tres líneas de negocio: turismo (agencia de viajes, turoperador y venta de tours y tickets), transporte turístico (City Tours) y transporte discrecional y regular de pasajeros.

Este grupo tiene un relevante carácter estratégico a nivel nacional, especialmente en el tejido productivo de Cataluña, dado su impacto social y económico en este territorio. Además, es una empresa líder y referente en el sector de transporte de pasajeros en España en todas las divisiones de su negocio, siendo uno de los mayores operadores de referencia en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Granada, San Sebastián y Sevilla.

También es líder nacional en la prestación de servicio de autobús turístico en las principales ciudades del país y ocupa una segunda posición en este nicho a nivel mundial.

Grupo Julià obtuvo en 2019 una cifra de negocio de 144 millones de euros. En esa fecha, previa a la pandemia, el grupo daba empleo fijo en España a 624 personas y a otras 500 de modo indirecto. La compañía acusó la crisis pandémica con una caída en ventas del 78% en 2020 frente al ejercicio 2019, así como de 33,2 millones de euros en el EBITDA.

Grupo Mediterránea, estratégico y con alto valor social

El Consejo de Ministros también ha aprobado la concesión de una ayuda de 28 millones de euros a Grupo Mediterránea. Dicha financiación se canalizará a través de la concesión de un préstamo participativo por importe de 23 millones y otro ordinario de 5 millones de euros.

Con más de 30 años de historia, Grupo Mediterránea se ha consolidado como un líder nacional en el sector de la restauración colectiva, generando un importante volumen de empleo y dando soporte a más de 150 hospitales y residencias, 840 centros educativos y alrededor de 100 empresas. También ofrece servicios de vending y restauración destinada a eventos y otros fines. El grupo es un proveedor de referencia en servicios de restauración tanto para la administración como para el sector privado.

Al igual que el resto de compañías de su sector, Grupo Mediterránea ha sufrido graves consecuencias por la COVID, debido al cierre o disminución drástica de los servicios prestados en los colegios y las empresas, reflejándose en su facturación, resultados, deuda y fondos propios.

El impacto de la pandemia ha supuesto un cambio en los márgenes de la empresa. La cifra de negocio de Grupo Mediterránea se elevó a finales de 2019 a 232,2 millones de euros y en diciembre de ese mismo año contaba con más de 7.500 empleados directos en España (más del 80% mujeres).

Estas dos nuevas operaciones del Fondo de Apoyo a la Solvencia Empresarial se suman así a las ya autorizadas para Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs y Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Soho Boutique Hoteles, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Wamos, Eurodivisas S.A., Grupo Ferroatlántica S.A.U., Grupo Inversor Hesperia (GIHSA) y Grupo Abba.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA LA FORMACIÓN DE MILITARES

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el cual autoriza la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para posibilitar al Ministerio de Defensa financiar las adendas de los convenios, ya firmados, para el curso 2022/2023, con el objetivo de atender las necesidades de formación de los futuros suboficiales y de los militares profesionales de tropa y marinería.

Estos convenios, que ya están suscritos, se efectúan entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional y diversas comunidades autónomas, para atender las necesidades de formación de los militares.

La Ley 39/2007 de la Carrera Militar diseña una importante reforma en la enseñanza militar y profundiza en su integración en el sistema educativo general.

Para alcanzar tal propósito, los aspirantes a suboficial de los Cuerpos Generales del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire y el de Infantería de Marina tendrán que cursar la formación militar general y específica y obtener, además, un título oficial de Técnico Superior de Formación Profesional, del sistema educativo general.

Las academias y escuelas del ámbito del Ministerio de Defensa continuarán siendo los centros de enseñanza responsables de la formación de los futuros suboficiales y de los militares profesionales de tropa y marinería.

Gracias a su reconocimiento por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, están en condiciones de impartir enseñanzas que conduzcan a la obtención de títulos oficiales de Formación Profesional por parte de los alumnos.

Aspecto importante del modelo formativo es el representado por la necesidad de disponer, por parte del Ministerio de Defensa, de profesores civiles para impartir la correspondiente docencia. Debido a la imposibilidad, por parte del Ministerio de Defensa, de aportar directamente el referido profesorado, mediante convenios sucesivos firmados con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y con los Gobiernos de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Madrid y la Región de Murcia, desde el año 2011 las comunidades han venido aportando dicho personal docente.

Según consta en la memoria justificativa, los convenios en vigor, firmados a lo largo del año 2019, contemplan la elaboración de adendas que, dando cobertura a los diferentes cursos escolares, establezcan las titulaciones a impartir, el personal docente necesario y la cuantía máxima a transferir para la liquidación de las obligaciones económicas contraídas, que se corresponderán con los costes derivados de los haberes devengados por el personal que cada comunidad autónoma aporte.

Las adendas mencionadas se financiarán con la aplicación presupuestaria 'Transferencias a CC.AA. Formación Escuelas de Suboficiales', y abarcarán todo el curso escolar, desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 31 de agosto de 2023.

La dotación presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 asciende a 9.052.860 euros. No obstante, el periodo cubierto por las adendas implica que la mayor parte del gasto corresponde al ejercicio presupuestario 2023.

