Referencia del Consejo de Ministros

8.2.2022

  • x: abre ventana nueva
  • Whatsapp: abre ventana nueva
  • Linkedin: abre ventana nueva
  • Enviar por correo: abre ventana nueva

Madrid

SUMARIO

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  • INFORME sobre el seguimiento de la ejecución del Plan de Recuperación: 130 medidas frente al reto demográfico.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

  • ACUERDO por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de la Enmienda al Anexo 6 del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR.
  • ACUERDO por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las Enmiendas al texto principal del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR e introducción de un nuevo Anexo 11.

Justicia

  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión de una subvención directa al Consejo General de la Abogacía Española en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita para el ejercicio presupuestario 2022, por un importe de 46.418.990 euros.

Defensa

Hacienda y Función Pública

  • ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para la concesión de un crédito extraordinario, por importe de 253,4 millones de euros, en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, para la adquisición de material sanitario de lucha contra la COVID-19, entre el que se encuentra el medicamento antiviral Paxlovid.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del servicio de limpieza de los edificios y embarcaciones de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria del País Vasco en Bizkaia, por un importe de 141.539,05 euros (IVA excluido).
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del servicio de limpieza de los edificios de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria del País Vasco en Gipuzkoa, por un importe de 223.557,48 euros (IVA excluido).
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Andalucía a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 2.687.550.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Foral de Navarra a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 492.938.811,85 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma del País Vasco a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 858.132.209 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Galicia a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 1.337.400.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Galicia a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 850.000.000 de euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Aragón a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 746.725.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad de Madrid a formalizar operaciones de deuda a largo y corto plazo por un importe máximo de 5.173.844.932,46 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad de Castilla y León a formalizar operaciones de deuda a largo y corto plazo por un importe máximo de 2.288.033.215 euros.

Educación y Formación Profesional

Agricultura, Pesca y Alimentación

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Cultura y Deporte

Sanidad

Consumo

  • REAL DECRETO por el que se crea la Comisión Interministerial de Consumo y se determinan su composición, funciones y régimen de funcionamiento.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

PLAN DE 130 MEDIDAS ANTE EL RETO DEMOGRÁFICO

El Gobierno ha presentado, tras la reunión del Consejo de Ministros, el informe de seguimiento del Plan de 130 Medidas ante el Reto Demográfico (Plan 130). Este programa, aprobado el 16 de marzo de 2021, es resultado de la acción transversal de los distintos ministerios en la lucha contra la despoblación y en el fortalecimiento de la cohesión social y territorial.

En menos de un año de vigencia del plan, el 82% de las medidas ya se han iniciado y se han puesto en marcha actuaciones por valor de 3.777 millones de euros. Esa agilidad en la ejecución y puesta en marcha del Plan 130 está siendo posible gracias a la colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales, que han visto reforzada su capacidad para el despliegue de proyectos innovadores de lucha contra la despoblación y dinamización del medio rural, así como a la coordinación con los agentes económicos y sociales.

En este sentido, el 74% de los fondos de 2021 han sido territorializados, fundamentalmente a través de acuerdos de las conferencias sectoriales y convocatorias de ayudas para pequeños municipios.

El compromiso de Gobierno con la generación de oportunidades en el medio rural se refleja en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, que incorporan por primera vez la perspectiva de reto demográfico y recogen una inversión de 4.200 millones en esta materia. Entre 2021 y 2022, por tanto, se habrán invertido 8.000 millones en los pequeños municipios, lo que sitúa a España en un momento clave para acelerar las actuaciones del Plan 130 y permitirá superar el objetivo de invertir 10.000 millones hasta 2023.

El Plan 130 llega ya a todos los pequeños municipios de España. Y teniendo en cuenta las actuaciones a las que se puede acceder por concurrencia competitiva, en 2021 esas ayudas han llegado a más de 4.300 municipios de menos de 5.000 habitantes (que suman 4,5 millones de residentes).

Esto supone que dos de cada tres municipios han presentado proyectos para optar a estas inversiones, lo que demuestra el interés de la España rural por participar en la transformación que supone el Plan de Recuperación.

A través del Plan 130, el Gobierno está impulsando la transformación estructural del medio rural y los pequeños municipios en cuatro grandes vectores: conectividad y movilidad, prestación de servicios, diversificación económica y creación de empleo, y vivienda y transformación urbana. Estos cuatro ejes identifican los mayores desafíos para la cohesión territorial y también las principales demandas de la población local.

En materia de conectividad digital, el Programa UNICO supone el mayor presupuesto de la historia para extender la banda ancha al conjunto del territorio, con 250 millones (160 para reto demográfico).

Este proyecto mejorará la cobertura digital en 4.516 municipios, la mayoría zonas blancas sin cobertura, acercando al 95% de población al acceso a banda ancha ultrarrápida, situando a España a la cabeza de Europa en cobertura digital tanto urbana como rural.

En prestación de servicios, destacan las inversiones destinadas a saneamiento y depuración en municipios de menos de 5.000 habitantes, con un presupuesto movilizado de 100 millones en 2021, así como en la mejora de abastecimiento y reducción de pérdidas en las redes de pequeños y medianos municipios de menos de 20.000 habitantes, también por valor de 100 millones en 2021.

También destaca la mejora de la atención sanitaria en pequeños municipios a través del Fondo de Cohesión Sanitaria y las actuaciones en materia de bienestar y economía de los cuidados;: se han destinado a municipios de reto demográfico 191 millones del presupuesto total del Plan de apoyos y cuidados de larga duración (478 millones en 2021), así como 89 de los 223 millones del Plan de modernización de servicios sociales.

Asimismo, se ha puesto en marcha el Programa de cooperación territorial de impulso a la educación de 0-3 años, con la creación el próximo curso de 21.794 plazas de 1º ciclo de Infantil, prioritariamente niños de 1 y 2 años, que beneficiará a más de 65.000 familias.

En materia de diversificación económica y creación de empleo, se han desplegado actuaciones desde distintos ministerios para favorecer el dinamismo de los territorios, entre las que destacan el Plan de impulso a la sostenibilidad de la agricultura, con programas e inversiones en agricultura de precisión, eficiencia energética y economía circular, y los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, con más de 630 millones, de los que más de 190 se han destinado a proyectos en el medio rural.

Además, cabe señalar las actuaciones en el fomento del emprendimiento y de la actividad empresarial, a través de ayudas a mercados rurales sostenibles y apoyo a la inversión industrial productiva; en igualdad de oportunidades para jóvenes y mujeres, con iniciativas como Campus Rural o el Registro de Titularidad Compartida, o en el fomento de la innovación en el territorio con la contratación de agentes de innovación en la Red de Ciudades de Ciencia e Innovación (Red Innpulso).

Otras líneas de acción son la formación profesional en el ámbito rural, con las AULAS MENTOR, y la desconcentración de servicios, como los Centros de Competencias Digitales de RENFE, el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social en Soria o los centros de la UNED en Ponferrada o Alcañiz.

