Referencia del Consejo de Ministros

Madrid, martes 16 de noviembre de 2021

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

  • Compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (C15, R1). Se remite a las Cortes Generales el PROYECTO DE LEY de Ley General de Telecomunicaciones.
  • Compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (C15, I2). REAL DECRETO por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversas acciones de refuerzo de conectividad en centros públicos de referencia, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
  • Compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (C15, I2). REAL DECRETO por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas acciones de refuerzo de la conectividad en polígonos industriales y centros logísticos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
  • Compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (C15, I3). REAL DECRETO por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución del programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
  • Compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (C15, I4). REAL DECRETO por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de diversas actuaciones de mejora de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Ministerio de Trabajo y Economía Social

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras para la reparación del deslizamiento en la margen derecha del embalse del Puente de Santolea (Teruel), por un importe máximo de 615.000 euros.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Justicia

Defensa

  • REAL DECRETO por el que se promueve al empleo superior, con carácter honorífico y a título póstumo, a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil fallecidos en acto de servicio.

Hacienda y Función Pública

  • Acuerdo por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., por importe de 11.478.914,36 euros, para financiar el incremento en el gasto de cuotas de beneficiarios y prestaciones económicas por cese de actividad de trabajadores autónomos, derivado de las medidas adoptadas para hacer frente al COVID-19.
  • Fondos Europeos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. (C11, I4). ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, conforme al artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a fin de posibilitar al Ministerio del Interior llevar a cabo proyectos vinculados al Plan de transición energética de la Administración General del Estado, en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Componente 11, Inversión 4).
  • Fondos Europeos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. (C11, I4). ACUERDO por el que se fijan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Trabajo y Economía Social en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la finalidad de posibilitar la tramitación anticipada de un encargo para la ejecución de las inversiones asociadas al Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado, que se van a llevar a cabo en cuarenta y dos edificios del Patrimonio Sindical Acumulado (Componente 11, Inversión 4).
  • Fondos Europeos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. (C24, I2). ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la ejecución por la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, O.A., de las obras de rehabilitación del antiguo Edificio Tabacalera (Componente 24, Inversión 2).
  • ACUERDO por el que se modifica el número de anualidades establecido en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la construcción de una nueva sede para su Departamento de Informática Tributaria, en la C/Alcalá, n.º 480, en Madrid.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar a la Secretaría General de Fondos Europeos llevar a cabo un encargo para la prestación del servicio de atención a los usuarios de la plataforma común de Fondos Europeos, así como un contrato de servicios de asistencia técnica para supervisar y verificar la calidad de los sistemas de gestión y control adoptados por los organismos intermedios en el ejercicio de las funciones atribuidas sobre las operaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Instituto Nacional de Estadística la tramitación anticipada y prórroga de determinados contratos de servicios polifuncionales, así como de servicios especializados en la gestión de incidentes de seguridad y servicios informáticos.
  • ACUERDO por el que se autorizan límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Ciencia e Innovación la tramitación de un convenio para la creación, equipamiento y puesta en marcha del Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Energético (CNIAE).
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Sanidad, a fin de posibilitar a la Dirección General de Salud Pública la tramitación de un contrato de asistencia técnica para la gestión de la evaluación de servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana suscribir un convenio con la Diputación Foral de Álava por las obras de ampliación de la AP-1 con la A-1 en el enlace de Armiñón.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con la finalidad de posibilitar al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática la contratación anticipada del servicio de mantenimiento y asistencia técnica audiovisual.
  • ACUERDO por el que se modifican límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Cultura y Deporte, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para tramitar anticipadamente el expediente de encargo a la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), medio propio de la Administración, del servicio de gestión, mantenimiento y conservación de instalaciones y servicios necesarios para la difusión y promoción cultural del Real Monasterio de Santa María de El Paular.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para el contrato de vigilancia y seguridad de las sedes de la Biblioteca Nacional de España, O.A., y para diversos contratos de servicios.
  • ACUERDO por el que se toma conocimiento del Informe General sobre la planificación estratégica de subvenciones en el sector público estatal, 2020, elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

  • Compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (C1, I1). REAL DECRETO por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras y de los servicios motivados por la rotura de colector de red de suministro de agua del Ayuntamiento de Logroño en el punto kilométrico 77+065. Línea 700 Casetas - Intermodal Abando Indalecio Prieto, por un importe de 954.975 euros.

Educación y Formación Profesional

  • REAL DECRETO por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.
  • Fondos Europeos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Componente 21. ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas destinados al Programa de Cooperación Territorial de impulso de escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para niñas y niños de 1 y 2 años, en el ejercicio presupuestario 2021, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial de Educación, en el marco del componente 21 "Modernización y Digitalización del Sistema Educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años" del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) por importe de 200.790.000 euros.
  • Fondos Europeos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Componente 20. ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas destinados al desarrollo de acciones de Reskilling y Upskilling de la población activa en el ejercicio presupuestario 2021, para su sometimiento a la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo, en el marco del Componente 20 "Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional", del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), para la formación de cualificación y recualificación de la población activa, vinculada a cualificaciones profesionales en sectores estratégicos, cuidado de las personas y zonas en riesgo de despoblación, por un importe de 87,7 millones de euros.

Agricultura, Pesca y Alimentación

  • ACUERDO por el que se toma razón de la actuación de emergencia para la adquisición de vacunas necesarias en la lucha frente al serotipo 4 del virus de la lengua azul, por un importe máximo de 309.895,74 euros, IVA incluido.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Andalucía el 19 de julio de 2021.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias el 19 de julio de 2021.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Cantabria el 19 de julio de 2021.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha el 19 de julio de 2021.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad de Castilla y León el 19 de julio de 2021.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Cataluña el 19 de julio de 2021.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Extremadura el 19 de julio de 2021.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad de Madrid el 19 de julio de 2021.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de La Rioja el 19 de julio de 2021.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el 19 de julio de 2021.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Andalucía el 28 de julio de 2021.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Cataluña el 28 de julio de 2021.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de La Rioja el 28 de julio de 2021.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el 28 de julio de 2021.
  • ACUERDO por el que se aprueba la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a la Comunidad Autónoma de Extremadura el 2 de agosto de 2021.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

  • REAL DECRETO por el que se modifica el Real Decreto 554/2019, de 27 de septiembre, por el que se establecen las bases de las actuaciones de prevención, control y erradicación de la rinotraqueítis infecciosa bovina y se establece un programa nacional voluntario de lucha contra dicha enfermedad, y por el que se derogan varias normas de sanidad animal.
  • REAL DECRETO por el que se establecen medidas de aplicación del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), hecho en Washington el 3 de marzo de 1973, y del Reglamento (CE) n.º 338/97, del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.
  • INFORME sobre el Anteproyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a las personas consumidoras y usuarias que actúan en calidad de clientela, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Sanidad

  • ACUERDO por el que se autoriza el abono de la contribución económica, correspondiente a la anualidad de 2021, al Instituto Federal de Alemania de Medicamentos y Productos Sanitarios (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinischen Produkten (BfArM) con referencia al mantenimiento y mejora de la aplicación informática CTS (Communication and Tracking System), por importe de 18.216,11 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial para el ejercicio presupuestario 2021 de créditos gestionados por las comunidades autónomas para el Programa de desarrollo de políticas de cohesión sanitaria, de formación para facultativos/as médicos/as, odontólogos/as, farmacéuticos/as y enfermeros/as y de educación sanitaria de la población para favorecer el uso racional de medicamentos y el Plan Nacional de médula ósea, por importe de 28.198.679,52 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial para el ejercicio presupuestario 2021 de créditos gestionados por las comunidades autónomas para el Programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la prestación farmacéutica, procedentes del Convenio suscrito el 29 de diciembre de 2016, entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con Farmaindustria, por importe de 39.815.620 euros.

Ciencia e Innovación

  • Compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (C17, I1). REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para financiar la realización de cuatro programas para la implementación de los Planes Complementarios de I+D+I con las comunidades autónomas, que forman parte del componente 17 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Universidades

  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la entidad "Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa" para la realización de actuaciones de interés público para la incentivación de estudios de grado y postgrado en España.

ACUERDOS DE PERSONAL

Presidencia del Gobierno

  • REAL DECRETO por el que se nombra director del Departamento de Información Autonómica de la Secretaría de Estado de Comunicación a D. ALFREDO RODRÍGUEZ FLORES.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Defensa

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

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ASUNTOS GENERALES

Asuntos Económicos y Transformación Digital

PROYECTO DE LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, que transpone la Directiva 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas.

El texto va más allá del ámbito de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas para regular, entre otros, aspectos relativos a los equipos de telecomunicaciones, a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en edificios y a todos los usos del dominio público radioeléctrico.

Principales novedades

España cuenta con una de las redes de telecomunicaciones más extensas y resilientes de Europa. Algunas de las medidas del ordenamiento jurídico español, -que han incentivado la inversión y ese despliegue-, han servido de inspiración para la redacción del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. Así se han introducido medidas como, por ejemplo, la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones en el interior de los edificios (ICT); la coordinación de las obras civiles para posibilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad; o la reducción de trámites administrativos para la instalación de estaciones base de telefonía móvil.

Ahora el proyecto de ley incorpora nuevas medidas para incentivar e impulsar aún más las inversiones en el sector de las telecomunicaciones, lo que contribuirá a alcanzar el objetivo de conectividad adecuada de alta velocidad al 100% de la población en 2025.

El texto introduce mejoras para facilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad, así como una regulación más flexible para alcanzar acuerdos de co-inversión entre operadores y un impulso a la compartición de infraestructuras pasivas. También incorpora el establecimiento de compromisos voluntarios de acceso, la posibilidad de desplegar estaciones base de baja potencia (small cells) -tan necesarias para el 5G-, con muchas menos cargas administrativas y fomentar el mercado secundario del espectro radioeléctrico.

Adicionalmente, se han incorporado en el proyecto de ley las medidas de la denominada Caja de Herramientas de Conectividad de la Unión Europea recientemente adoptada. Esto impulsará la coordinación entre administraciones, estableciendo un punto único para la información y tramitación de permisos para el despliegue de redes, lo que agilizará su implantación.

Además, el Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tienen como objetivo promover que España se convierta en el hub de interconexión digital del sur de Europa.

Para un seguimiento efectivo de este mercado, el proyecto de ley establece, por primera vez, un régimen de comunicación para la instalación o explotación de cables submarinos cuyo enganche, acceso o interconexión a redes de comunicaciones electrónicas se produzca en territorio español.

Del mismo modo, se establece un régimen de comunicación para los Puntos de Intercambio de Internet (IXP) y se podrá recabar información de los Centros de Proceso de Datos (CPD).

Proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas

En línea con la Directiva comunitaria, el proyecto de ley establece una clasificación de los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas más adecuada a la realidad del mercado. Así, se regula a los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración. Estos servicios asumen obligaciones como la comunicación previa al Registro de operadores, a efectos estadísticos y censales. También deberán garantizar la integridad y seguridad de sus servicios y tendrán que incrementar la transparencia hacia los usuarios sobre las condiciones en las que prestan sus servicios.

Refuerzo de los derechos de los usuarios

El proyecto de ley refuerza los derechos de los usuarios españoles, que se armonizan con el conjunto de la Unión Europea. Entre otras medidas, se mejora la transparencia de los contratos, que deberán incluir las condiciones detalladas en un resumen con carácter previo a la contratación. Su duración máxima se limita a 24 meses para permitir que, tras ese período, el usuario pueda prorrogar el contrato o cambiar de operador sin penalización. Por primera vez se regulan los contratos de paquetes de servicios, de especial importancia, ya que representan la inmensa mayoría de las suscripciones de los hogares en España.

Con esta nueva regulación, el usuario verá que su contrato de telecomunicaciones, aunque incluya otros servicios como, por ejemplo, televisión, se trata de manera uniforme sin que se le apliquen distintas normativas sectoriales.

En el ámbito de la portabilidad, se introducen nuevos derechos de los usuarios, como la capacidad de desbloquear la tarjeta móvil para facilitar el cambio de operador; conservar el saldo prepago; mantener el número un mes después de la resolución del contrato; y el derecho al reenvío gratuito de correos electrónicos o al acceso a los mismos una vez rescindido el contrato.