Además, las necesidades correspondientes al ejercicio 2023 se verán incrementadas debido a:

  • Incremento anual de las retribuciones del profesorado correspondiente al ejercicio 2023.
  • Implantación, a partir de 2022, de módulos de Formación Profesional en el marco de la Enseñanza Militar de Formación de Tropa y Marinería.
  • Aumento del número de módulos que se ofertan del programa CONSIGUE+, dirigido al desarrollo profesional de los militares de tropa y marinería facilitando la obtención de un título de Grado Medio de Formación Profesional.
  • Con la aprobación de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional, el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional se extingue y se integra en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria pasando a percibir las retribuciones como funcionarios del subgrupo A1.

El Ministerio de Defensa cuantifica las necesidades presupuestarias en el ejercicio 2023 en 7.806.312,32 euros.

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES PARA ADQUIRIR COMPROMISOS DE GASTO PARA CONVOCAR SUBVENCIONES PARA LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar la convocatoria, por el Consejo Superior de Deportes, O.A., adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte, de subvenciones en concurrencia competitiva para Federaciones Deportivas.

En concreto, para posibilitar al Consejo Superior de Deportes la convocatoria de dichas subvenciones se modifican los límites de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros para las aplicaciones 'A asociaciones españolas, federaciones deportivas españolas y Comité Olímpico Español' y 'A federaciones deportivas españolas para instalaciones deportivas y equipamiento', que tienen una dotación inicial de 70.986.750 y 500.000 euros, respectivamente, según nivel de vinculación, con lo que quedan fijados en los siguientes términos:

Aplicación presupuestaria: 24.106.336A.483
Año Límite de compromiso máximo a adquirir Porcentaje sobre crédito inicial (70.986.750 €)
202361.736.75086,97%
202461.736.75086,97%
Aplicación presupuestaria 24.106.336A.781
Año Límite de compromiso máximo a adquirir Porcentaje sobre crédito inicial (70.986.750 €)
2023500.000100%
2024500.000100%

Hacienda y Función Pública

MODIFICADOS LOS LÍMITES DE GASTO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TESORERÍA POR UMIVALE ACTIVA

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites de gasto con cargo a ejercicios futuros, establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para permitir que la mutua Umivale Activa, mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 3, la contratación del servicio de tesorería, para la administración de los recursos financieros que gestiona.

Umivale Activa es una Entidad Colaboradora con la Seguridad Social con personalidad jurídica propia que tiene atribuidas, entre otras funciones, la gestión de las prestaciones de la Seguridad Social previstas en el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Para el cumplimiento de sus fines necesita contratar con una entidad financiera la gestión de los servicios de tesorería para la administración de los recursos financieros de la Seguridad Social que gestiona en su condición de Entidad Colaboradora.

El contrato es de naturaleza privada y su duración es de 12 meses, con una posible prórroga de un año de duración. La fecha prevista de inicio de ejecución del contrato es el 1 de mayo de 2022 y la finalización el 30 de abril de 2023, por lo que presupuestariamente afectará a los ejercicios 2022 y 2023.

El contrato tiene un presupuesto base de licitación de 334.700 euros, que se imputará al concepto 'Otros gastos financieros', del grupo de programa 'Administración y servicios generales de tesorería y otros servicios funcionales comunes', con las siguientes anualidades e importes (en euros):

20222023TOTAL
181.466,67153.233,33334.700,00

Hacienda y Función Pública

FONDOS AL CEDEX PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE UNA DE SUS NAVES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), por importe de 5.229.682,12 euros, para atender el pago de un expediente de emergencia para la reconstrucción de la cubierta de una nave de ensayos de dicho organismo, así como otras inversiones.

El CEDEX, Organismo Autónomo adscrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha incoado un expediente de suplemento de crédito en la aplicación presupuestaria 'Inversiones Reales', por el importe anteriormente mencionado.

Como consecuencia de la borrasca 'Filomena', que tuvo lugar en enero de 2021, se produjo el colapso parcial de la cubierta de la nave de ensayos del Laboratorio de Experimentación Marítima del Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX, ubicado en la Calle Antonio López, 81, de Madrid.

El importe total estimado para esa reconstrucción se fijó en 14.520.000 euros, de los que 9.680.000 correspondían a la anualidad del ejercicio 2021 y los restantes 4.840.000, a 2022.

En el año 2021 no fue posible alcanzar la ejecución del crédito aprobado para dicho ejercicio. Por ello, el importe de las inversiones en curso asciende a 6.815.089,41 euros. Y existen gastos de la misma naturaleza pendientes de tramitar por valor de 5.754.592,71 euros. Ello implica una necesidad de crédito por importe de 5.229.682,12 euros. De esta manera, se ha propuesto el suplemento de crédito que ha aprobado mediante este acuerdo el Consejo de Ministros, que será financiado con remanente de tesorería.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

ACTUALIZADA LA NORMATIVA QUE REGULA EL ESPACIO AÉREO Y LOS PROCEDIMIENTOS CIVILES DE VUELO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se completa el régimen jurídico para la aprobación de los cambios de espacio aéreo y los procedimientos civiles de vuelo.