En materia de vivienda y transformación urbana, destacan los programas PREE y DUS 5.000 puestos en marcha por el MITECO a través del IDAE.

El Programa DUS 5.000 para el impulso de la transición energética en los pueblos menores de 5.000 habitantes ya ha recibido solicitudes de más de 1.400 municipios, con una ayuda solicitada de más de 300 millones, lo que supone un 130% del capítulo de inversiones directas de sus últimos presupuestos municipales. A través de este programa, un pequeño municipio puede duplicar su capacidad de inversión y destinarla a la transición energética.

El Programa PREE 5.000 está orientado a la rehabilitación de edificios (mejora de envolvente térmica, sistemas de climatización eficientes, alumbrado interior o eficiencia energética) en municipios hasta 5.000 habitantes y no urbanos hasta 20.000 habitantes.

El Plan 130 sienta las bases para articular el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al incorporar las áreas rurales y los pequeños municipios en la implementación de la agenda de recuperación verde, digital e inclusiva. Es, además, una herramienta viva y dinámica que seguirá incorporando nuevas propuestas, fruto de ese diálogo multinivel con todas las administraciones y con los diferentes actores vinculados al territorio.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Ciencia e Innovación

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

En 2016, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con la vocación de alcanzar la participación plena y equitativa de las mujeres y las niñas en la ciencia.

Con este motivo, el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración institucional:

"España avanza en el propósito de alcanzar la participación plena y equitativa de las mujeres y las niñas en la ciencia, con el doble objetivo de garantizar también que ellas sean beneficiarias de la investigación científica y agentes del cambio arraigado en la I+D+I.

Estamos en un buen punto de partida para conseguirlo, aunque los retos siguen apuntando la necesidad de fortalecimiento de las políticas públicas en materia de igualdad y su despliegue de manera transversal en toda la acción institucional. España es hoy uno de los diez mejores países del mundo para vivir y trabajar siendo mujeres, según el Banco Mundial, y el sexto a la cabeza en igualdad de género real en la Unión Europea, como señala el Instituto Europeo de Igualdad de Género. Actualmente nuestro país es referente internacional en avances en igualdad de género, debido a las numerosas y relevantes leyes y políticas públicas que ha implementado en los últimos años para combatir la discriminación y la desigualdad, y a su decidido impulso a la integración de la igualdad en las políticas sectoriales a nivel europeo. Sin embargo, es el camino que aún nos queda por andar lo que nos permitirá seguir avanzando hacia una meta todavía pendiente: que las mujeres puedan vivir y desarrollarse con plenitud, sin ninguna cortapisa añadida por el mero hecho de ser mujeres. Es un firme compromiso de este Gobierno feminista, que se extiende a todos los ámbitos de la vida, incluido el sistema de la ciencia, la tecnología y la innovación, donde las mujeres, desde niñas, siguen tropezando con barreras que encorsetan sus sueños, lastran su camino y limitan sus derechos y oportunidades. De igual manera se promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la política exterior, la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria.

Alcanzar la igualdad real en el sector de la I+D+I ya no es solo una cuestión de justicia, sino también de necesidad. España está inmersa en una inaplazable transformación verde, digital y feminista basada en la investigación, las tecnologías y la innovación, donde se hallan las profesiones de calidad del futuro y donde hoy las mujeres son minoría. Sumar su talento es un reto de país esencial, porque sin el liderazgo, la participación e influencia de las mujeres, la mitad de la población, no será posible una transformación efectiva, justa y socialmente sostenible. Para el diseño de un mañana mejor, necesitamos incorporar todo su talento, que ha sido difuminado y ocultado durante siglos. Sólo contando con ellas, España será un país más próspero, verde, equitativo, justo y feminista y promoverá esos valores más allá de sus fronteras a través de la Cooperación Española en los países socios con los que colabora.

En este contexto, combatir las brechas de género en los ámbitos de la ciencia y la innovación es un objetivo de primer orden de este Gobierno, que trabaja en tres grandes retos. El primero es atraer a más niñas y jóvenes a los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (ámbitos STEM, por sus siglas en inglés), donde todavía son minoría en las aulas. Desde pequeñas, las chicas casi no encuentran mujeres científicas en sus libros de texto, donde solo aparecen un 7,5% de referentes femeninos. Es vital visibilizar a las mujeres que investigan e innovan en los materiales educativos para ofrecer a las niñas espejos donde mirarse y despertar las vocaciones STEM y donde los chicos puedan reconocer a mujeres con talento científico y valorar las importantes aportaciones realizadas por las mujeres en este ámbito. En estas disciplinas, desde 2016 ha ido disminuyendo el número de mujeres estudiantes e investigadoras, sobre todo en el área de ingeniería y tecnología, donde su presencia ha retrocedido casi un 7%. En los estudios de grado y máster, ellas representan un 25% del alumnado; en informática, un 12,9%; y en ingeniería y arquitectura, son el 12% de las investigadoras ("Científicas en Cifras" 2021).

Esta misma situación se reproduce, incluso intensifica, en las elecciones vinculadas a la formación profesional, donde el porcentaje de mujeres en algunos estudios vinculados a familias profesionales tecnológicas representa el 7%.

El segundo gran reto de este Gobierno es mejorar las condiciones laborales de las investigadoras, retener el talento y apoyar el liderazgo de las mujeres que investigan e innovan. En España, el número de mujeres que inicia una carrera científica es mayor al de hombres, con un 53% de doctoradas, por encima de la media de la Unión Europea (48%). Pero, a medida que avanzan en su trayectoria, la proporción de mujeres desciende: hoy ellas son el 41% de la comunidad investigadora en España y solo ocupan una cuarta parte de los puestos más altos. Concretamente, el porcentaje de catedráticas o profesoras de investigación es de un 24%, y el de rectoras y directoras de institutos de investigación, de un 23%. Las mujeres van abandonando la investigación por diversas causas, como los problemas para conciliar la vida personal y, sobre todo, familiar, con una carrera en investigación que cuenta con dificultades propias como la competitividad, la inestabilidad, la movilidad o las altas exigencias de dedicación, que precarizan y dificultan la entrada y permanencia de las mujeres en el ámbito investigador. Otros motivos que les llevan a desistir son las barreras visibles e invisibles, los sesgos de género y el sexismo que sufren en algunos entornos laborales ("Informe de situación de las jóvenes investigadoras en España", 2021). Ante esta realidad, hemos de abrir los ojos, hacer visible lo invisible y actuar de forma valiente y decidida, combatiendo inercias y estereotipos, garantizando unas condiciones laborales dignas, fortaleciendo la corresponsabilidad y los servicios públicos que garantizan el derecho al cuidado, impulsando medidas que hagan sostenible la carrera investigadora con la vida y creando oportunidades para que las niñas y jóvenes puedan emprender y progresar en una carrera científica en igualdad, sin tener que elegir o sacrificar importantes facetas de su vida como la maternidad.

