Referencia del Consejo de Ministros

Madrid, martes 12 de mayo de 2020

SUMARIO

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

  • REAL DECRETO-LEY de medidas sociales en defensa del empleo.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia y actuaciones relativas al expediente de contratación de la ampliación de la infraestructura de videoconferencia para el Ministerio de Trabajo y Economía Social y para el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones como consecuencia del COVID-19, por un importe de 40.765,57 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para la adquisición de ordenadores portátiles para la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, con el fin de posibilitar a su personal el ejercicio de sus tareas de forma no presencial por un importe estimado 63.640,23 euros.

Derechos Sociales y Agenda 2030

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas de media tensión y de baja tensión, y la instalación eléctrica del sistema de detección de incendios en el Centro de Referencia Estatal para personas con discapacidades neurológicas, CREDINE, en Langreo, Asturias, por importe máximo de 7.816,60 euros, IVA incluido.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del servicio de mantenimiento de la instalación de elevación (ascensores) para el Centro de Referencia Estatal para personas con discapacidades neurológicas, CREDINE, en Langreo, Asturias, por importe máximo de 1.506,45 euros, IVA incluido.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del servicio de limpieza de las instalaciones del Centro de Referencia Estatal para personas con discapacidades neurológicas, CREDINE, en Langreo, Asturias, por importe máximo de 44.250,66 euros, IVA incluido.
  • ACUERDO por el que el que se toma en razón la declaración institucional del consejo de ministros con ocasión del día internacional de las familias.

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las actuaciones para reparar los daños producidos por la borrasca Gloria en la cuenca del río Huerva y del río Aguasvivas, en el término municipal de Moneva (Zaragoza), por un importe máximo de 423.000 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras para paliar los daños ocasionados como consecuencia de la borrasca Gloria y episodio de avenidas de enero de 2020 en diversas infraestructuras en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por un importe máximo de 750.000 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del suministro de ordenadores portátiles para acceso remoto para el personal de la Confederación Hidrográfica del Duero, como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por un importe de 18.139,11 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del suministro de packs de bioseguridad para protección ante el COVID-19 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en todas las sedes del territorio nacional (varias provincias), por un importe máximo de 250.470 euros, IVA incluido.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

  • ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Japón, por otra, y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo.

Defensa

  • ACUERDO por el que se toma razón de declaraciones de emergencia en el Ministerio de Defensa, para hacer frente a la situación generada por el COVID-19, por un importe total de 3.500.722,65 euros.

Hacienda

  • Se inicia la tramitación del PROYECTO DE LEY por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.
  • ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por un importe de 2.000.000 de euros y la concesión de un crédito extraordinario en el Ministerio de Igualdad para financiar la campaña de concienciación social contra la violencia de género ante la emergencia de salud pública en relación con el COVID-19 en España.
  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), por importe de 164.543,57 euros, al objeto de atender diversas insuficiencias de crédito en gastos corrientes en bienes y servicios e inversiones.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