Se trata de un real decreto que avanza en la regulación de las estructuras de espacio aéreo y de los procedimientos civiles de vuelo, completando el ordenamiento jurídico español para hacer posible la aplicación de la regulación europea, en particular, desarrollando algunos de los aspectos que el Reglamento (UE) 2017/373 exige a los Estados miembros.

Además, persigue la mejora del reparto competencial en el seno de la administración aeronáutica en estas materias y fijar el procedimiento que regula su aprobación, todo ello para dotar de una mayor seguridad jurídica a las actuaciones de la administración y Autoridades Aeronáuticas a la vez que a los usuarios del espacio aéreo.

Hasta la fecha, Enaire E.P.E. es la única entidad que tenía competencias para diseñar y tramitar los procedimientos civiles de vuelo, que eran aprobados por la Comisión Interministerial entre Defensa y Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (CIDETMA). Con la publicación del nuevo real decreto, tanto los gestores aeroportuarios como los proveedores de servicios de navegación aérea, por iniciativa propia o a instancias de terceros, podrán contratar a un proveedor de servicios de diseño de procedimientos de vuelo (FPD) certificado para proponer una nueva maniobra que será tramitada y aprobada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Dentro de dicha tramitación, se incluye el informe de CIDETMA exclusivamente para aquellos procedimientos de vuelo que afecten al Ministerio de Defensa.

En lo que respecta a las estructuras de espacio aéreo, el real decreto regula su procedimiento de tramitación y amplía las competencias de CIDETMA para su aprobación, todo ello de conformidad con la normativa nacional también de aplicación.

La elaboración de este real decreto ha contado con la participación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de Defensa y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, conjugando los intereses de los tres departamentos.

Mayor concreción en los procedimientos de evaluación ambiental

Asimismo, la norma concreta los aspectos procedimentales de evaluación ambiental en el ámbito de la administración aeronáutica, designando a AESA para que asuma las funciones que corresponden al órgano sustantivo según la legislación ambiental.

Es decir, AESA pasa a ser órgano sustantivo en lo que atañe a los procedimientos civiles de vuelo y realizar alguna de las funciones propias del órgano sustantivo en cuanto a la tramitación ambiental de las estructuras de espacio aéreo.

Entre otros beneficios, se espera que la norma facilite la creación de nuevas oportunidades para el sector de la navegación aérea.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CONTRATO PARA IMPLEMENTAR EL ANCHO ESTÁNDAR EN EL CORREDOR MEDITERRÁNEO

El Consejo de Ministros ha autorizado a licitar, a través de Adif Alta Velocidad (Adif AV), un contrato asociado a las obras para la implantación del ancho estándar en el tramo Castelló-Vandellòs del Corredor Mediterráneo.

En concreto, se ha iniciado el proceso de contratación del suministro y transporte de aparatos de vía con un valor estimado global de 23.439.123,44 euros (sin IVA). El contrato se divide en dos lotes, uno para el tramo Castelló-Vinaròs y el segundo para el trayecto Vinaròs-Vandellòs.

Las operaciones contempladas en este contrato comprenden, entre otras, la fabricación, montaje y comprobación en taller de los aparatos de vía, su carga y transporte hasta la zona de acopio determinada por la dirección de obra y el suministro de los componentes de reposición necesarios para garantizar la correcta explotación del futuro esquema de la línea.

Todos los aparatos deberán ser interoperables, cumpliendo con los requisitos en las distintas fases de diseño, construcción, puesta en servicio y explotación que definen las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad (ETI).

La adaptación al ancho estándar de este tramo se enmarca en el compromiso del Gobierno de seguir impulsando el conjunto de actuaciones del Corredor Mediterráneo como eje estratégico para el fomento del transporte por ferrocarril y el desarrollo socioeconómico del arco mediterráneo y su área de influencia.

Esta actuación tiene por objetivo implantar el ancho estándar mediante el cambio de ancho de vía en este tramo de alrededor de 150 km de longitud, pasando del actual de 1.668 mm a 1.435 mm.

Las obras comprenden las operaciones necesarias en plataforma, superestructura y electrificación. Se pretende así garantizar en todo momento la adecuada prestación, capacidad, estabilidad y fiabilidad de los tráficos de viajeros y mercancías.

Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo "Conectar Europa" de la Unión Europea (CEF).

(corredor)

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para reforzar la gestión de los fondos europeos y por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 645/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El objeto del real decreto es la creación de un comisionado especial, con rango de subsecretaría, encargado de garantizar la óptima ejecución y coordinación de todos los proyectos estratégicos del ministerio en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), así como la reestructuración de la Dirección General de Organización e Inspección y de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en la que se crea la nueva Subdirección General de Vigilancia, Alerta y Estudios Geofísicos.

El PRTR, enmarcado dentro de los planes nacionales que ha elaborado la gran mayoría de Estados miembros de la Unión Europea para acogerse al Plan de Recuperación para Europa Next Generation EU, se orienta al desarrollo de las nuevas tecnologías del transporte y la movilidad, suponiendo una oportunidad extraordinaria para aprovechar plenamente el potencial de la eficiencia energética como factor de crecimiento económico y competitividad internacional, de innovación tecnológica y científica y de integración social.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está llamado a impulsar y coordinar el PRTR en un ámbito de tal envergadura y complejidad que requiere, entre otros, de un mecanismo sólido de gestión que asegure su óptimo diseño y posterior desarrollo.