El tercer reto del Gobierno es asegurar una ciencia y una innovación inclusivas, que tengan en cuenta las necesidades, características y circunstancias de mujeres y hombres por igual, incluyendo la perspectiva de género en la investigación científica y en la transferencia del conocimiento. Hoy solo un 23% de las propuestas que se presentan en convocatorias de I+D integran la dimensión de género en el contenido de sus proyectos. Necesitamos una ciencia que también sea capaz de dar respuesta a grandes tabús con sello femenino como es la salud mental, en un momento en que la ansiedad y la depresión afecta al doble de mujeres que de hombres. Por otra parte, la Cooperación Española ha de velar por reducir la brecha de desigualdad en la cooperación cultural y científica e incrementar sus programas e iniciativas educativas en materia de igualdad en el mundo.

La innovación y la investigación aplicada, tanto en el ámbito universitario como en la formación profesional, han de potenciar y promover proyectos con participación/liderazgo de mujeres.

Ante estos tres desafíos, el Gobierno ha desplegado ya importantes líneas de actuación, reflejadas en el Acuerdo del Programa de Gobierno de España para la XIV Legislatura y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y alineadas con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y con las políticas europeas plasmadas en la Estrategia Europea de Igualdad de Género 2020- 2025. A nivel internacional, España ha participado de manera decidida en integrar la perspectiva de género en los principales instrumentos de la Unión Europea en materia de ciencia e innovación, como el nuevo Programa Marco Horizonte Europa o el nuevo Espacio Europeo de Investigación, y a través de su representación en el Standing Working Group Gender, Research and Innovation. A nivel estatal, ha creado el Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación, el primer órgano colegiado interministerial de España para avanzar por una igualdad de género real y efectiva en el sistema científico, tecnológico e innovador español, con representación de once ministerios y de los agentes más importantes del sistema español de I+D+I y un ambicioso programa de trabajo. En el ámbito multilateral de cooperación para el desarrollo España está participando como organizadora junto con otros estados miembros de Naciones Unidas en el evento de "Equidad, diversidad e inclusión: el agua nos une" en el marco del Día Internacional de la mujer y las niñas en la ciencia.

Acertar el camino para alcanzar la meta pasa por partir de un diagnóstico preciso y certero. Por ello, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación se realiza y actualiza una radiografía rigurosa de la brecha de género desde la evidencia científica, con estudios pioneros como "Mujeres e Innovación", "Impacto del confinamiento en el personal investigador", "Situación de las jóvenes investigadoras en España" o "Científicas en Cifras 2021", y con eventos como el Congreso Gender Equality in High Education, organizado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Ministerio de Universidades, la Universidad Politécnica de Madrid, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y el Instituto de las Mujeres, que también promueve programas específicos para acercar a las niñas a las áreas STEM y apoyar la investigación con perspectiva de género, a través de su colaboración con las universidades.

Por otra parte, para que los resultados de la ciencia beneficien a toda la sociedad por igual, el Gobierno de España ha integrado la perspectiva de género en los instrumentos más importantes de planificación, como son la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021- 2027 y el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023. Además, se ha reforzado la perspectiva de género en el Anteproyecto de ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y en el Anteproyecto de Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global aprobado en Consejo de Ministros el 11 de enero de 2022.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Gobierno de España expresa su firme compromiso de seguir desplegando medidas públicas que contribuyan a acelerar cambios sociales, culturales y organizacionales capaces de garantizar entornos de trabajo igualitarios, diversos e inclusivos y conseguir así que mujeres y hombres dispongan de las mismas oportunidades para construir un proyecto de vida en torno a la I+D+i en nuestro país".

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ENMIENDAS AL CONVENIO ADUANERO RELATIVO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de la enmienda al Anexo 6 del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR (Convenio TIR).

El Convenio TIR fue hecho en Ginebra el 14 de noviembre de 1975. España es parte desde el 1 de agosto de 1982, y entró en vigor en nuestro país el 11 de febrero de 1983.

El convenio ha demostrado ser uno de los convenios de transporte internacional más fructíferos y es el único sistema universal de tránsito existente. El marco de dicho Convenio TIR y su régimen de tránsito constituyen la base de numerosos sistemas de tránsito regional y contribuyen directa e indirectamente a facilitar el transporte internacional y, en particular, el transporte por carretera, no solo en Europa y Oriente Medio, sino también en otras partes del mundo, como África y América Latina.

La Secretaría General de las Naciones Unidas comunicó, mediante notificación del 4 de noviembre de 2020, la enmienda al anexo 6 del Convenio TIR, adoptada por el Comité Administrativo del Convenio TIR, en Ginebra, los días 14 y 15 de octubre de 2020.

Conforme al procedimiento de enmienda simplificado previsto en el artículo 60 del Convenio TIR, se añade al anexo 6 una nueva nota explicativa al artículo 49. Su objetivo es hacer más ágil el trámite aduanero del transporte internacional de mercancías.

Al no haberse producido objeciones en el plazo establecido, el secretario general de las Naciones Unidas comunicó, mediante notificación de 9 de marzo de 2021, la entrada en vigor de esta enmienda el 1 de junio de 2021 para todas las Partes Contratantes, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 60 del Convenio TIR.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se toma conocimiento de la entrada en vigor de las enmiendas al texto principal del Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los cuadernos TIR e introducción de un nuevo Anexo 11.

La Secretaría General de las Naciones Unidas comunicó, mediante notificación del 25 de febrero de 2020, las Enmiendas al texto principal del convenio y presentó un nuevo anexo 11, que habían sido adoptados en Ginebra los días 5 y 6 de febrero de 2020.

Las enmiendas definen el nuevo procedimiento e-TIR y su funcionamiento. Asimismo, establecen el procedimiento simplificado para, en su caso, enmendar en el futuro el nuevo anexo 11. Este tiene por objeto proporcionar la base jurídica que haga posible la utilización de un procedimiento TIR electrónico en lugar del cuaderno TIR en papel.

Las enmiendas entraron en vigor para todas las partes contratantes el 25 de mayo de 2021. En la misma fecha entró en vigor el anexo 11 para todas las partes contratantes, excepto para Suiza, que comunicó al secretario general de las Naciones Unidas su no aceptación.

Defensa

ZONA DE INTERÉS PARA LA DEFENSA NACIONAL EN LA PROVINCIA DE LEÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se declara zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada "Base Conde de Gazola y su Campo de Maniobras y Tiro de El Ferral", en el término municipal de San Andrés de Rabanedo, provincia de León, con una extensión de 2.071 hectáreas.

Las zonas de interés para la Defensa Nacional se contemplan en el artículo 30 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. Asimismo, la declaración se realiza de conformidad con la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, y el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero, y supone preservar esta extensión de terreno, propiedad del Ministerio de Defensa, de cualquier actuación que pudiera interferir con las actividades de despliegue y asentamiento de unidades militares, operaciones aeronáuticas y de instrucción y adiestramiento.

Justicia

AYUDAS A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de un total de 46.418.990 euros al Consejo General de la Abogacía Español (CGAE) para sufragar los gastos de la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita en territorio ministerio (comunidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Baleares y ciudades autónomas de Ceuta y Melilla). Esta subvención supone un incremento del 6,2% respecto al año 2021.