También se refuerzan los derechos de los usuarios con diversidad sensorial, algo especialmente importante para eliminar brechas digitales. El proyecto de ley introduce la obligación de accesibilidad en la información relativa a los contratos y acceso.

El servicio universal se actualiza manteniendo el objetivo de proporcionar un acceso asequible a las comunicaciones electrónicas. El Proyecto de Ley obliga a garantizar que dicho acceso permita la prestación de determinados servicios básicos tales como correo electrónico; herramientas básicas de formación y educación en línea; noticias, redes sociales o banca por internet, entre otros.

También se eliminan elementos obsoletos como las cabinas telefónicas o las guías, y se refuerza la libertad de elección del usuario, que podrá contratar el abono social al operador que desee.

Comunicaciones de emergencia

Por último, se establecen mejoras en las comunicaciones de emergencia. Se mantiene el acceso gratuito al 112 y se realizan modificaciones técnicas que permitirán disponer de una ubicación más precisa de las personas en situación de emergencia que efectúan llamadas al 112.

El proyecto de ley establece que el acceso a los servicios de emergencia para los usuarios con discapacidad debe ser equivalente al que disfrutan el resto de usuarios. También incluye la posibilidad de implementar un sistema de alertas públicas o 112 inverso. Así, los operadores deberán transmitir las alertas públicas en casos de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso.

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

La Ley General de Telecomunicaciones es una de las reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para impulsar la modernización y digitalización de España y su tejido empresarial En concreto, forma parte del componente "Conectividad, 5G y Ciberseguridad", que prevé la inversión de 4.000 millones de euros de fondos públicos para extender la conectividad al 100% de la población, impulsar el desarrollo del 5G e impulsar el ecosistema de ciberseguridad. Se trata del quinto componente con mayor peso presupuestario del Plan.

Trabajo y Economía Social

AYUDAS DEL SEPE PARA LA ISLA DE LA PALMA

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a la concesión de una subvención de 63 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo de un Plan Extraordinario de Empleo y Formación para hacer frente a la erupción volcánica de la isla de La Palma.

Esta aportación se hará con cargo al presupuesto del Organismo. Los objetivos del Plan Extraordinario de Empleo y Formación para hacer frente a las consecuencias de la erupción volcánica en la isla de La Palma se van a concretar a través del Servicio Canario de Empleo con actuaciones que permitan reforzar la orientación profesional en las zonas afectadas tanto a las empresas como a las personas trabajadoras mediante acciones y medidas de información, acompañamiento, orientación y asesoramiento, incluyendo el apoyo psicológico, que sea necesario, a través de una unidad de Atención Sociolaboral.

También apoyar y asesorar en la reorientación de las actividades empresariales más afectadas, desarrollar acciones para mantener los puestos de trabajo de sectores o colectivos específicos más afectados por la situación de emergencia, desarrollar planes que permitan adquirir formación y experiencia profesional dirigidas a la recuperación de los entornos afectados, actuaciones que permitan la recualificación de las personas afectadas para que puedan dirigir su carrera laboral hacia nuevas actividades económicas.

El Plan también prevé fomentar actividades de formación para personas acogidas a un ERTE o que estén dentro de un ERE como consecuencia de la erupción volcánica.

Las empresas podrán percibir ayudas para la reconstrucción o la restauración de sus actividades económicas para reorientar o mejorar su vía de negocio o para avanzar en la modernización, digitalización, redireccionamiento de sus actividades a la economía circular, transición ecológica u otras oportunidades.

El plan también hará posible materializar inversiones en infraestructuras y equipamientos de las zonas afectadas por la catástrofe.

Trabajo y Economía Social

PLAN ESTRATÉGICO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 2021-2023

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social 2021-2023 que apuesta por modernizar la entidad, dotándola de herramientas y recursos que garanticen su adaptación a los nuevos desafíos en el ámbito laboral.

Se trata de un plan para modernizar la Inspección de Trabajo, un organismo clave para la defensa de los derechos laborales. Se pretende conseguir una inspección de trabajo reforzada e innovadora, adaptada a nuestro tiempo y que defienda los derechos conquistados.

En su ambición por avanzar hacia un nuevo modelo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), el plan contempla fortalecer la institución con importantes transformaciones estructurales que permitirán readaptar su actividad, sobre todo teniendo en cuenta los sustanciales cambios económicos y sociales, que se han visto acelerados con la pandemia.

El plan contempla mejoras estructurales y operativas, que reforzarán y ampliarán el peso de la actuación inspectora en el proceso de recuperación.

Mejoras estructurales y operativas

A fin de preservar el papel de la ITSS como instrumento de garantía de los derechos laborales y sociales, contribuir a la mejora de la calidad del empleo y la lucha contra la precariedad y el fraude en materia laboral, la entidad se renueva actualizando estrategias y planes de intervención para hacer frente a las formas de fraude laboral más novedosas.

Se va a crear la Oficina Estatal de Lucha Contra la Discriminación, que aboga por combatir de forma real y eficaz todo tipo de discriminación, ya sea de género, por discapacidad o condición sexual, entre otros.

Asimismo, el Plan también configura una Unidad especial centrada en la Lucha Contra el Fraude en el Trabajo Transnacional, entre cuyos cometidos se encuentra detectar empresas buzón radicadas en España y que operan en otros países de la Unión Europea y viceversa.

La modernización de la ITSS pasa además por impulsar las nuevas tecnologías y el big data en el diseño de las actuaciones inspectoras y por incorporar los perfiles necesarios para hacer frente a esos los nuevos retos que surgen con una mayor movilidad laboral, el trabajo en plataformas digitales, el comercio electrónico, las cadenas globales de suministro o las nuevas condiciones de trabajo.

Reforzar la capacidad de la actuación inspectora

El plan prevé reforzar la intervención de la ITSS en los despidos colectivos, en las suspensiones de contratos y en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, así como ampliar sus competencias para intervenir cuando haya inaplicaciones de convenios colectivos.

Además, se revisará toda la normativa de la ITSS para adaptar su contenido a la realidad de los entornos digitales y se cubrirán necesidades o vacíos de regulación, en particular con las nuevas formas de trabajo y el uso de las tecnologías.

La Inspección de Trabajo se acercará a la ciudadanía promoviendo la entrega de documentación en formato electrónico y unificando los cauces de denuncia con la creación de un sistema de remisión electrónica, sin perjuicio del mantenimiento del Buzón de la ITSS.

Aumento en la dotación presupuestaria

Con el fin de conseguir los objetivos fijados en el Plan Estratégico, el presupuesto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha incrementado un 20% entre 2020 y 2021.

La relevancia de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que mejora las condiciones de trabajo y de vida de las personas trabajadoras, se pone de manifiesto en los resultados obtenidos a lo largo del presente año: 50.191 empleos irregulares que han sido dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y 280.565 contratos temporales irregulares transformados en indefinidos.

Cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030

El plan supone además una importante contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, sobre todo en lo relativo al ODS 8, centrado en el trabajo decente, pero también incide los objetivos 1 (fin de la pobreza), 3 (salud y bienestar) y 5 (igualdad de género).

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

CONVENIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES (CITES)

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de Real Decreto por el que se designan las nuevas autoridades nacionales del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). De este modo, el MITECO pasa a ser la autoridad administrativa y órgano de gestión principal, y tendrá la responsabilidad de la aplicación del reglamento CITES y de la comunicación con la Comisión Europea. Por otro lado, la autoridad científica, que hasta la fecha era ejercida por el MITECO, pasa a ser el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación.

El Convenio CITES es un acuerdo internacional -suscrito en Washington en 1973, y al que España se adhirió en 1986- que vela por que el comercio de animales y plantas silvestres no constituya una amenaza para la supervivencia y conservación de las especies.

En el ámbito de la UE, CITES se aplica a través del reglamento 338/97 del Consejo, que establece que cada estado miembro designará un órgano de gestión principal de la aplicación del citado reglamento y de la comunicación con la Comisión Europea. También estipula que cada país señale una o más autoridades científicas con funciones distintas de las de todos los órganos de gestión designados. La actualización aprobada hoy por el Consejo de Ministros dota de mayor coherencia al actual reparto de competencias en esta materia dentro la Administración General del Estado, al tiempo que se homologa al esquema existente en los demás países de la Unión Europea.

Nuevas funciones

Entre las nuevas funciones que el MITECO pasará a desarrollar como autoridad administrativa destacan la emisión de permisos de exportación e importación, y certificados para especímenes de especies incluidas en los Apéndices y anexos del Reglamento comunitario; determinar que los especímenes vivos serán acondicionados y transportados de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato de conformidad, con la Convención e inspeccionar los establecimientos de cría en cautividad y los viveros para confirmar la identidad y el origen legal y, en colaboración con la Autoridad Científica, supervisar la gestión de cada establecimiento de cría en cautividad.

Centros de rescate

En los casos en los que las autoridades competentes determinen que se ha producido una infracción del reglamento o se hayan encontrado especímenes víctimas del tráfico ilegal, el MITECO deberá determinar, previa consulta a la autoridad científica, qué centros de rescate CITES son adecuados para el depósito y designarán el centro donde se situará el espécimen decomisado. Del mismo modo, el MITECO autorizará qué centros de rescate pueden cumplir esta función y se encargará de gestionar la creación de nuevos centros si fuera necesario.

Los especímenes intervenidos y depositados en los centros habilitados podrán ser devueltos a su país de origen previa consulta a la Autoridad Científica CITES. En el caso de que la reintroducción de los ejemplares fuera imposible se prevé que se mantengan en cautividad para dotar a los programas de conservación ex situ o educación ambiental, entre otros.

Por ello, el MITECO designará y creará una red nacional de centros de rescate de especímenes CITES incautados con centros y entidades para el adecuado cuidado y mantenimiento de los ejemplares.

Reparto de competencias

Desde 1986 la autoridad administrativa y órgano de gestión del Convenio CITES en España era ejercida por la Dirección General de Política Comercial del actual Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, mientras que la autoridad científica había correspondido a los sucesivos ministerios de Medio Ambiente y, en la actualidad, al MITECO. Este reparto competencial en España era radicalmente diferente al resto de los países europeos y de la inmensa mayoría de los países adherido al Convenio, en los que estas competencias recaían en el departamento ministerial competente en Medio Ambiente.

Hasta el 2 de enero de 2022, las solicitudes de permisos y notificaciones, así como la instrucción y resolución del resto de procedimientos regulados por el Convenio CITES continuarán correspondiendo a la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

La nueva situación permitirá reforzar la cooperación con el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en materia de lucha contra el tráfico ilegal de vida silvestre en el contexto del Plan TIFIES. En este contexto, entre 2018 y 2020, se llevaron a cabo más de 18 operaciones contra el tráfico de especies enmarcadas dentro de la aplicación del Convenio CITES. Los operativos incautaron más de 5.000 ejemplares de especies en peligro de extinción, 1.922 kg de angulas vivas, 750 huevos de tortugas y más de 500 piezas de marfil, entre otros.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

OBRAS DE EMERGENCIA PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL VASO EN EL EMBALSE DEL PUENTE DE SANTOLEA (TERUEL)

El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia para las obras de reparación del deslizamiento en la margen derecha del embalse del Puente de Santolea (Teruel), por un importe máximo de 615.000 euros. Las actuaciones comenzarán de inmediato y tendrán un plazo de ejecución estimado de dos meses.

Estas obras están destinadas a mejorar la seguridad del vaso en el embalse y corregir el deslizamiento de unos 400 metros que el pasado mes de agosto detectó la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) en el estribo derecho de esta presa, en ejecución por la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España (ACUAES).

La actuación prioritaria consistirá en retirar los bloques rocosos de la cresta del deslizamiento más próximo a la presa. Así se garantizará que las rocas que se encuentren encima del deslizamiento, y que están al borde del colapso, puedan desprenderse de forma controlada.

Además, se analizará la posibilidad de actuar sobre todo el volumen de roca afectado por la fractura, en una longitud aproximada de 150 metros.

La actual situación del embalse puede representar un peligro para las personas. Por ello la CHE adoptó en agosto una serie de medidas preventivas que incluye la prohibición de acceso al embalse, la navegación y el baño.

Dado que el embalse se ubica en una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) perteneciente a la Red Natura 2000, durante su reparación se tomarán las medidas correctoras medioambientales correspondientes.