Concretamente, de los casi 17.000 millones de euros de fondos PRTR cuya gestión corresponde al ministerio, 13.203 millones están destinados al impulso de la movilidad sostenible (4.536 millones de euros financiarán el plan de choque de movilidad en entornos urbanos y metropolitanos; y 6.667 millones de euros la movilidad sostenible, segura y conectada).

El impulso, promoción y coordinación de estos proyectos estratégicos requiere de la figura de este comisionado especial, encargado de garantizar la óptima ejecución y coordinación de todos los proyectos estratégicos del ministerio en el marco del PRTR.

Reorganización para mejorar la eficacia y eficiencia

Adicionalmente, resulta necesario proceder a una reorganización de la estructura de la Dirección General de Organización e Inspección, con la finalidad de mejorar la eficacia y eficiencia en el desarrollo de las funciones que tiene asignadas, como consecuencia de la atribución a la inspección general de servicios del ejercicio de las funciones de unidad de control interno del plan de medidas antifraude del PRTR del Ministerio, aprobado por Resolución del Subsecretario de 15 de marzo de 2022.

Por último, resulta necesario también revisar la estructura de la Dirección General del IGN, creando una nueva Subdirección General de Vigilancia, Alerta y Estudios Geofísicos que garantizará un servicio esencial en las mejores condiciones de inmediatez y calidad ante los peligros geofísicos, necesidad puesta de manifiesto en crisis recientes como la erupción volcánica en La Palma.

Asumirá también las funciones que correspondan al ministerio en el desarrollo del Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, Vulcanológica y de otros fenómenos geofísicos previsto en el RD ley 2/2022. Asimismo se actualiza la atribución de funciones como consecuencia de la aprobación del nuevo Estatuto del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), mediante Real Decreto 310/2021, de 4 de mayo.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

AYUDAS A LOS TRANSPORTISTAS AUTÓNOMOS QUE ABANDONEN LA ACTIVIDAD

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que ha autorizado la concesión de ayudas por importe de 20 millones de euros a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad para el ejercicio 2022.

Estas ayudas duplican el importe concedido en 2021 en los términos del acuerdo alcanzado con el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) y reafirman el compromiso del Gobierno con los transportistas autónomos.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los transportistas autónomos por carretera de más de 63 años que se comprometan a dejar la actividad. Tendrán prioridad en el otorgamiento, en primer lugar, aquellos a quienes les haya sido declarada una incapacidad permanente absoluta o total para el desempeño de la profesión de transportista y, en segundo lugar, los solicitantes de mayor edad.

Compromiso con los transportistas autónomos por carretera

El sector del transporte por carretera se caracteriza por la existencia de un número importante de profesionales de edad elevada para este tipo de trabajo, con carencia de recursos para el abandono de la actividad antes de cumplir 65 años. Esta situación supone una incidencia social para la que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana destina una importante partida presupuestaria que, en este ejercicio, duplica el importe de años anteriores.

Las ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, en los términos de la orden de convocatoria que próximamente se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Estas ayudas son una muestra más del trabajo global del Gobierno hacia un sector esencial para la sociedad y el sector productivo español.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

OBRAS PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE ALTA VELOCIDAD EN EL TRAMO XÀTIVA-LA ENCINA

El Consejo de Ministros ha autorizado a licitar, a través de Adif Alta Velocidad (Adif AV), el contrato de obras para la ejecución de la nueva electrificación para vía de ancho estándar en el tramo Xàtiva-Nudo de La Encina (en la provincia de Valencia).

El contrato tiene un valor estimado de 19.468.477,6 euros (sin IVA), incluyendo los suministros aportados por Adif AV para el desarrollo de las obras, y un plazo de ejecución de 24 meses.

Se trata de una actuación destacada, tanto para la configuración del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad Madrid - Castilla-La Mancha - Comunitat Valenciana - Región de Murcia, como para el desarrollo del Corredor Mediterráneo.

Los trabajos comprenden la modificación de la línea aérea de contacto (catenaria) actual de 3 kV en corriente continua, con el fin de adaptarla al cambio a una alimentación de 25 kV en corriente alterna.

El tramo incluido en la actuación, de 45 km en vía doble, discurre entre Xàtiva y la conexión con la Línea de Alta Velocidad (LAV) Albacete-Alicante en los enlaces de La Encina (dirección Albacete) y el Nudo de la Teja (dirección Alicante). Este tramo forma parte de la futura línea de alta velocidad que conectará Valencia y Alicante.

Las actuaciones proyectadas no implican modificación alguna del trazado ferroviario, sino la adaptación del subsistema de energía (línea aérea de contacto) para garantizar la correcta explotación ferroviaria del tramo y su conexión con los trayectos colaterales con la misma tensión 25 KV.

