Referencia del Consejo de Ministros

3.12.2021

SUMARIO

Trabajo y Economía Social

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Sanidad

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Trabajo y Economía Social

ANTEPROYECTO DE LEY DE EMPLEO
ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE APOYO AL EMPELO ACTIVO 2021-2024
PLAN ANUAL DE POLÍTICA DE EMPLEO (PAPE) 2021

El Consejo de Ministros ha aprobado la Estrategia Española de Apoyo activo al Empleo 2021-2024, el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) 2021 y, en primera vuelta, el Anteproyecto de Ley de Empleo.

Las normas avanzan en la transformación de las políticas de Empleo para adaptarlas a las necesidades de las personas trabajadoras, incidiendo en la atención individualizada y en la evaluación de resultados. Para alcanzar este objetivo, el Servicio Público de Empleo Estatal afrontará una profunda transformación.

Además de atender las necesidades de los y las demandantes de empleo, con especial atención a los colectivos considerados prioritarios, los servicios de empleo público ejercerán un papel clave en el acompañamiento en los procesos de recualificación de las personas trabajadoras durante toda su vida laboral.

Anteproyecto de la Ley de Empleo

El Anteproyecto tiene como objetivo responder a las necesidades del mercado laboral y combatir sus debilidades estructurales como el desempleo o el paro juvenil. Además, apuesta por aumentar la eficacia de las políticas activas de empleo para orientarlas, definitivamente, a acompañar las transformaciones que requiere el cambio de modelo económico.

El Sistema Estatal de Empleo, que estará integrado por representantes del Gobierno, de las comunidades autónomas y de los agentes sociales, compartirá con la Conferencia Estatal de Empleo y Asuntos Laborales la gobernanza del Sistema Estatal de Empleo.

Aumenta la capilaridad de las Políticas Activas de Empleo impulsando junto con las comunidades autónomas, el papel activo de las entidades locales para ganar en inmediatez y proximidad y lograr un nivel óptimo de implantación en todo el territorio.

La norma también consagra el principio de no discriminación para el acceso y el mantenimiento del empleo.

Se plantea la conversión del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en agencia estatal y que todas las instituciones implicadas en las políticas de empleo se doten de unos recursos humanos suficientes y que tengan una formación especializada adecuada a los servicios que prestan.

Los servicios garantizados se plasman en el máximo nivel normativo. La futura agencia estatal, los servicios de las comunidades autónomas y los servicios públicos de empleo deberán ofrecer una cartera básica de servicios en materia de orientación, formación, intermediación y asesoramiento para el empleo.

Las empresas comunicarán las vacantes a los servicios de empleo. Se trata de un ejercicio de transparencia que permitirá mejorar el acceso al empleo y, además, hacer un seguimiento efectivo de las necesidades del mercado de trabajo.

Un profesional tutor, debidamente cualificado, prestará a las personas demandantes de empleo una atención individualizada en todo el itinerario formativo y profesional que se haya diseñado para mejorar su empleabilidad.

La Ley de Empleo recoge una nueva figura: los Acuerdos y Recomendaciones Específicas para el Fomento del Empleo Digno que se formularán por la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales.

Se crea, además, la Oficina del Análisis del Empleo para fomentar la investigación, el estudio y el asesoramiento en materias relativas a las políticas de empleo y la elaboración, publicación y divulgación de documentos en torno al empleo y la ocupación que puedan resultar útiles al Sistema Estatal de Empleo. Se integra en el sistema de manera real el análisis de datos a través de la inteligencia artificial y el tratamiento de Big Data También se encargará de desarrollar actividades de formación dirigidas a empleados públicos.

La regulación del Sistema Público Integrado de Información de los Servicios de Empleo recogerá cuestiones tales como los criterios de orientación, las referencias al tratamiento de datos o la toma de decisiones en base al análisis de datos y de las evidencias estadísticas.

