Referencia del Consejo de Ministros

Madrid, martes 11 de enero de 2022

SUMARIO

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

  • ACUERDO por el que se autoriza la modificación del contrato de servicios de mantenimiento de infraestructura, vía y aparatos de vía de la línea de alta velocidad Madrid - Norte, adjudicado a la Unión Temporal de Empresas denominada UTE Mantenimiento L.A.V. Madrid-Norte, con un importe adicional de 7.057.351,42 euros, IVA no incluido.
  • Fondos Europeos. FEDER. ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de ejecución de las obras del proyecto constructivo del nuevo acceso ferroviario al puerto de Sevilla. Valor estimado del contrato 19.813.050,06 euros.
  • Fondos Europeos. FEDER y Mecanismo Conectar Europa (CEF). ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de mantenimiento y obras de mejora de puentes de hormigón y fábrica de la red administrada por ADIF. Lote 1: zona noroeste-norte. Lote 2: zona noreste-este. Lote 3: zona centro-sur. Lote 4: aparatos de apoyo - toda la red. Valor estimado del contrato 26.400.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras de instalación de bloqueo automático banalizado (B.A.B.) en el tramo Figueres - Portbou. Valor estimado del contrato 21.313.089 euros.
  • ACUERDO por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por el proceso expropiatorio de las obras del proyecto de construcción de la Variante de Ourense. Tramo: Enlace de Eirasvedras con la N-120 en su punto kilométrico 573,800 - Enlace de Quintela con la N-120 en su punto kilométrico 572,000". Provincia: Ourense. Clave: 13-OR-4600A.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática


ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Hacienda y Función Pública

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Derechos Sociales y Agenda 2030

  • REAL DECRETO por el que se nombra directora General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia a Dª LUCÍA LOSOVIZ ADANI

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

SUMINISTRO DE AGUA PARA REGADÍO EN LA ZONA AFECTADA POR LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE LA PALMA

El Consejo de Ministros ha aprobado destinar cuatro millones de euros al suministro de agua para regadío y otros usos en la zona afectada por la erupción del volcán en la isla de La Palma durante dos meses. Esta partida se añade a los cuatro millones aprobados en octubre del año pasado, de modo que los fondos totales para garantizar el abastecimiento en las zonas desabastecidas de El Remo, Puerto Naos y La Bombilla suman ocho millones.

Las actuaciones, ya en marcha y ejecutadas de forma coordinada con el resto de las administraciones para la aportación de agua, engloban la instalación de desaladoras móviles en el puerto de Tazacorte (Comunidad Autónoma de Canarias); el transporte del agua desalada y de otras fuentes entre el puerto de Tazacorte y la costa de Puerto Naos (MITECO) y la impulsión del agua entre la costa de Puerto Naos y la balsa de Cuatro Caminos (Cabildo Insular de La Palma).

Dado que la restauración de las conducciones de agua existentes antes de la erupción del volcán no se puede acometer de manera inmediata, es preciso ampliar la declaración de emergencia para las actuaciones necesarias para el suministro a las zonas afectadas que no tienen posibilidades de abastecimiento de recursos hídricos.

Esta ampliación de la declaración de emergencia afecta a las actuaciones del MITECO encargadas a la Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA), el pasado 29 de octubre de 2021, con un presupuesto de cuatro millones y una duración estimada de dos meses, que se ampliarán dos meses más.

Las actuaciones consisten en una toma de agua en pozo de San Antonio, en las proximidades del Puerto de Tazacorte, con conducción hasta la dársena de atraque del suroeste del puerto, flete y consumos del buque en el que se realiza el traslado del agua, así como el funcionamiento de un remolcador de acompañamiento para maniobras de atraque, fondeo del buque cisterna en las inmediaciones de la playa de Puerto Naos y descarga del buque a la red de riego de las plataneras mediante una tubería flexible.

ARTICULACIÓN DEL REGADIO EN LA PALMA

El regadío en La Palma se articula actualmente a través de una serie de canales que van de norte a sur. De esta red de distribución es el canal denominado LP-II el que distribuye el agua para regadío hasta el entorno donde se ha producido la erupción, en sentido norte - sur, pero sin llegar a completar un anillo hídrico que rodee toda la isla. Su tramo final lo constituye una conducción enterrada que abastece a las zonas de El Remo, Puerto Naos y La Bombilla.

El 2 de octubre de 2021 se produjo la rotura de esta conducción en la zona de El Remo, como consecuencia de la intersección de la colada de lava. Esta rotura conlleva que unas 600 hectáreas de plataneras no cuenten con agua para riego, por lo que de no actuar habilitando de algún otro modo el suministro de recursos hídricos alternativos se producirá su muerte por sequía.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

PROYECTO DE LEY DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA SOLIDARIDAD GLOBAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo fue un hito clave en la articulación de la política española de cooperación para el desarrollo. Sin embargo, desde entonces su marco político y jurídico ha cambiado significativamente. En este sentido, destaca la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM) en el año 2000, la Declaración de París (2005), los foros de alto nivel de Accra (2008) y Busan (2011), la articulación de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo y, más recientemente, la adopción en 2015 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, de la Agenda de Acción de Addis Abeba y del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, así como la aprobación en 2017 del Consenso Europeo de Desarrollo.