En este sentido, la línea aérea de contacto del tramo Xàtiva-Nudo de La Encina conectará con las ya instaladas en el tramo Torrent-Xàtiva y en el tramo Albacete-Alicante, ambas alimentadas a 25 kV (el suministro de energía implantado en líneas de alta velocidad o de altas prestaciones).

(xativa)

Moixent

Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), en especial a sus metas 9.1 (desarrollar infraestructuras fiables) y 9.4 (modernizar la infraestructura).

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

TRABAJOS EN TÚNELES DEL TRAMO A CORUÑA-SANTIAGO DE COMPOSTELA

El Consejo de Ministros ha autorizado a licitar, a través de Adif, el contrato para el cumplimiento de la Especificación Técnica de Interoperabilidad (ETI) de túneles de longitud mayor a 1.000 metros, en el tramo A Coruña-Santiago, perteneciente al Eje Atlántico.

El contrato abarca la fase 1 relativa a la adecuación de las instalaciones de Protección Civil y Seguridad en los túneles a la ETI y cuenta con un valor estimado de 18.323.511,79 euros (IVA no incluido).

El objetivo de la actuación es adaptar y adecuar los diversos sistemas de protección y seguridad en los túneles a la normativa de la Unión Europea sobre interoperabilidad del sistema ferroviario (Reglamento UE Nº 1303/2014, de la Comisión Europea) y a la normativa vigente en Adif.

Las instalaciones que se van a adecuar, teniendo en cuenta la longitud de los túneles, son las siguientes:

Túneles con longitud superior a 1.000 m

Señalización de emergencia, alumbrado de emergencia, detección/extinción de incendios, suministro de agua, radio-comunicaciones, suministro eléctrico, protección física de puertas, extinción de incendios en túnel, sistema anti-intrusión, sistema CCTV (circuito cerrado de televisión) y sistema de telecontrol.

Los túneles de estas características son Pocomaco (1.842 m), Bregua (2.993 m), Meirama (3.469 m), Viris (1.911 m), Queixas (2.194 m), Vilartarreo (1.084 m) y Berdía (3.177 m).

(berdia)

Túnel de Berdía

Adicionalmente, en el marco de este contrato se renovarán algunas instalaciones en túneles de menor longitud:

Túneles con longitud comprendida entre 500 y 1000 m

Se actuará sobre señalización, balizamiento y alumbrado de emergencia en los túneles de O Mouro (507 m), Sionlla (542 m) y Casablanca (912 m).

Túneles con longitud inferior a 500 m

Se actuará sobre señalización de emergencia en los túneles de A Medorra (295 m), Rego da Iña (164 m), As Revoltas (265 m), San Cristóbal (384 m), Vío (210 m), Nuevo Túnel de Vío (210 m) y As Costas (399 m).

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

ACUERDO MARCO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE ADIF

El Consejo de Ministros ha autorizado a licitar, a través de Adif, el contrato para el establecimiento de un acuerdo marco que cubra diversos servicios para el desarrollo de la transformación digital de la entidad, con un valor estimado del contrato de 21.837.600 euros (IVA no incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses, prorrogables por otros 24.

Adif está inmersa en un proceso de transformación digital, que constituye una de las palancas de su Plan Estratégico 2030, y que se basa en seis pilares que promueven:

  • La agilidad como principio de funcionamiento.
  • La automatización de procesos como base de la transformación.
  • La orientación de la organización al dato como estrategia para tomar decisiones basada en el análisis y la interpretación de los datos.
  • La preparación de la organización (personas, procesos y tecnología) para adaptarse a las necesidades de forma eficaz.
  • Conectar con el cliente colocándolo en el centro de las decisiones de la organización.
  • La cultura digital desde un punto de vista global.

De ellos emanan las líneas maestras que determinan la estrategia de transformación, que se materializará en las soluciones asociadas al cambio cultural, la gestión del talento, productos, sistemas y herramientas necesarios.

Acuerdo marco formado por cuatro lotes

Mediante este acuerdo marco, la entidad contará con los servicios necesarios para impulsar su plena integración en la sociedad digital. Así, el acuerdo está constituido por cuatro lotes que corresponden a los diversos ámbitos de la estructura creada para hacer frente al proceso de transformación digital.

El lote 1 abarca los servicios de consultoría para la elaboración de planes de transformación digital específicos para cada área de negocio, enmarcados dentro del Programa de Transformación Digital de Adif.

El lote 2 corresponde a la realización de los siguientes servicios:

  • Apoyo a las Oficinas de Transformación Digital de Adif, cuyo cometido será el establecimiento, puesta en marcha y funcionamiento de las mismas, así como el control y seguimiento de los planes de transformación digital asociados.
  • Servicios complementarios (llave en mano), que apoyarán tanto a las Oficinas de Transformación Digital y Global de Adif: servicios de innovación tecnológica, de comunicación empresarial, de gestión del cambio y de apoyo metodológico.

En cuanto al lote 3, incluye el servicio de apoyo a la Oficina de Transformación Global de Adif, cuyo cometido será el establecimiento, puesta en marcha y funcionamiento de los aspectos asociados a la gestión y el gobierno del programa de transformación digital, desde un punto de vista estratégico y ejecutivo.