Los y las demandantes de empleo contarán con instrumentos para mejorar su empleabilidad y desarrollar un itinerario personalizado que les haya sido propuesto. Al mismo tiempo, se establece el compromiso de actividad de los sistemas públicos de empleo.

El Sistema Estatal de Empleo contará con una metodología basada en la establecida por la Comisión Europea para evaluar sus procesos y el grado de desempeño de los diferentes servicios públicos de empleo cuya cartera de servicios será objeto de seguimiento y control para evaluar su impacto real en el mercado de trabajo. Se rediseña, por tanto, la gobernanza del sistema con un método abierto de coordinación.

En cuanto a las Políticas Activas de Empleo se incorporan tres tasas, la de empleabilidad, la de intermediación y la de cobertura para monitorizar los parámetros de incorporación de las personas al mercado laboral; el impacto y la promoción del nivel laboral y formativo y también el grado de protección frente al desempleo.

La nueva Ley de Empleo amplía la lista de colectivos de atención prioritaria para las políticas de empleo en la que, además de jóvenes, parados de larga duración o mayores de 45 años, entre otros, añade a personas con capacidad intelectual límite, personas que sufren trastornos del espectro autista, migrantes, beneficiarias y beneficiarios de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, personas que pertenecen a minorías étnicas o personas trabajadoras que provienen de sectores en reestructuración.

Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024

La Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 conforma el marco estatal de referencia de los servicios públicos de empleo para diseñar y gestionar sus políticas.

Por tanto, recoge, en contacto con los agentes sociales, el análisis de situación y las tendencias del mercado de trabajo, actuaciones y objetivos estratégicos y estructurales en materia de políticas de activación para el empleo para el estado, los marcos presupuestario y de financiación y los criterios de gestión de fondos.

La nueva estrategia se centra en personas y empresas, acompañando de manera personalizada a demandantes de empleo y prestando un servicio individualizado a los y las empleadores, como nuevo planteamiento de los nuevos servicios públicos de empleo para que acompañen la transformación de modelo productivo en su transición ecológica y digital.

También contempla mejorar las capacidades de los servicios públicos de empleo para que puedan prestarlos a través de nuevos canales y mejorando su accesibilidad además e impulsar la transformación digital.

Orientación hacia resultados: modelo de evaluación de las PAE, valorar la atención a personas y empresas, crear un espacio técnico colaborativo

En materia de formación, la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo aborda la planificación, la actualización y el acceso a la formación para el empleo e impulsa el intercambio de conocimiento entre las diferentes organizaciones implicadas en este objetivo.

Recoge el compromiso para impulsar las PAE y optimizar los recursos económicos, mejorar la gobernanza y mejorar la coordinación operativa.

Plan Anual de Política de Empleo (PAPE)

El Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) se ha elaborado en colaboración con las comunidades autónomas tras el informe de las Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales y del Consejo General del Sistema nacional de Empleo.

Los servicios y programas de políticas de activación para el empleo incluidas en este plan son las no financiadas al cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Se han consignado cerca de 2.111 millones de euros para este plan Anual de Política de Empleo que se han distribuido entre las comunidades autónomas atendiendo a los criterios aprobados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales celebrada el 28 de abril de 2021.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE SOLIDARIDAD CON LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD VÍCTIMAS DE LAS ESTERILIZACIONES FORZOSAS

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional de solidaridad con las mujeres y niñas con discapacidad víctimas de las esterilizaciones forzosas en el marco por el día internacional de las personas con discapacidad:

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, instituido en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3, el Gobierno de España desea reiterar su pleno compromiso con el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad; lo que implica, necesariamente, la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad y el respeto a su integridad.

En este contexto, la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Ministra de Justicia y la Ministra de Igualdad promueven la adopción de la siguiente declaración institucional por parte del Consejo de Ministros:

En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Gobierno de España expresa su firme propósito de respetar y promover los derechos de las personas con discapacidad conforme a lo estipulado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Con este propósito, que se incluye entre los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Gobierno de España ha impulsado recientemente importantes reformas legislativas destinadas a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, cumpliendo los compromisos adquiridos en tratados internacionales de derechos humanos.