Este proyecto de ley tiene por objeto actualizar la política española de cooperación al desarrollo a los parámetros presentes del concierto mundial y compromisos de la Agenda 2030. Para ello se busca:

  • Adecuar el sistema al marco político y jurídico de la cooperación para el desarrollo sostenible y, en particular, a la Agenda 2030, de modo que sea capaz de responder mejor a los retos globales.
  • Promover una mayor integración de nuestra visión y nuestra cooperación en la política y el sistema de cooperación de la Unión Europea.
  • Promover un marco para la gestión eficaz e integral de la Ayuda Oficial al Desarrollo y otros flujos de financiación del desarrollo sostenible.
  • Promover una mayor centralidad del principio de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y dotar al sistema de cooperación de los instrumentos necesarios para generar alianzas multiactor y multinivel.
  • Superar las deficiencias y debilidades institucionales y de gobernanza, estableciendo una estructura más robusta y una actuación más coordinada, estratégica y eficaz de todos los actores de la cooperación.
  • Dotar al sistema y, en especial, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) de un marco regulatorio adaptado y de las capacidades y los recursos necesarios para responder a los compromisos de la Agenda 2030.
  • Fortalecer y modernizar la cooperación financiera y los demás instrumentos de financiación para el desarrollo sostenible.
  • Asegurar la atracción, retención, capacitación y especialización de los recursos humanos con el fin de propiciar el desarrollo de una carrera profesional.
  • Reforzar las capacidades y recursos de la acción humanitaria.
  • Mejorar la gestión del conocimiento y la medición de los resultados obtenidos, en concreto mediante el seguimiento y la evaluación de la cooperación.

El proyecto de Ley consta de una exposición de motivos; cuarenta y un artículos, divididos en cinco capítulos; cuatro disposiciones adicionales; cuatro disposiciones transitorias; una disposición derogatoria, y cinco disposiciones finales.

La Exposición de Motivos desgrana las razones y circunstancias que justifican la necesidad de abordar en este momento una reforma de la anterior Ley de Cooperación para el Desarrollo, y detalla los objetivos que persigue la nueva Ley.

El Capítulo I, denominado "La política española de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global", incluye el régimen jurídico, el objeto, definición y ámbito de aplicación de la Ley y los principios que inspiran nuestra política de cooperación, la coherencia como elemento fundamental y los objetivos perseguidos. Un artículo específico está destinado a las Prioridades Geográficas y Temáticas, que serán establecidas periódicamente en los sucesivos Planes Directores cuyo objeto, recogido en el capítulo siguiente, es establecer la política de cooperación para el desarrollo sostenible.

El Capítulo II, denominado "Planificación, instrumentos y recursos de la cooperación española para el desarrollo sostenible", se compone de tres secciones dedicadas a:

  • Planificación, seguimiento y evaluación de la Cooperación Española para el desarrollo sostenible.
  • Regulación de los Instrumentos y Modalidades, la ayuda humanitaria y el fomento de la Justicia Global, la solidaridad y la participación.
  • Cooperación financiera para el desarrollo sostenible, que recoge la creación del Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES F.C.P.J), como instrumento de cooperación financiera sin personalidad jurídica propia. Este Fondo asume las funciones de FONPRODE, con nuevos instrumentos y procedimientos más flexibles y ágiles.

El Capítulo III, denominado "Órganos competentes en la formulación de la política española de cooperación para el desarrollo sostenible", está compuesto de cuatro secciones: Congreso de los Diputados y Senado (Sección Primera); Gobierno (Sección Segunda); Órganos de Coordinación y consulta (Sección Tercera), en concreto el Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global y la Comisión de Coordinación Interministerial, y Cooperación descentralizada (Sección Cuarta), que implica la participación de las comunidades autónomas y las entidades locales.

El Capítulo IV, denominado "Órganos competentes en la ejecución de la política española de cooperación para el desarrollo sostenible", se divide en dos secciones:

  • Primera: referida a la Administración General del Estado y organismos dependientes, incluyendo la AECID, las Oficinas de Cooperación Española dependientes de esta y otras instituciones ejecutoras, como la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administraciones y Políticas Públicas (FIIAPP F.S.P), especializada en cooperación técnica entre administraciones públicas y en materia de gobierno, y la Fundación Carolina, en el ámbito de la educación superior, ciencia y tecnología. También se alude a otros Ministerios que puedan estar implicados en la política de cooperación.
  • Segunda: se refiere a otras Administraciones y entidades entre las que recoge las Comunidades Autónomas y entidades locales, las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y la sociedad civil, así como el Sector privado, agentes sociales y económicos, universidades y centros de estudio e investigación.

El Capítulo V, denominado "Personas al servicio de la Cooperación al Desarrollo", regula el personal al servicio de la Administración General del Estado y del Sector público institucional, en el ámbito de la cooperación para el desarrollo sostenible. También regula el régimen jurídico del personal de la AECID, con el objetivo prioritario de asegurar la retención y atracción de talento. La propia Agencia tendrá capacidad para aprobar su relación de puestos de trabajo; tanto los que, por su contenido han de ser desempeñados por funcionarios públicos como los que se atribuyen a personal laboral. Se regula, igualmente, la selección de personal y se reconoce su derecho a la promoción, en el marco del Estatuto del Empleado Público.

Este proyecto de Ley deroga íntegramente la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en ella.

Asimismo, debe señalarse que este proyecto de ley ha sido recogido para su inclusión en el Plan Anual Normativo para 2022.