Por último, el lote 4 corresponde a la implantación de soluciones tecnológicas vinculadas a las iniciativas que se deriven de los Planes de Transformación Digital, que tengan cabida en el correspondiente acuerdo marco, por su tipología, dimensionamiento e impacto organizacional.

Esta actuación contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente al ODS 9, que busca construir infraestructuras resilientes y fomentar la innovación.

Industria, Comercio y Turismo

FONDOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA ADAPTAR EL COMERCIO DE PROXIMIDAD A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

El Consejo de Ministros ha autorizado la distribución territorial entre las comunidades y ciudades autónomas del crédito destinado al Programa de modernización del comercio: Fondo Tecnológico, por un importe total de 100 millones de euros para los ejercicios 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El objetivo de los fondos es adaptar el comercio de proximidad a los cambios de hábitos de los consumidores apostando por la digitalización y la sostenibilidad. Esta línea de 100 millones de euros en subvenciones busca ayudar a las pymes del sector comercial a mejorar la estrategia comercial en línea, el modelo de negocio y la experiencia de compra, así como los proyectos para transformación del espacio físico de venta y los proyectos de mejora de la eficiencia, la entrega de última milla y la economía circular. El objetivo es que el comercio sea un sector resiliente, competitivo y adaptado a los nuevos hábitos de consumo.

El Fondo Tecnológico será gestionado por las comunidades autónomas y va dirigido directamente las pequeñas y medianas empresas del sector comercial que podrán presentar sus solicitudes de manera individual o a través de sus asociaciones de comerciantes.

Los criterios de reparto propuestos son los siguientes: población de derecho (este criterio tiene un peso del 31%), nº de locales comerciales de comercio minorista (peso 31%), población activa en el sector del comercio minorista (peso 31%), dispersión de la población (peso 5%), insularidad y alejamiento (2% de peso adicional para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla).

El fondo tiene una dotación de 50 millones de euros para cada uno de los ejercicios 2022 y 2023 y la distribución de fondos propuesta es la siguiente:

CCAA o Ciudad AutónomaPorcentaje de reparto (%)Total importe asignado para cada ejercicio presupuestario (€)
ANDALUCÍA17,178.585.785
ARAGÓN3,161.578.284
ASTURIAS, PRINCIPADO2,191.093.084
ISLAS BALEARES2,881.440.484
ISLAS CANARIAS5,232.613.834
CANTABRIA1,30649.584
CASTILLA Y LEÓN5,382.689.934
CASTILLA - LA MANCHA4,512.254.684
CATALUÑA15,747.871.685
COMUNIDAD VALENCIANA10,275.136.635
EXTREMADURA2,871.434.734
GALICIA5,642.818.084
COMUNIDAD DE MADRID12,646.320.635
MURCIA3,061.531.034
NAVARRA, C. FORAL1,52761.384
PAÍS VASCO4,152.075.884
LA RIOJA0,91455.284
CEUTA0,67335.984
MELILLA0,71352.984
TOTAL 100 50.000.000

Industria, Comercio y Turismo

ACTUALIZACIÓN DEL MECANISMO DE AYUDAS AL CO2 PARA LA GRAN INDUSTRIA

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que actualiza las bases de funcionamiento del mecanismo de compensación de los costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para la industria con un elevado consumo energético. Con este decreto, España se adapta a las nuevas directrices aprobadas por la Comisión Europea para el periodo 2021-2030. El mecanismo recoge las nuevas reglas que se aplicarán hasta 2030, actualiza los sectores beneficiarios e incluye nuevas obligaciones.

Las ayudas adjudicadas por este mecanismo son clave para la gran industria porque mejora su competitividad y refuerza sus capacidades industriales y el empleo, evitando el traslado de la actividad productiva de los sectores en riesgo de fuga de carbono a terceros países. Además, son un instrumento necesario para ayudar a las empresas con un elevado consumo energético a hacer frente al incremento de los precios de la electricidad. Para el 2022 se van a movilizar un total de 244 millones de euros en ayudas al CO2 gracias a la aportación extraordinaria de 65 millones de euros que se aprobó en el plan de respuesta a las consecuencias de la guerra de Ucrania.

La compensación se concederá a las empresas mediante el reembolso parcial de los costes de las emisiones indirectas asumidos el año anterior. El importe máximo de ayuda será, por lo general, igual al 75% de los costes de las emisiones indirectas en que se haya incurrido.

Las empresas beneficiarias por las ayudas deberán realizar esfuerzos de descarbonización mediante la mejora de su eficiencia energética, la reducción de la huella de carbono de su consumo eléctrico o la inversión de al menos el 50% de la ayuda en proyectos de reducción sustancial de las emisiones de gases de efecto invernadero en sus instalaciones.

Nuevas directrices

El pasado mes de marzo, la Comisión Europea dio luz verde al plan de 2.900 millones de euros del Gobierno español para compensar parcialmente los costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para el periodo 2021-2030. La Comisión concluyó que el plan español es necesario y adecuado para ayudar a las empresas con un elevado consumo energético a cubrir parte del aumento de los precios de la electricidad derivado del impacto de los precios del carbono en los costes de generación de electricidad asumidos entre 2021 y 2030.

