Referencia del Consejo de Ministros

Madrid, martes 26 de octubre de 2021

SUMARIO

Asuntos Económicos y Transformación Digital

  • Compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (C16, R1). REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a entidades pertenecientes a la Red Española de Supercomputación para la realización de un proyecto en cooperación con el fin de reforzar las capacidades de supercomputación, de acuerdo con la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (Quantum ENIA), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
  • Compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (C25, I1). REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a Spain Film Commission en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Justicia

  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración por lotes (5) de un contrato de servicios de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones informáticas para el Ministerio de Justicia, por un valor estimado de 21.741.885 euros.

Defensa

Hacienda y Función Pública

  • ACUERDO por el que se resuelven los recursos potestativos de reposición interpuestos por quienes se citan en los ochenta y nueve anexos al presente contra los acuerdos del Consejo de Ministros de 27 de febrero de 2015, 10 de julio de 2015 y 27 de noviembre de 2015, por los que se desestimaron, respectivamente, sus solicitudes de responsabilidad patrimonial del Estado legislador con sustento en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de febrero de 2014, en relación con el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2021 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria la contratación y la tramitación anticipada de contratos de carácter informático.
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2021 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria la contratación de suministros sanitarios, no sanitarios y de carácter informático y de mantenimiento y la tramitación anticipada de contratos de carácter informático.
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir durante 2021 compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para posibilitar a la Gerencia de Informática de la Seguridad Social la contratación, la tramitación anticipada y la prórroga de diversos expedientes para el desarrollo normal de tareas que tiene encomendadas.
  • Fondos Europeos. Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. (C12, I2). ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, y en el artículo 41 del Real Decreto-ley 36/2020, para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la finalidad de financiar la convocatoria de ayudas del programa de apoyo a Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica, en relación con un ecosistema favorable para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado (Componente 12, Inversión 2).
  • ACUERDO por el que se autoriza la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores de conformidad con lo establecido en el artículo 47.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Sanidad la tramitación anticipada de un contrato de servicios de logística de reserva estratégica de material sanitario, de protección y farmacéutico para atender la situación creada por el COVID-19.
  • ACUERDO por el que se autoriza la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores de conformidad con lo establecido en el artículo 47.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Instituto de la Juventud, O.A., la convocatoria de ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea del programa Erasmus+ y del programa Cuerpo Europeo de Solidaridad.
  • ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 6.790.409,04 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para financiar la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias con el fin de que instrumente, en materia agraria y pesquera, las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.
  • ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia, por importe de 63.000.000 de euros, y la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Economía Social por la citada cuantía, para financiar el Plan Extraordinario de Empleo y Formación para hacer frente a las consecuencias de la erupción volcánica en la isla de La Palma, regulado en el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre.

Interior

  • REAL DECRETO por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Dirección General de la Guardia Civil para la celebración de un contrato de suministro de diversas prendas y artículos de uniformidad reglamentaria, con destino al personal de la Guardia Civil, con un valor estimado de 16.116.114 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico la contratación del suministro e instalación de equipamiento, para la mejora de la seguridad vial en el marco del Plan ITS, por un valor estimado de 27.768.595,04 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras de reparación de las fachadas del acuartelamiento de la Guardia Civil de Tarifa (Cádiz), por importe de 373.800,26 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del contrato de alquiler de aulas en Madrid, para el proceso selectivo de las pruebas de acceso a la Escala Básica de Cabos y Guardias de la Guardia Civil para el año 2021, por importe de 60.625,84 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza el pago de una contribución voluntaria adicional correspondiente al ejercicio 2021 a la Organización Internacional de Policía Criminal OIPC-INTERPOL, por importe de 51.777 euros.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para la realización de actividades de promoción de la ingeniería civil.
  • REAL DECRETO por el que se aprueba la adenda a incorporar al Convenio, aprobado por Real Decreto 757/2019, de 27 de diciembre, entre la Administración General del Estado, el Gobierno de La Rioja y Autopista Vasco-Aragonesa, Concesionaria Española, Sociedad Anónima Unipersonal, por la que se prorroga la aplicación de medidas de bonificación de peajes a determinados vehículos pesados en la autopista AP-68 en el tramo "Zambrana-Tudela".
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de conservación y explotación de las carreteras, sus elementos funcionales y otros servicios públicos, y de obras menores relacionadas con esos servicios del sector: HU-03. Huesca. Valor estimado del contrato: 31.082.241,16 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación y refuerzo del viaducto de la carretera M-40 sobre la carretera M-605 "El Pardo" y río Manzanares, situado en el punto kilométrico 51+000 de la carretera M-40, subsanando la situación de grave peligro existente, en la provincia de Madrid, por importe de 2.481.712,50 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución de España al Memorandum de Entendimiento de París de 1982 sobre el control por el Estado Rector del Puerto (MOU-PSC), correspondiente a 2021, por importe de 29.340,89 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda.
  • ACUERDO por el que se autoriza la tramitación urgente prevista en el artículo 27.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, del Anteproyecto de Ley de calidad de la arquitectura.
  • Compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (C2, R4). INFORME sobre Anteproyecto de Ley de calidad de la arquitectura, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Industria, Comercio y Turismo

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

  • REAL DECRETO-LEY por el que se adoptan las medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
  • REAL DECRETO-LEY por el que se adoptan medidas urgentes para la organización en España de la XXIV reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo.
  • ACUERDO por el que se aprueba la firma ad referendum de las Decisiones del III Congreso Extraordinario de la Unión Postal Universal, se dispone su remisión a las Cortes Generales y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dichas Decisiones.
  • ACUERDO por el que se autoriza la firma del acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa relativo a la Pesca en el Tramo Internacional del Río Miño (TIRM).
  • ACUERDO por el que se autoriza la firma del acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa relativo a la caza en las aguas y márgenes del tramo internacional del rio Miño (TIRM).
  • ACUERDO por el que se aprueban las modificaciones del Inventario de Bienes Inmuebles del Patrimonio Nacional y de los Reales Patronatos, a 31 de diciembre de 2019.
  • ACUERDO por el que se aprueban las modificaciones del Inventario de Bienes Muebles de carácter histórico o valor artístico del Patrimonio Nacional y de los Reales Patronatos, a 31 de diciembre de 2019.
  • ACUERDO por el que se aprueban las modificaciones del Inventario de Semovientes en terrenos gestionados por el Patrimonio Nacional, a 31 de diciembre de 2019.
  • ACUERDO por el que se aprueban las modificaciones del inventario de bienes correspondientes al apartado f) del artículo 12 del Reglamento del Patrimonio Nacional, aprobado por Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, a 31 de diciembre de 2019.
  • ACUERDO por el que se prorrogan las medidas contenidas en los artículos 11, 12 y 15 del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado Tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.
  • Compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. INFORME sobre el Anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Derechos Sociales y Agenda 2030

  • ACUERDO por el que se autoriza la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de juventud del programa «Erasmus+» durante 2021.

Ciencia e Innovación

  • ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P., el pago de las contribuciones a diversos organismos internacionales en el ámbito de la investigación oceanográfica, correspondientes a 2021, por un importe de 150.207 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, O.A., M.P. (CIEMAT), las contribuciones a asociaciones, organizaciones y entidades internacionales de investigación, correspondientes al año 2020, por un importe de 40.000 euros.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

  • Compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (C23, I7). REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

REAL DECRETO por el que se designa Embajador de España en la República de Chile a D. RAFAEL GARRANZO GARCÍA.

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ASUNTOS GENERALES

Asuntos Económicos y Transformación Digital

CREACIÓN DEL PRIMER ECOSISTEMA DE COMPUTACIÓN CUÁNTICA DEL SUR DE EUROPA

El Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de una subvención de 22 millones de euros para impulsar la creación de un ecosistema de computación cuántica en España, en línea con la estrategia trazada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la agenda España Digital 2025 y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA).

Con el acuerdo aprobado hoy, el Gobierno contribuye a fortalecer las capacidades de supercomputación de España mediante la puesta en marcha del proyecto Quantum Spain, que aborda la creación un ecosistema de computación cuántica para la Inteligencia Artificial (IA) basado en un modelo de cooperación público-privada. Un paso importante para situar a España como el nodo cuántico del sur de Europa.

El objetivo de la iniciativa pasa por garantizar el desarrollo de algoritmos cuánticos con un enfoque dirigido a la solución de casos reales, fortaleciendo con ello el desarrollo tecnológico e industrial en España y la creación de empleo de alta cualificación.

Un supercomputador cuántico abierto, al servicio de la comunidad investigadora, empresas y entidades públicas

Con el proyecto Quantum Spain se desarrollará un computador cuántico de altas prestaciones que se pondrá a disposición de la comunidad investigadora para el desarrollo de la Inteligencia Artificial; se creará un servicio de acceso remoto en la nube al procesador; y se desarrollarán librerías de algoritmos cuánticos útiles (Quantum Machine Learning), aplicables a problemas reales (química cuántica, finanzas, optimización de procesos de la cadena productiva, criptografía y cualquier otro problema en diversos ámbitos), para usuarios finales tanto de empresas como de entidades públicas.

La primera fase del proyecto contará con una inversión inicial de 22 millones de euros, que se empezarán a movilizar en 2021 y se canalizarán a través de la Red Española de Supercomputación (RES). Bajo el modelo de colaboración público-privada que fomenta el Plan de Recuperación, se prevé una inversión total de hasta 60 millones a través de la complementariedad con otras iniciativas también europeas.

Un proyecto para todo el territorio nacional

Con el fin de crear un verdadero ecosistema cuántico en España y que sea lo más eficaz posible, Quantum Spain se ha diseñado de forma descentralizada para llegar a todo el territorio nacional. En el proyecto participarán 25 centros ubicados en 14 Comunidades Autónomas, la mayor parte de ellas integradas en la RES, que actuará de canalizadora de la subvención a todas las entidades participantes. El Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), como coordinador de la RES, será el encargado de gestionar la participación de todas las entidades.

Al tratarse de centros desplegados por todo el territorio nacional, -impulsados o liderados por investigadores nacionales-, Quantum Spain tendrá un impacto positivo para el conjunto de la economía española y la creación de empleo de calidad, la vertebración territorial y la atracción y retención de talento en todo el país.

De la inversión total, 14,5 millones de euros serán ejecutados directamente por entidades de la RES para la realización del proyecto, mientras que otros 7,5 millones se transferirán a entidades no pertenecientes a esta infraestructura a través de subcontrataciones o convenios.

El presupuesto económico se divide en tres áreas de alto nivel: el destinado para hardware, dirigido a la creación del nuevo laboratorio cuántico y chips cuánticos, se llevará la partida más importante, con en torno a 10 millones de euros; seguido por el software cuántico, con énfasis en "Quantum Machine Learning", al que se dedicarán 7 millones; y de la plataforma de acceso en la nube al hardware cuántico, que tendrá un presupuesto de 5 millones de euros.

Prioridad para España establecida en el Plan de Recuperación

Este proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la medida 15 de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), avanzando así también en la implementación de la agenda España Digital 2025. Además, el proyecto se alinea completamente con la apuesta de la Comisión Europea, a través de EuroHPC, de reforzar el ecosistema europeo situando a las máquinas cuánticas en los mismos centros de supercomputación que acogerán las grandes máquinas de HPC clásicas. Y es complementario con otras iniciativas lideradas también por el Gobierno (planes de I+D en comunicaciones cuánticas) y por la Comisión (Quantum Flagship).