Se señala que, conjuntamente con este proyecto de ley, se ha incluido en el orden del día de la CGSEYS como asunto nº 13, el Acuerdo por el que se autoriza la tramitación administrativa urgente prevista en el Artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.

El proyecto de ley se ha incluido en el orden del día a los efectos de lo previsto en el Artículo 26.4 de la Ley del Gobierno, que dispone lo siguiente:

"Cuando la disposición normativa sea un anteproyecto de ley o un proyecto de real decreto legislativo, cumplidos los trámites anteriores, el titular o titulares de los Departamentos proponentes lo elevarán, previo sometimiento a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, al Consejo de Ministros, a fin de que éste decida sobre los ulteriores trámites y, en particular, sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, así como sobre los términos de su realización, sin perjuicio de los legalmente preceptivos.

Cuando razones de urgencia así lo aconsejen, y siempre que se hayan cumplimentado los trámites de carácter preceptivo, el Consejo de Ministros podrá prescindir de este (trámite) y acordar la aprobación del anteproyecto de ley o proyecto de real decreto legislativo y su remisión, en su caso, al Congreso de los Diputados o al Senado, según corresponda".

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

PLAN NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE LAS CAPTURAS ACCIDENTALES EN LA ACTIVIDAD PESQUERA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Nacional para la reducción de las capturas accidentales en la actividad pesquera. El texto marca las directrices para identificar los impactos de la pesca en las especies protegidas, así como las flotas y artes de riesgo para cada demarcación marina.

De este modo, el plan se estructura como una guía para evaluar y hacer un seguimiento del problema de las capturas accidentales en la flota pesquera española y proponer soluciones técnicas que permitan reducir o eliminar, cuando sea posible, las capturas de especies sensibles incluidas en la normativa nacional y europea.

Por otro lado, las acciones contempladas en el plan deberán desarrollarse durante la próxima década, de modo que en 2030 se alcance un nivel de impacto de la actividad pesquera en la fauna sensible que no ponga en peligro a las poblaciones afectadas. Todas estas medidas irán encaminadas a reducir las capturas accidentales a niveles mínimos posibles y siempre por debajo de los valores de retirada máxima biológica para cada especie.

UNA FLOTA MÁS SOSTENIBLE

Las acciones de este Plan permitirán complementar los trabajos que ya se han puesto en marcha para avanzar en las estimaciones tanto del estado de las poblaciones de cetáceos como de las estimaciones concretas del volumen de capturas accidentales, y de las causas de varamiento de cetáceos, y por ello uno de los objetivos del plan es realizar una campaña de evaluación con un protocolo acordado que complemente los trabajos puestos en marcha.

Para conocer mejor el alcance de las capturas accidentales uno de los objetivos principales del plan es realizar una campaña de evaluación con un protocolo acordado que haga una estimación concreta del número de ejemplares capturados por parte de la flota española.

En este sentido, las acciones estratégicas previstas en el plan ayudarán a conseguir que la actividad desarrollada por la flota española sea más sostenible. En concreto, las 8 acciones previstas son las siguientes:

•Diseñar un proceso participativo con el sector pesquero, comunidades autónomas, ONG y científicos para definir la problemática, los objetivos y las medidas necesarias para reducir las interacciones.

•Aumentar el conocimiento de los impactos en las flotas de riesgo potencial para las que no exista información.

•Realizar un seguimiento de la actividad en las flotas de riesgo para conocer el alcance de las interacciones.

•Analizar las medidas de reducción de la mortalidad por pesca en las flotas de riesgo.

•Realizar pruebas piloto de las medidas de mitigación en las flotas de riesgo.

•Elaborar planes de manejo y liberación de especies capturadas.

•Estudiar y conocer el estado de las poblaciones de cetáceos, aves y tortugas marinas en aguas españolas y hacer seguimiento de las poblaciones de aguas internacionales.

•Elaborar un real decreto para dotar al plan de un marco jurídico estable y órdenes ministeriales para aplicar las distintas medidas.

Además, para garantizar la unidad en las actuaciones de los distintos ministerios implicados, el Plan incluye un órgano colegiado de trabajo compuesto por representantes del MITECO, el MAPA y el Ministerio de Ciencia e Innovación a través del CSIC. Este órgano mejorará además la coordinación en las acciones necesarias para alcanzar los objetivos planteados.

EN LÍNEA CON LA NORMATIVA EUROPEA

La protección de las especies de mamíferos marinos, tortugas y aves marinas se enmarca en la Directiva de la Unión Europea para la conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres y la Directiva sobre la conservación de las aves silvestres. A nivel estatal, la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, contiene normas que obligan a conservar, proteger y evitar de posible daño a los taxones silvestres

Por su parte, la Política Común de Pesca establece el principio de sostenibilidad en las actuaciones pesqueras y, por ello, el Reglamento de la Unión Europea 2019/1241 se centra en la conservación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos con medidas técnicas, y establece medidas para mitigar los daños en especies sensibles como los cetáceos, las aves y las tortugas marinas.

Para cumplir con estas obligaciones y mitigar el impacto provocado por la actividad humana en el medio marino resulta urgente reforzar las medidas para proteger a las especies marinas de los efectos negativos de las capturas accidentales durante las actividades de pesca comercial.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CONTRATO PARA LA MEJORA Y EL MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES Y FÁBRICA DE LA RED FERROVIARIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de un contrato para la mejora y el mantenimiento de los puentes de hormigón y fábrica de toda la red ferroviaria.