Esta aportación, prevista en los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio, se destina específicamente a retribuir las actuaciones profesionales de los colegios de abogados y procuradores dirigidas a aquellas personas que hayan obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita en las comunidades del territorio ministerio. Igualmente, esta cantidad cubre los gastos devengados por la tramitación de expedientes, así como el asesoramiento y la orientación previos al proceso.

El reparto de la subvención será gestionado por el Ministerio de Justicia, que, como en ejercicios anteriores, procederá al pago por las certificaciones mensuales que vaya presentando el CGAE en base a los servicios prestados por cada colegio.

Hacienda y Función Pública

AUTORIZACIONES PARA OPERACIONES DE DEUDA A LARGO Y CORTO PLAZO

El Consejo de Ministros ha autorizado a las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, País Vasco, Foral de Navarra, Galicia, Castilla y León y Aragón a formalizar operaciones de endeudamiento a largo y corto plazo.

Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

En el caso de la Comunidad de Madrid, el Gobierno le ha autorizado a formalizar operaciones de deuda a largo y corto plazo por un importe máximo de 5.173,8 millones de euros.

En concreto, este acuerdo autoriza a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por 3.327,6 millones, que, en su mayor parte, se destinarán a financiar las amortizaciones de deuda a largo plazo de la Administración General y del organismo autónomo mercantil Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, que se integra en el sector Administraciones Públicas.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a corto plazo destinadas a la renovación anual de las condiciones financieras de la financiación a corto plazo en el marco del convenio de colaboración para la prestación de servicios financieros de tesorería con diversas entidades financieras y a la cobertura de necesidades transitorias de tesorería de empresas públicas, clasificadas en el Sector Administraciones Públicas de la Comunidad, por un total de 1.846,25 millones de euros.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado otro acuerdo por el que se autoriza a Castilla y León la posibilidad de formalizar operaciones de deuda a corto y largo plazo, por un máximo de 2.288 millones de euros.

En concreto, se le ha autorizado a esta comunidad a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por 1.188 millones de euros, para atender las necesidades financieras de 2022, de las que la mayor parte se destinarán a financiar las amortizaciones de deuda a largo plazo del ejercicio.

Por otra parte, esta comunidad ha solicitado autorización para la formalización de operaciones de deuda a corto plazo destinadas a atender necesidades transitorias de tesorería en 2022, que, conforme a sus previsiones presupuestarias, ascienden a 1.100 millones de euros.

En relación a las operaciones de deuda a largo plazo, se autoriza en primer lugar a la Comunidad Autónoma de Andalucía a formalizar operaciones de deuda a largo plazo, por importe de 2.687,5 millones, destinados a financiar vencimientos de deuda a largo plazo que no se financiarán con cargo al compartimento Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.

Las operaciones que se proponen autorizar por este acuerdo son coherentes con el Plan Plurianual de Endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Andalucía, actualizado el 16 de diciembre de 2021, donde se contempla que esta Comunidad mantiene su intención de combinar financiación con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (en concreto el compartimento Facilidad Financiera), con la captación de recursos a través del mercado y préstamos bancarios.

Además, el Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma del País Vasco a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un máximo de 858,1 millones de euros, destinados a financiar los vencimientos de deuda de la Comunidad Autónoma y entes dependientes incluidos dentro del sector Administraciones Públicas de la comunidad.

En cuanto al acuerdo de Navarra, el Consejo de Ministros le ha autorizado para que pueda llevar a cabo operaciones destinadas a financiar los vencimientos ordinarios y anticipados de deuda a largo plazo, por importe de 492,9 millones de euros.

Así mismo, el Consejo de Ministros ha aprobado dos acuerdos relacionados con la Comunidad Autónoma de Galicia. El primero de ellos autoriza a esta región a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 1.337,4 millones, que en su mayoría se destinarán a financiar los vencimientos de deuda a largo plazo del ejercicio.

En cuanto al segundo acuerdo, se le da autorización a la comunidad gallega para que pueda formalizar operaciones de deuda a corto plazo, por un máximo de 850 millones de euros, que se destinarán a atender necesidades transitorias de tesorería en 2022, tanto de su administración general como de otras entidades del sector Administraciones Públicas.

Por último, el Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Aragón a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un máximo de 746,7 millones de euros, con el fin de cubrir necesidades transitorias de tesorería mediante la renovación de cuentas de crédito que vencen durante el ejercicio 2022 y la ampliación del importe disponible en cuentas de crédito. El Gobierno aragonés formalizará operaciones de deuda a corto plazo por importe de 670 millones y las entidades que forman parte del subsector Comunidad Autónoma formalizarán operaciones por el importe restante.

Todas estas autorizaciones podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2022.

Hacienda y Función Pública

CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA LA ADQUISICIÓN DEL ANTIVIRAL PAXLOVID

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia para la concesión de un crédito extraordinario, por importe de 253,4 millones de euros, en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, para la adquisición de material sanitario de lucha contra la COVID-19, entre el que se encuentra el medicamento antiviral Paxlovid.

La Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia ha solicitado una modificación presupuestaria por la que se concede un crédito extraordinario por un importe total de 253.410.400 euros, con cargo al Fondo de Contingencia.

Esta modificación presupuestaria va destinada a la adquisición de material sanitario, como el tratamiento con el medicamento antiviral Paxlovid, de los laboratorios Pfizer.

La Comisión Europea cuenta con una estrategia complementaria a la estrategia de vacunación que está destinada a facilitar el desarrollo y la disponibilidad de medicamentos antivirales eficaces frente a la COVID-19.

El Consejo de Dirección para los acuerdos de adquisición conjunta (Joint Procurement Agreement o JPA) de estos antivirales está formado por representantes de la Comisión Europea y de los 27 países de la UE. Hasta la fecha se han formalizado 4 JPA con las compañías farmacéuticas Gilead, Roche, MSD y GSK, y está actualmente en negociación un quinto acuerdo con el laboratorio Pfizer para su antiviral denominado Paxlovid.

La ventaja del último antiviral es su administración por vía oral, lo que permitiría realizar un tratamiento ambulatorio de los pacientes leves con factores de riesgo para la progresión a COVID grave, controlando la progresión de la infección, y frenar la hospitalización y la muerte. Este fármaco fue autorizado por la EMA (European Medicines Agency) el pasado 27 de enero de 2022

La disponibilidad del citado medicamento es limitada, lo que ha llevado a países de nuestro entorno a firmar acuerdos bilaterales para acelerar el acceso al medicamento en tanto se resuelva el JPA.

Con la finalidad de acelerar el acceso al medicamento, se hace precisa la formalización urgente de un acuerdo bilateral que permita su adquisición lo antes posible.