Asuntos Económicos y Transformación Digital

ESPAÑA COMO HUB AUDIOVISUAL INTERNACIONAL

El Consejo de Ministros ha autorizado la inversión de 25 millones de euros para fomentar la internacionalización de la industria audiovisual española e impulsar España como destino de rodajes. Esta inversión se realizará a través de la concesión de una ayuda de 20 millones de euros a ICEX Exportación e Inversiones y otra de 5 millones de euros a Spain Film Commission para fomentar la industria audiovisual española y su internacionalización.

Estas inversiones se enmarcan en el desarrollo del 'España, hub audiovisual de Europa', del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tienen el objetivo estratégico de convertir a nuestro país en plataforma de producción audiovisual a nivel mundial y aumentar un 30% la producción en España en el periodo 2021-2025.

Con estas ayudas, ICEX Exportación e Inversiones pondrá en marcha diferentes acciones. Entre ellas, la creación de una ventanilla única, denominada 'Spain Audiovisual Hub Bureau', para facilitar a las empresas españolas interesadas la internacionalización de su actividad. Desde ella, también se proporcionará asistencia a compañías internacionales que estén interesadas en acometer proyectos de producción audiovisual o establecerse en España.

Además, promoverá a esta industria cultural a nivel internacional con el desarrollo de campañas de comunicación y publicidad; la participación en eventos, jornadas técnicas sectoriales, ferias, mercados y congresos; y realizará misiones comerciales de profesionales a países objetivo y atraerá visitas comerciales a España.

Por su parte, la asociación sin ánimo de lucro Spain Film Comission ejecutará un plan de acción dirigido a mejorar la competitividad de España como destino de rodajes internacionales y a fortalecer el tejido empresarial del sector audiovisual español.

La subvención estará destinada a la puesta en marcha de cinco programas:

  • Spain Film Talent Network: creación de una red social que reunirá al talento audiovisual español incluyendo a empresas y a profesionales de todos los ámbitos del sector audiovisual.
  • Spain Film Friendly Land: fortalecimiento de la red territorial de Spain Film Commission, que, junto con la ampliación del catálogo de localizaciones, monumentos y sitios de referencia, conseguirá aumentar el número de rodajes en todo el territorio español, con especial atención a localizaciones remotas, rurales o urbanas, así como en zonas despobladas.
  • Plataforma Transmedia Spain Film: actualización de la oferta informativa, tanto en sus contenidos como en sus formatos, creando una plataforma transmedia.
  • Shooting in Spain: potenciación de las diversas acciones que agrupa ya esta estrategia de marketing y comunicación a través de la cual se fomenta la imagen España como destino de rodajes e inversiones del sector audiovisual, en coordinación con la red de socios de la Spain Film Commission en las comunidades autónomas y principales ciudades de España, y las instituciones del Estado implicadas.
  • Spain Virtual Locations: creación de algún piloto tridimensional de monumentos, edificios y espacios urbanos destacados y representativos de la arquitectura y urbanismo español, reconocidos como símbolos de nuestra historia y cultura.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

NUEVO PAQUETE DE MEDIDAS PARA AMPLIAR LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES ANTE LA ESCALADA EN LOS PRECIOS DE LA ENERGÍA

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores vulnerables ante la actual coyuntura de precios elevados del gas y la electricidad, para introducir más transparencia en los mercados de energía, al objeto de facilitar la toma de decisiones, y para ayudar a la industria a formalizar contratos de suministro de electricidad a largo plazo.

Así, el descuento en la factura de la luz otorgado por el bono social a los consumidores vulnerables crecerá del actual 25% al 60% -del 40% al 70% en el caso de los vulnerables severos- hasta el 31 de marzo de 2022, y se duplicará el presupuesto para el bono social térmico durante este 2021, alcanzando los 202,5 millones de euros.

Para promover la transparencia y mejorar la capacidad de supervisión de los mercados minoristas eléctrico y gasista, las empresas tendrán que comunicar previa y detalladamente el efecto de las modificaciones de los contratos. En el mercado mayorista eléctrico, las compañías también deberán aportar datos sobre los acuerdos bilaterales y coberturas que suscriban, tanto con terceros como dentro del mismo grupo empresarial.

CONTENER EL IMPACTO DE LA ESCALADA ENERGÉTICA

El Gobierno sigue actuando para contener el impacto de la cotización del gas en los mercados internacionales sobre los consumidores y la economía española -el precio del hidrocarburo se ha multiplicado por cinco en pocos meses-, y hoy ha aprobado un Real Decreto-ley, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que sigue la estela de las medidas aprobadas en junio y septiembre.

En junio el Ejecutivo aprobó el Real Decreto-ley 12/2021, que redujo el IVA sobre la electricidad del 21% al 10% para los pequeños consumidores, y suspendió el IVPEE, el impuesto que grava con un 7% la venta de energía en el mercado mayorista, proporcionando una rebaja del 12% en la factura de los consumidores domésticos. Y en septiembre, a la vista de la escalada de los precios energéticos, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 17/2021, con un potente Plan de Choque con más medidas fiscales y actuaciones extraordinarias sobre el sistema eléctrico.

El Plan de Choque afianzó la rebaja impositiva de junio hasta final de año, redujo el Impuesto Especial sobre la Electricidad desde el 5,1% hasta el mínimo autorizado por la normativa comunitaria, el 0,5%, y elevó hasta 2.000 millones los fondos obtenidos con las subastas de CO2 para rebajar la factura eléctrica. También limitó el crecimiento de la tarifa regulada del gas natural (TUR) durante el último trimestre del año para las familias y las Pymes, dejándola en el 4,4%, frente al 35% que hubiera subido en el caso de no haber actuado.

El Plan igualmente incluyó, hasta el 31 de marzo, la minoración temporal del beneficio extraordinario que obtienen las centrales de generación no emisoras en el mercado mayorista, gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes del gas que no soportan. Esta minoración se está destinando a rebajar los costes fijos del sistema eléctrico, beneficiando a todos los consumidores.

PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES VULNERABLES

El Plan prestó atención especial a los consumidores vulnerables y creó el Suministro Mínimo Vital, previsto en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, prolongando hasta 10 meses la prohibición de interrumpir el suministro de electricidad por impago. Hoy, ante la previsión de los precios de la electricidad se mantengan elevados hasta la primavera, el Gobierno ha vuelto a incrementar la protección de este colectivo.

El bono social contempla descuentos en la factura eléctrica regulada (PVPC) para los consumidores con rentas bajas o con circunstancias especiales -como recibir una pensión mínima, estar desempleado o incluido en un ERTE- del 25% en el caso de los vulnerables y del 40% en el caso de los vulnerables severos. Pues bien, la norma aprobada hoy por el Consejo de Ministros eleva esos umbrales de descuento, que protegen a 1,2 millones de hogares, hasta el 60% en el caso de los consumidores vulnerables y hasta el 70% en el caso de los vulnerables severos, hasta el 31 de marzo de 2022.

Los perceptores del bono social eléctrico también reciben el bono social térmico, una ayuda directa de 25 a 124 euros en función de la zona climática en la que vivan para cubrir los costes de la calefacción, la cocina y el agua caliente sanitaria. Así, el Gobierno ha incrementado la cantidad mínima a cobrar por parte de estos consumidores a 35 euros -dos bombonas de butano- y ha duplicado el presupuesto asignado a tal efecto durante este 2021 con 100 millones adicionales, alcanzando los 202,5 millones.

La ayuda directa del bono térmico se traducirá en un cheque que remitirá la comunidad autónoma, que tendrá un importe mayor en las zonas frías que en las cálidas, con el citado mínimo de 35 euros. Atendiendo al número de beneficiarios, la cantidad media será de 90 euros por consumidor vulnerable beneficiario.

MAYOR TRANSPARENCIA EN LOS MERCADOS ENERGÉTICOS

Para mejorar el funcionamiento de los mercados energéticos y permitir la toma de decisiones con más información, el Ejecutivo ha introducido nuevas obligaciones para las empresas generadoras y comercializadoras, que lograrán una mayor transparencia, tanto en el ámbito minorista como en el mayorista, facilitando la competencia y mejorando la calidad del modelo en su conjunto.

En el primero, el mercado minorista, las comercializadoras eléctricas y gasistas tendrán que informar a sus clientes sobre cualquier intención de modificar las condiciones del contrato al menos un mes antes de que dicha intención se materialice; hasta ahora, las comercializadoras podían informar después de haber acometido la modificación, no más tarde de un período de facturación.

Además, en las comunicaciones relativas a la modificación de los contratos, las comercializadoras tendrán que incluir una comparativa de los precios aplicados antes y después de la revisión, así como una estimación del coste anual del suministro antes y después de la revisión.

Las empresas también tendrán que remitir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) información transparente, comparable y actualizada sobre los precios de las ofertas disponibles en todo momento, incluyendo las condiciones relacionadas con la terminación de los contratos y los servicios adicionales que exija la contratación del suministro, con el fin de que estén disponibles al público en el Comparador de Ofertas de Energía de su página web.

CONTRATACIÓN BILATERAL Y COBERTURA

En el mercado mayorista de la electricidad se establece la obligación de que los productores y comercializadoras informen periódicamente a la CNMC acerca de los instrumentos de contratación a plazo de electricidad, tanto físicos como financieros, que tengan rubricados entre las sociedades del mismo grupo empresarial o con terceros. Al menos, deberán facilitar la fecha de la firma del instrumento de cobertura, la fecha de entrega o liquidación de la energía, el volumen de energía afectado, así como el precio y el perfil del tipo de producto negociado.

Con relación a estos instrumentos de contratación a plazo, se ha precisado el ámbito de la aplicación de la minoración temporal de los beneficios extraordinarios de las centrales de generación que no soportan los costes del gas repercutidos en el mercado mayorista aprobada en el Plan de Choque.

Para aportar una mayor seguridad jurídica, se establece que la minoración no afectará a la energía producida por las instalaciones cubiertas con algún instrumento de contratación a plazo, cuando el precio de la cobertura sea fijo, cuando se haya contratado antes de la promulgación del RDL 17/2021 o cuando tenga una cobertura superior a un año si se firma posteriormente.

Los productores susceptibles de ser afectados por la minoración tendrán que remitir una declaración responsable y documentación acreditativa sobre la energía cubierta por instrumentos de contratación a plazo cuyo modelo se incluye en la nueva norma. La inexactitud o falsedad en la documentación aportada tendrá la consideración de infracción muy grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.


Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

ACTUACIONES DE EMERGENCIA PARA RESTAURAR ZONAS AFECTADAS POR LOS INCENDIOS FORESTALES DE AZUÉBAR (CASTELLÓN) Y DE SAN FELICES DE LOS GALLEGOS (SALAMANCA)

El Consejo de Ministros ha tomado razón de la declaración de emergencia para la realización de actuaciones de recuperación medioambiental de las áreas afectadas por los incendios forestales de Azuébar (Castellón) y de San Felices de los Gallegos (Salamanca), por un importe de 294.084 y 240.161 euros, respectivamente. La intervención es inmediata, ante el riesgo de que las lluvias de otoño agraven los procesos de erosión de los suelos y la pérdida de valor ecológico de zonas de dos parques naturales.

Estas actuaciones urgentes garantizarán la pervivencia del bosque y los usos ambientales, paisajísticos, sociales y de recreo de los terrenos forestales, y facilitarán la restauración integral por parte de cada Comunidad Autónoma de los espacios dañados a más largo plazo.