Entre dichas reformas destaca la producida por la Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, que modifica el Código Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Esta Ley Orgánica pone fin al reconocimiento legal de una práctica que impedía a las personas con discapacidad decidir libremente sobre su propia fertilidad. Una práctica que se aplicaba fundamentalmente a mujeres y niñas con discapacidad y que debía haberse dejado fuera de nuestro ordenamiento jurídico hace ya mucho tiempo. Desgraciadamente, la esterilización forzada ha sido una práctica legal en nuestro país sobre mujeres y niñas con discapacidad intelectual, del desarrollo o psicosocial, sin contar en muchos casos con su consentimiento o sin que éstas llegaran siquiera a comprender el propósito de la intervención quirúrgica. Esta situación también ha afectado a sus familiares que, en busca de la seguridad y la protección, se han visto envueltos en un proceso complejo y deshumanizante.

La erradicación de esta práctica a través de la Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, dio respuesta no solo a los compromisos adquiridos por España en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y a las observaciones del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en las revisiones de 2011 y 2019, sino también a lo estipulado en el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica del año 2011 (Convenio de Estambul).

Otra reforma que muestra que España continúa avanzando con firmeza en este marco internacional, desde el liderazgo de las políticas feministas y en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, ha sido la aprobación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta Ley avanza también de manera decisiva en la adaptación de la legislación española a la normativa internacional en esta materia y, en especial, a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que proclama el derecho de las personas con discapacidad al reconocimiento de su personalidad jurídica y al pleno ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas. Es una Ley que está inspirada en el respeto a la dignidad y a la libre voluntad de las personas con discapacidad, así como en los principios de necesidad y proporcionalidad en las medidas de apoyo que, en su caso, puedan necesitar estas personas para el ejercicio de su capacidad jurídica. Con este tipo de medidas legislativas, el Gobierno de España quiere poner en práctica su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad, avanzando hacia modelos de protección que respeten la voluntad y preferencias de todas las personas, independientemente de las necesidades de apoyo que tengan.

Finalmente, el Gobierno ha mostrado su claro compromiso con la defensa de las personas con discapacidad con la aprobación del proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución, dedicado a este colectivo y remitido este año a las Cortes Generales. En este proyecto se modifica la terminología que emplea el artículo para referirse ahora al colectivo de las personas con discapacidad, actualizando el lenguaje de una forma que refleja los propios valores de la Constitución y la dignidad inherente a este colectivo. Se recoge la obligación de los poderes públicos de promover su libertad e igualdad real y efectivas y de realizar las políticas necesarias para garantizar su plena autonomía personal e inclusión social, que respetarán su libertad de elección y preferencias y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad. Además, el proyecto hace una mención especial a las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad, por tratarse de un grupo especialmente vulnerable. A este respecto, y en aras de poder materializar este proyecto de reforma del artículo 49, se insta a las Cortés Generales a que, durante su tramitación en vía parlamentaria, se lleve a cabo con la mayor celeridad a los efectos de que la aprobación de dicho proyecto de reforma constitucional se haga real y efectivo en el menor tiempo posible.

En este sentido, el Consejo de Ministros expresa su solidaridad con las personas con discapacidad y, en especial, con la mujeres y niñas víctimas de las esterilizaciones forzosas, y manifiesta su voluntad de:

• Cumplir y desarrollar plenamente los mandatos emanados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

• Reforzar las políticas de igualdad y no discriminación de todas las personas con discapacidad, promoviendo la plena accesibilidad para garantizar el ejercicio activo de los derechos humanos y su libre contribución a la sociedad.