Educación y Formación Profesional

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EN SISTEMAS DE VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS

El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un nuevo curso de especialización en Mantenimiento y seguridad en sistemas de vehículos híbridos y eléctricos. Hasta la fecha, el Gobierno ha dado luz verde a 17 cursos de especialización y 10 nuevos títulos dentro de la estrategia modernizadora de la Formación Profesional que está desplegando.

Este curso de 650 horas de duración prepara para la organización, planificación, diagnóstico de averías y supervisión de la ejecución de las operaciones de mantenimiento y su logística en el área de vehículos híbridos y eléctricos. Podrán acceder a él los titulados superiores en Automoción, en Mantenimiento de sistemas electrónicos y aviónicos en aeronaves, en Mantenimiento Aeromecánico de aviones con motor de pistón o en Mantenimiento Aeromecánico de aviones con motor de turbina.

Los cursos de especialización complementan las competencias de quienes ya disponen de un título de FP y quieren especializarse en sectores emergentes de alto nivel de empleabilidad. Para su elaboración se cuenta con la colaboración de profesionales de empresas punteras del sector, lo que le permite atender las últimas novedades tecnológicas y sostenibles del mercado.

La aprobación de esta titulación responde a uno de los ejes de actuación más importantes del Plan de Modernización de la Formación Profesional. Se trata de la ampliación y actualización de la oferta formativa teniendo en cuenta las necesidades de la ciudadanía y los perfiles laborales más demandados hoy en día. Además, se han agilizado los procesos de detección y elaboración de las titulaciones con el fin de ofrecer una oferta moderna y en permanente revisión.

La futura Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, actualmente en tramitación parlamentaria, consolidará una oferta modular, flexible y al servicio de estudiantes y trabajadores. La norma culminará la transformación de la Formación Profesional impulsada por el Gobierno para garantizar una formación de calidad dirigida a las personas.

Agricultura, Pesca y Alimentación

PRÓRROGA DE LAS AUTORIZACIONES DE VIÑEDO

El Consejo de Ministros ha aprobado dos reales decretos para adaptar la normativa nacional a las flexibilidades introducidas por la legislación comunitaria con el fin de ayudar a los viticultores y bodegas a afrontar las dificultades derivadas de la pandemia de la Covid-19.

Se trata de dos decretos que modifican el real decreto 1338/2018, de 29 de octubre, que regula el potencial de producción vitícola, y el real decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, de medidas del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE) 2019-2023.

En lo referente al decreto regulatorio del potencial de producción vitícola, se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2022 la vigencia de las autorizaciones de nueva plantación y de replantación que caducaban en 2020 y 2021. Con esta modificación se permite, además, que los titulares de las referidas autorizaciones que no deseen beneficiarse de su prórroga puedan renunciar a ellas sin ser objeto de sanción administrativa. Para ello deberán comunicarlo antes del 28 de febrero de 2022 a la autoridad competente de la comunidad autónoma que la concedió.

Con el fin de evitar que los titulares de autorizaciones que en 2021 renunciaron a las autorizaciones que vencían en 2020 sean discriminados, estos podrán retractarse de su declaración anterior. A tal fin, deberán hacerlo por escrito antes del 28 de febrero de 2022, y se podrán beneficiar de la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022.

Todas estas medidas de flexibilización se aplicarán con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2021, lo que permitirá que la ampliación de la vigencia sea automática desde la entrada en vigor del Reglamento de Organización Común de Mercados el 7 de diciembre de 2021.

Con el fin de que la pandemia no mermase los derechos de los viticultores, España ha defendido en las negociaciones para cerrar el correspondiente texto de la reglamentación europea en Bruselas la incorporación de estas medidas a los nuevos textos legislativos para la Política Agraria Común (PAC). Finalmente, se ha aprobado la trasposición de estos textos a la normativa nacional para su aplicación.

El otro real decreto aprobado permitirá a los viticultores acceder sin incidencias a las ayudas del vigente Programa de Apoyo, garantizando una transición ordenada hacia la nueva Intervención Sectorial para el sector vitivinícola adoptada en el marco de la nueva PAC. Así mismo, incorpora las medidas de flexibilización aprobadas para 2022 por la Unión Europea por razón de la Covid-19 para la reestructuración y reconversión de viñedos, inversiones en bodegas, cosecha en verde y promoción en terceros países.

De esta forma, se favorece el acceso a las ayudas a los viticultores y bodegas afectados por las incidencias causadas por la pandemia. La flexibilización se aplicará a solicitudes de pago presentadas hasta el 15 de octubre de 2022.

Además, introduce un periodo transitorio para poder pagar todas aquellas operaciones que se aprueben dentro del marco del PASVE 2019-20 con presupuesto de la nueva Intervención Sectorial para el sector vitivinícola dentro del Plan Estratégico de la PAC hasta 2025. Esta modificación afectará a todas las operaciones aprobadas antes del 31 de diciembre de 2022 y hasta el 15 octubre de 2025.

La regulación modifica también la demarcación del apoyo a las inversiones en bodegas en base a distintos fondos, medida que se introduce para establecer la posibilidad de que, desde el 1 de febrero de 2022 hasta la entrada en aplicación de la Intervención Sectorial de inversiones en vino prevista en el Plan Estratégico de la PAC para España, las solicitudes de ayuda se puedan auxiliar con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). El 31 de enero de 2022 finalizará el plazo de presentación de solicitudes de ayuda dentro del PASVE 2019-2023. Asimismo, se aclara que la demarcación no será aplicable a las medidas establecidas con cargo al Instrumento Europeo de Recuperación (EURI).

Agricultura, Pesca y Alimentación

AYUDAS PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS DIGITALES DE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de acciones de transferencia de conocimientos e información y adquisición de competencias en digitalización, y para el asesoramiento, gestión y sustitución. Estas ayudas están destinadas al sector agroalimentario con algo más de tres millones de euros de fondos para 2022 y 2023.

La actuación se enmarca en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2022, financiado parcialmente por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Se trata, además, de una actuación clave de la Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y del Medio Rural, concretamente de su objetivo 1, de reducción de la brecha digital.

La finalidad de estas subvenciones es fomentar la formación continua no reglada de los profesionales del sector agroalimentario, de manera que mejoren sus competencias digitales, especialmente las personas dedicadas al asesoramiento de explotaciones, cuyo papel para la transición digital del sector es clave.

La convocatoria, que será inminente, busca que cualquier profesional de cualquier rincón de España pueda tener acceso a formación de calidad en materia de digitalización. El marco normativo recoge cinco tipos de ayudas cuyo eje central es la digitalización y que son sinérgicas:

Submedida M1.1 Formación no reglada y adquisición de competencias.

Submedida M1.2 Apoyo a actividades demostrativas.

Submedida M2.1 Prestación del servicio de asesoramiento en digitalización.

Submedida M2.2 Establecimiento por primera vez del servicio de asesoramiento en digitalización.

Submedida M2.3 Formación de asesores en digitalización.

Las entidades que pueden solicitar las ayudas deben ser de ámbito nacional, del sector agroalimentario y con una representatividad elevada, como organizaciones profesionales agrarias de carácter general, confederaciones intersectoriales que tengan como asociadas a entidades de economía social del sector agroalimentario y otras organizaciones profesionales independientes que tengan vinculación con el sector agroalimentario.