El contrato se licita por un valor global de 26.400.000 euros (IVA no incluido) y para un periodo 24 meses, con posibilidad de prorrogarlo por otros 24 meses. Comprende la realización de actuaciones para reforzar las prestaciones de los puentes y también trabajos dirigidos a garantizar su fiabilidad y funcionalidad.

El número de puentes gestionados por el administrador de infraestructura ferroviaria es de unos 500 puentes de fábrica y 4.500 puentes de hormigón. Entre las actuaciones previstas a cargo de los contratos están la realización del mantenimiento estructural y la mejora de la seguridad y de la fiabilidad de estas estructuras, figurando entre las labores para llevarlo a cabo reparaciones y refuerzos estructurales, mejora del drenaje, impermeabilización del tablero o instalación de nuevos elementos, como pueden ser barandillas o pantallas.

Lotes del contrato

El contrato se licita estructurado en cuatro lotes, tres de los cuales abarcan actividades generales de mantenimiento y mejora estructural de los puentes de hormigón y fábrica situados en distintas áreas geográficas.

En concreto, el lote 1 comprende los ubicados en el noroeste y norte de la red, el lote 2 los situados en el noreste y el este, y el lote 3, los del centro y el sur. Por otro lado, el lote 4 contempla la ejecución de actuaciones específicas de reparación y mejora de apoyos en todo el ámbito de la red gestionada por Adif.

Estas actuaciones contribuyen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como es el número 9, que tiene entre sus metas el fomento de infraestructuras sostenibles, fiables y de calidad.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

OBRAS PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD FERROVIARIA DEL TRAMO FIGUERES-PORTBOU (GIRONA)

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitar del contrato para la redacción del proyecto constructivo y posterior ejecución de las obras de instalación de nuevas instalaciones de seguridad en el tramo Figueres-Portbou, incluida en la línea de ancho convencional Barcelona-Girona-Portbou.

El contrato tiene un valor estimado de 21.313.089 euros (sin IVA) y un plazo de ejecución estimado de 25 meses, de los que 6 corresponden a la redacción del proyecto y los otros 19 meses a la realización de las obras.

Esta actuación, incluida en el Plan de Rodalies, comprenderá la implantación del denominado sistema de Bloqueo Automático Banalizado (BAB) en este trayecto. Este equipamiento, de última generación, permite la circulación en vía doble indistintamente por cualquiera de las vías y sentido.

También se incrementan las condiciones de capacidad de la explotación ferroviaria, se consigue una mayor operatividad y flexibilidad en la circulación de trenes, incrementando la fiabilidad de las instalaciones y la regularidad del tráfico. Además, se incrementa la velocidad comercial, disminuye la probabilidad de incidencias y el tiempo de reparación de las mismas.

Entre las principales operaciones incluidas en el contrato, destaca la dotación de nuevas instalaciones para los sistemas informáticos de gestión y regulación del tráfico, así como para los equipamientos de detección del tren, ASFA (Anuncio de Señales y Frenado Automático) digital, señalización LED fija y luminosa, y la integración de las instalaciones en el Control de Tráfico Centralizado (CTC) de Barcelona.

También se incluyen actuaciones en el sistema de suministro de energía a las futuras instalaciones y trabajos adicionales de canalizaciones y obras civiles auxiliares.

Esta actuación contribuye a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), en especial a sus metas 9.1 (desarrollar infraestructuras fiables) y 9.4 (modernizar la infraestructura).

Transportes, Movilidada y Agenda Urbana

OBRAS DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO AL PUERTO DE SEVILLA

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de la ejecución del proyecto constructivo del nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sevilla. Esta actuación cuenta con un valor estimado de 19.813.050,06 euros (IVA no incluido), que incluye el valor de los suministros aportados por Adif, y un plazo de ejecución de 12 meses.

Asimismo, los trabajos se desarrollan en el marco del convenio suscrito en 2017 por Puertos del Estado, Adif y la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), y se financian con cargo al Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, a través de la Institución portuaria, y al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través de Adif. El convenio prevé que la Autoridad Portuaria destine un máximo de 13,5 millones de euros a la ejecución del proyecto en su totalidad, mientras que la aportación del FEDER, a través de Adif, se ha estimado en unos 11,5 millones de euros.

El objetivo del nuevo ramal ferroviario es proporcionar acceso directo al Puerto de Sevilla, evitando el paso y las maniobras de inversión de las circulaciones que actualmente son necesarias realizar en las estaciones de La Salud, Dos Hermanas o incluso Utrera, todas ellas pertenecientes a la red de Cercanías de Sevilla, con la consiguiente mejora en la explotación de esta red al reducir el paso de trenes de mercancías.

Esta actuación es estratégica para el Puerto sevillano, ya que permitirá que el transporte ferroviario gane en competitividad y eficiencia al reducirse los tiempos de paso del tren (en torno a 2 horas y 30 minutos). Asimismo, dotará a la infraestructura portuaria de las condiciones necesarias para que la entrada de la mercancía en tren al recinto portuario pueda realizarse sin condicionantes de longitud y carga.

Puerto de Sevilla, enclave multimodal y nodo principal

Por su condición de puerto marítimo de interior, el Puerto de Sevilla destaca en el tráfico ferroviario con trenes que conectan Sevilla con Madrid, Bilbao, Extremadura, Córdoba, Valencia y Sines.