La presa del Puente de Santolea, una de las tres que forma parte del sistema de presas de Santolea, cumple el doble objetivo de satisfacer las demandas de agua durante la construcción de la presa del Cañón -actualmente en ejecución- y garantiza la existencia de una lámina de agua que permita alcanzar unos altos niveles de calidad ambiental.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

CONVENIO COMISIÓN GENERAL DE PESCA DEL MEDITERRÁNEO

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales de las Enmiendas al Convenio para el establecimiento de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, hechas en Roma el 20 de mayo de 2014, y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dichas Enmiendas.

Antecedentes

La Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), creada originariamente por la FAO el 24 de septiembre de 1949, bajo la denominación de Consejo General de Pesca, es una organización regional de ordenación pesquera para el Mediterráneo y el Mar Negro. Su principal objetivo es garantizar la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos vivos, así como el desarrollo sostenible de la acuicultura en el Mediterráneo y en el Mar Negro.

El Convenio y el Reglamento del Consejo General de Pesca del Mediterráneo, enmendados el 22 de mayo de 1963 y el 1 de julio de 1976, entraron en vigor para España el 9 de noviembre de 1976. Mediante enmiendas adoptadas en 1997 la organización pasó a denominarse Comisión General de Pesca del Mediterráneo.

Las enmiendas de 2014 suponen básicamente una revisión de la estructura y el contenido del Convenio para ajustarlo a los instrumentos modernos de otras Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera, reforzando su función en la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros. El Convenio se ajusta con las orientaciones de la Política Pesquera Común (PPC) de la UE.

Los principales cambios introducidos son los siguientes:

  • Una explicación más clara del propósito y de los principios generales del Convenio de la CGPM. El Convenio modificado establece un objetivo global claro referente a la sostenibilidad biológica, social, económica y ambiental de los recursos marinos vivos.
  • Introduce definiciones de los términos necesarios para la interpretación correcta del Convenio.
  • Mejora la definición de las funciones de la CGPM, entre las que se incluyen la promoción de la gestión pesquera común a través de planes de gestión plurianuales, el establecimiento de zonas restringidas de pesca y la recopilación y difusión de datos.
  • Disposiciones para el establecimiento de medidas/sanciones con las que abordar los casos de incumplimiento de los miembros/no miembros.
  • Establecimiento de un mecanismo bien definido de resolución de litigios en caso de que estos se planteen.

Por su parte, el Consejo de Estado, en su Dictamen número 498/2021, de 15 de julio de 2021, dispuso que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse mediante las Enmiendas al presente Convenio requiere la previa autorización de las Cortes Generales conforme con lo previsto en el Artículo 94.1 e) de la Constitución, por incidir en materias reguladas por ley en el ordenamiento interno, como es el caso de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

Estas Enmiendas no implican nuevas obligaciones de carácter financiero para nuestro país, ya que no se ha modificado el esquema para el cálculo de contribuciones por el que se establecen las cuotas obligatorias de las Partes contratantes, establecido en la anterior enmienda del Acuerdo de 1997.

Contenido

El texto del Convenio está formado ahora por un Preámbulo y 28 Artículos, con el siguiente contenido:

  • El Artículo 1 define los términos utilizados.
  • El Artículo 2 precisa el objetivo del Convenio.
  • El Artículo 3 delimita la zona de aplicación.
  • El Artículo 4 define la composición.
  • El Artículo 5 precisa los principios generales.
  • El Artículo 6 se ocupa de la Comisión.
  • El Artículo 7 se ocupa de la Mesa.
  • El Artículo 8 precisa las funciones de la Comisión.
  • El Artículo 9 se dedica a los órganos auxiliares.
  • El Artículo 10 precisa las funciones de la Secretaría.
  • El Artículo 11 contiene disposiciones financieras.
  • El Artículo 12 regula los gastos.
  • El Artículo 13 establece el procedimiento para la adopción de decisiones.
  • El Artículo 14 regula obligaciones para las partes contratantes.
  • El Artículo 15 se ocupa de los observadores.
  • El Artículo 16 regula la cooperación con otras organizaciones e instituciones.
  • El Artículo 17 se ocupa de las necesidades especiales de algunos Estados.
  • El Artículo 18 regula el régimen de las Partes no contratantes.
  • El Artículo 19 se dedica a las controversias.
  • El Artículo 20 precisa la relación con otros acuerdos.
  • El Artículo 21 regula los idiomas oficiales.
  • El Artículo 22 precisa el régimen de las enmiendas.
  • El Artículo 23 se ocupa de la aceptación.
  • El Artículo 24 regula la entrada en vigor.
  • El Artículo 25 se ocupa de las reservas.
  • El Artículo 26 regula la retirada.
  • El Articulo 27 regula la caducidad.
  • El Artículo 28 se ocupa de la autenticación y el registro.

Consta, además, de un Anexo que regula el régimen del Tribunal Arbitral previsto en el Artículo 19 del Convenio.

En la actualidad, la CGPM tiene 24 miembros: los 19 Estados ribereños del Mediterráneo, 3 del Mar Negro, Japón y la Unión Europea. Hay también 3 partes no contratantes colaboradoras, Bosnia y Herzegovina, Georgia y Ucrania.

Justicia

CONCESIONES DE NACIONALIDAD POR CARTA DE NATURALEZA

El Consejo de Ministros ha aprobado un total de siete reales decretos por los que se concede la nacionalidad por carta de naturaleza a la escritora brasileña y Premio Príncipe de Asturias de las Letras, Nélida Piñón; a la periodista y activista social mexicana, Lydia María Cacho; al autor teatral y actor de nacionalidad argentina, Óscar Martínez; al periodista e hispanista de origen británico, William D. Chislett; a la jugadora de ajedrez de origen georgiano, Ana Matnadze; a Fraidelyn Padua, hija de una mujer asesinada por su pareja en nuestro país; y a Dounia el Ghorfi, de origen marroquí, víctima de un caso de abandono de familia y malos tratos domésticos, en situación de vulnerabilidad.

Nélida Piñón es una escritora brasileña de reconocida trayectoria y una de las más prestigiosas en lengua portuguesa, galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Su relación con España ha sido siempre muy estrecha, ya que sus padres y abuelos fueron emigrantes gallegos y la propia escritora ha sido objeto de múltiples reconocimientos en Galicia.

Lydia María Cacho, de nacionalidad mexicana, es una reconocida periodista, así como activista social y escritora, destacada investigadora en violencia de género, salud, niñez y delincuencia organizada. Se ha especializado en la cobertura periodística en situaciones de riesgo, investigando sobre graves violaciones de derechos humanos y ha contribuido a la lucha contra la trata de personas en todo el mundo, además de colaborar en la redacción y asesoramiento de leyes contra la trata, pornografía infantil y violencia de género en varios países latinoamericanos. Su situación personal es vulnerable, pues ha sido víctima de torturas, ha sufrido más de seis atentados y está amenazada de muerte. Por el riesgo evidente para su vida, se encuentra residiendo en Madrid con una autorización temporal. Además, su vinculación con España es muy estrecha, pues ha colaborado de forma regular con medios españoles, así como con diferentes organizaciones y entidades.

En el caso de Óscar Martínez, de nacionalidad argentina, se trata de un consagrado actor, autor y director de teatro. Ha recibido galardones en el Festival de Venecia, la Concha de Plata en el Festival de San Sebastián y la Biznaga de Plata del Festival de Málaga. Además, desde el año 2019 forma parte de la Real Academia Española, en base a sus conocimientos lingüísticos y méritos literarios. Aun siendo nieto de españoles, Martínez Delgado no pudo acceder anteriormente a la nacionalidad española por errores insubsanables en las inscripciones de sus apellidos en los registros civiles argentinos.

El británico William D. Chislett ejerce como investigador senior en el Real Instituto Elcano. Está estrechamente vinculado a España desde hace varias décadas, ejerciendo como corresponsal para The Times durante la Transición en nuestro país y, durante muchos años ha desempeñado un importante papel en la defensa y promoción de España en el exterior, obteniendo reconocimiento internacional como hispanista. En reconocimiento a su labor y mejora del conocimiento de España se ha estimado que concurren en él las circunstancias excepcionales que justifican la obtención de la nacionalidad española por carta de naturaleza.

Ann Matnadze es de origen georgiano, una reconocida jugadora de ajedrez que lleva viviendo en Barcelona desde 2004 y está autorizada a representar a España en competiciones internacionales. Desde el año 2012 ha competido con el equipo español, alcanzando puestos de relevancia, por lo cual ostenta la calificación de Deportista de Alto Nivel. Aparte de su manifiesto interés por la nacionalidad española, y al margen de sus extraordinarios méritos deportivos, su nacionalización es fundamental para regularizar su situación personal y deportiva, ya que en los resultados oficiales aparece como española sin serlo.

Fraidelyn Padua, nacida en 2011 en la República Dominicana, es hija de una mujer asesinada en nuestro país por su expareja en enero de 2019. Fraidelyn reside, actualmente, en República Dominicana con sus abuelos maternos, que ostentan su guarda y custodia. En este caso, el Ministerio de Justicia ha considerado que, habiendo perdido la menor a su madre como víctima de un acto de violencia de género perpetrado en España, se dan las circunstancias para que le sea concedida la nacionalidad española, por razones humanitarias.

En cuanto a Dounia el Ghorfi, nacida en Berkan (Marruecos), fue abandonada cuando nació en un orfanato de dicha localidad. A la edad de 9 años, Dounia fue adoptada por una familia que, aunque de ascendencia marroquí, ostentaba la nacionalidad española. Sin embargo, no legalizaron su situación, por lo que estuvo indocumentada y permaneció en el hogar familiar sin salir de casa más que para ir a dormir y a la escuela coránica. Durante un ingreso hospitalario, en 2006, al no portar documentación, se activa el protocolo de menores y se inicia un proceso contra su padre adoptivo por delitos de abandono de familia y malos tratos en el ámbito familiar. Desde entonces, permanece tutelada por la Ciudad Autónoma de Ceuta hasta la mayoría de edad, quedando en una situación de vulnerabilidad. En abril de este año, el Defensor del Pueblo inició actuaciones instando al Ministerio de Justicia a dar una solución a su precaria situación.

Circunstancias excepcionales

La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada de forma discrecional por Real Decreto, cuando concurren en la persona interesada circunstancias excepcionales que lo justifican. Se tramita un expediente para cada caso particular, como ha ocurrido en los que ha aprobado hoy el Gobierno. Posteriormente, la persona solicitante debe jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, debiendo renunciar a su anterior nacionalidad, salvo en las excepciones marcadas por la ley, como son los naturales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y los sefardíes.

Justicia

FINANCIACIÓN PARA LAS CC.AA. PARA PROYECTOS DEL PLAN JUSTICIA 2030

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se propone el reparto de un total de 63.304.990 euros entre las comunidades autónomas (CCAA) con competencias transferidas en materia de Justicia, para la realización de varios proyectos del plan Justicia 2030. Estos créditos presupuestarios se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y serán sometidos a la Conferencia Sectorial de Justicia para su territorialización.

Se trata de proyectos enfocados a una mejora significativa de la eficiencia en el empleo de los recursos en el ámbito de la Administración de Justicia, así como inversiones significativas en el sector de tecnologías de la información (TIC), que favorecen la mejora competitiva de España.

En este sentido, en el concepto denominado extensión del Proyecto 0, con el fin de desplegar equipamiento digital básico, tanto de software como de hardware, para desarrollar proyectos de transformación financiados con fondos europeos, la cantidad asignada será de 4.404.990 euros.

El objetivo de interoperabilidad, encaminado a construir un modelo en el que los sistemas de Gestión Procesal de las CCAA sean no solo completamente interoperables entre ellos, sino con el resto del ecosistema digital de la Administración de Justicia, la asignación será de 26,4 millones de euros.

En relación con el proyecto de Justicia orientada al Dato, se repartirán 8,4 millones, para la explotación y aprovechamiento de la enorme cantidad de información existente, lo que permitirá mejorar el diseño de políticas públicas y una mayor eficiencia.

En cuanto a la ciberseguridad, se destinan 16 millones de euros al establecimiento de un servicio de seguridad que pueda proporcionar protección a las administraciones, mejorar sus capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes de esta naturaleza, buscando sinergias con otros organismos nacionales y europeos en la materia.