Los destinatarios finales tanto de la formación como de un servicio de asesoramiento de mayor calidad para su transición digital serán profesionales que desarrollen sus actividades en los sectores agrario o alimentario, los gestores de tierras y otros agentes económicos que constituyan pymes cuyo ámbito de actuación sean las zonas rurales, con énfasis en la juventud y las mujeres.

Las subvenciones destinadas a la medida 1 tienen como objetivo aumentar las competencias digitales de los profesionales del sector agroalimentario y del mundo rural, a ser posible aprendiendo entre iguales, de personas con experiencias exitosas en digitalización. El déficit de formación e información en materia digital es percibido desde distintos ámbitos como una gran barrera. Este tipo de formación debe contribuir en último término a la mejora de la competitividad, de la sostenibilidad, incluidas la eficiencia energética e innovación de las pymes del medio rural, y al aumento de la base de los conocimientos de los participantes.

Las subvenciones destinadas a la medida 2 tienen como finalidad apoyar el uso de servicios de asesoramiento específico para la transición digital para las empresas del sector agrario y los jóvenes agricultores, de manera que mejoren sus resultados económicos y medioambientales. Para ello, habrá ayudas para la creación y prestación de estos servicios de asesoría digital, así como para la formación de asesores en materia de digitalización en el sector agroalimentario y del medio rural.

Las ayudas serán monetarias en forma de subvención, con financiación del 100% de los gastos subvencionables. La Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria es la entidad responsable de estas ayudas, y tendrá la colaboración en la gestión de las mismas de la Escuela de Organización Industrial (EOI), fundación pública adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Agricultura, Pesca y Alimentación

PERTE PARA IMPULSAR LA COMPETITIVIDAD, LA SOSTENIBILIDAD Y LA TRAZABILIDAD DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del sector agroalimentario para dotar de la financiación y de las líneas de actuación necesarias para emprender los cambios medioambientales, digitales, sociales y económicos a los que tendrá que hacer frente en la próxima década.

El PERTE, que cuenta con medidas gestionadas por los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Industria, Comercio y Turismo; de Asuntos Económicos y Transformación Digital; así como del de Ciencia e Innovación, va dirigido a propiciar la transformación de la cadena agroalimentaria e impulsar la modernización y digitalización del sector, su crecimiento económico y la cohesión territorial.

Este PERTE contará con una inversión pública de aproximadamente 1.000 millones de euros hasta 2023. Se prevé que genere un impacto de partida en la economía de aproximadamente 3.000 millones de euros, estimándose además una creación neta de hasta 16.000 empleos. A esta cantidad será necesario añadir los efectos positivos sobre el conjunto de la economía derivados de la creación de nuevos modelos y oportunidades de negocio, las nuevas oportunidades laborales generadas por las actuaciones ligadas al PERTE, así como los ahorros generados en el tejido productivo, las economías domésticas y los presupuestos públicos.

El sector agroalimentario contribuye con casi un 10 % al PIB y está conformado, en su mayor parte, por pequeñas y medianas empresas. Un 96 % de las más de 30.500 empresas son pymes. De esta forma, el PERTE se concibe como un conjunto de medidas que benefician a empresas y autónomos del sector agroalimentario y que generan sinergias con unos objetivos claros: mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad del sector agroalimentario. Además, dada la importancia del sector agroalimentario en el medio rural, se incorpora la contribución al reto demográfico como objetivo transversal.

Para hacer frente a la lucha contra el cambio climático y adaptarse a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 se hace necesario promover un uso eficiente de los recursos naturales y de la energía en la producción agroalimentaria, a través de la digitalización de todos los procesos productivos de la cadena alimentaria.

Con este PERTE se pretende fomentar el empleo de calidad del sector agroalimentario, sobre todo en el medio rural, donde el tejido empresarial agroalimentario tiene mayor presencia, fortalecer su competitividad y rentabilidad con medidas enfocadas a la automatización de procesos, sensorización de procesos o sistemas de aprovisionamiento sostenibles, y mejorar la vertebración del medio rural. En relación a esto último, se prevé que el PERTE tenga efecto arrastre por su capacidad para desarrollar su actividad en zonas lejanas a núcleos urbanos mediante la atracción de empleo y servicios colaterales (transporte y restauración), y actúe como generador socioeconómico del entorno rural. Estos son algunos de los objetivos de este PERTE dirigido a un sector económico estratégico de la economía española.

El PERTE se basa en tres ejes prioritarios que abordan actuaciones transformadoras sobre la cadena de valor industrial y medidas de apoyo a la digitalización del sector agroalimentario y a la investigación científica. Estas líneas van acompañadas de medidas complementarias o facilitadoras que actuarán, de una forma integrada, para incrementar el impacto de las actuaciones y así promover la transformación hacia un sistema agroalimentario más sostenible y digital. Además, junto con el Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PAC) y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), el sector agroalimentario contará con la financiación y herramientas necesarias para afrontar los retos medioambientales, sociales y económicos de la próxima década.

Eje 1: Paquete de apoyo específico para la industria agroalimentaria, con el objetivo de mejorar sus procesos de producción, vinculados a su competitividad, sostenibilidad y a la trazabilidad de la producción de alimentos. Dotación: 400 millones de euros.

La principal medida, gestionada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, impulsará proyectos tractores que mejoren la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad de la industria alimentaria.

Eje 2: Medidas concretas para apoyar el proceso de adaptación digital y que se extienda a todos los agentes que forman parte de su cadena de valor (agricultores y ganaderos y sus cooperativas, pequeñas y medianas empresas de producción, transformación y comercialización). Dotación: 454,35 millones de euros.

Destaca, para las pequeñas empresas y microempresas agroalimentarias y para autónomos, el Programa Kit Digital, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, del que se podrían beneficiar con unos 275 millones de euros con el objetivo de que digitalicen sus procesos o pongan en marcha una tienda en línea.

Por otra parte, y con las miras puestas en agricultores y ganaderos, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desarrolla el Sistema de Información de Explotaciones Agrarias (SIEX), que busca avanzar en la digitalización del cuaderno de campo para simplificar su relación con la administración, datos que podrán utilizar para mejorar su gestión empresarial.

Eje 3: Medidas específicas de apoyo a la innovación y la investigación para lograr un sector agroalimentario competitivo en todos los eslabones. Dotación: 148,56 millones de euros.

Una de las líneas de I+D+i que se realizará de la mano de las comunidades autónomas, permitirá avanzar, a través de varios proyectos prioritarios de agroalimentación y de las ciencias del mar, en productividad, competitividad, sostenibilidad y calidad.

El PERTE Agroalimentario va a contribuir, de esta manera, a dinamizar el conjunto de la cadena a través de iniciativas que constituyan nuevos proyectos de transformación del sector y erigirse en un catalizador de iniciativas para modernizar el sector agroalimentario.