La ejecución de las obras de emergencias ha sido encargada por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO a la empresa ORTHEM, Servicios y Actuaciones Ambientales S.A.U, en el caso de Azuébar, y a la empresa Estudios y Trabajos Forestales S.L. (ESTRAFO) Forestación y Repoblación S.A (FORESA), en el de San Felices de los Gallegos.

Para paliar la situación de emergencia provocada por estos incendios se han puesto en marcha acciones como el apeo del arbolado con riesgo de caída junto a pistas forestales para asegurar su tránsito, el descopado y desrame de los fustes que se dispondrán como barreras antierosión y trituración, y el esparcimiento de los restos selvícolas como acolchado natural.

Se contempla también la reconstrucción o arreglo de muretes de piedra en seco para reducir la erosión superficial y evitar la pérdida de suelo, la plantación de arbolado con protector en terrenos con una mayor presión ganadera y el cerramiento con malla ganadera. Además, se construirán varios puntos de agua, tanto para la fauna como para la mejora de la eficacia de los medios de extinción frente a futuros incendios, mediante la ampliación e incremento de la profundidad de charcas ganaderas.

Parque natural de la sierra de Espadán

El 14 de agosto de 2021 se produjo un gran incendio en la provincia de Castellón, iniciado en el municipio de Soneja, en los alrededores del Alto de la Palomera, que alcanzó una extensión de 420,60 ha de los términos municipales de Soneja, Azuébar y, en menor medida, de Almedíjar. El 30% del total de esa superficie forestal pública está formada por una gran variedad de vegetación arbolada, principalmente pino carrasco, algarrobo, enebro, olivo, prunus, alcornoque y encina.

El perímetro de este incendio afectó al Parque Natural de la Sierra de Espadán, uno de los espacios naturales mejor conservados de la Comunidad Valencia, con una gran diversidad de especies animales: anfibios como el gallipato, reptiles como el lagarto ocelado, aves como el águila perdicera, el cárabo, el búho real o el arrendajo, y mamíferos como el jabalí, el zorro, la garduña, la gineta y el tejón. Además, en este espacio habitan 16 especies de murciélagos, 7 de las cuales están catalogadas como especies amenazadas.

Parque natural Arribes del Duero

El 17 de agosto de 2021 se produjo un gran incendio forestal, con origen en cinco puntos situados en la carretera SA-324, que enlaza la localidad de San Felices de los Gallegos con Ciudad Rodrigo, llegando a declararse Nivel 1 de peligrosidad del Plan INFOCAL. Se quemó una superficie total de 1.735,23 ha en los términos municipales de San Felices de los Gallegos y Bañobárez, afectando a importantes bienes naturales, a ganado vacuno e infraestructuras ganaderas y a los límites del Parque Natural Arribes del Duero, en áreas críticas para la conservación de la cigüeña negra y el águila perdicera.

Declaración de zonas afectadas

El 24 de agosto el Consejo de Ministros acordó declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil (ZAEPC) las comunidades autónomas de Castilla y León, Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Madrid, Navarra y el Principado de Asturias, que este verano han sufrido importantes incendios forestales, contexto en el que se encuentran incluidos los incendios de Azuébar y San Felices de los Gallegos.


Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACIÓN ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma del Tratado de amistad y cooperación entre el Reino de España y la República Portuguesa.

En la XXXI Cumbre hispano-portuguesa, celebrada el 10 de octubre de 2020 en Guarda, los Gobiernos de España y Portugal afirmaron su intención de actualizar y plasmar el rico y diverso entramado de sus vínculos bilaterales a través de un Tratado de Amistad y Cooperación renovado, que responda a la creciente densidad y profundidad de las relaciones bilaterales y refleje en toda su amplitud su relación estratégica y multidimensional.

Para cumplir con este compromiso, ambos Gobiernos han negociado un nuevo Tratado de Amistad y Cooperación que renueva, sin llegar a derogarlo, el actualmente en vigor firmado el 22 de noviembre de 1977. El Tratado reconoce la profundización de las relaciones bilaterales en democracia. Su firma tendrá lugar en Trujillo el próximo 28 de octubre de 2021, con motivo de la celebración de la XXXII Cumbre Bilateral hispano-portuguesa.

El texto del nuevo Tratado está estructurado en un Preámbulo y seis Títulos que establecen un marco de la relación bilateral de España y Portugal más adaptado a la realidad del siglo XXI que el suscrito hace más de cuatro décadas.

El Preámbulo recoge los principios en la que se asienta esta relación de amistad y cooperación: valores democráticos; derechos humanos; Derecho Internacional, y orden jurídico de la Unión Europea. También, su objetivo: profundización de la cooperación y coordinación estratégica, incluida la cooperación transfronteriza y con regiones ultra periféricas, ante los nuevos desafíos de un mundo globalizado, todo ello orientado a la justicia social, bienestar y progreso de nuestros pueblos. Por último, el marco en que se desarrolla esta relación: nuestro común compromiso en la construcción europea que encarna la Unión Europea; nuestra vocación atlántica, que tiene como expresión la pertenencia en la Comunidad Iberoamericana de Naciones; nuestras relaciones con África y el Mediterráneo, y nuestra defensa del multilateralismo basado en el papel central de las Naciones Unidas.

El Título I recoge el marco general de las relaciones bilaterales, afirmando los principios y valores enunciados en el preámbulo y las áreas de diálogo y coordinación que ambos Gobiernos se proponen profundizar.

El Título II define los instrumentos de cooperación política y las estructuras de consulta y cooperación que vertebran las relaciones bilaterales. Por primera vez se recoge en un convenio internacional la celebración de cumbres bilaterales anuales presididas por los jefes de Gobierno, así como el establecimiento de una instancia de seguimiento de los compromisos asumidos en las cumbres. También prevé la celebración de reuniones anuales de los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, la cooperación parlamentaria y la promoción de mecanismos estructurados de diálogo entre ambas sociedades civiles e interlocutores sociales.

El Titulo III trata las diversas dimensiones de la cooperación bilateral. Entre ellas, la cooperación transfronteriza como uno de los ejes fundamentales de la relación bilateral. Ambos Gobiernos se comprometen a dar continuidad a las herramientas existentes y a promover estrategias conjuntas de cooperación transfronteriza, señalando el papel de las entidades territoriales fronterizas, de las entidades de cooperación transfronteriza, de las Agrupaciones Europeas de Cooperación Transfronteriza y, en particular, de la Comisión hispano-lusa para la Cooperación Transfronteriza que supervisa y evalúa la aplicación del Tratado de Valencia sobre Cooperación Transfronteriza de 3 de octubre de 2002.

El Título III examina las áreas de cooperación en diversas materias: lenguas, educación y cultura; medio ambiente (ambos Gobiernos se comprometen a impulsar los trabajos de la Comisión Internacional de Límites y de la Comisión para la Aplicación y Desarrollo del Convenio de Albufeira, de 30 de noviembre de 1998, sobre cooperación para la protección y el aprovechamiento sostenible de las aguas de las cuencas hidrográficas); conectividad; energía; ciencia y tecnología; economía; asuntos de Justicia, Interior y protección civil; salud pública; trabajo, empleo y política social, y regiones ultra periféricas.

En el Título IV los dos Gobiernos se comprometen a contribuir a la profundización de la Unión Europea estableciendo mecanismos de coordinación bilateral y a abordar los retos presentes y futuros.

En el Título V ambos Gobiernos reconocen las posibilidades de acción conjunta a nivel multilateral, con especial atención a temas mundiales y a los marcos de cooperación regional de los que forman parte, destacando la Comunidad Iberoamericana de Naciones y las instancias de cooperación en el Mediterráneo.

El Título VI incluye las disposiciones finales. Reconoce la validez del Tratado de Amistad y Cooperación de 1977, del Convenio de Valencia sobre cooperación transfronteriza de 2002 y del Convenio de Albufeira y su Protocolo Adicional. Prevé también mecanismos de solución de controversias, revisión, vigencia, denuncia, entrada en vigor y registro del Tratado que son habituales en convenios de su misma naturaleza. Como marco general de las relaciones hispano-portuguesas, el texto negociado de Tratado de Amistad y Cooperación recoge declaraciones políticas y compromisos programáticos que no generan incremento del gasto público.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

MARCO DE ASOCIACIÓN PAÍS ESPAÑA-PARAGUAY 2020-2023.

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se toma conocimiento del Acta de la VII Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Paraguaya de Cooperación por el que se aprueba el marco de asociación país España-Paraguay 2020-2023.

Los Marcos de Asociación País (MAP) son los instrumentos de planificación bilateral a través de los cuales la Cooperación Española contribuye a la realización de sus objetivos estratégicos, apoyando a los países asociados para su desarrollo sostenible dentro del marco de la Agenda 2030.

El MAP 2020-2023 tiene como marco el Convenio General Básico de Cooperación Científica, Técnica y Cultural entre España y Paraguay, suscrito el 7 de febrero de 1990, y cuyo antecedente más inmediato es el MAP España-Paraguay 2012-2015, prorrogado tácitamente hasta la aprobación del nuevo MAP.

El MAP tiene el objetivo de contribuir al desarrollo humano sostenible y a la erradicación de la pobreza en Paraguay de manera alineada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el V Plan Director de la Cooperación Española 2018-2021 y el Plan Nacional de Desarrollo 2030 de Paraguay.

Su formalización se llevó a cabo con la firma del Acta del MAP España-Paraguay 2020-2023, por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, por parte de España, y por el ministro de Relaciones Exteriores, por parte de Paraguay -de forma telemática en Madrid y en Asunción-, el 9 de noviembre de 2020.

Con la firma de este MAP, España y Paraguay se comprometen con el cumplimiento de la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y del ACUERDO de París, que revisten especial importancia para ambos países. En el caso de la Cooperación Española, son los objetivos que orientan el V Plan Director de la Cooperación Española y el conjunto de sus políticas públicas.

En concreto, la Cooperación Española se compromete a contribuir a la consecución de diferentes Metas y Líneas de Acción de los ODS en Paraguay, en el marco de las cinco dimensiones de la Agenda 2030: Personas, Prosperidad, Planeta, Alianzas y Paz.