  • REAL DECRETO por el que se regula el procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios y funciones de gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea y su control normativo.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de concesión de obras para la construcción y explotación del Área de Servicio de Fuentes de Oñoro, A-62, P.K. 347.9. Término municipal de Fuentes de Oñoro, provincia de Salamanca, por importe de 43.416.044,04 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reposición de la aleta del estribo del paso inferior situado en el punto kilométrico 542+100 de la autovía A-2, desprendida por el aumento del caudal de la riera de la Panadella, tras las lluvias caídas el día 22 de enero en el término municipal de Jorba, en la provincia de Barcelona, por importe de 244.838,04 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reposición de la obra de drenaje transversal (O.D.T.) en el punto kilométrico 548+600 de la carretera N-634, en la provincia de Asturias, por importe de 255.380,41 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reconstrucción y consolidación del muro situado en el punto kilométrico 133+950 de la carretera N-232a en Alcañiz, y del muro en el punto kilométrico 775+535 de la carretera N-420 en Calaceite, y reparación de las afecciones eléctricas en el punto kilométrico 643+720 de la carretera N-420 en Valdeconejos, en la provincia de Teruel, por importe de 1.132.727,04 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de rehabilitación del firme en las carreteras N-629, puntos kilométricos 47+478 al 48+020, y N-623, puntos kilométricos 44+080 al 44+950 y 75+600 al 81+310, en la provincia de Burgos, por importe de 986.755,75 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de la estructura del punto kilométrico 3+400 de la carretera SG-20, en la provincia de Segovia, por importe de 885.046,56 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de la pasarela peatonal de acceso a la estación de FF.CC. de Las Matas (OA-0006-0025+550), en la provincia de Madrid, por importe de 379.313,87 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras complementarias de estabilización en la urbanización "La Verbena", fase 2, en Arcos de la Frontera (Cádiz), por importe de 586.063,18 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para el servicio de vigilancia presencial, en todos los edificios del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas O.A. y M.P. (CEDEX), por un importe estimado de 40.698 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del contrato de suministro de servidores y cámaras de seguridad y del servicio de seguimiento en tiempo real de la afluencia de personas a determinadas estaciones durante todo el horario de prestación del servicio ferroviario, por un importe de 473.087,23 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la ampliación de la declaración de emergencia de las actuaciones encaminadas al desalojo de viviendas durante la ejecución del desmonte 6 de la obra de la autovía A-63, tramo: Cornellana - Salas, en la provincia de Asturias, por importe de 23.550,80 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras y de los servicios de la línea 740: estabilización urgente de la trinchera entre los kilómetros 67/500 y 67/850, por desprendimiento de rocas y descarrilamiento con colisión de tren de viajeros contra paso superior 67/544. Trayecto Ortigueira - O Barqueiro, por un importe de 425.892,60 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras y de los servicios por daños ocasionados en la línea 200 Madrid - Chamartín a Barcelona - Estación de Francia, entre los puntos kilométricos 11/619 a 53/046 y en la línea 220 Lleida - Manresa, entre los puntos kilométricos 186/126 a 266/081, debido a las intensas lluvias de los días 22 y 23 de octubre de 2019 en las provincias de Lleida y Tarragona, por importe de 28.649.250 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para resolver sobre la transmisión del 47,5% de las acciones de Autopista del Guadalmedina, Concesionaria Española, S.A., en posesión de Sacyr Concesiones, S.L. (52,5%), a favor de Core Infraestruture II S. à r. l. (Vauban).

Agricultura, Pesca y Alimentación

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para el suministro de mascarillas, guantes y otros elementos de protección necesarios para los trabajadores del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en escenario COVID-19, por un importe máximo de 84.517,25 euros IVA incluido.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del encargo entre la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA), y la Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), para la ejecución de las obras del "Proyecto de modernización de los regadíos de la zona regable dependiente del Canal del Páramo Bajo. Sector VII de riego. Tubería de abastecimiento, red de riego y telecontrol (León-Zamora)", por un importe de 25.878.377,36 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción del Convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios O.A. y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A., para la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados en el ejercicio presupuestario 2020.

Política Territorial y Función Pública

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia para el suministro de ordenadores portátiles con destino a las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares de la Administración General del Estado, por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19, por un importe total de 157.095,32 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia del servicio de limpieza del edificio sede de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, sito en Plaza de las Batallas, 2, por un importe máximo de 135.000 euros y un plazo máximo de 6 meses desde el 1 de abril de 2020.
  • ACUERDO por el que se toma conocimiento de la información prevista en el artículo 24 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Sanidad

  • ACUERDO por el que se autoriza al Ministerio de Sanidad la conclusión del Acuerdo marco para la selección de suministradores de vacunas frente a la gripe estacional para determinados órganos de contratación de la Administración General del Estado, Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), las ciudades de Ceuta y Melilla y varias comunidades autónomas.

Ciencia e Innovación

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia adoptada por la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, actuando a instancia del Comité Polar Español, como coordinadora de la logística de la Campaña Antártica Española, para la evacuación urgente, por medios aéreos, de una de las investigadoras embarcadas en el Buque BIO Hespérides, por un importe de 101.000 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia adoptada por la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la adquisición de un equipo PCR digital en gotas (ddPCR), con destino al Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, por un importe de 160.000 euros, IVA no incluido.