Es un enclave completamente multimodal, constituye un nodo principal de la Red Básica (Core Network) y forma parte del corredor Mediterráneo de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T). A lo largo de 850 hectáreas, el Puerto de Sevilla ofrece una excelente conexión entre el buque, el tren y el camión con vías integradas dentro del dominio público portuario que incrementan la competitividad del transporte de mercancías.

Cuenta con un anillo ferroviario que rodea todo el perímetro del Puerto facilitando el transporte terrestre entre las terminales marítimas y muelles públicos. Está conectado a las principales vías de circulación del sur peninsular y dispone de una terminal ferroviaria integrada el muelle de contenedores que puede prestar servicio a trenes de hasta 750 metros de longitud.

El nuevo acceso ferroviario hacia el Puerto de Sevilla estará dotado de una vía de 2.485 m, que arrancará directamente de la variante de La Negrilla accediendo al Puerto sin tener que pasar por la estación de La Salud. La plataforma contará con una anchura de 8,2 m a excepción del tramo en el que comparte plataforma con el futuro cierre Sur del Anillo de Cercanías de Sevilla, en donde la anchura será de 12,6 m. La superestructura se realiza sobre banqueta de balasto.

Aunque este ramal no se encuentra electrificado, el diseño de la sección tipo permitirá en un futuro, si se considera necesario, su electrificación sin ningún tipo de condicionante. El contrato licitado no abarca actuaciones relativas a las instalaciones de seguridad y comunicaciones, que deberán ser objeto de otro proyecto específico.

Recorrido del nuevo acceso

El nuevo acceso conectará con el ramal actual al Puerto de Sevilla junto al estribo este del puente que sirve al ramal para pasar sobre el río Guadaíra y con la vía impar o vía este de la variante de La Negrilla, a unos 4 km al sur de la estación de la Negrilla.

Esta nueva vía tendrá el siguiente recorrido:

-Los primeros 1.000 m se realizarán en la misma plataforma que ocupará en el futuro el desdoblamiento del cierre sur del Anillo de Cercanías de la ciudad de Sevilla.

-Posteriormente, la vía se desviará hacia una plataforma propia e independiente mediante un salto de carnero, y cruzará la línea Sevilla-Cádiz a través de un viaducto.

-Este viaducto se prolongará de forma paralela al actual acceso ferroviario al Puerto, al norte del mismo, hasta la altura de la avenida de Jerez.

-Desde este punto, el trazado del nuevo acceso proseguirá hasta finalizar en el estribo este del puente ferroviario sobre el río Guadaíra.

El proyecto de construcción del nuevo ramal contempla también el desmantelamiento del ramal existente, lo que implica actuaciones en la estación de La Salud, para adaptar sus vías e instalaciones de electrificación a la nueva situación.

También está incluido dentro del proyecto la construcción de los caminos de servicio necesarios para el mantenimiento de la vía, y la instalación de cerramientos en ambas márgenes de la explanación.

Estos trabajos contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) nº 9 (Industria, Innovación e Infraestructura), en especial a sus metas 9.1 (desarrollar infraestructuras fiables) y 9.4 (modernizar la infraestructura).

Fondos europeos

Esta actuación está cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE RECONOCIMIENTO A LA CIUDADANÍA DE LA ISLA DE LA PALMA POR SU COMPORTAMIENTO EJEMPLAR DURANTE LA ERUPCIÓN VOLCÁNICA

El 25 de diciembre de 2021 el Comité Científico del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias declaró el final de la erupción volcánica en la zona de Montaña Rajada, en la isla de La Palma.

Durante casi tres largos meses, España ha comprobado, en tiempo real, las devastadoras consecuencias que ha tenido el paso de las coladas por zonas habitadas y explotaciones agropecuarias. Esta catástrofe natural ha ocasionado grandes daños materiales. Más de 1.219 hectáreas han sido cubiertas por la lava. Gran parte del territorio se ha visto afectado por la lluvia de cenizas. Viviendas, cultivos, centros educativos y sanitarios, negocios e infraestructuras de todo tipo han quedado, en todo o en parte, destruidos. Una tragedia de grandes dimensiones para los palmeros y las palmeras, cuyos proyectos vitales se han visto directamente afectados.

Ante esta situación, es obligación de las Administraciones públicas garantizar que tanto la población como el tejido productivo de La Palma recuperen la normalidad cuanto antes. Para ello, trabajan de manera coordinada el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular y los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte.

Durante los ochenta y cinco días y ocho horas que ha durado la erupción, el volcán ha puesto a prueba la capacidad de resistencia de la población, que se ha enfrentado al desafío con una entereza que, sin duda, se ha convertido en un ejemplo para la ciudadanía española.

Han demostrado que, en los peores momentos, somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos, y que, ante la pérdida, hay que responder con solidaridad, generosidad y sentido del deber cívico.

Nos han recordado también que la unidad y la defensa del bien común nos permiten sobreponernos a las peores calamidades y salir adelante.

El comportamiento modélico de los habitantes de La Palma no puede caer en el olvido ni quedar sin reconocimiento.

El volcán se ha detenido, pero el compromiso de las instituciones con el presente y el futuro de La Palma permanece. Los daños de la erupción serán reparados y serán solo un recuerdo dentro de muy poco tiempo, pero el ejemplo de los palmeros y palmeras inspirará a generaciones enteras.