Las acciones se destinarán al alcance de los siguientes resultados de intermedios:

  • os productores rurales mejoran su capacidad de producción, transformación y comercialización de manera sostenible, promoviendo cadenas de valor.
  • El sistema público de atención primaria en salud articulado en redes integradas mejora, en calidad y eficiencia, el servicio de atención integral, especialmente para los grupos en situación de vulnerabilidad y en los territorios priorizados.
  • Se mejora la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el cáncer cérvico-uterino y de mama y los embarazos no deseados, especialmente para los grupos en situación de vulnerabilidad.
  • Las mujeres mejoran su acceso a servicios seguros e inclusivos de cuidados de embarazo, parto y postparto.
  • Los grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, acceden a oportunidades de formación profesional que proporciona competencias técnicas enfocadas a la empleabilidad y el emprendimiento.
  • La población tiene acceso a actividades culturales y formativas inclusivas, con perspectiva de género y respeto a la diversidad cultural.
  • Las mujeres víctimas de violencia de género cuentan con un marco legal, institucional y operativo más efectivo para la protección de sus derechos.
  • Las mujeres víctimas de violencia de género acceden a mejores servicios de atención integral.
  • Se mejora la integración efectiva de la perspectiva de género en las instancias responsables de la implementación de políticas públicas y en la sociedad.
  • Las mujeres refuerzan su liderazgo, representación y participación en los espacios de toma de decisiones en la vida pública.
  • Se amplía la cobertura de servicios sostenibles y de calidad de agua potable y saneamiento en el sector rural y periurbano.
  • Se garantiza el adecuado funcionamiento, calidad y continuidad de los servicios de agua y saneamiento establecidos.
  • Se promueve la sostenibilidad, protección y preservación de los recursos hídricos.
  • Se promueve el desarrollo de emprendimientos económicos, en el sector productivo y de servicios, orientados a la generación de ingresos para poblaciones en situación de vulnerabilidad (especialmente, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad).
  • Las MIPYMES de producción y servicios (empresas micro, pequeñas y medianas) mejoran su competitividad e inserción en el mercado incorporando iniciativas innovadoras en la cadena de valor.
  • La planificación y la gestión del desarrollo territorial, urbano y rural, incorpora mecanismos de participación, integración y sostenibilidad.
  • La recuperación, puesta en valor y gestión del patrimonio histórico y cultural favorece el desarrollo económico local y la inclusión social.
  • Las instituciones responsables de la lucha contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes mejoran sus capacidades para prevenir y dar una respuesta integral y eficaz a las víctimas.
  • La población, especialmente de las áreas rurales y periurbanas, mejora su acceso a las instituciones y/o servicios de justicia.
  • Los ciudadanos, especialmente los grupos en situación de vulnerabilidad, mejoran sus conocimientos sobre el ejercicio y exigibilidad de sus derechos legales.
  • Las instituciones públicas a nivel central y regional mejoran sus capacidades para planificar, ejecutar los recursos públicos de manera eficiente y rendir cuentas.
  • Las políticas e instituciones públicas son más inclusivas y responsables.

El seguimiento del MAP 2020-2023 será anual. La Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Paraguay se encargará de analizar el progreso de los indicadores y la contribución a la consecución de las metas y elaborará un Informe Anual de Seguimiento.

En el último año de ejecución del MAP se llevará a cabo una evaluación externa, que se focalizará en el análisis del grado de consecución de los resultados intermedios de la Cooperación Española y en el examen de los aspectos internos y externos que han influido en el logro o no de las previsiones del MAP.

En cuanto a la rendición de cuentas, los informes se presentarán en los Comités de Seguimiento anuales con el Gobierno de la República del Paraguay y la Sociedad Civil. Corresponderá a la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES), AECID y los entes públicos españoles la difusión en España relativa a las intervenciones y acciones derivadas del MAP. Complementariamente, para la rendición de cuentas se utilizarán los distintos mecanismos y espacios de coordinación en los que España participa junto con otros países y Organizaciones Internacionales.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

MARCO DE ASOCIACIÓN PAÍS ESPAÑA-COLOMBIA 2020-2024

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del acta de la X Reunión de la Comisión mixta Hispano-Colombiana de Cooperación por el que se aprueba el marco de asociación país España-Colombia 2020-2024.

Los Marcos de Asociación País (MAP) son los instrumentos de planificación bilateral a través de los cuales la Cooperación Española contribuye a la realización de sus objetivos estratégicos, apoyando a los países asociados para su desarrollo sostenible dentro del marco de la Agenda 2030.

El MAP España-Colombia 2020-2024 tiene como marco el Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de España y el Gobierno de la República de Colombia, firmado en Madrid el 27 de junio de 1979, y cuyo antecedente es el MAP España-Colombia 2015-2019 aprobado por la IX Comisión mixta hispano-colombiana celebrada en 2015.

El MAP tiene el objetivo de contribuir a los esfuerzos del Estado Colombiano a través del fortalecimiento del Estado de Derecho, con desarrollo de políticas públicas inclusivas y con equidad de género, para la construcción de paz a través de la estabilización y consolidación de los territorios más afectados por la violencia y la pobreza.

Su formalización se llevó a cabo con la firma del Acta del MAP España-Colombia 2020-2024, por la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, por parte de España, y por la ministra de Relaciones Exteriores, por parte de Colombia, de forma presencial en Bogotá, el 26 de febrero 2021.

Con la firma de este MAP, España y Colombia se comprometen con el cumplimiento de la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y del ACUERDO de París, que revisten especial importancia para ambos países. En el caso de la Cooperación Española, son los objetivos que orientan el V Plan Director de la Cooperación Española y el conjunto de sus políticas públicas.

En concreto, la Cooperación Española se compromete a contribuir a la consecución de diferentes Metas y Líneas de Acción de los ODS en Colombia, en el marco de las cinco dimensiones de la Agenda 2030: Personas, Prosperidad, Planeta, Alianzas y Paz.

Las acciones se destinarán al alcance de las siguientes Líneas de Acción priorizadas en el V Plan Director de la Cooperación Española:

  • Línea de Acción 1.3.A Reforzar redes de contingencia para reducir la inseguridad frente a las crisis y evitar los riesgos de recaída en la pobreza.
  • L.A. 2.3.B. Apoyar a productores rurales a que aumenten de manera sostenible la producción y productividad de sus explotaciones agrarias.
  • L.5.2.a. Trabajar para que las mujeres víctimas de violencia de género están amparadas por marcos integrales que protegen eficazmente sus derechos.
  • L.A.5.5.C. Potenciar el acceso de las mujeres a recursos económicos (tierra, crédito, etc.).
  • .8.5.a Apoyar un marco regulatorio y de políticas que garantice unas condiciones laborales formalizadas y estables.
  • L.8.9.a Impulsar iniciativas de turismo rural como generador de empleo alternativo en las zonas rurales.
  • Línea de Acción 16.1.A. Acompañar procesos de establecimiento y consolidación de la paz
  • Línea de Acción 16.3.A. Apoyar los sistemas judiciales sólidos e independientes para la protección integral de los Derechos Humanos.
  • L.A.16.6.A. Fortalecer los sistemas de gestión del sector público.

En el último año de ejecución del MAP se llevará a cabo una evaluación externa, que se focalizará en el análisis del grado de consecución de los resultados intermedios de la Cooperación Española y en el examen de los aspectos internos y externos que han influido en el logro o no de las previsiones del MAP.

En cuanto a la rendición de cuentas, los informes se presentarán en los Comités de Seguimiento anuales con el Gobierno de la República de Colombia y la Sociedad Civil. Corresponderá a la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES), AECID y los entes públicos españoles la difusión en España relativa a las intervenciones y acciones derivadas del MAP. Complementariamente, para la rendición de cuentas se utilizarán los distintos mecanismos y espacios de coordinación en los que España participa junto con otros países y Organizaciones Internacionales.

Defensa

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL CONTRA AGRESIVOS NUCLEARES, BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del ACUERDO marco para la adquisición de equipos de protección individual contra agresivos nucleares, biológicos y químicos (EPI NBQ), para su empleo por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, por un valor estimado de 14.882.347,92 €.

El ACUERDO marco permitirá a nuestras Fuerzas Armadas seguir contando con el equipamiento de protección individual adecuado contra estos agentes no convencionales cuando actúen en los complejos escenarios en los que desarrollan sus misiones.

El ACUERDO tiene un plazo de vigencia de cuatro años, con posibilidad de prórroga por un año más y se prevé la adquisición durante su vigencia de 10.532 unidades, que irán sustituyendo a los equipos existentes a medida que su vida útil vaya finalizando.

Hacienda y Función Pública

FONDO DE CONTINGENCIA PARA AYUDAR A LA PALMA

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por cerca de 70 millones de euros para financiar medidas adoptadas para mitigar los efectos económicos y sociales de la erupción volcánica en La Palma.

En primer lugar, se ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 63 millones de euros, y la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Economía Social por esa misma cuantía, con el objeto de financiar el Plan Extraordinario de Empleo y Formación que se ha aprobado para hacer frente a las consecuencias de la erupción volcánica en la isla de La Palma.

Ese plan se encuentra regulado en el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre, y contempla un convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma de Canarias, que establecerá el periodo de ejecución e instrumentará las medidas a desarrollar, que serán ayudas que se concederán de forma directa a beneficiarios, que podrán ser personas físicas o jurídicas, o las Administraciones Públicas competentes en la isla.

El citado Real Decreto-ley fue la norma que se aprobó de medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.

El Consejo de Ministros también ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 6.790.490,04 euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para financiar la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias con el fin de que instrumente, en materia agraria y pesquera, las ayudas también contenidas en el Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre.

Entre otras medidas, los artículos 38 a 40 de ese texto legal recogen ayudas directas destinadas a los sectores agrario y pesquero, a conceder por el Gobierno de Canarias. El volumen total de las decisiones contempladas para el año 2021 ascienden a 18.833.060 euros, cifra que se financiará, además de con la aplicación del Fondo de Contingencia, con partidas presupuestarias disponibles en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por valor de 12.042.650,96 euros.

En particular, para este año el Real Decreto-ley contempla ayudas directas para la compensación de los perjuicios producidos a titulares de explotaciones agrarias, ayudas directas para la compensación de los perjuicios producidos a armadores y tripulantes y actuaciones en daños en infraestructuras, a las que se sumarán ayudas a la financiación de avales en 2022 por valor de dos millones de euros.

Hacienda y Función Pública

RESERVA ESTRATÉGICA DE MATERIAL SANITARIO

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores de conformidad con lo establecido en el artículo 47.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Sanidad la tramitación anticipada de un contrato de servicios de logística de reserva estratégica de material sanitario, de protección y farmacéutico para atender la situación creada por la COVID-19

La Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia solicitó autorización para la adquisición de compromisos de gasto que hayan de extenderse en ejercicios posteriores en la aplicación presupuestaria 'Gastos originados en el Sistema Nacional de Salud derivados de la emergencia de salud pública en relación con la COVID-19 en España", en la que no existe crédito inicial. La finalidad es tramitar anticipadamente un contrato de servicios de logística de reserva estratégica de material sanitario, de protección y farmacéutico para atender la situación creada por la COVID-19. Un elemento clave es la disposición de una reserva estratégica a nivel nacional de productos críticos.

Para mantener tal reserva y disponer de un almacenamiento de productos COVID-19, se puso en marcha, inicialmente tramitado por el procedimiento de emergencia, un contrato de servicios de logística de material sanitario, de protección y farmacéutico, que finaliza el próximo 8 de diciembre de 2021. Por ello, es preciso iniciar un nuevo expediente de contratación cuyo objetivo es el servicio integral de logística de una reserva estratégica de material sanitario, de protección y farmacéutico, que incluye todos los procesos operativos, desde la recogida, recepción, almacenamiento y gestión de stocks, hasta la distribución, transporte y entrega, seguimiento de los productos y control de las caducidades.

Este contrato tendrá una duración de un año, prorrogable por otro más. El importe del contrato a tramitar para el ejercicio 2022 tiene un coste estimado de 6.235.993 euros.

Teniendo en cuenta que no existe crédito inicial en el ejercicio 2021, a nivel de vinculación en la aplicación presupuestaria correspondiente, es necesaria la autorización del límite para adquirir compromisos de gastos de carácter plurianual que se ha efectuado hoy en Consejo de Ministros.