• Reconocer y apoyar a todas las mujeres y niñas con discapacidad; en particular a las que han sufrido esterilizaciones forzosas y a las que han sido víctimas de violencias de género.

• Poner en valor y fomentar la labor del asociacionismo dedicado al apoyo de las personas con discapacidad, en especial de las mujeres y niñas.


Sanidad

SUBVENCIÓN A LA FEMP PARA GENERACIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para reforzar la promoción de estilos de vida saludables a través de la creación o rehabilitación de entornos saludables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La Inversión 2 del Componente 18, dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, se destina a financiar "acciones para reforzar la prevención y promoción de la salud" y recoge, como un proyecto específico, la "promoción de hábitos de vida saludable mediante la creación o rehabilitación de espacios saludables", dotado con 18.400.000 euros a ejecutar en los ejercicios presupuestarios 2021, 2022 y 2023.

En el seno de la FEPM, se integra la Red Española de Ciudades Saludables (RECS), que responde al proyecto de ciudades saludables de la OMS, la Red Europea de Ciudades Saludables de la OMS-EURO. La RECS trabaja en continua coordinación con el Ministerio de Sanidad a fin de impulsar el desarrollo de este proyecto de Ciudades Saludables de la OMS.

Por lo tanto, con este Real Decreto se contribuye a dar continuidad al trabajo que se impulsa desde hace años de forma conjunta entre el Ministerio de Sanidad y la FEMP para la promoción de la salud, potenciando la implementación de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS.

El importe total de la subvención asciende a 18.400.000 euros, distribuidos a lo largo de tres ejercicios: 2021, con 6.000.000 euros; 2022, con 6.000.000 euros; y 2023, con 6.400.000 euros.

Entre las actuaciones a financiar se encuentran la promoción de infraestructuras para la realización de actividad física al aire libre, y de fomento del uso de la bicicleta; el diseño e implementación de rutas o circuitos saludables que contribuyan a la mejora de la salud física y mental, tales como la restauración de tramos urbanos de ríos, la mejora de la conectividad natural entre el medio urbano y periurbano o intervenciones orientadas a atenuar el efecto isla de calor urbana.

Asimismo, podrán financiarse con cargo a estos fondos, la creación de espacios saludables que potencien la actividad física y la salud y desincentiven el uso del vehículo motorizado privado; la promoción de hábitos y rutinas saludables entre la infancia y la adolescencia, a través de actuaciones como el diseño de itinerarios seguros a pie y en bicicleta, la creación de espacios peatonales y de juego permitido o el establecimiento de calles residenciales en los alrededores de centros escolares.

El plazo de ejecución de las actuaciones objeto de esta subvención no deberá exceder la fecha límite del 31 de julio de 2023. El plazo de justificación de la subvención no podrá exceder la fecha límite del 31 de octubre de 2023, con la finalidad de cumplir con el PRTR.

La distribución de los fondos previstos se realizará a través de un convenio-programa suscrito anualmente entre la FEMP y el Ministerio de Sanidad.

El Ministerio de Sanidad desembolsará los fondos en el momento en que la FEMP presente un informe de planificación de actuaciones para la utilización de la subvención y sea validado por la Dirección General de Salud Pública, de acuerdo con lo previsto en el convenio-programa.

La subvención será compatible con cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de otra Administración Pública, de otros entes públicos o privados, de la UE o de organismos internacionales, siempre y cuando, aislada o conjuntamente, no se supere el coste de la actividad subvencionada.

La FEMP se compromete a destacar, en cuantas actividades realice para la difusión de las acciones subvencionadas por este real decreto, la financiación efectuada por la AGE, así como hacerlo constar en cuantos materiales se reproduzcan y utilicen para la difusión o publicidad de los proyectos financiados. Adicionalmente, se hará mención del origen de la financiación con cargo al PRTR.

Sanidad

INFORME SOBRE LA ESTRATEGIA DE SALUD MENTAL

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento y ha aprobado la Estrategia de Salud Mental del SNS 2022-2026.