El proyecto de Carpeta Justicia busca dotar a la Administración de Justicia de un servicio personalizado en el que particulares, empresas y profesionales tengan acceso a la información asociada a sus distintos procedimientos judiciales abiertos. La inversión será de 900.000 euros.

A la inmediación digital, que hará posible la celebración telemática del mayor número posible de actuaciones, se destina un presupuesto de 2,1 millones de euros.

La inversión en la textualización, con un sistema que permita localizar rápidamente informaciones que se hayan documentado por una grabación visual, será de 2,4 millones, mientras que el expediente MASC está dotado con 2,7 millones, para la implantación de estos mecanismos adecuados de solución de controversias, que reduzcan la litigiosidad.

Hacienda y Función Pública

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la modificación de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Ciencia e Innovación la tramitación de un convenio para la creación, equipamiento y puesta en marcha del Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Energético (CNIAE).

El objetivo del Ministerio de Ciencia e Innovación es tramitar un convenio con la Junta de Extremadura, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y la Fundación Fundecyt-Parque Científico y Tecnológico de Extremadura (FUNDECYT-PCTEX), para la creación, equipamiento y puesta en marcha del CNIAE, del que se derivarán compromisos de gasto con cargo a los ejercicios de 2021 a 2023.

El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece las disposiciones generales precisas para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos, en especial los provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación, aprobado por el Consejo Europeo el 21 de julio de 2020.

Integrando el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia se encuentra el componente 17, denominado "Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación", que pretende reformar el Sistema Español de Ciencia, Tecnología y de Innovación (SECTI) para adecuarlo a los estándares internacionales y permitir el desarrollo de sus capacidades y recursos. Se propone utilizar los recursos públicos para realizar cambios rápidos que adapten y mejoren la eficacia, la coordinación y colaboración y transferencia entre los agentes del SECTI y la atracción del sector privado, con gran impacto a corto plazo sobre la recuperación económica y social del país.

En este contexto, las inversiones que contempla el citado componente, enmarcadas entre las que se orientan a las áreas de medioambiente, cambio climático y energía (inversión 7), está prevista la creación, equipamiento y puesta en marcha del Centro Nacional de Investigación en Almacenamiento Energético (CNIAE), en Cáceres.

El CNIAE nace con el objetivo de contribuir a resolver los retos científicos y tecnológicos y trabajará en el almacenamiento de energía desde una perspectiva amplia, cubriendo la integración y gestión de las energías limpias aplicadas a los diferentes sectores industriales.

El Centro proyecta su actuación en tres grandes áreas:

  • Investigación y desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía y su integración con las energías verdes.
  • Colaboración estrecha con el sector industrial y desarrollo conjunto de tecnologías.
  • Asesoramiento y formación en energías verdes y su gestión.

El objeto del convenio es acordar la colaboración entre la Administración General del Estado, a través del citado Ministerio y del CIEMAT, y la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital y de FUNDECYT-PCTEX, con la finalidad de realizar las actuaciones tendentes a la creación, equipamiento y puesta en marcha del CNIAE, cuya gestión será llevada a cabo por FUNDECYT-PCTEX, hasta el momento en que se produzca la constitución de un consorcio del sector público estatal.

A ese consorcio le corresponderá la gestión y explotación del citado centro. En cuanto a su vigencia, en el supuesto de que existan causas que hagan prever que el 31 de diciembre de 2023 no haya adquirido personalidad jurídica el consorcio encargado de la gestión y explotación del CNIAE, será necesario suscribir con anterioridad a esa fecha un nuevo convenio que recoja los compromisos y obligaciones de las partes.

La distribución de los compromisos de gasto derivados de la firma del convenio, para cada una de las Administraciones financiadoras, es la siguiente:

202120222023Total
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN29.333.000,0026.096.000,002.500.000,0057.929.000,00
JUNTA DE EXTREMADURA70.344,206.500.000,008.500.000,0015.070.344,20
FUNDECYT-PCTEX1.251.205,50165.000,00167.500,001.583.705,50
Total30.654.549,7032.761.000,0011.167.500,0074.583.049,70

Parte de los gastos se financiarán con los créditos asignados al componente 17, inversión 7, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en concreto con cargo a una aplicación cuya dotación asciende a 29.333.000 euros.

Por otro lado, la aportación del Ministerio de Ciencia e Innovación servirá para atender gastos generales del proyecto y gastos no elegibles dentro del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y será financiada con cargo a las anualidades 2022 y 2023, por un importe de 2.500.000,00 euros cada anualidad. Esta segunda aportación carece de crédito consignado en 2021, por lo que se requiere, según la Ley General Presupuestaria, de autorización del Consejo de Ministros para fijar los límites de compromisos de gasto en los ejercicios 2022 y 2023.

Hacienda y Función Pública

SERVICIO DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LA PLATAFORMA COMÚN DE FONDOS EUROPEOS COFFEE

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con la finalidad de posibilitar a la Secretaría General de Fondos Europeos, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, llevar a cabo un encargo para la prestación del servicio de atención a los usuarios de la plataforma común de Fondos Europeos.

Con este acuerdo también se autoriza a formalizar un contrato de servicios de asistencia técnica destinado a supervisar y verificar la calidad de los sistemas de gestión y control adoptados por los organismos intermedios sobre las operaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

La Secretaría General de Fondos Europeos tiene las competencias derivadas de la función de Autoridad Responsable del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, entre las cuales se encuentra la obligación de disponer, en formato electrónico que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías armonizadas de datos relativos al uso de los fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión dentro del marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, de acuerdo con el artículo 22.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021.

Para ello, se ha dispuesto de la solución informática "Plataforma común de Fondos Europeos" (CoFFEE). El volumen, la complejidad y el previsible incremento de uso de los sistemas de información y de las aplicaciones requeridas por la citada Secretaría General hacen necesario garantizar el soporte al usuario en todos los aspectos, para lo que se requieren servicios en los que coexistan distintos entornos que permitirán la gestión del Plan de Recuperación y de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos del periodo de programación 2021-2027, así como los módulos comunes.

Por este motivo, es preciso llevar a cabo un encargo que consistirá principalmente en actividad de seguimiento y coordinación; atención de primer nivel, telefónica, por correo electrónico y a través de incidencia abierta directamente en REMEDY, entre otras.

El encargo previsto tendrá una duración de 24 meses y el coste estimado para su realización asciende a 2.635.000 euros, de los que 115.000 euros, 1.420.000 euros y 1.100.000 euros corresponderán a los años 2021, 2022 y 2023, por ese orden.

Asimismo, está previsto iniciar, por tramitación anticipada, un contrato de servicios de asistencia técnica para supervisión y verificación de la calidad de los sistemas de gestión y control adoptados por los organismos intermedios en el ejercicio de las funciones atribuidas sobre las operaciones cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una duración de 24 meses y un coste estimado de 600.000 euros, de los que 150.000 euros, 300.000 euros y 150.000 euros corresponderán a los años 2022, 2023 y 2024, respectivamente.

Hacienda y Función Pública

PLAN DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE LA ADMINISTRACIÓN EN EL MINISTERIO DEL INTERIOR

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, conforme al artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a fin de que el Ministerio del Interior lleve a cabo proyectos vinculados al Plan de Transición Energética de la Administración General del Estado, en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Ministerio del Interior ha manifestado la necesidad de tramitar nuevos expedientes de gasto con la finalidad de llevar a cabo proyectos vinculados al Plan de Transición Energética de la Administración General del Estado, correspondiente al componente 11 'Modernización de las Administraciones Públicas', inversión 4 'Plan de Transición Energética en la Administración General del Estado' en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Acuerdo que concreta la colaboración entre ambos Departamentos incluye el desarrollo de las actuaciones conjuntas del Plan de transición energética por importe global de 350.000.000 euros durante el periodo 2022-2023. Los proyectos desarrollarán, entre otras, las siguientes líneas de gasto:

-Adquisición de vehículos que permitan una movilidad sostenible y eficiente, como turismos eléctricos, furgonetas ligeras eléctricas, híbridos enchufables, compactos híbridos eléctricos, motocicletas eléctricas, etc, para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

-Reparación y aislamiento de fachadas y cambio de ventanas en acuartelamientos de la Guardia Civil, dependencias oficiales de la Policía Nacional y centros penitenciarios.

-Mejora de iluminación, con instalación de paneles fotovoltaicos en acuartelamientos, centros penitenciarios y en comisarías y complejos policiales.

-Suministro e instalación de puntos de recarga de vehículos en acuartelamientos, centros penitenciarios y en comisarías y complejos policiales.

Resulta necesario atender de forma anticipada los siguientes compromisos de gasto en la aplicación presupuestaria 'Transición energética. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia', según el nivel de vinculación, que se aprueba en Consejo de Ministros:

AñoLímite de compromiso máximo a adquirir (€)
202263.522.451,03
202327.852.983,28

Hacienda y Función Pública

GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy la modificación de los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Sanidad, a fin de posibilitar a la Dirección General de Salud Pública la tramitación anticipada de un contrato de asistencia técnica para poder gestionar la evaluación de servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud (SNS).

La Dirección General de Salud Pública es responsable de evaluar servicios y unidades de referencia del SNS. Periódicamente se establecen, mediante acuerdo en el Consejo Interterritorial, las patologías o procedimientos diagnósticos o terapéuticos para los que es necesario designar servicios o unidades de referencia en el SNS, así como los correspondientes criterios o requisitos que deben cumplir las unidades que soliciten ser designadas como referentes a nivel del mismo. Al ampliarse el abanico de patologías que conforman los centros y unidades de referencia del SNS a más especialidades médico-quirúrgicas, el volumen de la actividad evaluadora y posterior acreditación, crece en consonancia.

Por otra parte, España participa en las redes europeas de referencia, mecanismo de coordinación entre los países de la Unión Europea, establecidas en desarrollo del artículo 12 de la Directiva 2011/24/UE del Parlamento y del Consejo de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria trasfronteriza. Actualmente están en marcha un total de 24 redes europeas de referencia.

Por todo ello, se va a iniciar un concurso abierto, con una tramitación anticipada, para realizar el contrato de servicios que tiene por objeto la asistencia técnica para la gestión de la evaluación de los servicios o unidades de referencia del SNS, mediante la elaboración de 90 manuales de evaluación de los servicios o unidades de referencia, tanto nuevos como revisados.

Este contrato también contempla la realización de 200 informes de evaluación de servicios o unidades de referencia tras visitas presenciales y la elaboración de 100 informes para las redesignaciones de los servicios o unidades a través del análisis documental; la elaboración de una memoria anual y una memoria final; la realización de dos informes que comparen los resultados obtenidos en la evaluación de las unidades; la elaboración de una encuesta a los pacientes/usuarios/familias atendidos en los servicios o unidades de referencia del SNS, su realización y análisis de resultados.

El desglose del importe total de contrato por anualidades es el siguiente:

2022 2023 TOTAL
279.680,00630.285,00909.965,00

Hacienda y Función Pública

FINANCIACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD DE LOS AUTÓNOMOS

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal, O. A., (SEPE) por importe de 11.478.914,36 euros, para financiar el incremento del gasto de cuotas de beneficiarios y prestaciones económicas por cese de actividad de trabajadores autónomos, derivado de las medidas adoptadas para hacer frente a la COVID-19.

El sistema de protección del cese de actividad actualmente se regula en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. No obstante, durante el estado de alarma se aprobaron medidas extraordinarias para paliar la situación de cese de actividad de trabajadores autónomos que ampliaron su protección por medidas recogidas en diversos reales decretos leyes.

El SEPE abona esta prestación con carácter minoritario, ya que la mayor parte de personas beneficiarias encuentran esta contingencia protegida por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesionales (MATEPSS). De hecho, desde el 1 de junio de 2019 la prestación debía gestionarse de forma exclusiva por las MATEPSS, ya que todos los trabajadores cuya gestión correspondía al SEPE deberían haber optado por una Mutua en los términos indicados en el Real Decreto Ley 28/2018, de 28 de diciembre.

Sin embargo, todavía hay autónomos que siguen recibiendo la protección a través del SEPE. Además, el cese de actividad abonada a las personas incluidas en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar se imputa al SEPE.

Así, se estiman unas necesidades totales de 12.978.914,36 euros. Dado que el crédito total de la aplicación 'Prestación económica por cese de actividad de trabajadores autónomos' es de 1.500.000 euros, surge una insuficiencia de crédito por 11.478.914,36 euros, que se financiará, en virtud del Acuerdo aprobado en Consejo de Ministros, con el Remanente de tesorería afectado del Organismo.