Hacienda y Función Pública

AYUDAS PARA LA FABRICACIÓN DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con la finalidad de posibilitar a la Dirección General de Industria y de la PYME financiar la convocatoria de ayudas del Programa de Apoyo a Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica, en relación con un ecosistema favorable para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado (componente 12, Inversión 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El PRTR contempla el componente 12 "Política industrial España 2030", que recoge las reformas normativas, así como grandes programas de inversión en el ámbito industrial, para promover la modernización y la productividad del ecosistema español de industria-servicios mediante la digitalización de la cadena de valor, el impulso de la productividad, la competitividad y la mejora de la eficiencia energética de los sectores estratégicos claves en la transición ecológica y la transformación digital.

Dentro de este componente, en la Inversión 2 "Programa de Impulso de la Competitividad y Sostenibilidad Industrial", se agrupan 5 líneas de actuación entre las que destaca la de apoyo a proyectos estratégicos para la transición industrial, los denominados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTEs), que son formas de colaboración público-privadas con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española.

Estas líneas de actuaciones integrales en el ámbito de la industria se dirigen a proyectos de cooperación entre empresas de la cadena de valor sectorial o tecnológica de referencia en cada PERTE. Para ello, la Secretaría General de Industria y de la PYME, ha previsto que las ayudas a todos ellos se otorguen a través de convocatorias de ayudas plurianuales, que comprendan el período 2021-2023.

El Consejo de Ministros acordó el pasado 13 de julio declarar como PERTE el desarrollo de un ecosistema para la fabricación del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE-VEC) en dos ámbitos fundamentales. Por una parte, en el que se contemplan medidas transformadoras de la cadena de valor del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) y que se enfoca a los segmentos que garanticen el eje central del proyecto y, por otra, de medidas facilitadoras que coadyuven tanto a la creación de una nueva movilidad como al desarrollo de este tipo de vehículos.

Estas modificaciones se autorizan según lo establecido en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria y en el artículo 41 del Real Decreto-Ley 36/2020 para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Hacienda y Función Pública

AYUDAS DEL INJUVE PARA LOS PROGRAMAS ERASMUS + Y CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD (CES)

El Consejo de Ministros ha autorizado la adquisición de compromisos de gasto con cargo a ejercicios posteriores de conformidad con lo establecido en el artículo 47.3 de la Ley General Presupuestaria, para que el Instituto de la Juventud, O.A. (INJUVE) pueda convocar ayudas para la realización de actividades financiadas por la Comisión Europea del programa Erasmus+ y del Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad, del que se derivan compromisos de gasto para los ejercicios 2021 a 2024.

Los programas Erasmus+ y Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) son programas de la Unión Europea en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte, ofreciendo oportunidades para la movilidad, así como para la cooperación educativa europea e internacional.

El capítulo de juventud del programa Erasmus+ brinda apoyo a todos los jóvenes en el campo de la educación no formal e informal. A través del programa, los jóvenes adquieren habilidades esenciales para su desarrollo personal y profesional.

Con objeto de implementar y ejecutar el capítulo de juventud de los citados programas, se integró al INJUVE en la Agencia Nacional Española para la gestión del capítulo de juventud de los programas Erasmus+ y CES, gestión que realiza por delegación de la Comisión Europea, como ya se hiciese en anteriores programas de igual naturaleza, cumpliendo así uno de los requisitos establecidos por la Comisión Europea y continuando la mecánica utilizada en anteriores programas de naturaleza similar.

Los nuevos programas Eramus+ y CES han sido aprobados por el Reglamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el programa Erasmus+, programa de la Unión para la educación y la formación, la juventud y el deporte, y se deroga el Reglamento que daba cobertura al anterior Programa Erasmus+ (2014-2020), y por el Reglamento (UE) 2021/888 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por el que se establece el Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se derogan anteriores reglamentos.

Estos nuevos programas se aplicarán durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2027.

Para su implementación, se han aprobado las bases reguladoras de ambas subvenciones: Orden DSA/1029/2021, de 20 de septiembre, por la que se establecen para el periodo 2021-2027 las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa europeo "Erasmus+", capítulo de Juventud; y Orden DSA/1028/2021, de 20 de septiembre, por la que se establecen para el periodo 2021-2027 las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa europeo "Cuerpo Europeo de Solidaridad".

En este contexto, el INJUVE ha elaborado las convocatorias de subvenciones correspondientes al año 2021 de los nuevos programas:

Programa Eramus+

ANUALIDADES2021202220232024TOTAL
EUROS7.670.000,002.675.000,001.463.000,00842.837,5012.650.837,50
ANUALIDADES2021202220232024TOTAL
EUROS2.496.000,001.663.100,00778.800,00474.994,905.412.894,90

Programa CES

que las aplicaciones presupuestarias carecen de crédito inicial consignado en 2021, al superarse para 2022, 2023 y 2024 los límites establecidos en la Ley General Presupuestaria, se requiere la autorización del Consejo de Ministros, por lo que se somete este acuerdo para su autorización.

Interior

OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR A CLIENTES QUE ALQUILAN PISOS O VEHÍCULOS A TRAVÉS DE OPERADORES TURÍSTICOS Y PLATAFORMAS DIGITALES

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que amplía a operadores turísticos, plataformas digitales y personas físicas no profesionales la obligación de identificar ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los clientes a los que alquilan alojamientos o vehículos.

Hasta ahora la normativa obligaba a comunicar los datos de sus clientes, entre otros sectores económicos, a las empresas dedicadas a facilitar, mediante precio, alojamiento (hoteles de cualquier categoría, pensiones campings, apartamentos, bungalows y pisos turísticos) o vehículos. Sin embargo, la aparición en el sector de nuevos actores e intermediadores (operadores turísticos, plataformas digitales y personas físicas no profesionales) hacia necesaria una actualización de la norma.

De esta forma, el real decreto aprobado este martes adecúa la regulación a la realidad actual y a las necesidades de la prevención de las amenazas a la seguridad, especialmente frente a la actividad terrorista y del crimen organizado. En ambos casos, es de especial relevancia la logística del alojamiento y la adquisición o uso de vehículos a motor.

Con la reforma introducida mediante este real decreto, los operadores turísticos y plataformas digitales que prestan servicios en España deberán inscribirse en un registro informático de actividades, al que deberán suministrar información sobre las operaciones que realicen y los datos básicos del cliente al que presten servicio.

Las personas no profesionales que alquilen alojamiento o vehículos a terceros están exentas de inscribirse en el registro, pero quedan obligadas a comunicar la misma información sobre sus operaciones y clientes.

El real decreto prevé la creación en la Secretaría de Estado de Seguridad de dos registros únicos centralizados, uno para alojamientos y el segundo para vehículos, en los que quedarán almacenados los datos para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales, conforme a la normativa sobre protección de datos de carácter personal aplicable.

El Consejo de Estado, en su preceptivo dictamen, ha validado el proyecto, tanto desde la perspectiva de su adecuación a nuestro ordenamiento jurídico como a la normativa comunitaria, al entender que "existen razones de seguridad pública que aconsejan proceder a este desarrollo reglamentario para asegurar una respuesta eficaz ante las amenazas de la seguridad ciudadana procedentes de la actividad terrorista y el crimen organizado".

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

ANTEPROYECTO DE LEY POR EL DERECHO A LA VIVIENDA

El Consejo de Ministros ha tomado en consideración en primera lectura el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.

Se trata de una norma pionera en la actual etapa democrática, que refuerza el ejercicio del derecho constitucional ofreciendo instrumentos efectivos a las Administraciones territoriales competentes para aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, respondiendo de un modo especial a aquellas personas y hogares que tienen más dificultades de acceso, con un particular enfoque en aquellos ámbitos en los que existe una mayor tensión en el mercado.

Tras esta primera lectura, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana iniciará propiamente la tramitación del Anteproyecto de Ley que constará de audiencia e información pública, informes preceptivos, y demás trámites previos a la conformación de un texto final que se elevará de nuevo a Consejo de Ministros para su aprobación y remisión posterior a las Cortes Generales.

La futura Ley de Vivienda forma parte de las reformas e hitos que el Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a llevar a cabo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Medidas y objetivos del Anteproyecto de Ley

El Anteproyecto de Ley incluye importantes medidas e instrumentos para alcanzar los objetivos de mejora del acceso a la vivienda, destacando las siguientes novedades:

1. Con la futura Ley no se podrá volver a enajenar el parque público de vivienda social, que será considerado como un patrimonio permanentemente sujeto a protección. Para ello el Anteproyecto establece una estricta regulación de los parques públicos, evitando que vuelvan a repetirse operaciones de venta del parque público de vivienda a fondos de inversión por parte de algunas Administraciones territoriales.

2. Se establece la calificación indefinida de la vivienda protegida, garantizando siempre, al menos, un periodo de treinta años. Se fijan a nivel estatal unas condiciones básicas, definiendo un régimen de protección pública permanente de las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelo calificado de reserva. En el resto de supuestos, se fija un plazo mínimo de descalificación de 30 años.

3. Se introduce el concepto de vivienda asequible incentivada, como figura necesaria para incrementar la oferta a corto plazo. Se trata de un novedoso concepto que se suma a la vivienda protegida como mecanismo efectivo para incrementar la oferta de vivienda a precios asequibles, favoreciendo la participación del sector privado y del tercer sector a través de la instrumentación de beneficios de carácter urbanístico, fiscal, entre otros.

4. El derecho a una vivienda digna y adecuada debe ejercerse en condiciones asequibles, comprometiendo a los poderes públicos. Se desarrolla y refuerza el concepto de vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, para asegurar el compromiso de los poderes públicos para hacerlo efectivo, incorporando en el concepto aspectos como el de habitabilidad, accesibilidad, eficiencia energética, utilización de energías renovables o acceso a redes de suministros básicos, para responder a las necesidades de residencia de los hogares en condiciones asequibles.

5. Se define un estatuto jurídico de derechos y deberes asociados a la propiedad de vivienda, delimitando su función social. Se aprueba, por primera vez a nivel estatal, un marco jurídico del derecho a la vivienda que establece un conjunto de derechos y deberes de carácter general, y un estatuto de derechos y deberes asociados a la propiedad de vivienda, delimitando la función social siguiendo el mandato constitucional.

6. Declaración de zonas de mercado residencial tensionado, con objeto de aplicar medidas efectivas para favorecer el acceso a la vivienda. Las Administraciones competentes en materia de vivienda, Comunidades Autónomas, podrán declarar zonas de mercado residencial tensionado, estableciéndose en la norma estatal un procedimiento de declaración basado en criterios objetivos que determinará la aplicación de diferentes medidas encaminadas a equilibrar y minorar los precios del alquiler en tales zonas.

7. Definición de grandes tenedores con carácter general y deberes de información y colaboración en zonas de mercado tensionado. Se introduce en la Ley estatal de una definición de carácter general del concepto de "gran tenedor", como la persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 m2, también de uso residencial, excluyendo en ambos casos garajes y trasteros. Sobre esta definición, en «zonas de mercado residencial tensionado» podrán establecerse criterios adicionales debidamente motivados.