La medida de apoyo tiene por objeto reducir el riesgo de la llamada «fuga de carbono», es decir, el traslado por parte de las empresas de su producción a países no pertenecientes a la UE que cuentan con políticas climáticas menos estrictas, con lo que se genera una menor actividad económica en la UE y no se produce ninguna reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a escala mundial.

Cultura y Deporte

FONDOS A LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL FOMENTO DEL SECTOR DEPORTE

El Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de una nueva partida de 35 millones de euros durante 2022, en el marco del Componente 26 'Plan de Fomento del Sector Deporte' del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

De esta cantidad, 26 millones de euros irán dirigidos a la transición ecológica de las instalaciones deportivas, con el fin de modernizar las infraestructuras de los Centros de Alto Rendimiento deportivo y la Red de Centros existente en las CC.AA., adaptándolas a criterios de sostenibilidad y optimización energética. Sumados a los 49 millones de euros ya distribuidos durante 2021 con este mismo objetivo, se alcanzan los 75 millones de euros de inversión en dos años, tal como se aprobó en la última Conferencia Sectorial del Deporte.

Por otra parte, los otros 9 millones de euros de la partida aprobada por el Consejo de Ministros irán destinados a la implementación de un Plan de Prescripción de Actividad y Ejercicio Físico. El objetivo de esta inversión es que las CC.AA. desarrollen e implementen un plan de promoción de la actividad física y el deporte para la salud (AFBS) a través de herramientas digitales dirigidas a mejorar la accesibilidad y eficacia de los sistemas deportivos y de salud, además de intensificar la formación de los profesionales involucrados. Dada su vinculación entre deporte, salud y tecnología, esta inversión se enmarca en el eje de digitalización del componente 26.

Una vez que el Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto, el siguiente paso será su sometimiento a la próxima Conferencia Sectorial del Deporte.

Distribución de un total de 84 millones de euros

Con las nuevas inversiones pertenecientes a las partidas de digitalización del deporte y de modernización de las instalaciones deportivas, en lo que llevamos de 2022 ya se han territorializado entre las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla un total de 84 millones de euros.

Esta cifra supone casi el 30% de los 300 millones dirigidos al Plan de Fomento del Sector Deporte, y que se distribuye en tres grandes ejes: el Plan de Digitalización (75 millones), el Plan de Transición Ecológica (146 millones) y el Plan Social del Deporte (77 millones).

Sanidad

CONTRIBUCIONES ECONÓMICAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES SANITARIOS

El Consejo de Ministros ha aprobado cuatro acuerdos por los que autoriza que el Ministerio de Sanidad efectúe el abono de cuatro contribuciones voluntarias a organismos internacionales, correspondientes todas ellas al año 2022.

Las contribuciones son las mismas y por importes similares a las que se vienen pagando todos los años, y permiten a nuestro país participar y beneficiarse de los proyectos y estudios que se realizan a nivel europeo e internacional en el ámbito sanitario. Se trata de las siguientes:

  • Contribución económica a la Plataforma Europea para la Salud y la Equidad Social (EUROHEALTHNET) de 10.000 euros.
  • Contribución económica a la Alianza Europea de Organizaciones de Transfusión Sanguínea, "European Blood Alliance" (EBA) de 25.500 euros.
  • Contribución económica al Proyecto Europeo Integrado para la base de datos sobre precios de medicamentos (Proyecto EURIPID) de 8.696 euros.
  • Contribución económica al Grupo MEDEV (Evaluación de Medicamentos de la Plataforma Europea de Seguridad Social - ESIP) de 4.537,50 euros.

Derechos Sociales y Agenda 2030

ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE DISCAPACIDAD 2022-2030

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030. La estrategia está concebida como una hoja de ruta ambiciosa y posibilista, para que el Estado español, a través de sus administraciones y poderes públicos, contribuya a hacer efectivos los derechos humanos de las personas con discapacidad y de sus familias. Con esta estrategia España sigue la estela de la Unión Europea, que acaba de adoptar un marco similar para el periodo 2021-2030. Estas dos herramientas convertirán la inclusión en una política comunitaria y también en una política de estado.

Este documento se ha construido con una metodología participativa y recoge el sentir de las propias personas con discapacidad y el de sus familias, que han planteado su deseo de vivir y convivir en comunidad, necesidades que tienen que impulsar las políticas públicas. Se ha realizado una encuesta ciudadana completamente accesible con más de 8.000 respuestas, 13 de grupos de discusión sobre temáticas clave como la educación, la salud, el empleo o la vida independiente, en las que han participado 190 personas, más del 60% de ellas personas con discapacidad. Por primera vez, se ha hecho un focus group con personas con grandes necesidades de apoyo (personas sin lenguaje, con discapacidades muy intensas) de las que, a través de sus recorridos vitales y con el apoyo de asistencia humana y tecnológica, se han podido recoger sus necesidades y anhelos.