Hacienda y Función Pública

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE SUBVENCIONES EN EL SECTOR PÚBLICO ESTATAL

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento hoy del Informe elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre el grado de avance en la implantación de la planificación estratégica de subvenciones en el sector público estatal.

El informe, que será publicado próximamente en la web de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en la dirección https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/, es el cuarto que se emite desde que el Tribunal de Cuentas y la AIReF mostraran la necesidad de progresar en el desarrollo de una nueva Administración, orientada a la evaluación de las políticas públicas.

A lo largo de estos cuatro años, en el ámbito estatal el esfuerzo se ha dirigido a la introducción de una nueva cultura organizativa, centrada en el ámbito de las subvenciones y ayudas públicas.

Así, se aprecia un avance en cuanto a la inclusión de las diferentes ayudas: los Planes integran dentro de su contenido la práctica totalidad de las subvenciones, incluidas las de concesión directa y las subvenciones gestionadas por el sector público institucional. Además, se constata la incorporación gradual de otro tipo de ayudas públicas, incluidas aquéllas que se gestionan con la colaboración de las Comunidades Autónomas.

No obstante, el progreso en la implantación de la planificación estratégica de subvenciones se ha visto ralentizado en 2020 debido, fundamentalmente, a tres causas: la reestructuración ministerial acordada a comienzos de año que ha afectado principalmente a los Departamentos de nueva creación; la situación de prórroga de los Presupuestos; y los efectos producidos por la COVID-19, que afectaron al ritmo de actualización de los Planes y han supuesto la necesidad de priorizar nuevas necesidades surgidas de la pandemia.

De esta forma, nos encontramos en 2020 ante un esfuerzo preferentemente formal por cumplir con las previsiones impuestas por la normativa, más que ante un proceso reposado de decisión acerca de la orientación que deban seguir las correspondientes políticas públicas y sobre cuáles deban ser las metas a alcanzar en cada ámbito de actuación.

En este sentido, el esfuerzo realizado en el segundo semestre para elaborar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia constituye una ocasión fundamental para plantear, desde una óptica integradora, los objetivos de Gobierno que impulsarán la actuación de la Administración en los próximos años y que resultarán extremadamente útiles para avanzar la concreción de los objetivos estratégicos y operativos de cada uno de los planes estratégicos de subvenciones.

Hacienda y Función Pública

GESTIÓN DEL REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DEL PAULAR

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Cultura y Deporte, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. El motivo es la tramitación anticipada del expediente de encargo a la Empresa de Transformación Agraria, S. A., S.M.E, M.P. (TRAGSA), del servicio de gestión, mantenimiento y conservación de instalaciones y servicios necesarios para la difusión y promoción cultural del Real Monasterio de Santa María de El Paular.

El Real Monasterio de Santa María de El Paular, ubicado en Rascafría (Madrid), está declarado Bien de Interés Cultural con categoría de monumento desde el 26 de junio de 1876 y en la actualidad se encuentra adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte a todos los efectos. En la actualidad, la gestión, mantenimiento, conservación y servicios necesarios para la difusión y promoción cultural del Monasterio se realiza por TRAGSA mediante una encomienda de gestión que ha sido agotada.

Por ello, para 2022, el Ministerio de Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de Bellas Artes, debe tramitar anticipadamente un nuevo expediente de encargo a TRAGSA de los servicios que venía prestando. El importe global de este encargo por el periodo de un año asciende a 369.988,12 euros.

En el ejercicio 2021 el crédito inicial a nivel de vinculación en el artículo 21 del programa 'Conservación y restauración de bienes culturales' asciende a 409.000 euros y el crédito comprometido en 2022 alcanza los 122.907,40 euros. Los compromisos máximos de gasto a autorizar para 2022 superan los límites establecidos en la ley, por lo que el Acuerdo del Consejo de Ministros aprueba la modificación de esos límites de gasto.

Hacienda y Función Pública

INVERSIONES DEL PLAN DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA AGE PARA EL PATRIMONIO SINDICAL ACUMULADO

El Consejo de Ministros autoriza el Acuerdo por el que se fijan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Trabajo y Economía Social en aplicación del artículo 41.3 del Real Decreto-ley 36/2020 por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública. La finalidad es permitir la tramitación anticipada de un encargo para la ejecución de las inversiones asociadas al plan de transición energética en la Administración General del Estado (AGE), que se van a llevar a cabo en 42 edificios del Patrimonio Sindical Acumulado.

Se trata de dar cumplimiento al componente 11 'Plan de Modernización de la Administración General del Estado', en la Inversión 4, 'Plan de transición energética en la Administración General del Estado' del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En concreto, el Ministerio de Trabajo y Economía Social solicita autorización para fijar los límites para adquirir compromisos de gasto en la partida "Transición energética. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia", sin dotación inicial en 2021, para los ejercicios 2022 y 2023.

En este contexto, el Plan de Recuperación está dirigido a fomentar la rehabilitación energética de los edificios, la mejora de la eficiencia energética de las infraestructuras consumidoras de energía, la movilidad sostenible y el despliegue de energías renovables térmicas y eléctricas. De esta manera, se pretende aumentar el número de edificios con alta calificación energética y la renovación de las infraestructuras consumidoras de energía por otras de alta eficiencia energética, impulsándose, asimismo, la utilización de las energías renovables térmicas y eléctricas en sustitución de combustibles fósiles.

Además de la consecución de los objetivos energéticos, la implantación de estas medidas en la Administración General del Estado ayudará a sensibilizar al conjunto de la Administración y la ciudadanía, permitirá reducir costes y generará un efecto tractor sobre el mercado en ámbitos clave como la movilidad sostenible, la eficiencia energética y las energías renovables.

Después de analizar la situación energética de edificios del Patrimonio Sindical Acumulado gestionados por el citado Ministerio, se han identificado 42, distribuidos por toda la geografía española, que cumplirían los objetivos marcados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para beneficiarse de la financiación del Plan de Transición Energética de la AGE.

Por ello, se está ultimando la firma del Acuerdo Interdepartamental que se va a suscribir entre la Secretaría de Estado de Energía y la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Economía Social, para el desarrollo de las actuaciones conjuntas del Plan de Transición Energética en la Administración, en el marco del Plan de Recuperación, lo que contempla una inversión por importe de 98.232.000 euros, y con una vigencia máxima de cuatro años, pudiendo prorrogarse por un período de igual duración.

Las obras de rehabilitación energética que se van a realizar comprenden la sustitución de sistema de climatización del edificio, del sistema de ventilación y renovación de aire, la sustitución de luminarias fluorescentes e incandescentes existente por placas 60x60cm de LED y la sustitución del 100% de las carpinterías de la fachada.

Para tramitar en 2021 el encargo de forma anticipada es preciso poder contar con disponibilidad presupuestaria suficiente en los ejercicios 2022 y 2023. La distribución de los compromisos en las distintas anualidades se recoge de la siguiente manera:

AñoLímite de compromiso máximo a adquirir (€)
20229.492.000
202388.740.000

Hacienda y Función Pública

REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE TABACALERA EN MADRID

El Consejo de Ministros ha autorizado la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 41.3 del Real Decreto-ley 36/2020 por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y ejecución del Plan de Recuperación. En concreto, se posibilita la ejecución por parte de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura O.A., de las obras de rehabilitación del antiguo edificio de Tabacalera.

La solicitud se hace con cargo a la aplicación "Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia", con una dotación presupuestaria de 100.000 euros para el año 2021.

En el ámbito del Plan de Recuperación y Resiliencia, el componente 24, Revalorización de la Industria Cultural, gestionado por el Ministerio de Cultura y Deporte, recoge reformas e inversiones orientadas a fortalecer la cadena de valor de las industrias culturales españolas.

La segunda de las inversiones incluidas en este componente "Dinamización de la cultura a lo largo del territorio" se compone a su vez de cuatro proyectos. De ellos, el Proyecto 3 "Medidas de conservación, restauración y puesta en valor del patrimonio cultural español" tiene como objetivo la recuperación y revalorización del patrimonio cultural en colaboración con Comunidades Autónomas, entidades locales y los titulares privados. Y en este objetivo se encuadra la rehabilitación integral del edificio de Tabacalera en Madrid para su conversión como centro de residencias y talleres para artistas, con espacios para exhibición de sus creaciones.

La rehabilitación integral de Tabacalera y su adecuación como centro de creación y exhibición cultural requiere de diversas inversiones en obras y en equipamientos cuyos contratos se deben, imprescindiblemente, iniciar en los próximos meses o, de lo contrario, será imposible conseguir la puesta en funcionamiento en las fechas marcadas por la Unión Europea.

El pasado 31 de agosto, por Acuerdo de Consejo de Ministros, se autorizó la ejecución de las obras de rehabilitación de las fachadas, cubiertas y carpinterías del antiguo Edificio Tabacalera, por lo que en este momento debe procederse a la licitación de ejecución de obras.

La actuación denominada "Ejecución de rehabilitación de las fachadas, cubiertas y carpinterías del edificio de la Real Fábrica de Tabacos, edificio Tabacalera" en Madrid, supone los siguientes importes por anualidades, que engloban tanto la obra como la dirección de obra completa:

AñoImporte en euros
20221.304.647,61
20234.508.200,00

Hacienda y Función Pública

NUEVA SEDE DE INFORMÁTICA TRIBUTARIA PARA LA AGENCIA TRIBUTARIA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifica el número de anualidades establecido en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con la finalidad de posibilitar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) la construcción de una nueva sede para su Departamento de Informática Tributaria (DIT) en Madrid.

La construcción del nuevo edificio, que se ubicará en la calle Alcalá, nº 480, cuya administración y competencias demaniales tiene asignadas la Agencia Tributaria, además de permitir realizar las funciones del DIT con mayor eficiencia, dada la idoneidad de las oficinas proyectadas, reducirá los gastos de carácter inmobiliario de los Servicios Centrales de la AEAT.

Para ello, se precisa la licitación de una serie de contratos, con un coste total de 85.660.400,83 euros, que se imputarán al concepto presupuestario "Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios" del Presupuesto de gastos de la AEAT.

Dichas inversiones son las siguientes:

•Proyecto de ejecución del edificio para la nueva sede del DIT, con un presupuesto de licitación de 84.597.913,46 euros y una previsión de ejecución de las obras en el periodo 2022-2027.

•Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa de las obras de construcción del nuevo edificio en materia de instalaciones durante la ejecución de las obras de construcción, de estructuras para la coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción y el control de calidad de las obras, así como la asistencia técnica a las direcciones y de ejecución de obra, con un presupuesto base de licitación de 1.062.487,37 euros.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

REAL DECRETO DE REGULACIÓN DE SUBVENCIONES PARA DESCARBONIZAR EL TRANSPORTE PROFESIONAL POR CARRETERA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula las ayudas de 400 millones de euros que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) va a transferir a las comunidades y ciudades autónomas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para impulsar la descarbonización del transporte profesional.

El transporte de mercancías y viajeros por carretera, que genera el 8,2% de los gases de efecto invernadero en España pese a suponer apenas el 2% de la flota de vehículos, es uno de los sectores donde la descarbonización plantea mayores retos de cara a las próximas décadas.

Esta línea de ayudas, que se pudo abordar con los gobiernos regionales en la Conferencia Nacional de Transportes del pasado 20 de octubre, se articula a través de este Real Decreto que articula las bases de las subvenciones que se otorgarán a las empresas privadas y autónomos del sector para la transformación sostenible de las flotas.

En este sentido, el Real Decreto materializa la concesión de las ayudas directas a las CCAA, Ceuta y Melilla y define a los beneficiarios finales de las mismas, las actuaciones subvencionables, los requisitos para acceder a la financiación y las principales líneas.

Así, los potenciales adjudicatarios de los fondos son los autónomos y las empresas privadas de transporte de mercancías y/o viajeros domiciliadas en cada comunidad autónoma, así como las empresas que se dedican al transporte privado complementario.

Actuaciones y objetivos

Los objetivos de la línea de inversión son impulsar la transformación del parque de vehículos pesados de transporte de mercancías y de viajeros, incentivar la penetración en España de tecnologías para la propulsión de vehículos que utilicen energías alternativas y acelerar la reactivación industrial y el sector de la automoción, favoreciendo la descarbonización de las flotas y la mejora de la calidad del aire en los entornos metropolitanos.