8. Mecanismos de contención y bajada de los precios del alquiler de vivienda.

  • Se establecen nuevos mecanismos de contención y bajada de precios, a través de la mejora del marco fiscal, presupuestario, o de gestión patrimonial, y de regulación en áreas declaradas como de mercado residencial tensionado, con el objetivo de:
  • La incorporación de más viviendas al mercado del alquiler como vivienda habitual en estas zonas, para equilibrar el mercado.
  • La contención y reducción de la renta, impidiendo los incrementos abusivos e incentivando bajadas en el alquiler a través de un tratamiento fiscalmente favorable.
  • Se establece un mecanismo de carácter excepcional y acotado en el tiempo, que pudiera intervenir en el mercado para amortiguar las situaciones de tensión y conceder a las administraciones competentes el tiempo necesario para poder compensar en su caso el déficit de oferta o corregir con otras políticas de vivienda las carencias de esas zonas. Así, como consecuencia de la declaración del área de mercado residencial tensionado se activarán las siguientes medidas:
  • Para las viviendas arrendadas, se establece la posibilidad de que el arrendatario pueda acogerse a la finalización del contrato a una prórroga extraordinaria, de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.
  • En nuevos contratos de arrendamiento de viviendas ya arrendadas, a nuevos inquilinos, se establece la limitación del alquiler en estas zonas, con carácter general a la renta del contrato anterior (con el incremento del IPC correspondiente), permitiendo ciertos incrementos adicionales máximos en determinados supuestos establecidos en el Anteproyecto de Ley,
  • Cuando el propietario sea una persona jurídica gran tenedor, la renta de los nuevos contratos suscritos en áreas tensionadas estará limitada en su caso por el contrato anterior, o el límite máximo del precio aplicable conforme al sistema de índices de precios de referencia. No obstante, se establece un período de 18 meses desde la aprobación de la ley para la aplicación de esta limitación referida a sistema de índices de referencia, a fin de que la administración estatal establezca un sistema que pueda ser utilizado para estas limitaciones en los precios del alquiler en zonas tensionadas.

9. Creación de un entorno fiscal favorable para la reducción de los precios del alquiler y el incremento de la oferta a precio asequible. Se establece una mejora de la regulación del IRPF para estimular el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles, a través de la modulación de la reducción del rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual. Para ello, se establece en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de reducción del 50%, que podrá incrementarse en función de los siguientes criterios:

90% Bajada de la renta en zona tensionada. Cuando se firme un nuevo contrato en una zona de mercado residencial tensionado, con una bajada de al menos un 5% sobre la renta del contrato anterior.
70% Alquiler por primera vez de viviendas en áreas tensionadas a jóvenes. En caso de nuevos contratos de arrendamiento a jóvenes de entre 18 y 35 años en dichas áreas.
Vivienda asequible incentivada o protegida. Vivienda arrendada a la Administración pública o entidad del tercer sector, o acogida a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler
60% Rehabilitación o mejora. En caso de que se hubiesen llevado a cabo obras de rehabilitación en los dos años anteriores.

10. Definición de vivienda vacía y modulación del recargo del IBI. Se introduce una definición clara para que los Ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal. Asimismo, se establece una modulación del recargo actualmente situado en el 50% de la cuota líquida del IBI que podrá alcanzar el 150%, en función del tiempo de desocupación y del número de viviendas desocupadas del mismo titular en el término municipal.

11. Mejora de la regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad. Se contemplan mejoras en el procedimiento de desahucio que pueda afectar a la vivienda habitual de hogares vulnerables para garantizar una comunicación efectiva y rápida entre el órgano judicial y los servicios sociales a través de un requerimiento para que estos evalúen la situación y, en su caso, atiendan rápidamente a las personas en situación de vulnerabilidad económica y/o social.

Se asegura que los Servicios Sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales a los afectados, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo. Mientras estas soluciones se producen, se incrementan los plazos de suspensión de los lanzamientos en estas situaciones de vulnerabilidad, de 1 a 2 meses cuando el propietario es persona física, y de 3 a 4 cuando es persona jurídica. Además, se introducen en el procedimiento criterios objetivos para definir las situaciones de vulnerabilidad económica.

12. Impulso de la vivienda protegida en alquiler a precio limitado. Se establece un porcentaje mínimo del 50 por ciento para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda protegida. Asimismo, se clarifica la posibilidad de que la legislación urbanística pueda establecer una reserva del 30% en suelo urbanizado, debiendo articular las administraciones urbanísticas los mecanismos de compensación que sean pertinentes a los afectados, sin que ello implique el establecimiento de la obligación de implantar esta medida a las Comunidades Autónomas.

13. Se refuerza la actuación estatal en materia de vivienda y de rehabilitación, a través de planes plurianuales, basados en la cooperación interadministrativa. Se regula la actuación pública en materia de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana a través de la regulación, financiación, y planificación necesaria para garantizar su acceso a precios asequibles, así como para favorecer la conservación y mejora del parque de viviendas y de los entornos residenciales. Se define el marco general de colaboración y cooperación entre Administraciones Públicas en materia de vivienda, como estrategia clave para conseguir los fines de esta política, a través de los principales órganos de cooperación: Conferencia Sectorial, Comisión Multilateral y Comisiones Bilaterales.

14. Se crea el Consejo Asesor de Vivienda, para asegurar la participación de todos los agentes en la elaboración y desarrollo de las políticas de vivienda. Será un órgano colegiado de carácter técnico, asesor y consultivo del Estado para la programación de las políticas públicas de vivienda, que estará integrado por asociaciones del tercer sector y otras asociaciones representativas de intereses afectados por la Ley, representantes empresariales y profesionales, del sector financiero, así como distintos profesionales expertos en materia de vivienda, del ámbito universitario o de la investigación.

15. Más garantías en la compra o el alquiler de vivienda a través de información básica de las condiciones de la operación, y de las características de la vivienda y del edificio. La persona interesada en la compra o arrendamiento de una vivienda que se encuentre en oferta podrá requerir, antes de la formalización de la operación y de la entrega de cualquier cantidad a cuenta, una serie de información básica, acerca de las condiciones de la operación y de las características de la referida vivienda y del edificio en el que se encuentra.

16. Más información y transparencia en las políticas públicas de vivienda, para conocer todos los programas y servicios útiles para acceder a una vivienda. El Anteproyecto de Ley apuesta por asegurar la transparencia y mejorar la información en diferentes ámbitos, entre los que se puede destacar el de la vivienda pública. Para ello establece la obligación de elaborar y mantener actualizado un inventario del parque público de vivienda y una memoria anual en la que se especifiquen las acciones adoptadas para reforzar dicho parque y acomodarlo a la demanda existente.

Derecho a una vivienda digna y adecuada

Con el conjunto de medidas recogidas en el Anteproyecto de Ley se obedece al principio de que el cumplimiento del «derecho a una vivienda digna y adecuada» recogido en el artículo 47 de la Constitución Española incumbe a todos los poderes públicos sin excepción, que están obligados a cumplirlo en el marco de sus respectivas esferas de competencia.

De esta forma, el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda constituye la respuesta por parte del Estado de la obligación que, en el marco de sus competencias constitucionales, le incumbe en la protección del derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada y a su disfrute.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

ANTEPROYECTO DE LEY DE CALIDAD DE LA ARQUITECTURA

El Consejo de Ministros ha tomado en consideración en primera lectura el Anteproyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura.

Se trata de la primera Ley estatal de calidad de la arquitectura y nace con el objetivo de garantizar la calidad de la Arquitectura como bien de interés general, teniendo como principales metas promover vínculos que fomenten el acercamiento de la arquitectura a la sociedad y posicionarla como un instrumento capaz de dar respuesta a una demanda creciente por parte de la sociedad hacia una mayor preocupación por los temas sociales, medioambientales y de revalorización del patrimonio arquitectónico, proceso que se ha acelerado con la pandemia.

La preocupación por el espacio físico en el que desarrollamos nuestra vida cotidiana, dentro y fuera de nuestras casas se ha tornado en una de las preocupaciones principales de la ciudadanía.

Casa de la Arquitectura y Consejo de Calidad de la Arquitectura

La ley incluye dos nuevos órganos fundamentales para alcanzar los fines de la misma, como son la Casa de la Arquitectura y el Consejo de Calidad de la Arquitectura. El primero de ellos, entre otros fines, busca acercar los valores de la arquitectura a la sociedad; mientras que el segundo se constituirá como una plataforma de intercambio de conocimiento y de participación, así como de consulta y asesoramiento en las materias relacionadas con los contenidos de esta Ley.

La redacción del anteproyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura se ha enmarcado en un contexto muy propicio, en línea con el lanzamiento, por parte de la Comisión Europea, de la iniciativa denominada Nueva Bauhaus Europea, que busca situar a la cultura en el centro de las políticas europeas y que pretende resignficar la Renovation Wave, otorgándole una visión integral a la rehabilitación, aplicando los principios de sostenibilidad, inclusión y estética o experiencia de uso.

El anteproyecto de Ley está en plena consonancia con las Agendas Urbanas y la declaración de Davos. Además, es una Ley que refuerza el papel ejemplarizante de la Administración pública, potenciando la planificación de la rehabilitación del parque público edificado.

En esta misma línea, el anteproyecto de Ley recoge una serie de modificaciones a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Públicos, encaminadas a mejorar la calidad de la arquitectura promovida por la administración.

Fondos Next Generation

De acuerdo con todo lo anterior, la Ley de Calidad de la Arquitectura se configura como un instrumento legislativo que puede ayudarnos a consolidar un nuevo modelo de transición económica, energética, ecológica y de evolución social impulsado por los Fondos Next Generation.

Además, de conformar este marco, en la ley se contemplan algunas medidas necesarias para la correcta implementación de la Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y, por ello, se ha incluido como reforma en el citado Plan.

Esta Ley, en su elaboración, ha sido objeto de una amplia participación pública ya que, además de la consulta pública previa que tuvo lugar en el mes de julio de 2020, se celebró un proceso participativo multidisciplinar estructurado en 6 mesas de debate que pudo ser seguido de forma telemática y en abierto, teniendo una gran repercusión en redes, incluso a nivel internacional.

Los debates pueden seguir viéndose en la página web creada al efecto: https://peca.mitma.es/

También se celebraron mesas de debate con los principales sectores afectados, sector académico y social, Administraciones territoriales, profesionales y Colegios.

Asimismo, mañana se publicará el trámite de audiencia e información pública en el portal web del Mitma, al objeto de recabar la opinión de los ciudadanos.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

SUBVENCIÓN PARA EL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

El Consejo de Ministros ha acordado la concesión de una subvención al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para la realización de actividades de promoción de la ingeniería civil, por una cuantía de 200.000 euros.

Se trata de una subvención directa de carácter excepcional, que pretede fomentar la realización de actuaciones de promoción de la ingeniería civil dedicada a la obra pública en el ámbito de la profesión de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, dado que ello reviste un claro interés público, social y económico, para el desarrollo de las competencias atribuidas al Ministerio en el ámbito de la obra pública de interés general.

Se trata de unas actuaciones, programadas durante el ejercicio 2021, año marcado por la pandemia de la Covid-19, y por el lanzamiento de actividades de recuperación económica para las que se considera relevante el fomento del papel de la ingeniería civil española.

Las actuaciones a desarrollar por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos comprenden:

  • Celebración del VII Foro global de la Ingeniería y la obra pública.
  • Celebración de la Semana de la Ingeniería de Caminos, con un programa de talleres participativos, exposiciones y visitas guiadas.
  • Programa de exposiciones sobre proyectos y obras nacionales e internacionales de las empresas españolas, en las diecisiete Comunidades Autónomas donde está implantado a través de sus Demarcaciones el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

La cuantía de la subvención para la financiación de las actividades programadas asciende a 200.000 euros, financiado con los créditos ordinarios del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana para 2021, y el plazo de realización de las actividades subvencionadas será hasta el 31 de diciembre de 2021.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

PRÓRROGA DE BONIFICACIÓN DE PEAJE A LOS VEHÍCULOS PESADOS EN LA AP-68 EN LA RIOJA

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se aprueba la adenda al Convenio entre la Administración General del Estado, el Gobierno de La Rioja y la Autopista Vasco-Aragonesa Concesionaria Española, que establece medidas de bonificación de peajes a determinados vehículos pesados en la Autopista AP-68, en el tramo "Zambrana-Tudela" y que fue aprobado por el Real Decreto 757/2019.