La nueva Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud para el periodo 2022-2026 ha sido presentada y aprobada este miércoles dentro del Consejo Interterritorial de Salud y ha contado con el acuerdo del Consejo de Ministros celebrado este viernes.

Esta Estrategia incorpora un marcado enfoque de derechos de la ciudadanía, integración social y lucha contra el estigma y la recuperación de la persona.

Un 4,7% de la población mayor de 15 años refiere haber acudido a un profesional (psicología, psicoterapeuta o psiquiatra) en el último año (5,49% mujeres, 4% hombres). Por ello, la Estrategia está dirigida a toda la población y, especialmente, a las personas con problemas de salud mental que reciben atención sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, profesionales, organizaciones, proveedores de asistencia sanitaria, familiares, y entidades y agentes involucrados en la mejora de la salud mental.

La Estrategia persigue el objetivo de servir como herramienta para mejorar la salud mental de la población, atender de forma integral a las personas con problemas de salud mental desde una perspectiva de derechos humanos, apoyando a sus familias y promoviendo un modelo de atención integral y comunitarios que favorezca la recuperación e inclusión social y se consolidan diez líneas estratégicas basadas en: La autonomía y derechos, con una atención centrada en la persona, la promoción de la salud mental de la población y prevención de los problemas de salud mental, la prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida, la atención a las personas con problemas de salud mental basada en el modelo de recuperación en el ámbito comunitario. La Salud mental en la infancia y en la adolescencia, la atención e intervención familiar, coordinación, participación de la ciudadanía, la formación y la investigación, innovación y conocimiento.

Salud mental y género

La Estrategia incluye la perspectiva de género estipulada en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para integrar el principio de igualdad, ya que la mujer desarrolla más problemas psiquiátricos que el hombre a partir de la adolescencia y presentan índices más elevados de depresión, ansiedad, estrés y trastornos en la alimentación que los hombres.

La sobrecarga laboral y de cuidados, la brecha salarial y el exceso de trabajo o la discriminación socioeconómica y la violencia de género suponen un mayor riesgo para una mala salud mental entre las mujeres. La OMS identificó la violencia contra la mujer como la principal causa de problemas de salud tanto física como mental. Además, las mujeres con un trastorno mental grave viven una situación de especial vulnerabilidad, con más probabilidad de padecer violencia de género que mujeres sin un diagnóstico de este tipo y una mayor dificultad a la hora de acceder a los servicios sanitarios.

La Estrategia contempla la formación de profesionales de la salud en contenidos relativos a la perspectiva de género para la prevención y detección precoz, también en los casos de trastornos mentales grave, la recogida de datos actualizados para ajustar los recursos y servicios a las necesidades de hombres y mujeres o la recogida y difusión de buenas prácticas en las línea estratégica y objetivos.

Suicidio

El suicidio fue la primera causa de muerte externa en España y es uno de los problemas más importantes de salud pública. El suicidio en 2020 se mantuvo como la primera causa externa de mortalidad, con 3.941 fallecimientos, de los cuales 2.930 fueron hombres y 1.011 mujeres. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2020 la tasa de suicidios por edad y sexo fue de 8,3/100.000 hab./ año.

La Estrategia contempla la mejora del acceso a los servicios de salud mental de las personas con conducta suicida promoviendo la formación de los profesionales en cuanto a la detección del riesgo y un adecuado diagnóstico y abordaje de la conducta suicida con medidas como el desarrollo de una red de atención telefónica, combatir los mitos para eliminar las creencias equivocadas en torno al suicidio, contar con testimonios en primera persona, sensibilizar a los medios de comunicación para el tratamiento de las noticias relacionadas con el suicidio, promoción de una red de colaboración entre el ministerio de sanidad y otras instituciones o la implantación de protocolos de prevención en colegios, lugares de trabajo, etc.

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