Se impulsa así el mercado de vehículos de cero y bajas emisiones para iniciar la senda de transformación de estas flotas tan importantes y estratégicas, un sector en la que la oferta y demanda de tecnologías bajas en carbono se encuentra en un estado menos avanzado que para los vehículos tipo turismo o furgonetas ligeras. Como ejemplo de esta situación, durante el 2020 se matricularon tan solo 6 camiones electrificados de un total de 18.812 y 40 autobuses eléctricos de un total de 2.171.


Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

AMPLIACIÓN DEL ENLACE ENTRE LA AP-1 Y LA A-1 EN ARMIÑÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado una modificación del límite de gasto que permitirá la suscripción del convenio para la ampliación del enlace entre la AP-1 y la A-1 en Armiñón.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) está avanzando en los trámites para suscribir con la Diputación Foral de Araba el convenio de Armiñón, para la financiación y ejecución de obras de ampliación de capacidad de los ramales de acceso, en ambos sentidos, de la conexión de la actual AP-1 con la A-1 en el enlace de Armiñón.

El Consejo de Ministros ha acordado la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar a Mitma suscribir dicho convenio con la Diputación Foral de Araba.

Características de la actuación

El 30 de noviembre de 2018, la autopista AP-1 Burgos-Armiñón quedó liberada de peaje. Además, mediante Real Decreto 1414/2018 (BOE de 5 de diciembre de 2018) se traspasó la titularidad del tramo de AP-1 entre el límite provincial de Burgos (P.K. 77,2) y el enlace de Armiñón (P.K. 83,2) a la Comunidad Autónoma del País Vasco, siendo las competencias en materia viaria en este caso asumidas por la Diputación Foral de Araba, de acuerdo al Estatuto de Autonomía del País Vasco.

La Comisión Mixta de Transferencias Estado-País Vasco de 26 de noviembre de 2018, acordó que las actuaciones tendentes a ampliar la capacidad del enlace de conexión entre la A-1 y la AP-1 en Armiñón (Araba) se acordarían mediante un convenio, asumiendo la Administración del Estado su financiación.

Las obras contemplarán la ampliación de capacidad de los ramales de acceso en ambos sentidos de circulación de la conexión de la actual AP-1 con la A-1 en el enlace de Armiñón, incluyendo una bifurcación en el sentido Irun-Madrid y una confluencia en el sentido Madrid-Irun.

Tal y como se expresa en el borrador del convenio, Mitma se hará cargo de la financiación, por importe de 16 millones de euros, en los que se incluye el coste de redacción de los proyectos, de las expropiaciones, de ejecución de las obras, y de las asistencias técnicas para su desarrollo.

Se realizará con cargo a sus créditos del capítulo 7, con la siguiente distribución de anualidades:

AñoImporte (euros)
20215.000,00
2022395.000,00
20231.200.000,00
20247.000.000,00
20257.400.000,00

Educación y Formación Profesional

CREACIÓN DE PLAZAS PÚBLICAS Y GRATUITAS DE EDUCACIÓN DE 0 A 3 AÑOS

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución a las comunidades autónomas de 200 millones de euros correspondientes al programa de cooperación territorial de impulso a la educación de 0-3 años. Esta partida, incluida en el Componente 21 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se completará en los años 2022 y 2023 con una inversión total de 670,1 millones para la creación de más de 65.000 plazas públicas y gratuitas.

El impulso a la escolarización de 0 a 3 años es una de las principales inversiones educativas del Plan de Recuperación, ya que la participación en esta etapa es uno de los predictores más importantes de la mejora de los resultados y del desempeño educativo futuro de los niños y niñas. Además, disponibilidad y accesibilidad a estas plazas contribuye a la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

Se trata de una medida de gran impacto social porque facilitará a más de 65.000 familias el poder escolarizar a sus hijos desde la primera infancia. Se espera que esto alivie la economía de muchas parejas y les permita también reincorporarse antes a la vida laboral activa. Especialmente a las mujeres jóvenes, ya que suele ser sobre las que recae mayoritariamente el cuidado de los hijos.

Los fondos aprobados hoy por el Gobierno suponen una inversión de 200.790.000 euros, que permitirán la creación de 21.794 plazas de primer ciclo de Infantil, prioritariamente para niños de 1 y 2 años. La partida se completará con la de los años 2022 (331.026.89888 euros) y 2023 (134.774.300 euros) y la financiación destinada a Ceuta y Melilla, para un total de 670,1 millones de euros. Fondos que se traducirán en 65.382 nuevas plazas gratuitas de titularidad pública a crear hasta el 15 de septiembre de 2024.

Se trata de una inversión en bienestar social, en calidad y equidad educativa y en equilibrio territorial, puesto que en su implantación se deberá priorizar el acceso del alumnado en zonas con mayor incidencia de riesgo de pobreza o exclusión social y la extensión a áreas rurales.

La distribución de las inversiones y del número de plazas por comunidad autónoma y año se puede consultar en el anexo 1.

ANEXO 1

Número de plazas de E. Infantil 0-3 años por CCAA y año

COMUNIDAD AUTÓNOMAAÑO 2021AÑO 2022AÑO 2023
Nº de plazasNº de plazasNº de plazas
ANDALUCÍA 4.0234.0234.023
ARAGÓN 606606606
ASTURIAS (Principado de) 438438438
BALEARS (Illes) 806806806
CANARIAS 1.2931.2931.293
CANTABRIA 287287287
CASTILLA Y LEÓN 1.2551.2551.255
CASTILLA-LA MANCHA 1.2391.2391.239
CATALUÑA 3.6283.6283.628
COMUNITAT VALENCIANA 2.2792.2792.279
EXTREMADURA 684684684
GALICIA 1.1391.1391.139
MADRID (Comunidad de) 1.7531.7531.753
MURCIA (Región de) 1.3131.3131.313
NAVARRA (Comunidad Foral de) 391391391
PAÍS VASCO 506506506
RIOJA (La) 154154154
TOTALES 21.794 21.794 21.794

Distribución de fondos para la creación de plazas de Educación Infantil 0-3 años por CCAA y año

COMUNIDAD AUTÓNOMAAÑO 2021AÑO 2022AÑO 2023
ANDALUCÍA 37.068.04261.111.20624.880.818
ARAGÓN 5.578.6889.197.1503.744.528
ASTURIAS (Principado de) 4.032.3396.647.8052.706.587
BALEARS (Illes) 7.423.45612.238.4754.982.773
CANARIAS 11.912.61519.639.4047.995.988
CANTABRIA 2.645.5484.361.5101.775.745
CASTILLA Y LEÓN 11.562.58919.062.3457.761.043
CASTILLA-LA MANCHA 11.416.43818.821.3947.662.943
CATALUÑA 33.424.43355.104.27022.435.154
COMUNITAT VALENCIANA 21.000.50734.621.90714.095.964
EXTREMADURA 6.296.90610.381.2214.226.611
GALICIA 10.495.99217.303.9287.045.122
MADRID (Comunidad de) 16.151.36526.627.50210.841.122
MURCIA (Región de) 12.095.34519.940.6588.118.640
NAVARRA (Comunidad Foral de) 3.605.9415.944.8362.420.381
PAÍS VASCO 4.664.3457.689.7433.130.802
RIOJA (La) 1.415.4512.333.544950.079
TOTALES 200.790.000 331.026.898 134.774.300


Educación y Formación Profesional

FONDOS PARA LA CUALIFICACIÓN DE TRABAJADORES

Dentro también del Plan de Recuperación, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la distribución de 87,7 millones de euros para actividades de cualificación y recualificación de la población activa, con especial atención a aquellos sectores con mayor número de personas en ERTE, al sector del cuidado de las personas y a las zonas en riesgo de despoblación

Los fondos destinados a despoblación y cuidado de las personas, que ascienden a 24,5 millones de euros, permitirán la formación de 44.662 trabajadores o personas en búsqueda de empleo, mientras que los 63,2 millones destinados a sectores estratégicos permitirán la formación de 160.000 más.

Las acciones formativas atenderán prioritariamente a la formación en competencias emergentes, de rápida evolución y con prospectiva en la generación de empleo. Asimismo, atenderán también a la formación en aquellos sectores que, como consecuencia de la previsible evolución de las condiciones económicas y sociales, generarán en el futuro puestos de trabajo.

La cualificación y recualificación del capital humano de nuestro país es uno de los requisitos indispensables para poder afrontar con éxito la transformación de nuestra economía, para lo que se necesitan trabajadores formados, bien cualificados, que respondan a las necesidades de cada sector productivo.

La distribución de las inversiones por comunidad autónoma se puede consultar en el anexo 2

ANEXO 2

Distribución de fondos para la cualificación y recualificación de la población activa por ámbito de actuación y CCAA

COMUNIDAD AUTÓNOMADESPOBLACIÓNCIUDADO DE PERSONASSECTORES ESTRATÉGICOS
ANDALUCÍA 946.590,912.125.210,339.402.755,01
ARAGÓN 1.268.108,50348.042,241.600.724,78
ASTURIAS (Principado de) 88.013,20366.860,471.080.778,94
BALEARS (Illes) 48.497,07233.857,143.328.009,12
CANARIAS 48.497,07464.016,396.417.748,11
CANTABRIA 143.695,01189.470,86586.635,72
CASTILLA Y LEÓN 3.930.058,65754.290,922.113.953,42
CASTILLA-LA MANCHA 1.510.593,84558.020,492.657.885,54
CATALUÑA 1.320.197,952.077.119,7911.346.266,60
COMUNITAT VALENCIANA 691.532,261.267.778,376.083.121,10
EXTREMADURA 634.054,25299.583,63984.923,79
GALICIA 362.829,91887.562,463.136.132,88
MADRID (Comunidad de) 176.026,391.394.472,519.768.823,97
MURCIA (Región de) 14.369,50423.689,781.387.316,91
NAVARRA (Comunidad Foral de) 450.843,11157.342,14630.827,01
PAÍS VASCO 319.721,41619.777,372.346.456,27
RIOJA (La) 296.370,9782.905,11369.340,56
TOTALES 12.250.000 12.250.000 63.241.699,74

Educación y Formación Profesional

REGULACIÓN DE LA EVALUACIÓN, PROMOCIÓN Y TITULACIÓN

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha dado su visto bueno al Real Decreto que regula la evaluación, la promoción y la titulación de las diferentes etapas educativas, cambios que entrarán en vigor en este mismo curso 2021-2022.

El objetivo del decreto es promover una evolución positiva del alumnado, especialmente durante la educación obligatoria, favoreciendo una mayor garantía de aprendizaje para los escolares y manteniendo sus expectativas de lograr una formación tan avanzada como sea posible.

El texto establece que, en las etapas obligatorias (Primaria y ESO), la evaluación de los alumnos y alumnas será continua. La promoción no estará supeditada a un número de materias no superadas, sino que las decisiones sobre el paso de curso y la titulación recaen enteramente en el equipo docente.

En el caso de la Educación Primaria, esta decisión se someterá a consideración al finalizar los cursos segundo, cuarto y sexto, siendo automática la promoción en los demás. En ESO, el equipo docente valorará si la evolución global de un alumno le permite avanzar de curso con expectativas favorables de recuperación de las materias no superadas.

El Real Decreto subraya que la repetición debe ser una medida absolutamente excepcional que solo se tomará tras haber agotado las medidas de refuerzo y apoyo, y siempre y cuando se estime que es lo más adecuado para favorecer el desarrollo del alumno. En cualquier caso, el alumno o alumna podrá permanecer en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo a lo largo de la enseñanza obligatoria.

Este sistema de evaluación hace hincapié en la detección temprana de las posibles dificultades, la adopción de medidas de refuerzo tan pronto como se vean necesarias y de medidas de recuperación para asegurar los aprendizajes poco asentados.

Por último, se suprimen las convocatorias extraordinarias de junio y/o septiembre, en virtud de lo dictaminado por el Consejo de Estado. La moratoria para la aplicación de esta medida introducida en el borrador del Real Decreto ha sido anulada por este órgano consultivo al considerar que no puede establecerse un régimen diferenciado en la programación de cada CCAA.