Cuando se van a cumplir dos años de aplicación de las medidas, se ha considerado que se ha conseguido la mejora en la seguridad vial y la reducción de la siniestralidad que justificó el convenio original y que procede, por tanto, su prórroga.

En el conjunto del itinerario analizado de la N-232 y N-124 en el periodo 2018 a 2021, se ha producido una disminución media del 56% en el número de accidentes mortales, un 64% en el número de víctimas mortales y un 44% de heridos.

Prórroga de medidas para «Pesados 2»

Se prorroga la aplicación de las medidas de bonificación al peaje por el uso de la AP-68, a los vehículos de categoría tarifaria «Pesados 2» que vean restringida su circulación por resolución de la Dirección General de Tráfico en el tramo del p.k. 330,875 al p.k. 446,710 de la N-232 y del p.k. 39,000 al p.k. 45.990 de la N-124 en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Las medidas de bonificación, que ya son aplicadas hoy en día, consisten en una reducción del 75 % del importe del peaje (con Via-T) para los vehículos pesados que realicen recorridos internos al tramo y 71.27 % (sin Via-T) al resto de estos vehículos que circulen por el tramo de la autopista AP-68 comprendido entre la salida 8 (Zambrana) y la salida 18 (Tudela), dirección Bilbao-Zaragoza y entre la salida 17 (Pamplona) y la salida 8 (Zambrana) cuando los vehículos circulen en dirección Zaragoza-Bilbao, siendo gratuito completamente el tramo de la autopista AP-15 entre el enlace de la A-68 y la AP-68.

Las bonificaciones continuarán siendo financiadas en un 60 % por el Gobierno de La Rioja y un 40 % por Mitma. El nuevo Real Decreto será efectivo desde el día 1 de noviembre de 2021 y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

CONTRATO DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS EN HUESCA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato para la ejecución de diversas operaciones de conservación y explotación en carreteras del Estado en un sector de la provincia de Huesca.

Dicho contrato cuenta con un valor estimado de 31,08 millones de euros y una duración de 3 años, con posibilidad de prórroga por otros 2 años más y se enmarca dentro del programa de conservación y explotación de carreteras del Mitma, que permite mantener la vialidad en la Red de Carreteras del Estado para que sea accesible en adecuadas condiciones para todos los ciudadanos.

El sector asignado es el nº3, que incluye las siguientes carreteras:

  • N-240, De Tarragona a San Sebastián y Bilbao (P.K. ini 118+400. P.K. fin 211+000)
  • N-330, De Alicante a Francia por Zaragoza (P.K. ini 537+900. P.K. fin 585+900)
  • A-22, Autovía de Lleida a Huesca (P.K. ini 19+170. P.K. fin 93+630)
  • A-23, Autovía Mudéjar (P.K. ini 326+900. P.K. fin 374+700).

Características del nuevo modelo de conservación

El nuevo modelo de contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y de la red, así como optimizar los recursos públicos.

A través de ellos, se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que tanto la carretera como sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de vialidad y seguridad posibles, incluyendo actuaciones como: vigilancia y atención a accidentes e incidentes, vialidad invernal, servicio de control de túneles y comunicaciones, mantenimiento de instalaciones, establecimiento de inventarios y reconocimiento del estado de la vía, agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Con este nuevo modelo se refuerza la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que está comprometido el Mitma.

Industria, Comercio y Turismo

AUMENTO DE CRÉDITO A HISDESAT PARA EL DESARROLLO DE COMUNICACIONES POR SATÉLITE

El Consejo de Ministros ha aprobado un RD por el que se modifican las normas reguladoras de un préstamo a la empresa HISDESAT para el desarrollo del programa SPAINSAT NG de comunicaciones por satélite.

Este programa tiene por objeto el diseño, desarrollo, fabricación, integración, pruebas, lanzamiento, y pruebas de aceptación en órbita del sistema espacial de comunicaciones gubernamentales por satélite.

El Real Decreto 208/2019, de 29 de marzo, estableció las normas reguladoras para la concesión directa de un préstamo a HISDESAT para el desarrollo del programa SPAINSAT NG de comunicaciones por satélite.

La complejidad técnica del proyecto y la pandemia hacen necesario modificar las condiciones del préstamo y el calendario de reintegros del mismo. Así, se aumenta en 100M€ el préstamo a HISDESAT, pasando de 750M€ a 850M€, que financiará el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo entre 2019 y 2025.

El impacto económico esperado del presente RD es positivo y se suma al impacto que la norma a la que modifica supone para la industria espacial española. El RD 208/2019 establece unos retornos mínimos para la industria espacial española del 40% de la inversión, lo que les permite acceder al mayor programa de comunicaciones gubernamentales por satélite en desarrollo actualmente en Europa. Con el incremento de la financiación en 100M€ y la extensión del programa hasta 2025 no sólo se garantiza el éxito del programa, sino que también se logra alcanzar mayores retornos para industria espacial española.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

PRÓRROGA DEL 'ESCUDO SOCIAL' HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022

El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga hasta el 28 de febrero de 2022 de las medidas del llamado "escudo social" que expiran el 31 de octubre, sincronizando el escudo social con el otro gran instrumento de protección social adoptado por el Gobierno, los ERTEs.

Por otra parte, este Real Decreto-Ley incluye una modificación del Real Decreto-Ley de medidas urgentes de apoyo a La Palma, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el fin de adaptar la prestación por cese de actividad de autónomos a las necesidades específicas de la isla provocadas por la erupción del volcán cumbre vieja.

A continuación, detallamos las principales medidas del Real Decreto-Ley aprobado hoy:

Lucha contra la pobreza energética

Con el fin de garantizar el suministro de agua, electricidad y gas natural, se mantienen las medidas de protección de los consumidores vulnerables, en línea con el marco efectivo desarrollado para identificar y reducir de forma estructural el fenómeno de la pobreza energética.

Asimismo, permanece en vigor temporalmente la definición ampliada de "consumidor vulnerable", a los efectos de la percepción del bono social de electricidad y la protección especial frente a la interrupción del suministro.

Defensa del derecho a la vivienda

En materia de vivienda, continúa la suspensión temporal de los procedimientos de desahucio y los lanzamientos para hogares sin alternativa habitacional. Por su parte, los arrendadores y titulares de viviendas afectados por esta suspensión extraordinaria podrán solicitar la compensación hasta el 30 de noviembre -modificándose también el Plan de Vivienda Estatal 2018-2021 para poder hacer frente a estas compensaciones.

Además, se mantiene la posibilidad de solicitar la prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el contrato en vigor.

Y se extiende también la posibilidad de que los arrendatarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad soliciten la moratoria o condonación de la renta cuando el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor -persona física con más de diez viviendas.

Protección frente a la violencia de género

En cuanto a las medidas aplicadas en la lucha contra la violencia de género, persiste la consideración de servicios esenciales para la protección y asistencia a las víctimas. De este modo, las Administraciones Públicas competentes seguirán adoptando todas las medidas que resulten necesarias para garantizar la prestación, entre otros, del servicio de acogida, de información o de asesoramiento jurídico 24 horas a las víctimas de violencia género, con el apoyo al personal que presta servicios de asistencia social integral a las víctimas.

Modificación del RDL de medidas urgentes de apoyo a La Palma

En la norma se incluye una mejora de las ayudas para los trabajadores autónomos afectados por la erupción volcánica en la isla de La Palma con el fin de ampliar su cobertura. De esta forma, se modifica el RD 18/2021 para incluir tres nuevas ayudas, que conllevan una prestación y la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social y que sustituirán a la prestación vigente.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

PRÓRROGA DE MEDIDAS PARA EL BREXIT, TRAS EL PERIODO TRANSITORIO

El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de algunos de los artículos del RDL 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 2020.

Se trata de la prórroga de los artículos 11, 12 y 15 del Real Decreto-Ley relativos a:

Asistencia sanitaria

Se prorroga desde el 1 noviembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021 el permiso de acceso recíproco a asistencia sanitaria con garantía de reembolso, que actualmente solo se aplica en Gibraltar, dado que ya se alcanzó un acuerdo de cooperación con Reino Unido e Irlanda del Norte en materia de Seguridad Social.

Permisos de conducción

Se habilita a los titulares de permisos de conducción expedidos por las autoridades británicas a conducir hasta el 31 de diciembre de 2021.

Educación

Se prorroga el régimen aplicable a los alumnos y alumnas procedentes de los sistemas educativos del Reino Unido, con el fin de que puedan seguir acogiéndose a los procedimientos de acceso a la universidad española para los cursos 2022-2023 y 2023-2024, en los mismos términos previstos para los alumnos procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la UE.


Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

REFORMAS EN LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la firma ad referéndum de las decisiones del III Congreso Extraordinario de la Unión Postal Universal, y se dispone su remisión a las Cortes Generales y se autoriza el consentimiento de España para obligarse

Las Decisiones adoptadas abordan la reforma del sistema existente de fijación de tarifas por la distribución de correspondencia internacional que se cobra entre distintos países, competencia de la UPU, que al establecer tarifas más favorables para los países en vías de desarrollo les hace más competitivos en el ámbito del comercio electrónico en detrimento de los países desarrollados.

Esta reforma plantea una transición en dos fases, una constituida por parámetros obligatorios para el año 2020 y otra de parámetros facultativos referida al periodo 2021-2025:

  • En la primera se contempla la no aplicación en dicho año del aumento anual máximo de los ingresos con respecto al año anterior, el aumento del 20% en las tasas mínimas vigentes y la armonización en 2020 al nivel de las tasas máximas del grupo I con un aumento del 5% en comparación con las tasas máximas del grupo I en 2019.
  • En la segunda, se prevé la implementación de tasas auto declaradas desde el 1 de enero de 2021; se establece la contribución para una implementación en dos velocidades y acelerada y se determinan las Reglas operativas sobre distintas materias: la selección entre tarifas múltiples, tarifas por zona y elementos de servicio adicionales, la supresión de tasas máximas, la Relación costo/tarifa y la Relación envío/kg, los Umbrales aplicables a los grupos II y III y al grupo IV, y por último, se modifica la disposición del Convenio sobre correo masivo.

Las Actas de las Decisiones fueron firmadas ad referendum por los representantes de España en el momento de su adopción. Para que esta firma adquiera el carácter de definitiva, se precisa su aprobación por el Consejo de Ministros.

Las modificaciones que aportan no contienen nuevas obligaciones financieras para la Hacienda Pública, más allá de las ya existentes de contribuir al sostenimiento de la UPU.

Por su parte, el Consejo de Estado en su dictamen de 15 de abril de 2021, determinó que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente ACUERDO, requiere la previa autorización de las Cortes Generales al incidir en el supuesto e) del Artículo 94.1 de la Constitución, ya que afecta a materia reservada a ley.

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL SOBRE PESCA EN EL TRAMO INTERNACIONAL DEL RÍO MIÑO (TIRM)

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa relativo a la pesca en el tramo internacional del Río Miño (TIRM).