Por todo lo anterior, el Gobierno de España considera que es de justicia reconocer la ejemplaridad demostrada por los ciudadanos y las ciudadanas de la isla de La Palma durante la erupción volcánica iniciada en la zona de Cumbre Vieja, así como que se realicen, por parte de los poderes públicos, los homenajes y reconocimientos necesarios para honrar su forma de responder a la catástrofe vivida.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

PLAN ANUAL NORMATIVO 2022

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2022 (PAN-22), en cuya elaboración han participado todos los ministerios. El Gobierno ha impulsado este año la tramitación anticipada del PAN-22 para que pueda ser aprobado en el primer Consejo de Ministros del año.

El PAN es un instrumento de la Administración General del Estado que dota de transparencia la acción de gobierno, facilita el control del cumplimiento de los objetivos asumidos, favorece la participación ciudadana al hacer previsibles los plazos de tramitación y dota a los operadores de seguridad jurídica.

El PAN-22, plasmación legislativa de un proyecto de país, se caracteriza por tener rasgos distintivos de una socialdemocracia europea y avanzada basada en el refuerzo del Estado de bienestar, la modernización económica y la ampliación de los derechos y libertades.

Las 368 propuestas normativas que componen el PAN-22 desarrollan el programa de Gobierno y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Estas propuestas incluyen 92 leyes (11 orgánicas y 81 ordinarias) y 276 reales decretos. Casi cuatro de cada diez leyes (38,2%) desarrollan compromisos del PRTR. En total, 61 de los 368 proyectos están relacionados (un 16,57%).Entre las normas que forman parte del PAN-22 destacan:

Transformación digital

  • Reforma de la Ley de ciencia, para garantizar una carrera investigadora atractiva y estable, impulsar la transferencia del conocimiento y fomentar la investigación facilitando la coordinación con las CCAA y los trámites administrativos para nuevos proyectos.
  • Reforma de la Ley de industria, que adapta el texto de 1992 a la realidad productiva y económica actual.
  • Ley para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de 5G, que promoverá también la diversificación del mercado.
  • Real decreto por el que se desarrolla el estatuto de la startup de estudiantes, una herramienta pedagógica para que puedan realizar prácticas como si crearan su empresa realmente.

Cohesión social y territorial

  • Ley de vivienda, que regula las condiciones básicas para el disfrute del derecho a una vivienda digna, dotando a las administraciones públicas de instrumentos para contener la subida de precios y favorecer el acceso de los jóvenes.
  • Ley para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, que garantiza la homogeneidad de los servicios sanitarios en todo el territorio, establece la gestión pública directa como fórmula de gestión preferente y limita el establecimiento de nuevos copagos.
  • Ley de servicios sociales, comprometida en el acuerdo de gobierno para garantizar una cartera mínima de servicios en todo el territorio.
  • Real Decreto por el que se regula el sello de inclusión social, un distintivo público para empresas públicas y privadas que desarrollen actuaciones que contribuyan al tránsito de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital a la participación activa en la sociedad.
  • Ley contra el racismo y otras formas de intolerancia.
  • Ley del régimen de organización de los municipios de menor población y de mejora de las relaciones de colaboración de las administraciones públicas, para digitalizar y modernizar los municipios rurales y contribuir así a frenar la despoblación.

Igualdad de género.

  • Reforma de la Ley de protección integral contra la violencia de género, para avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales y adecuarla al Pacto de Estado y a la Ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual.
  • Ley de acción integral contra la trata de seres humanos y de protección de las víctimas, que abordará especialmente la trata con fines de explotación sexual.
  • Modificación de la Ley de salud sexual e interrupción voluntaria del embarazo, para promover y garantizar la igualdad plena, real y efectiva de las mujeres en el acceso a la salud sexual y reproductiva y a la libre decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
  • Transposición de la Directiva sobre conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y los cuidadores, que establece nuevos derechos sobre el permiso parental y de cuidadores.

Transición ecológica

  • Ley por la que se establecen las normas para la implantación en España del sistema de gestión de la política agrícola común.
  • Ley de pesca sostenible e investigación pesquera, para impulsar la modernización del sector.
  • Modificación de la Ley sobre energía nuclear, en relación con los terrenos contaminados radiológicamente.
  • Transposición de la Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
  • Real Decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos.

Otro bloque de normas se centra en la regeneración democrática, entre las que destacan la ley de prevención de intereses en el sector público y la ley de transparencia.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Director General de Coordinación del Mercado Interior y Otras Políticas Comunitarias

D. ALEJANDRO ABELLÁN GARCÍA DE DIEGO.

Ingresó en la carrera diplomática en 1991 habiendo desempeñado dilatadas responsabilidades en asuntos europeos. Entre otros cargos ha estado destinado como Consejero en la Representación Permanente de España ente la Unión Europea (Bruselas) y como Consejero en la Representación Permanente de España ante el Consejo de Europa (Estrasburgo). Ha sido titular durante 9 años de diferentes direcciones generales en el ámbito de la Secretaría de Estado para la Unión Europea y Vocal Asesor de Asuntos Institucionales para la Unión Europea y Vocal asesor en el Gabinete del Secretario de Estado para la Unión Europea.

Además, ha estado destinado como Secretario de Embajada en el Embajada de España en El Salvador y como Embajador de España en la República Dominicana.