El impacto del PERTE Agroalimentario asegura una serie de medidas y actuaciones basadas en líneas estratégicas:

  • Impulsar la transformación tecnológica de todo el sector y su desarrollo tecnológico, acelerar la transformación digital de los actores implicados, el uso del big data y de las nuevas herramientas digitales y la adaptación al nuevo entorno impuesto por la economía digital.
  • Profundizar en el suministro de alimentos sanos, seguros y saludables, asociado con procesos industriales que mejoren la descarbonización y minimicen su impacto en términos de sostenibilidad.
  • Mejora de la dimensión y de la cohesión social del sector agroalimentario. Se trata de apoyar a los jóvenes, proteger a los segmentos más vulnerables, facilitar la incorporación de las mujeres y apostar por la I+D y por la capacitación y formación continua.
  • Impulsar el desarrollo de una economía circular y a reducir el impacto ambiental del sistema agroalimentario, mediante el fomento del uso eficiente de los recursos naturales y la energía en la producción de alimentos y la adopción de medidas en materia de transporte, almacenamiento, envasado y desperdicio de alimentos.

Este PERTE Agroalimentario refuerza así la triple sostenibilidad económica, social y ambiental del sector agroalimentario y de todos los agentes que forman parte de su cadena de valor.

Agricultura, Pesca y Alimentación

PROGRAMA ESCOLAR DE CONSUMO DE FRUTAS, HORTALIZAS Y LECHE

El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación del Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche.

La Unión Europea destina 125,67 millones de euros al año para la distribución de frutas y hortalizas en las escuelas, y otros 95,12 millones de euros para el suministro de leche. A España le corresponden en global más de 19,2 millones de euros (12,9 millones para frutas y hortalizas y 6,3 millones para leche y productos lácteos) para el desarrollo de estos programas.

La modificación aprobada responde a la necesidad de adecuar a la normativa europea el sistema de contratación para llevar a cabo el suministro y distribución de los productos, así como para la realización de las medidas de acompañamiento.

Con esta reforma se establecen dos sistemas para el acceso al mecanismo. El primero consiste en que las autoridades competentes gestionen directamente el suministro de frutas y hortalizas y de leche y productos lácteos a los centros escolares, contratándolo con un tercero o a través de un medio propio. La segunda opción, si así se decide por parte de cada comunidad autónoma, es que las autoridades competentes gestionen el suministro de forma indirecta, otorgándole a los centros escolares las ayudas dinerarias para que éstos adquieran los productos, lo que se tramitará por medio un procedimiento de subvención.

La principal modificación introducida es el cambio en la definición de "solicitante de la ayuda", que implica un cambio en los procedimientos de selección de solicitantes y del pago de las ayudas. También se hacen algunos ajustes de redacción en otros artículos con el fin de clarificarlos y adaptarlos a los cambios operados.

De acuerdo con las directrices de la Comisión Europea, se ha optado por priorizar la distribución de productos frescos, aunque también se permite fomentar el consumo de productos específicos o responder a las necesidades nutricionales particulares de los niños mediante la distribución de transformados a base de frutas y hortalizas, otros productos lácteos sin adición de aromatizante, frutas, frutos secos o cacao, así como de otros productos agrícolas como aceite de oliva, aceitunas deshuesadas de mesa y miel, para su degustación en el marco de las medidas educativas de acompañamiento. Se garantizará además la distribución de productos locales y regionales, y a las regiones menos desarrolladas y ultraperiféricas.

Cultura y Deporte

AYUDAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES SOBRE PROYECTO

El Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) a convocar las ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto correspondientes a 2022 por valor de 16 millones de euros, partida en la cual se incluyen 3 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). De forma adicional, se prevé la opción de ampliar en 4 millones de euros esta línea de apoyo al sector español del cine.

Las ayudas, convocadas en régimen de concurrencia competitiva y convocatoria abierta, tienen por objeto facilitar a las empresas productoras la financiación de los costes de producción de proyectos de largometraje que posean un especial valor cinematográfico, cultural o social, de proyectos de carácter documental, de proyectos que incorporen a nuevas realizadores o nuevos realizadores y de proyectos de carácter experimental.

Además de tener nacionalidad española y carácter cultural, los requisitos que deben cumplir los proyectos que concurran a la convocatoria son:

-Que se acredite, al momento de presentación de la solicitud de la ayuda, una financiación mínima del 15% del presupuesto previsto para la producción del largometraje y, previamente al pago de la misma, una financiación mínima del 70% del presupuesto previsto.

-Las empresas solicitantes deben comprometerse a que, al menos el 50% del presupuesto se realice en España o revierta en personas con residencia fiscal en España.

-Deberán incluir, como medidas de accesibilidad universal, el subtitulado especial y la audiodescripción con arreglo a la normativa técnica aplicable.

-Deberán incluir un sistema de medición y registro de impacto medioambiental que contemple diversos parámetros de sostenibilidad, así como un plan de reducción de huella de carbono.

-Deberán destinar un porcentaje del presupuesto a copias, publicidad y promoción, y estrenar el largometraje en un determinado número de salas de exhibición.

Para la concesión de estas ayudas se tendrá en cuenta la propuesta de la Comisión de ayudas a la producción de largometrajes y cortometrajes, regulada en el artículo 33 del real decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, que, en la formulación de sus informes, tendrá en consideración la calidad y el valor artístico del proyecto, el presupuesto y su adecuación para la realización del mismo, el plan de financiación que garantice su viabilidad y la solvencia de la empresa productora y el cumplimiento por la misma en anteriores ocasiones de las obligaciones derivadas de la obtención de ayudas.

Asimismo, se valorará que el proyecto aplique medidas de igualdad de género en las actividades creativas de dirección y guion. Igualmente, se valorarán de manera específica los proyectos de productores independientes radicados en las Islas Canarias, en su condición de región ultraperiférica.

La dotación presupuestaria de la convocatoria es de 16 millones de euros, cuantía en la cual se incluyen 3 millones de euros del PRTR. En los términos previstos en el artículo 58.2 del real decreto 887/2006, de 21 de julio, se prevé la posibilidad de fijar una cuantía adicional máxima de hasta 4 millones de euros para esta línea de ayudas, que no requerirá una nueva convocatoria, de los que 1 millón de euros corresponden al PRTR.

La convocatoria destina un mínimo del 40% para los proyectos realizados exclusivamente por directoras, un mínimo del 15% y un máximo del 25% a proyectos de carácter documental y un mínimo del 10% a proyectos de animación. Así mismo, se destinará un máximo del 10% a proyectos de carácter experimental y un mínimo del 5% para coproducciones con empresas extranjeras en las que la participación española sea minoritaria.

El pago de la ayuda se hará efectivo en un único pago tras acreditarse la viabilidad del proyecto, presentada la correspondiente documentación. El importe máximo de ayuda por beneficiario es de 800.000 euros.