Igualdad

  • ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020 del crédito de 100.000.000 de euros para el desarrollo por las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía del Pacto de Estado contra la violencia de género.
  • ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020 del crédito de 6.500.000 euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores; del crédito de 1.000.000 de euros para implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados; así como del crédito de 2.000.000 de euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.

ACUERDOS DE PERSONAL

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Justicia

  • REAL DECRETO por el que se nombra director general de transformación digital de la administración de justicia a D. AITOR CUBO CONTRERAS.


AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Trabajo y Economía Social

REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO

El Consejo de Ministro ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas sociales en defensa del empleo, que plasma el texto del Acuerdo Social en Defensa del Empleo, firmado por el presidente del Gobierno y los agentes sociales.

Real Decreto-ley ahora aprobado recoge un conjunto de medidas que ahondan en la protección de los puestos de trabajo ya iniciada en los anteriores reales decretos leyes, aprobados desde el inicio de la incidencia de la crisis sanitaria de la COVID 19.

El nuevo Real Decreto-ley prorroga los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio de 2020 para aquellas empresas que no puedan reanudar su actividad por causas de fuerza mayor. Las empresas que puedan recuperar parcialmente su actividad podrán proceder a la incorporación de personas trabajadoras, afectadas por ERTE, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. Las empresas deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE en un plazo de quince días y al SEPE las variaciones en los datos de personas trabajadoras incluidas en esos expedientes.

El Real Decreto-ley incluye además la modificación de la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que garantiza el compromiso del mantenimiento del empleo, por parte de las empresas, en un plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de su actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.

REPARTO DE DIVIDENDOS Y TRANSPARENCIA FISCAL

El Real Decreto-ley introduce dos cláusulas que aluden al reparto de dividendos y a la transparencia fiscal. Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales no podrán acogerse a la prórroga de los ERTE por fuerza mayor.

Además las empresas y entidades que se acojan a los beneficios derivados de la prórroga de los ERTE por fuerza mayor no podrán proceder al reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de los ERTE, excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración aplicada a cuotas de la SS.

EXONERACIÓN DE CUOTAS

El nuevo texto normativo mantiene la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que continúen en ERTE de fuerza mayor total, exoneración que será del 75% para empresas de 50 o más trabajadores. Para las empresas inmersas en un ERTE por fuerza mayor parcial se establecen diferentes tramos, en función del mes, del número de personas trabajadoras de la empresa y de su afectación por el ERTE, que incentivan el retorno a la actividad siguiendo las medidas sanitarias. Para los trabajadores que reanudan su actividad la exoneración será del 85% en mayo y del 70% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020). En empresas de 50 o más trabajadores la exención alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio. Respecto a trabajadores que continúen con sus actividades suspendidas, en un ERTE de fuerza mayor parcial, la exoneración será del 60%, en mayo, y del 45% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores) y del 45% en mayo y del 30% en junio (empresas de 50 o más trabajadores).

COMISIÓN TRIPARTITA

El Real Decreto-ley contempla además la creación de una Comisión de Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento entre los Ministerios de Trabajo y Economía Social, Inclusión y Agentes Sociales (CEOE, CEPYME, UGT y CCOO) para el seguimiento de medidas en la fase de excepcionalidad atenuada.

Esta Comisión se reunirá, con carácter ordinario, el segundo miércoles de cada mes, previa convocatoria remitida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y con carácter extraordinario, siempre que lo soliciten tres de las cuatro organizaciones integrantes de la misma. La Comisión será consultada para la posible prórroga de ERTE más allá del 30 de junio.

Tal y como se indica en la Disposición Adicional I del Acuerdo, el Consejo de Ministros podrá, en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan, prorrogar más allá del 30 de junio de 2020 los ERTE de fuerza mayor y sus exoneraciones de cuotas a la SS, extender las exoneraciones de cuotas a los ERTE por fuerza mayor a los ERTE por causas objetivas y prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020.

TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

ACTUALIZADO EL MARCO REGULATORIO NACIONAL PARA LA CERTIFICACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula el procedimiento de certificación de proveedores civiles de servicios y funciones de gestión de tránsito aéreo y de navegación aérea, así como su control normativo.

Este Real Decreto, actualiza el marco regulatorio nacional derogando el Real Decreto 931/2010, para adaptarlo al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373 por el que se establecen requisitos comunes para los proveedores de servicios de gestión del tránsito aéreo/navegación aérea y otras funciones de la red de gestión del tránsito aéreo y su supervisión, contemplando los nuevos servicios y funciones que deben ser certificados según requiere dicho Reglamento comunitario.

Se trata de un Real Decreto de perfil eminentemente técnico, de carácter procedimental que no regula los requisitos sustantivos exigibles para la certificación y su mantenimiento, ya que dichos requisitos se establecen en la normativa comunitaria.

Contempla el carácter indefinido de la certificación, de acuerdo al Reglamento comunitario, y el control normativo continuado de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para verificar que se cumplen los requisitos para el mantenimiento de la certificación.

Por último, el Real Decreto mantiene la prórroga de la eficacia de los certificados vigentes hasta el 1 de enero de 2021, fecha en que deben estar canjeados por los certificados previstos por el Reglamento comunitario, conforme ya se preveía en el derogado Real Decreto 931/2010.

La elaboración de este Real Decreto ha contado con la participación de los diferentes órganos de la Administración, así como del sector.

Derechos Sociales y Agenda 2030

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE MINISTROS CON OCASIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS

El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración Institucional por motivo del Día Internacional de las Familias.

"El 15 de mayo de cada año, a instancias de Naciones Unidas, se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de las Familias, para reconocer y divulgar el papel esencial que desarrollan en la cohesión y el bienestar social.

Este año, España y el resto del mundo se enfrentan a la pandemia global del COVID-19, la crisis sanitaria más profunda del último siglo, con un fortísimo impacto social y económico. En este contexto, las familias están mostrando sus fortalezas, como soporte emocional, económico y social, pero también se enfrentan a sus vulnerabilidades y desafíos. Son las familias quienes cuidan a los niños y niñas que no asisten a la escuela, al tiempo que continúan con sus responsabilidades laborales, y quienes no dejan de atender y preocuparse por sus mayores. Muchas de ellas han sufrido directamente la enfermedad y, en el peor de los casos, la pérdida de seres queridos.

Los efectos de esta crisis están mostrando las numerosas brechas que persisten en nuestra sociedad (brechas sociales y económicas, de género, digitales…) y que exigen una respuesta al nivel de los desafíos y una atención preferente a los más vulnerables.

El Gobierno de España es plenamente consciente del valor y del papel que las familias, en su toda diversidad, juegan en la sociedad y de la necesidad de mejorar su protección social, jurídica y económica, como establece el artículo 39de la Constitución y lo señalan la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Es necesario seguir trabajando para mejorar el apoyo a las familias en su conjunto, pero también lo es atender de forma prioritaria a las que presentan situaciones que requieren de apoyos específicos, ya sea por razones de vulnerabilidad o dificultad socioeconómica (riesgo de pobreza y exclusión), ya sea por razones estructurales o de composición de la propia unidad familiar (existencia de un único adulto responsable, número elevado de hijos, progenitores del mismo sexo), o por determinadas circunstancias que concurren (discapacidad, enfermedad, conflictividad), integrando la perspectiva de género.

Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno ha impulsado medidas sociales y económicas con este enfoque, como la subida del salario mínimo interprofesional, y desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo, los distintos Reales decretos-ley que se han ido aprobando han ido construyendo un "escudo social" para proteger a la ciudadanía y a las familias afectadas por el impacto de la crisis en materia de empleo, vivienda o educación, o en relación con la atención a sus necesidades básicas y la protección de sus rentas, movilizando para ello recursos excepcionales.