Embajadora de España en la República Argentina

Dª.MARÍA JESÚS ALONSO JIMÉNEZ.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona. Ingresó en la carrera diplomática en 1983. Ha sido Directora Adjunta de la Escuela Diplomática, Subdirectora de Europa Oriental, Consejera en la Dirección General de Seguridad y Desarme, Vocal Asesora en el Departamento de Internacional del Gabinete del Presidente del Gobierno, Embajadora para el Fomento de las Políticas de Igualdad de Género y Vocal Asesora en el Gabinete de la Subsecretaria de Asuntos Exteriores y Cooperación.

Ha estado destinada en las Embajadas de España en Turquía, Países Bajos, Dinamarca y en la Representación Permanente de España ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en Bruselas.

Ha sido Embajadora de España en la República de Camerún (2005-2008) con acreditación en la República Centroafricana y en la República del Chad; en la República de Ghana (2014-2017), con acreditación en la República de Togo.

Hasta el 28 de diciembre de 2021 era Embajadora en el Reino de los Países Bajos y Representante Permanente de España ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.

Embajador de España en la República de Sudáfrica

D.RAIMUNDO ROBREDO RUBIO.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Oviedo y Diplomado en Derecho por la UNED, ingresó en la Carrera Diplomática en 2001, siendo su primer destino el de Jefe de Servicio de Cuestiones Europeas de Desarme. Entre 2002 y 2006 fue Primer Secretario de la Embajada de España en Japón. Entre 2006 y 2009 fue Consejero en la Embajada de España en Sudáfrica, y de 2009 a 2011 desempeñó la Segunda Jefatura de la Embajada de España en Senegal.

En 2011 es nombrado Vocal Asesor en la Dirección General de Política de Desarrollo y en 2012 es nombrado vocal asesor en el Departamento de Asuntos Internacionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, con nivel orgánico de Subdirector General, encargándose de cuestiones asiáticas y africanas. En 2014 es nombrado Segunda Jefatura de la Embajada de España en Chile. En julio de 2017 es nombrado Director General para África en el Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, cargo que desempeña hasta septiembre de 2021.

Habla inglés, francés y japonés.

Embajador de España en el Principado de Mónaco

D.VICTORIO REDONDO BALDRICH.

Nació en Lleida en 1960. Licenciado en Derecho por la Universidad de Lleida-Barcelona, en la que fue Investigador y Profesor colaborador.

Ingresó en la carrera diplomática en 1991 y en la actualidad ocupa el puesto de Embajador en la República Francesa.

De 1991 a 1995, fue miembro del Gabinete del Secretario General de Política Exterior, Jefe de Área de Europa Central y Oriental y participó en las negociaciones sobre el conflicto de la antigua Yugoslavia.

De 1996 a 2000 fue Consejero de Asuntos Políticos en la Embajada de España en Rusia y, de 2000 a 2004, Consejero en la Representación de España ante la UE en Bruselas y Representante en las negociaciones de ampliación de la UE.

De 2004 a 2011 fue Asesor del Presidente del Gobierno para Asuntos Europeos y de la Unión Europea y, de 2012 a 2013, Asesor del Secretario de Estado de la Unión Europea.

De 2013 a 2018 fue Embajador Representante Permanente Adjunto ante la Oficina de Naciones Unidas y Organismos Internacionales en Ginebra.

De 2018 a 2020 fue Director General de Asuntos Exteriores y Seguridad Global en el Gabinete del Presidente del Gobierno.

Desde 2020 a 2021 fue Embajador en la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein.

El 29 de septiembre de 2021 fue nombrado Embajador de España en la República Francesa.

Hacienda y Función Pública

Secretario de Estado de Hacienda

D. HÉCTOR FERNANDO IZQUIERDO TRIANA.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE (Universidad Pontificia de Comillas). Executive MBA por el Instituto de Empresa (IE Business School). Abogado (Licenciado en Derecho, Ciencias Económicas y empresariales: ICADE E-3). Master en Investigación en Economía por ICADE. Ha desarrollado su carrera profesional simultaneando las áreas directiva, docente e investigadora.

En el área directiva ha sido responsable de Auditoría Interna del Grupo Unión Fenosa Gas. Director de Auditoría Interna de Renfe Operadora. Responsable de Auditoría Interna y Ombudsman de Votorantim Cimentos para Europa, Oriente Medio y Asia. Coordinador General de Servicios Centrales en el Ayuntamiento de S/C de Tenerife. Responsable de Control de Gestión del Grupo Hospiten y, hasta la fecha, Presidente de SEGIPSA (Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio).

En el área docente ha trabajado como profesor asociado en el instituto de empresa, (IE Business School), ICADE y Deusto Business School. Ha impartido clase en NDU (Líbano), Kedge y BEM (Francia). St. Xavier College (India) y con programas compartidos del IE en Insper-ie (Brasil), Aramco (Arabia Saudí), Programas de grandes Empresas Familiares (México), Islamic Development Bank (Arabia Saudí), etc.

En el área investigadora ha sido subdirector de la Escuela de Inteligencia Económica de la Universidad Autónoma de Madrid. Director del Observatorio de Inteligencia Económica y Competitiva de Mesías-Inteligencia Marca España. Director del manual de Inteligencia Económica y Competitiva (Tirant lo Blanch 2018). Ha publicado en distintos medios como el International Journal of Intelligence, Security and Public Affairs, Unisci Discussion Paper, Journal of Economic & Business Intelligence entre otros.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Director General de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo

D. FIDEL VÁZQUEZ ALARCÓN

Nacido en Barcelona en 1964, es Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y PMD por ESADE en 2013.