Sanidad

USO DE MASCARILLAS EN EL EXTERIOR

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que la obligación del uso de mascarillas, hasta ahora regulada en los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, queda establecida en los siguientes términos:

  • Se elimina la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el exterior (espacio al aire libre de uso público o abierto al público).
  • No obstante, se mantiene su obligatoriedad en los eventos multitudinarios que tengan lugar en espacios al aire libre cuando los asistentes estén de pie. Si están sentados, será obligatorio cuando no se pueda mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros entre personas, salvo grupos de convivientes.
  • También continúa siendo obligatoria en los medios de transporte público, lo que incluye andenes y estaciones de viajeros y teleféricos, así como en los espacios cerrados de buques y embarcaciones cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, salvo grupos de convivientes.
  • En todo caso, se mantiene la obligatoriedad del uso de la mascarilla en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.

No se alteran las excepciones ya vigentes al uso de las mascarillas, es decir, se exime de su uso:

a) A las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

b) En el caso de que, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

c) En aquellos lugares o espacios cerrados de uso público que formen parte del lugar de residencia de los colectivos que allí se reúnan, como son las instituciones para la atención de personas mayores o con discapacidad, las dependencias destinadas a residencia colectiva de trabajadores esenciales u otros colectivos que reúnan características similares, siempre y cuando dichos colectivos y los trabajadores que allí ejerzan sus funciones tengan coberturas de vacunación contra el SARS-CoV-2 superiores al 80% con pauta completa y con la dosis de recuerdo, acreditado por la autoridad sanitaria competente.

Esta última excepción sigue sin ser de aplicación a los visitantes externos y a los trabajadores de los centros residenciales de personas mayores o con discapacidad, ya que en estos casos sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla.

El artículo 6 de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece los supuestos de uso obligatorio de la mascarilla para las personas de 6 años en adelante, así como las excepciones a dicha obligación.

Asimismo, el apartado 2 de la disposición final séptima de la citada ley 2/2021, de 29 de marzo, habilita al Gobierno, mediante real decreto, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Sanidad y oído el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a modificar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del mencionado artículo 6 cuando se den las circunstancias sanitarias apropiadas que así lo aconsejen. La misma disposición prevé que la eliminación o modulación de los supuestos de obligatoriedad del uso se podrán acordar solo cuando se haya constatado una mejora de la situación epidemiológica, conforme al sistema de indicadores acordado en el CISNS.

La evolución de la epidemia de COVID-19 en nuestro país, favorecida por las coberturas de vacunación que se han alcanzado y por la aplicación de las medidas no farmacológicas de control de la transmisión del SARS-CoV-2 por parte de la población hasta enero de 2022, permite plantear modificaciones en las estrategias de control de la epidemia.

El máximo de incidencia de la sexta onda epidémica a nivel nacional se produjo el 21 de enero de 2022 con 3.418 casos por 100.000 habitantes en 14 días. El máximo de casos notificados en un solo día se registró unos días antes con más de 170.000 casos. Este máximo se alcanzó tras un periodo de ascenso de la incidencia de COVID-19 que se inició lentamente en la segunda quincena del mes de noviembre de 2021 y que sufrió un incremento en la velocidad a partir de la segunda semana de diciembre del mismo año.

No obstante, a partir del 21 de enero de 2022 se observa un descenso estable y rápido de la incidencia que, con los datos registrados a 4 de febrero (15 días después del máximo registrado), se había reducido en un 33%, casi un 17% semanal, y registraba una incidencia de 2.299 casos por 100.000 habitantes en 14 días y alrededor de 60.000 casos diarios, una tercera parte de lo registrado en el día de máxima notificación. Esta evolución, una vez superado el efecto en la transmisión potencialmente asociado a las festividades navideñas, mantiene una estabilidad hacia el descenso progresivo y las previsiones basadas en el resto de indicadores de seguimiento de la epidemia permiten prever su continuidad.

Por otra parte, la probabilidad de hospitalización, ingreso en UCI o fallecimiento durante esta onda epidémica es entre 10 y 22 veces inferior a la observada en ondas previas. Esta menor gravedad de los casos detectados reduce la presión comparada con otros periodos pese a las altas incidencias registradas.

La campaña de vacunación que se ha llevado a cabo en nuestro país ha reducido considerablemente la vulnerabilidad de la población. La incidencia del COVID-19 en el último trimestre de 2021 y primeras semanas de 2022 en las personas vacunadas es de aproximadamente una tercera parte de la registrada en las personas no vacunadas. Esta diferencia se hace más evidente en las probabilidades de hospitalización, ingreso en UCI o fallecimiento, sobre todo en los grupos de edad más mayores, más vulnerables, que ya han recibido una dosis de refuerzo, en los que los vacunados se hospitalizan, ingresan en UCI o fallecen entre 15 y 20 veces menos que los no vacunados. Las coberturas de vacunación hasta el 31 de enero de 2022 eran del 90,8% con la pauta completa entre los mayores de 11 años y del 55% con la primera dosis entre la población de 5 a 11 años. Además, el 91% de los mayores de 60 años y el 72% de los de 50 a 59 años de edad habían recibido una dosis de refuerzo.

Por otro lado, las variantes actualmente en circulación del SARS-CoV-2 parecen producir un cuadro clínico menos grave según los estudios disponibles, lo que contribuye a modificar la valoración de la situación epidémica del COVID-19, pese a las altas incidencias observadas entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

Entre las medidas de control no farmacológicas, el uso de la mascarilla ha sido una medida clave de control del COVID-19. Sin embargo, la evidencia disponible sobre la transmisión del virus en los diferentes ámbitos indica que su uso tiene un impacto mayor en espacios interiores en los que se reúnen personas que no conviven habitualmente y en grandes aglomeraciones en las que no se pueden mantener distancias de seguridad y se establecen interacciones con múltiples personas.

El contexto descrito permite adaptar la obligatoriedad del uso de las mascarillas. La relajación de las medidas que se incluye en este real decreto, propuesta para la población general, se debe valorar a nivel individual de acuerdo con la pertenencia a grupos de mayor vulnerabilidad, la vacunación y la actividad y comportamiento social que pueda incrementar los riesgos de transmisión.

En consecuencia, queda sin efecto lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la ley 2/2021, de 29 de marzo, cuyos supuestos se regirán en lo sucesivo por lo previsto en este real decreto.

De conformidad con lo previsto en el apartado 2 de la disposición final séptima de la ley 2/2021, de 29 de marzo, la presente norma se adopta una vez oído el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su reunión de 7 de febrero de 2022.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en Japón

D. FIDEL SENDAGORTA GÓMEZ DEL CAMPILLO

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. Ingresó en la carrera diplomática en 1984. Ha desempeñado puestos en el exterior en las Embajadas de España en Japón, Cuba y Marruecos, así como en la Representación Permanente ante la Unión Europea. Fue embajador en Egipto entre 2010 y 2014. En los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha ejercido, entre otros cargos, el de embajador en misión especial para asuntos del Mediterráneo, secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, director general para el Mediterráneo, Magreb y Oriente Próximo, director general para América del Norte, Asia y Pacífico y director general de Política exterior y Seguridad.

Más información