Los efectos sociales y económicos de la pandemia se prolongarán en el tiempo, más allá de la crisis sanitaria, y será preciso atenderlas con medidas adecuadas a la magnitud de las necesidades en materia de cohesión y desarrollo social y económico, lucha contra la pobreza y la exclusión, igualdad de género, solidaridad intergeneracional, cuidado de niños, niñas y adolescentes y personas mayores o en situación de dependencia. Esto exigirá el esfuerzo conjunto de todas las administraciones y agentes sociales y económicos, con la voluntad de avanzar decididamente en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, especialmente los relacionados con la pobreza, la salud y el bienestar, la educación y la igualdad de género.

En este marco, el impulso de un Ingreso Mínimo Vital que atienda a las circunstancias de los hogares constituirá sin duda un paso decisivo, junto con otras medidas dirigidas a mejorar la conciliación y la corresponsabilidad de la vida laboral, familiar y personal.

El 15 de mayo es también una ocasión para reconocer la diversidad que tienen las familias. Por ello, reafirmamos el compromiso del Gobierno de presentar durante esta legislatura una Ley que responda y proteja a las diferentes estructuras familiares, garantizando la protección efectiva de las distintas realidades familiares elegidas con libertad. Para este Gobierno resulta prioritaria la protección jurídica y social de todas las familias y de su diversidad.

Por todo ello, el Gobierno de España renueva con ocasión del Día Internacional de las Familias su reconocimiento y compromiso con las familias, con todas las familias y especialmente con las más vulnerables, para hacer frente a los desafíos de un mundo en rápido cambio que ahora afronta una crisis social y de salud sin precedentes."

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

ACUERDO DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y JAPÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y Japón, por otra, y se autoriza la manifestación del consentimiento de España para obligarse por dicho Acuerdo

En el conjunto de las relaciones Unión Europea-Asia, Japón constituye el socio más estrecho y afín. Desde 1991 se dispone de bases contractuales en la relación mutua y desde 2001 ambos son socios estratégicos. Sin embargo, la necesidad de modernizar dichas bases en la era de la globalización inspiró la doble decisión en 2012 de acometer negociaciones en paralelo para vincularse a través de sendos acuerdos de Asociación Estratégica y de Asociación Económica.

Las negociaciones del presente Acuerdo de Asociación Estratégica se iniciaron en abril 2013, se aceleraron a mediados de 2015, recibieron un impulso definitivo con el acuerdo político de principio adoptado en el marco de la XXIV Cumbre UE-Japón celebrada en Bruselas el 6 de Julio de 2017, y finalizaron en abril de 2018.

El 17 de julio de 2018, en Tokio, durante la XXV Cumbre bilateral, tuvieron lugar las firmas del Acuerdo Estratégico y del Acuerdo de Asociación Económica. Previamente, el 27 de junio de 2018, en el marco de la reunión previa del COREPER II, los Estados Miembros habían firmado el mencionado Acuerdo. Por parte de España, fue firmado "ad referéndum" por el embajador Representante Permanente.

El Parlamento Europeo aprobó este Acuerdo en su sesión plenaria del pasado 12 de diciembre con 535 votos a favor, 84 en contra y 45 abstenciones. Hasta el momento ha sido ratificado por Alemania, Austria, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Malta, Polonia, Rumanía, y Japón.

El Consejo de Ministros, en su reunión del 18 de enero de 2019, dispuso la remisión del Acuerdo a las Cortes Generales, a efectos de obtener dicha autorización. La disolución de las Cámaras efectuada mediante el Real Decreto 129/2019, de 4 de marzo, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, motivó que no se llegara a otorgar la autorización solicitada. En consecuencia, es necesario remitirlo nuevamente a las Cortes.

CONTENIDO

El Acuerdo se desarrolla en un Preámbulo y 51 Artículos. En el Preámbulo se ponen de manifiesto los lazos, compromisos, intereses y valores comunes compartidos, la naturaleza de socios afines a nivel mundial y la voluntad de colaboración de forma integral frente a los retos globales. Contiene una reserva en cuanto al Reino Unido e Irlanda, que no estarían vinculados por acuerdos específicos en el ámbito de libertad, seguridad y justicia en el marco del Acuerdo o por medidas internas posteriores de la Unión Europea en su desarrollo.