Entre 1990 y 2003 trabajó en el sector privado con despacho propio y en colaboración con otros arquitectos en proyectos de edificación y de espacio público.

En 1995 entró en el sector público como arquitecto y director de equipos en la Dirección de servicios de Espacio Público de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana de Barcelona, hasta 2003. Desarrolló proyectos de espacio público en varios municipios metropolitanos de Barcelona y proyectos a escala territorial poniendo en valor la sostenibilidad medioambiental.

Desde 2003 hasta 2021, ha sido personal de alta dirección en el ayuntamiento de Gavá como Director de servicios de urbanismo, vivienda, obras y medio ambiente. En 2019 también es nombrado Director de la Oficina de Proyectos Estratégicos de la ciudad como responsable de la definición, planificación y dirección técnica de los proyectos designados por la alcaldía municipal. Durante todo el período entre 2003 y 2021 ha sido consejero de la empresa municipal GTI, Gavanenca de Terrenos e Inmuebles, sociedad privada municipal de promoción inmobiliaria que desarrolla planeamiento y gestión urbanística, gestiona el Patrimonio municipal del suelo y vivienda de Gavá, y que ejecuta el Plan local de vivienda.

En 2020 forma parte del grupo de expertos del Plan Director Urbanístico Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona, actualmente en redacción.

Ha sido docente en temas de Economía circular y Territorio en la Especialización en Ciudades y Territorios Creativos: Dirección, Innovación y Redes", de la Universidad de Alcalá, y del "Máster en Economía Creativa: Dirección en Industrias Creativas y Transformación Urbana Sostenible", de la Universidad Rey Juan Carlos.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Secretario General de Infraestructuras

D. FRANCISCO JAVIER FLORES GARCÍA

Xavier Flores García es Ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Cataluña y ha desarrollado su carrera en la administración de la Generalitat de Cataluña desde el año 1994, de la que es funcionario del cuerpo de Ingenieros de Caminos, y desde el 2013 ha sido Director General de Infraestructuras de Movilidad. Durante estos años ha tenido diferentes responsabilidades en el departamento responsable de la movilidad, siempre relacionadas con las infraestructuras de transporte tanto en planificación, proyecto, ejecución y explotación; y tanto por lo que se refiere a infraestructuras de transporte público y ferroviarias, como a infraestructuras viarias.

Destaca su participación en la redacción de diferentes documentos de planificación, como son el Plan de Infraestructuras del Transporte de Catalunya o más recientemente el Plan Específico de movilidad del Vallés; en las principales obras de prolongación de metro de los últimos años, como serían la línea 9 o las prolongaciones de las líneas de Ferrocarrils de la Generalitat, y en innumerables obras viarias, pudiendose resaltar las actuaciones en curso de ampliación de la C 58 y la C 17 o la aplicación de la solución 2+1 en diferentes corredores. Igualmente ha liderado la Mesa de la Bicicleta y dirigido la elaboración de la Estrategia Catalana de la Bicicleta. Estos proyectos siempre se han llevado a cabo desde el máximo rigor técnico acompañado por una voluntad de concertación y diálogo continuo con las diferentes administraciones y actores implicados.

Desde su responsabilidad como director general ha impulsado una transformación de la dirección a todos los niveles; apostando por la innovación, la transformación digital y la introducción de nuevos modelos de gestión organizativa. Esto se ha concretado en implantar una visión de la conservación focalizada en la modernización y mejora continuada; en el impulso a la introducción del Building Information Modeller BIM en los proyectos, la introducción en España de soluciones viarias nunca antes aplicadas, la creación de un laboratorio de innovación así como desarrollar proyectos mediante el mecanismo de la compra pública innovadora; o el impulso de una transformación digital a todos los niveles de la organización.

Derechos Sociales y Agenda 2030

Directora General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia

Dª LUCÍA LOSOVIZ ADANI

Nacida en Caracas (Venezuela) en 1975. Es licenciada en Economía (Universidad de Buenos Aires), Executive MBA (Universidad Europea - IEDE Business School), máster en Desarrollo Económico y Ayuda Internacional (Instituto Complutense de Estudios Internacionales) y ha realizado los cursos de Experto en Políticas Europeas de Género de la Universidad Complutense de Madrid y de Public Policy Analysis en la London School of Economics and Political Science, y el Programa de Experto en Metodologías de Innovación (ISDI).

Presenta una amplia experiencia en el sector de las organizaciones no gubernamentales internacionales, especializada en derechos de la infancia y adolescencia, estrategias de incidencia, políticas públicas de infancia, cooperación y acción humanitaria.

Ha desempeñado, entre otros, los siguientes puestos: Coordinadora país en Argentina y Paraguay y, posteriormente, responsable del Departamento de Cooperación y Acción Humanitaria en Save the Children España. Ha ejercido como consultora en derechos humanos, protección y políticas de infancia en Espirales Consultoría de Infancia. Hasta su nombramiento como Directora General, desempeñaba el puesto de Responsable de Políticas Locales de Infancia y Participación en UNICEF España.

Ha coordinado y redactado varias publicaciones y guías de trabajo sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente en aspectos relacionados con la protección, la participación y las políticas locales, entre otras. Ha participado como experta en numerosas ponencias, seminarios y cursos de formación.

Más Información