En cuanto al Bachillerato, cabe destacar que la promoción entre el primer y el segundo curso exigirá un máximo de dos materias no superadas, con una evaluación continua y diferenciada por asignatura. Para obtener el título será necesaria la evaluación positiva de todas las materias, aunque se prevé la posibilidad de obtenerlo de manera extraordinaria con una materia no superada siempre que el alumno haya alcanzado los objetivos y competencias de la etapa, haya cursado dicha materia con normalidad (asistencia clase, realización de exámenes, etc.) y que la media aritmética de las calificaciones de todas las materias sea igual o superior a cinco. Esta decisión la tomará el equipo docente de manera colegiada.

Sanidad

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS ENTRE LAS CCAA PARA MEJORAR LA PRESTACIÓN FARMACÉUTICA DEL SNS

El Consejo de Ministros ha aprobado la propuesta de distribución entre las 19 comunidades y ciudades autónomas de 69 millones de euros. Un total de 39,8 millones de euros irán destinados a la implementación de actuaciones enmarcadas en el programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del SNS en el ámbito de la prestación farmacéutica y 28,2 millones de euros para el programa de desarrollo de políticas de cohesión sanitaria de formación para facultativos de Medicina, Odontología, Farmacia, Enfermería y de Educación Sanitaria de la población para favorecer el uso racional de medicamentos y el Plan Nacional de Médula Ósea.

Con este programa se completan las transferencias a las comunidades autónomas procedentes del convenio suscrito entre el Gobierno de España y Farmaindustria, tras los 220 millones de euros autorizados recientemente para el Programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del SNS en el ámbito de Salud Digital.

Los fondos se destinarán al conjunto de medidas aprobadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en pasado 28 julio.

Así, entre los proyectos incluidos en el programa, se encuentra aquellos que supongan el desarrollo, adaptación y mejora de medidas dirigidas a la gestión óptima e innovadora de la prestación farmacéutica en todos sus ámbitos y en todas sus etapas.

También se podrán financiar los proyectos relacionados con el desarrollo, adaptación y mejora de proyectos de e-salud dirigidos a la gestión óptima de la prestación farmacéutica en todos sus ámbitos y en todas sus etapas.

Quedan igualmente incluidos los programas dirigidos a modernizar las estructuras, equipamientos y tecnología de los centros sanitarios y sociosanitarios y el desarrollo, adaptación y mejora de medidas dirigidas a la implementación de la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

Asimismo, este programa permitirá a las comunidades y ciudades autónomas desarrollar medidas que mejoren el uso de los productos sanitarios, y medidas enmarcadas en los distintos planes y estrategias que se acuerden en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia.

La distribución entre las comunidades y ciudades autónomas de los créditos de 2021 se realizará en un 10% aplicando de manera lineal un importe mínimo a cada una de ellas y en un 90% en base a criterios poblacionales, según las cifras oficiales del Padrón correspondientes al 1 de enero de 2020.

CCAA TOTAL
Andalucía7.053.521,77
Aragón1.126.447,37
Asturias868.425,56
Baleares995.322,74
Canarias1.829.687,17
Cantabria506.340,06
Castilla-La Mancha1.721.088,68
Castilla y León2.011.582,63
Cataluña6.485.378,19
Ceuta81.006,66
C. Valenciana4.223.272,35
Extremadura905.975,77
Galicia2.266.525,86
Madrid5.654.185,38
Melilla83.394,08
Murcia1.277.518,81
Navarra571.377,37
País Vasco1.866.696,60
La Rioja287.872,95
TOTAL NACIONAL 39.815.620,00

Programa de desarrollo de políticas de cohesión sanitaria para favorecer el uso racional de medicamentos

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la propuesta de distribución de cerca de 28,2 millones de euros entre comunidades y ciudades autónomas para el Programa de desarrollo de políticas de cohesión sanitaria de formación para facultativos de Medicina, Odontología, Farmacia, Enfermería y de Educación Sanitaria de la población para favorecer el uso racional de medicamentos y el Plan Nacional de Médula Ósea.

Al programa para favorecer el uso racional de medicamentos se destinarán más de 26,9 millones de euros, mientras que, al Plan Nacional de Médula Ósea, se dedicarán cerca de 1,3 millones de euros.

Los proyectos incluidos en la mejora del uso racional de medicamentos van dirigidos a la mejora de la atención farmacéutica, como son intervenciones farmacoterapéuticas para mejorar la calidad en la atención de pacientes con fragilidad, comorbilidad, enfermedades crónicas o necesidades de atención complejas y de pacientes polimedicados. Asimismo, se incluyen actuaciones enmarcadas en el recién aprobado plan de optimización de la utilización de los analgésicos opioides en dolor crónico no oncológico en el SNS y a aquellas dirigidas a la deprescripción de medicamentos innecesarios y al desarrollo de actuaciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Quedarán igualmente incluidos el programa de desarrollo de las nuevas medidas de farmacovigilancia o el plan estratégico y de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de resistencias a los antibióticos.

Asimismo, se contempla la inclusión de programas de formación continuada para el uso racional del medicamento, especialmente relevantes los relativos a la prevención y el manejo resistencias a los antibióticos y a la evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias.

CCAA IMPORTE TOTAL (EUROS)
Andalucía4.718.425,43
Aragón770.562,54
Asturias598.701,23
Baleares683.223,99
Canarias1.238.971,42
Cantabria357.525,94
Castilla-La Mancha1.166.636,93
Castilla y León1.360.127,04
Cataluña4.340.000,46
Ceuta (INGESA)81.589,63
C. Valenciana2.833.273,35
Extremadura623.712,41
Galicia1.529.937,78
Madrid3.786.365,56
Melilla (INGESA)83.179,84
Murcia871.187,11
Navarra400.845,52
País Vasco1.263.622,40
La Rioja212.010,94
TOTAL NACIONAL 26.919.899,52

Por último y, en cuanto al Plan Nacional de Donación de Médula Ósea, que contará con 1.278.780 euros, dedicará 900.000 euros al Tipaje del donante para conocer su compatibilidad, mientras que los 378.780 euros restantes se destinarán al programa de información a los donantes de médula ósea y a la promoción de dicho Plan.

Ciencia e Innovación

SUBVENCIONES A CC.AA. PARA PLANES COMPLEMENTARIOS I+D+I

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las Comunidades Autónomas para financiar la puesta en marcha de los cuatro primeros programas de investigación conjuntos, impulsados por el Ministerio y previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con un total de 134 millones de euros.

Los Planes Complementarios de I+D+I con las CCAA son una nueva herramienta para la puesta en marcha de programas de investigación en áreas estratégicas, cogobernados y cofinanciados con las CCAA. Estos planes permitirán establecer colaboraciones y alinear los esfuerzos de la administración central, las comunidades autónomas y los fondos europeos ante retos clave de nuestro país, respondiendo a los criterios de la UE para la aplicación de medidas transformadoras para nuestra economía en el Plan de Recuperación.

Este instrumento es una innovación en la política científica de España. Es la primera vez que se ponen en marcha acciones de programación conjunta cofinanciadas por el Estado y las CCAA, que van a permitir trabajar intensamente en programas de investigación con el Estado en áreas estratégicas. De esta manera, además, se avanza en la cogobernanza en el ámbito de ciencia, tecnología e innovación.

En total, se han previsto 8 Planes Complementarios, que movilizarán 456 millones de euros hasta 2025, de los que el Ministerio de Ciencia e Innovación financiará 299 millones de euros, el 66% del presupuesto total, y las CCAA el 34% restante, con 157 millones de euros. Cada uno de ellos cuenta con la participación de al menos cuatro Comunidades Autónomas.

Este año se han firmado ya los cuatro primeros planes, para los que el Ministerio de Ciencia e Innovación destinará cerca de 169 millones de euros. De esta cantidad, 35 millones de euros se aportarán a través del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 134 millones se concederán en forma de subvenciones a las CCAA. Las CCAA, por su parte, aportarán otros 75 millones de euros.

Biotecnología aplicada a la salud

Este programa está dirigido al desarrollo de herramientas para diagnóstico, pronóstico y terapias avanzadas o dirigidas en medicina personalizada.

En su ejecución colaborarán País Vasco, Castilla-La Mancha, Extremadura y Cataluña. Además, participará Galicia como socio estratégico y con fondos propios. Alcanzará una inversión de un total de 32 millones de euros, de los que 16 procederán del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Ciencias marinas

Este programa desplegará una estrategia conjunta de investigación e innovación en ciencias marinas para abordar de forma sostenible los nuevos desafíos en la monitorización y observación marino-marítimas, el cambio climático, la acuicultura y otros sectores de la economía azul, con especial atención a la mejora del conocimiento existente sobre los problemas que aquejan a los ecosistemas marinos y las amenazas para la biodiversidad, con el objetivo de mejorar las estrategias de adaptación al cambio climático y la reorientación de las diferentes actividades sectoriales responsables de su degradación.

En la ejecución de este programa participarán la Región de Murcia, Galicia, Andalucía, Cantabria y la Comunitat Valenciana. Supone una inversión de 50 millones de euros, de los que el Ministerio aportará 30 millones de euros.

Comunicación cuántica

Este programa se alinea y busca sinergias con las iniciativas clave europeas en el ámbito de las Comunicaciones Cuánticas, tanto del Quantum Flagship como de la European Quantum Communications Infrastructure (EuroQCI), mediante la creación de infraestructuras punteras y actuando como motor de la industria cuántica europea.

En su ejecución participarán Cataluña, la Comunidad de Madrid, País Vasco, Galicia y Castilla y León, así como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). La inversión para este programa ascenderá a los 73 millones de euros, de ellos 53,7 a cargo del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Energía e hidrógeno renovable

Este programa desarrollará acciones estratégicas basadas en el Hidrógeno para transformar el paradigma energético actual y minimizar la emisión de gases de efecto invernadero.

En la ejecución de este programa participarán Castilla La-Mancha, País Vasco, Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha, Canarias, la Comunidad Foral de Navarra, Extremadura y Comunidad de Madrid, así como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Con un total de 89 millones de euros de inversión, de los que 69,17 procederán del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Los próximos cuatro, en el primer cuatrimestre de 2022

Cada uno de los programas será objeto de la firma de un protocolo general de colaboración científica con las CCAA participantes. Está previsto que en el primer semestre de 2022 se firmen los otros cuatro Planes Complementarios, que estarán dedicados a la agroalimentación, astrofísica y física de altas energías, materiales avanzados y biodiversidad.

Con esta nueva herramienta, el Ministerio de Ciencia e Innovación pretende fortalecer nuestro sistema de I+D+I, orientando la investigación a las áreas estratégicas en las que el país puede aumentar su competitividad, no solo en la generación de conocimiento sino también en la transferencia al sector productivo.

Consumo

LEY PARA REGULAR LA ATENCIÓN AL CLIENTE DE LAS EMPRESAS

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la redacción del anteproyecto de Ley con el que el Ministerio de Consumo regula los servicios de atención al cliente. Entre otras cuestiones, la norma pondrá límites al uso de contestadores automáticos con los que las empresas se relacionan con los consumidores, garantizará la atención a personas vulnerables y hará pública la evaluación de los clientes de la atención recibida. El texto, que comienza ahora su tramitación, mejora las comunicaciones entre consumidores y empresas y establece obligaciones en la forma de facilitar información, atender incidencias y resolver quejas y reclamaciones.

La futura ley de servicios de atención al cliente establecerá el derecho de los consumidores a obtener por parte del prestador de bienes y servicios una atención gratuita, eficaz, accesible, inclusiva, no discriminatoria y evaluable. Las compañías que deberán adaptarse a esta nueva regulación serán todas aquellas consideradas como "grandes empresas", es decir, con más de 250 trabajadores, con un negocio anual de más de 50 millones de euros, o con un balance de negocios superior a 43 millones de euros.

También, e independientemente de su tamaño, la ley será de obligado cumplimiento para todas las empresas que presten servicios de carácter básico de interés general (agua y energía, transporte, servicios postales, servicios telefónicos, servicios de comunicaciones electrónicas, servicios financieros y servicios prestados a través de medios audiovisuales de acceso condicional mediante pago). Por tanto, no será obligatoria para las pequeñas y medianas empresas, salvo que presten servicios de carácter básico de interés general.

En el caso de las compañías suministradoras de energía, la nueva norma regula la posibilidad de acceder a medidas de ahorro, eficiencia energética y acceso a fuentes renovables a través del servicio de atención al cliente.