Dentro del marco del Plan de Transformación y Resiliencia España Puede, se pondrá en marcha un programa ambicioso de reformas para que los derechos presidan el paisaje donde transitan las personas con discapacidad. En definitiva, estos fondos se destinarán a ampliar derechos en ámbitos clave como el acceso a servicios públicos, la vivienda, la educación, la salud o la cultura, que redundarán en la generación de oportunidades y nuevos yacimientos de empleo para este grupo de personas.

Esta estrategia, como marca la Agenda 2030, se concibe desde un enfoque interseccional y con perspectiva de género, porque hay que saldar una deuda con las mujeres y niñas con discapacidad, por la situación de desigualdad por muchas realidades y opresiones históricas. Asimismo, dará respuesta a otros desafíos transversales como la emergencia climática y el reto demográfico. Del mismo modo, la estrategia está con la España de los pueblos, de las aldeas y del campo donde también residen personas con discapacidad, a las que hay que escuchar y acompañar.

La Estrategia Española de Discapacidad pivota sobre el diálogo civil y su elaboración se ha democratizado al máximo para que las personas con discapacidad y sus familias, con la colaboración de sus entidades representativas, la sientan como propia y la vean como un documento que vele por el cumplimiento de sus derechos. De la misma forma, se nutre del conocimiento y de la experiencia de las comunidades autónomas, responsables constitucionalmente de descender la política social a la propia cotidianeidad de la gente, y de las entidades locales, que, en último término, son colaboradoras indispensables en su proceso de implementación, para que, juntas, conciban este instrumento como un nuevo elemento que fortalezca la cooperación territorial.

Se han establecido siete retos estratégicos para cuya consecución se identifican objetivos concretos que coadyuvarán a una buena gobernanza y evaluación. Esta estrategia es un plan de acción para la discapacidad en los próximos ocho años, pero contará a su vez con planes operativos en materias que precisan su propia planificación como son la accesibilidad, la cultura, la educación, la salud y las mujeres y niñas con discapacidad. De igual forma, será el propio Consejo Nacional de la Discapacidad el que decida aprobar nuevos planes para impulsar otros aspectos contemplados. Se trata, en definitiva, de proyectar una política de Estado sobre discapacidad, con implicaciones y aportaciones de los diferentes departamentos ministeriales y con recomendaciones a las comunidades autónomas, como administraciones encargadas en última instancia de aterrizar los derechos en la vida de la gente. En este sentido, se invoca el principio de transversalidad para construir una estrategia de país, que catalice la igualdad transformadora que cuestiona la visión hegemónica en la que persiste el tratamiento diferenciado por razón de discapacidad y que contribuirá a erradicar las formas sistémicas y más ocultas de discriminación como presupuesto irrenunciable de una democracia avanzada.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en la República de Polonia

D. RAMIRO FERNÁNDEZ BACHILLER

Nacido en Madrid el 26 de abril de 1962, es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Público por la Universidad de Sevilla e ingresó en la carrera diplomática en febrero de 1989.

Ha sido embajador de España en Rumanía y en la República de Moldavia, con residencia en Bucarest, y embajador de España en la República Gabonesa y en la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe, con residencia en Libreville.

En el exterior también ha sido segunda jefatura y encargado de los asuntos consulares en las Embajadas de España en Rumanía y en la República de Corea y consejero en la Embajada de España en Portugal.

En los Servicios Centrales ha desempeñado, entre otras, las funciones de embajador en Misión Especial-director de la Unidad de Emergencia Consular, embajador en Misión Especial para la Presidencia Española del Consejo de la UE de 2010, segundo introductor de Embajadores y subdirector general de Viajes y Visitas Oficiales, Ceremonial y Ordenes y vocal asesor en la Dirección General de Política Exterior para África y en la Dirección General de Medios y Diplomacia Pública.

Ha realizado actividades docentes en la Escuela Diplomática, en el Instituto Nacional de Administración Pública y en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado.

Desde octubre de 2018 era el inspector general jefe de la Inspección General de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Interior

La Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo.

D. ARTURO MANUEL PAJUELO RUBIO

Gran Cruz de las Víctimas del Terrorismo a un asesinado en 1980 por un grupo de extrema derecha

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, a título póstumo, a Arturo Manuel Pajuelo Rubio, asesinado en Madrid el 1 de mayo de 1980 cuando participaba en una manifestación y varios individuos vinculados a grupos de extrema derecha le apuñalaron a él y a otras personas.

Arturo Pajuelo tenía reconocida la condición de fallecido en atentado terrorista por resolución del Ministerio del Interior de 25 de marzo de 2013, y su familia ha recibido ya la indemnización derivada de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

El 25 de octubre de 2018 sus hermanos solicitaron la concesión también de la Gran Cruz, petición que fue inadmitida por haber sido presentada una vez transcurrido el plazo de cinco años previsto en la ley vigente en ese momento.

No obstante, la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2022, suprimió en su disposición final décima novena ese plazo máximo de solicitud de las condecoraciones, lo que fue aprovechado por los hermanos de la víctima para volver a presentar la petición el pasado 20 de enero.

La Ley 29/2011 configura esta condecoración como la acción honorífica específica del Estado con el fin de honrar a las víctimas del terrorismo y como reconocimiento público de la sociedad española a su sacrificio en aras de la defensa del Estado español y de sus ciudadanos.

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