En la reunión de la sesión plenaria de la Comisión Internacional de Límites (CIL) entre Portugal y España, que tuvo lugar en Madrid en abril de 2019, se decidió la actualización de los Reglamentos anteriormente en vigor con la finalidad de actualizar las normas relativas a la actividad de la pesca profesional, recreativa y desde pesqueras en el Tramo Internacional del Río Miño (TIRM).

Entre otras modificaciones, se incluye la nueva denominación como "ACUERDO Internacional" en lugar de "Reglamento"; la introducción de una cláusula de enmienda, y la regulación de su ámbito de aplicación de conformidad con el Tratado entre España y Portugal por el que se establecen las líneas de cierre de la desembocadura del Río Miño, y se elimina así su tramo internacional. Dentro de esta modificación, son especialmente relevantes el reordenamiento de las sanciones y la enumeración clara y detallada de las competencias de la Comisión Permanente Internacional del Río Miño (CPIRM),

Mediante estos cambios, se refuerza la cooperación y acción coordinada entre España y Portugal, además de dotar a las respectivas administraciones de los instrumentos necesarios para garantizar el ejercicio de la pesca y la gestión de los recursos. Asimismo, se regula conjuntamente la actividad pesquera profesional, recreativa y deportiva en los márgenes y aguas de dicho tramo internacional del río, garantizando la igualdad de condiciones para los sectores pesqueros de ambas Partes, y la protección del ecosistema y la biodiversidad.

La firma del presente Tratado tendrá lugar en Trujillo el próximo 28 de octubre de 2021, con motivo de la celebración de la XXXII Cumbre hispano-portuguesa.

El texto consta de un Preámbulo y 37 artículos y un Anexo. En el Preámbulo las Partes manifiestan la necesidad de cooperar y coordinar las acciones de las diferentes administraciones y dotarlas de los instrumentos que garanticen el derecho a la pesca, así como el aprovechamiento ordenado y sostenible de los recursos piscícolas.

El Artículo 1 establece el objeto del ACUERDO, y el Artículo 2, su ámbito de aplicación.

El Artículo 3 establece que la pesca se regulará por este ACUERDO y define lo que debe entenderse por "autoridad marítima".

El Artículo 4 establece lo que debe entenderse por tierra firme y bancos de arena.

El Artículo 5 regula la vinculación institucional de la CPIRM, encargada de supervisar la aplicación del ACUERDO; y el Artículo 6 establece sus competencias.

El Artículo 7 regula la pesca deportiva, recreativa y lúdica; el Artículo 8, la pesca profesional. El Artículo 9 se ocupa de las diferentes restricciones o prohibiciones de la pesca; el Artículo 10 establece que las licencias de pesca están sujetas a tasas, y el Artículo 11 regula las obligaciones y responsabilidades de los patronos.

El Artículo 12 regula los períodos hábiles de pesca, la veda y los tamaños mínimos de las especies. El Artículo 13 regula los tamaños mínimos que deben tener las especies que se capturan y transportan.

El Artículo 14 determina las artes de pesca autorizadas. El Artículo 15 regula la señalización de las redes de pesca. Y el Artículo 16 regula las restricciones a la utilización de las artes de pesca.

El Artículo 17 define lo que se debe entender por pesqueras. El Artículo 18 regula el registro, identificación y licencias de pesca por pesqueras. El Artículo 19 establece la normativa aplicable a los patronos de pesca o sus representantes. El Artículo 20 establece las restricciones aplicables a la utilización de las artes de pesca de las pesqueras. El Artículo 21 regula la construcción y obras permitidas en las pesqueras.

El Artículo 22 establece las normas referidas a la vigilancia y fiscalización del acuerdo. El Artículo 23 define las infracciones administrativas a que pueda dar lugar el régimen de pesca.

El Artículo 24 regula la instrucción de procedimientos sancionadores y el Artículo 25 establece el baremo de dichas sanciones (36 puntos). El Artículo 26 establece el régimen de sanciones no previsto en el artículo anterior. El Artículo 27 regula la determinación de las cuantías de las multas. Y el Artículo 28 regula las sanciones accesorias.

El Artículo 29 establece el régimen cautelar que se puede incoar por las autoridades competentes en caso de infracción. El Artículo 30 establece la norma sobre la pesca incautada. El Artículo 31 menciona la responsabilidad penal, en caso de que la haya. Y el Artículo 32 regula la solución de controversias.

Por último, el Artículo 33 regula la revisión del ACUERDO; el Artículo 34, su vigencia y denuncia; el Artículo 35, su entrada en vigor, el Artículo 36, su derogación, y el Artículo 37 su registro.

El Anexo del ACUERDO se refiere a la descripción y uso de las artes de pesca permitidas en el TIRM.

Desde el punto de vista de la repercusión económica, el cumplimiento de las actuaciones derivadas del ACUERDO no requiere de una partida presupuestaria adicional, ni suponen un incremento de dotaciones en materia de retribuciones ni otros gastos de personal.


Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL SOBRE CAZA EN LAS AGUAS Y MÁRGENES DEL TRAMO INTERNACIONAL DEL RIO MIÑO (TIRM)

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa relativo a la caza en las aguas y márgenes del tramo internacional del Río Miño (TIRM).

En la reunión de la sesión plenaria de la Comisión Internacional de Límites (CIL) entre Portugal y España, que tuvo lugar en Madrid en abril de 2019, se decidió la actualización del Reglamento anterior en base a unas modificaciones, algunas de técnica jurídica, como el cambio del título de Reglamento por el de "ACUERDO".

Este nuevo acuerdo tiene por finalidad regular la actividad de la caza en los márgenes y aguas del TIRM, previendo la extensión del ámbito de aplicación para el ejercicio de la caza a todo el TIRM, actualizando de este modo la normativa que hasta el momento se encontraba en vigor (1995).

Con estos cambios se refuerza la cooperación y acción coordinada entre España y Portugal en el ejercicio de la caza en el TIRM, además de dotar a las respectivas administraciones de los instrumentos necesarios para garantizar ese ejercicio, respetándose el ecosistema y la biodiversidad de la zona.

La firma del presente Tratado tendrá lugar en Trujillo el próximo 28 de octubre de 2021 con motivo de la celebración de la XXXII Cumbre Bilateral hispano-portuguesa.

El acuerdo consta de un Preámbulo, ocho Capítulos y veinte Artículos.

En el Preámbulo, las Partes manifiestan su propósito de actualizar la normativa en vigor desde 1995 con ánimo de adoptar las medidas comunes y esfuerzos necesarios para la conservación de la fauna, en especial la avifauna, tanto sedentaria como migratoria en el TIRM, compatibles con el disfrute de la actividad de la caza.

El Artículo 1 establece el objeto del Tratado y el Artículo 2 determina su ámbito de aplicación, según el acuerdo Internacional de 2017.

El Artículo 3 determina los tramos en los que la caza está prohibida. El Artículo 4 señala el compromiso de determinar la fauna silvestre que anualmente puede ser cazada. Y el Artículo 5 determina el periodo hábil para la actividad de la caza.

El Artículo 6 recoge el compromiso de determinar anualmente las modalidades de caza permitidas desde embarcaciones.

El Artículo 7 contempla la prohibición de usar armas auto o semiautomáticas.

El Artículo 8 determina el horario permitido para la caza. El Artículo 9 establece los días permitidos para la caza. Y el Artículo 10 establece norma sobre el límite anual y diario de licencias de caza.

El Artículo 11 regula la fiscalización del acuerdo por autoridades marítimas respectivas.

El Artículo 12 contempla la notificación y elaboración de informes de las infracciones a la caza. Y el Artículo 13 regula las notificaciones entre las autoridades de las infracciones del acuerdo.

El Artículo 14 establece la creación de la Comisión Mixta de Caza (CMC) y la validación de edictos por la CPIRM.

El Artículo 15 contempla la determinación de la caza por la CMC.

El Artículo 16 regula el procedimiento de solución de controversias.

El Artículo 17 establece el procedimiento simplificado de enmienda del Tratado.

El Artículo 18 determina la derogación del "Reglamento" anterior (en vigor desde 1995).

El Artículo 19 recoge la vigencia de seis años del acuerdo.

El Artículo 20 determina la entrada en vigor del acuerdo.

Desde el punto de vista de la repercusión económica, el cumplimiento de las actuaciones derivadas del acuerdo no requiere de una partida presupuestaria adicional, ni suponen un incremento de dotaciones en materia de retribuciones ni otros gastos de personal.

Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

REAL DECRETO PARA ITINERARIOS DE INCLUSIÓN LIGADOS AL INGRESO MÍNIMO VITAL

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, lo que permitirá el despliegue de las políticas de inclusión ligadas al Ingreso Mínimo Vital.

Desde la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión se trabajará en el impulso de proyectos pilotos con administraciones y entidades sociales, a través de una metodología escalable, basada en datos y evaluación, que permitirá difundir las prácticas que hayan tenido mejores resultados, es decir, las más eficaces en el objetivo de la inclusión. Se firmarán 16 convenios antes de que termine el año y serán financiados con 109 millones del Plan de Recuperación.

De los 16 convenios, nueve serán desarrollados junto a CCAA (Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana y Ceuta) por un importe conjunto de 68 millones de euros. Otros dos se realizarán junto con los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, por un importe de 20 millones de euros, y los cinco restantes se firmarán con entidades del tercer sector (Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Save the Children, Plena Inclusión y Cáritas) por un importe de 24 millones de euros.

A través de comunidades y ciudades autónomas, entidades locales y entidades del tercer sector, se firmarán convenios para desarrollar proyectos piloto en todo el territorio nacional, y llegar a uno de cada cuatro beneficiarios actuales del Ingreso Mínimo Vital.

En el desarrollo de estos proyectos piloto, el Ministerio colaborará con dos de las entidades más prestigiosas en el ámbito nacional e internacional dedicadas al conocimiento de la metodología de ensayos de control aleatorio vinculada a la reducción de la pobreza y a la desigualdad, así como a la economía del desarrollo: J-Pal y Cemfi.

Los itinerarios de inclusión partirán de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, pero podrán incluir a otras personas en situación de vulnerabilidad. El objetivo es llegar a distintos colectivos donde el IMV tiene una presencia particular, como las familias monoparentales, los menores en situación de pobreza, las personas sin hogar, personas de etnia gitana, etc… Los convenios tendrán ámbitos de actuación en varias materias, como la educación, la despoblación, la vivienda, la conciliación o la digitalización… y tendrán un enfoque integral, al entender la inclusión como un aspecto a abordar en varias dimensiones.

En esta primera fase se han impulsado los proyectos más avanzados, que contaban con una arquitectura sólida, tanto en infraestructuras como en recursos humanos, y que se focalizaban en colectivos y dimensiones determinantes del IMV en las localidades donde se van a desarrollar. En los próximos meses se pondrán en marcha otros convenios con otras administraciones y entidades sociales que contribuyan positivamente al desarrollo de las políticas de inclusión fundamentadas en evidencias.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en la República de Chile

D. RAFAEL GARRANZO GARCÍA

Licenciado en Ciencias políticas y sociología. Ha estado destinado en las embajadas de España en Guatemala, Italia, Chile y Estados Unidos. Ha sido embajador en Nicaragua.

Ha ocupado los cargos de subdirector de cooperación con México, América Central y Caribe en la AECID. Ha sido subdirector adjunto de desarme, subdirector de política exterior con América del Norte, así como director de cooperación con América Latina y el Caribe en la AECID y director general de Política Exterior para Iberoamérica y el Caribe.

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