Nuevos derechos del cliente y obligaciones de las empresas

Además de regular el uso de contestadores automáticos o similares como medios exclusivos de atención a clientes, la futura ley contempla la obligación de la empresa de mantener una comunicación personalizada cuando el consumidor formule una consulta, queja, reclamación o comunicación de incidencia, vía telefónica o electrónica.

En el caso de insatisfacción con la atención recibida, el consumidor podrá solicitar que se transfiera la comunicación a una persona física supervisora, que deberá atenderle en el transcurso de esa misma comunicación. La ley establece límites a los tiempos de espera telefónica y prohíbe la derivación desde un teléfono gratuito a números que impliquen un coste adicional para el cliente. El horario del servicio de atención a la clientela se ajustará al horario comercial de la empresa. En los servicios básicos de interés general, siempre estará disponible la atención al cliente para la comunicación de incidencias en el servicio.

El anteproyecto de ley establece que las consultas, quejas, reclamaciones o incidencias serán resueltas lo más rápido posible y nunca en un plazo superior a un mes. La empresa no podrá aprovechar estos trámites con el cliente para ofertar bienes, servicios u ofertas comerciales, salvo que estén directa y claramente relacionadas con la resolución de la consulta, queja, reclamación o incidencia. En todo caso, si se produce una oferta, tiene que implicar una mejora en las condiciones de prestación del servicio o del precio.

Las empresas estarán obligadas también a permitir la presentación de reclamaciones, quejas, incidencias o consultas y la recepción de la comunicación de su resolución, al menos, por el mismo medio por el que se inició la compra. Asimismo, la empresa tendrá que entregar una clave identificativa y un justificante por escrito, en papel o a través de medio electrónico, para que los consumidores puedan tener constancia del estado de sus consultas, quejas, reclamaciones e incidencias presentadas. Ahí, el consumidor accederá a la información veraz, eficaz, suficiente, transparente y actualizada sobre cualquier incidencia surgida en torno a la normal prestación del servicio. También tendrá garantizada la devolución equitativa del precio u otras compensaciones, en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato o la oferta comercial.

En cualquier caso, los medios de interlocución habilitados por la empresa deberán figurar en el contrato, en las facturas y en su página web. En estos soportes, la información debe ser accesible y con un tamaño que permita su fácil lectura por parte del cliente y en un lugar destacado. Si se trata de una web, será en la página de inicio.

Si la queja o reclamación se produce por vía telefónica, la empresa grabará la llamada e informará del medio para acceder a ella en el justificante que se remita. Las respuestas al cliente deberán estar debidamente motivadas y en ningún caso podrán ser cerradas por caducidad o prescripción no imputable a la clientela.

En caso de una incidencia que afecte gravemente a la prestación del servicio o a su continuidad, la empresa deberá informar sin que el cliente lo haya solicitado, indicando además los derechos e indemnizaciones que procedan.

Consumidores vulnerables

Las empresas incluidas en la ley deberán garantizar la accesibilidad a los servicios de atención a las personas consumidoras vulnerables, como son, por ejemplo, aquellas con discapacidad o de edad avanzada. Quedan recogidos en el texto los principios de igualdad de trato, no discriminación y accesibilidad universal.

En el supuesto de personas con discapacidad, el canal telefónico deberá complementarse, a elección de la persona con discapacidad, con un sistema alternativo de mensajería escrita instantánea por aplicación de dispositivo móvil de uso generalizado o bien con un sistema de videointerpretación en lengua de signos.

Las empresas sometidas a esta ley deberán contar con formación y capacitación especializada para las personas que atiendan a los clientes. Esta capacitación será acorde al sector de actividad de la compañía que, además, tendrá que garantizar la eficacia en la gestión, incluyendo formación específica en atención a personas consumidoras vulnerables y, en especial, a personas con discapacidad o edad avanzada.

Evaluación de la atención recibida y relaciones con asociaciones de consumo

La nueva ley abrirá la puerta a sistemas que permitan definir el grado de satisfacción de la clientela y sus datos serán públicos. Las encuestas de satisfacción no se podrán realizar con anterioridad a la resolución de la consulta, queja, reclamación o incidencia. La evaluación de la atención contará con una auditoría anual, por parte de una compañía debidamente acreditada. Toda la documentación deberá permitir la inspección por los servicios de la Administración.

Por último, las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley deberán colaborar con las asociaciones de consumidores y usuarios más representativas, en relación con los servicios de atención al cliente y el mantenimiento de su calidad y eficacia.

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Universidades

SUBVENCIÓN PARA LA ENTIDAD "DIÁLOGO, ASOCIACIÓN DE AMISTAD HISPANO-FRANCESA"

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión directa de una subvención a la entidad "Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa", para la realización de actuaciones para la incentivación de estudios de grado y postgrado en España por jóvenes de nacionalidad francesa y franco-española.

El importe de la subvención será de 25.000 euros, con cargo al presupuesto de gastos del organismo autónomo Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

La entidad "Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa", es una asociación española con fines no lucrativos y declarada de utilidad pública.

Mediante este real decreto se autoriza la concesión directa de una subvención por razones de interés público para:

  • Favorecer la movilidad de jóvenes de nacionalidad francesa o franco-española que desean realizar estudios universitarios de grado o posgrado en España.
  • La consecución de un mayor y más profundo conocimiento por parte del alumnado francés y franco-español del sistema universitario español, y favorecer el incremento de estudiantes que opten por ampliar sus estudios en España.
  • La generación de vínculos entre los sistemas universitarios español y francés, fortaleciendo los tradicionales lazos que unen a España y Francia, profundizando en el sentimiento europeísta y en la consolidación de las relaciones económicas, sociales y culturales entre ambos países.
  • La profundización de la colaboración educativa en el marco europeo y en el ámbito de la educación superior, fomentando la internacionalización de los sistemas universitarios español y francés.

"Diálogo, Asociación de Amistad Hispano-Francesa" destinará la subvención a financiar ayudas a alumnos y alumnas que hayan superado programas de doble titulación Bachibac y/o Secciones Internacionales Españolas en Francia y que vayan a realizar estudios superiores de grado en España y al alumnado de la educación francesa que vayan a realizar un postgrado en alguna universidad española.

La cuantía de las becas oscilará entre 2.000 y 2.500 euros, por lo que se prevé que podrán beneficiarse de las mismas 10 estudiantes franceses.


BIOGRAFÍAS

Presidencia del Gobierno

Director del Departamento de Información Autonómica de la Secretaría de Estado de Comunicación

D. ALFREDO RODRÍGUEZ FLORES.

Nació en Madrid en 1974. Licenciado en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid.

Antes de incorporarse al equipo de la Secretaría de Estado de Comunicación, trabajaba como director de Comunicación en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Anteriormente, fue director de Comunicación del Ministerio de Fomento, hasta el cambio de denominación de esta cartera.

También ha sido jefe de prensa en Presidencia en el Congreso de los Diputados, en la XI Legislatura. Del mismo modo, ha trabajado en el departamento de Comunicación de CEF PSOE. Inició su carrera como redactor en la Agencia EFE.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en la República de Angola

D. MANUEL MARÍA LEJARRETA LOBO.

Nacido en Vitoria (Álava) en 1960, se licenció en Derecho por la Universidad de Navarra en 1982 e ingresó en la Carrera Diplomática en 1987.

Ha servido en las Embajadas de España en Guinea Ecuatorial; Chile; Indonesia y Argentina.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha desempeñado, entre otros, los puestos de Subdirector General de Asia Continental y Subdirector General de Países del Mercosur y Chile.

Entre 2011 y 2015 fue Embajador de España en la República de Guatemala con acreditación en la República de Belice.

Elegido Vicepresidente de la Asociación Diplomáticos Españoles, 2008-2009.

Desde 2015 hasta la fecha ha desempeñado el cargo de Secretario General de la Fundación Consejo España-Estados Unidos.

Embajador de España en la República de Albania

D. ÁLVARO RENEDO ZALBA.

Nacido en Burgos en 1980. Licenciado en Derecho. Ingresó en la Carrera Diplomática en 2007.

Desde agosto de 2020, era Cónsul General de España en Argel. Con anterioridad, fue Fellow en Harvard University (Harvard Kennedy School, Belfer Center for Science and International Affairs), Vocal Asesor en el Gabinete del Secretario de Estado para la Unión Europea y Director del Departamento de Asuntos Europeos y G20 en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Fue también Profesor Asociado en la Universidad Complutense de Madrid (Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología), Adjunto al Director General de Asuntos Generales y Coordinación de Políticas del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Jefe de Área y Jefe de Servicio en el Gabinete del Secretario de Estado para la Unión Europea.

Ha sido condecorado con la Cruz del Mérito Militar.

Embajador en Misión Especial para la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte

D. ÁLVARO IRANZO GUTIÉRREZ.

Embajador en Misión Especial para la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte

Nacido en San Sebastián (Guipúzcoa) el 19 de agosto de 1955, es Licenciado en Derecho y miembro de la Carrera Diplomática desde 1981.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha desempeñado diversas responsabilidades a lo largo de su carrera, entre ellas las de Subdirector General de Africa del Norte (1992-1997) y Director General de Mediterráneo, Oriente Próximo y Africa (2004-2008).

Ha estado destinado en las Embajadas de España en Gabón, Mozambique y Argelia. Ha sido Cónsul General en Sídney (Australia).

Ha desempeñado el cargo de Embajador de España en Angola (1997-2001), Malasia (2001-2003), Israel (2008-2012) y Arabia Saudí (2017-2021).

Defensa

Director del Gabinete de la Ministra

D. JUAN JOSÉ GARCÍA DE LA CRUZ HERRERO.

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM, 1986), Doctor en Sociología UCM (1993), profesor titular de universidad Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid (desde 1998 hasta la actualidad). Letrado Jefe de la Sección de Estudios Sociológicos y Estadísticos del Consejo General del Poder Judicial desde mayo del 2003 a año 2013. Asesor Político en el Gabinete del Ministerio de Defensa desde junio del año 2018 hasta la actualidad. Ha desarrollado varías líneas de investigación publicando libros, decenas de artículos y conferencias en cada una de esas áreas de investigación.

Sus principales líneas de investigación han sido:

  • La institución militar española y su transición.
  • Análisis e imagen corporativa.
  • Análisis de opinión pública y medios de comunicación.
  • Seguimiento y valoración de la gestión pública.
  • Gobernabilidad: relación entre ciudadanos y gestores públicos en momentos de crisis de legitimidad.
  • Análisis de calidad de los servicios públicos.
  • Análisis de la Cooperación internacional, especialmente entre UE y América Latina.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Directora del Gabinete del Ministro

Dª. MARÍA TERESA LEDO TURIEL.

Mayte Ledo ha sido responsable de costes e inversiones en BBVA desde 2019. Antes desempeño diversos puestos de responsabilidad en el área financiera, dirigiendo los equipos operativos en 2018, o la estrategia del área financiera desde 2016. Entre 2013 y 2016 fue directora de gabinete del director financiero y previamente, responsable de tendencias regulatorias y de relaciones con supervisores y reguladores desde 2011. Antes de incorporarse al área financiera, trabajó en BBVA Research como economista jefe de escenarios económicos y financieros desde 1999, función a la que se añadió la de análisis de las tendencias regulatorias tras la crisis financiera. Es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid y cuenta con estudios de postgrado en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) y con cursos de doctorado en Análisis Económico en la Universidad Complutense de Madrid

Directora General de Programas de Protección Internacional y Atención Humanitaria

Dª. ELENA BIURRUN SAINZ DE ROZAS.

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (1997) y máster en Informática y Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (1998). Programa de liderazgo para la gestión pública del IESE Business School (curso 2014/2015).

Directora de Gabinete del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (enero 2020- noviembre 2021)

Directora Adjunta de PLENEAT (2019-2020)

Alcaldesa del Ayuntamiento de Torrelodones (Madrid) (2011- 2019)

Concejala del Ayuntamiento de Torrelodones (2007-2011)

En 2005 fundó TORRENAT, asociación vecinal en defensa de la naturaleza, convirtiéndose en 2007 en un partido político del que ha sido presidenta durante 12 años.

Asimismo, desarrolló su actividad profesional en el sector privado, en el Bufete Anguiano & Asociados en el área de telecomunicaciones y protección de datos.

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