En su Artículo 1 se establece que el Acuerdo tiene por finalidad fortalecer una asociación global mediante el fomento de la cooperación política y sectorial, a través de acciones conjuntas. El Artículo 2 estipula el propósito de fundamentar la aplicación del Acuerdo en el respeto a la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Los Artículos 3 a 10 se dedican a la colaboración en materias de política exterior y de seguridad. Por su parte, los Artículos 11 y 12 versan sobre la política de desarrollo, gestión de catástrofes y ayuda humanitaria y se promueve la coordinación y el intercambio de información en estos ámbitos.

Los Artículos 13 a 22 contemplan la cooperación en materia de asuntos económicos y comerciales, abordando las políticas económicas y financieras; la potenciación del Acuerdo bilateral de Cooperación Científica y Tecnológica de 2009; los transportes en los sectores aeronáutico, marítimo y ferroviario; el espacio ultraterrestre; la cooperación industrial; las aduanas; la fiscalidad; el turismo; la sociedad de la información, y la protección de los consumidores.

Por su parte, los Artículos 23 a 31 se ocupan de la cooperación en materia de desarrollo sostenible y dimensión social y cuestiones relativas al medio ambiente, cambio climático, política urbana, energía, agricultura, pesca, y asuntos marítimos. Se extiende asimismo a cuestiones de empleo y asuntos sociales en la globalización y a problemas sanitarios transfronterizos.

La cooperación en materia de justicia, libertad y seguridad viene desarrollada en los Artículos 32 a 39, incluyendo el refuerzo de la misma en materias judiciales civiles, mercantiles y penales, lucha contra la corrupción y delincuencia organizada, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, lucha contra la droga, cooperación en materia cibernética, Registro de nombres de pasajeros, diálogo migratorio, y protección de datos personales.

Los Artículos 40 y 41 impulsan la cooperación en materia de educación, juventud, deporte y cultura.

En cuanto al marco institucional, del que se ocupan los Artículos 42 y 43, las Partes establecen un Comité Mixto para promover la aplicación efectiva del acuerdo y supervisar su evolución. La solución de las diferencias que puedan plantearse se resolverá de acuerdo con los principios de mutuo respeto y cooperación.

Por último, en los Artículos 44 a 51, se define a las "Partes" y se estipulan las reglas de divulgación de información, el procedimiento de denuncia, las reglas sobre futuras adhesiones a la Unión, el ámbito de aplicación del Acuerdo y su redacción en las lenguas oficiales de las partes.

En cuanto a la entrada en vigor, el Artículo 47 fija el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de intercambio de instrumentos por las partes, y enumera las disposiciones que se aplicarán provisionalmente entre la Unión Europea y Japón a la espera de la misma.

Por su parte, el Consejo de Estado, en su dictamen de 29 de noviembre de 2018, determinó que la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio del Acuerdo de asociación estratégica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Japón, por otra, hecho en Tokio el 17 de julio de 2018, requiere la previa autorización de las Cortes Generales, al presentar un evidente carácter político y, en consecuencia, encontrarse comprendido en el supuesto del Artículo 94.1.a) de la Constitución.


Defensa

DECLARACIONES DE EMERGENCIA PARA HACER FRENTE A LA SITUACIÓN GENERADA POR EL COVID-19, POR UN IMPORTE TOTAL DE 3.500.729,92 EUROS

El Consejo de Ministros ha procedido a la toma de razón de las declaraciones de emergencia correspondientes a 18 expedientes de contratación iniciados en el ámbito del Ministerio de Defensa, por un importe total de 3.500.729,92 €, todos ellos relacionados con la situación de crisis sanitaria derivada del COVID-19. La finalidad de estos contratos es obtener los materiales, equipos y servicios necesarios para hacer frente a la situación generada por la crisis sanitaria.

Para ello, se ha contratado el suministro de productos de protección personal, material de limpieza y desinfección, productos sanitarios y médicos. Se ha adquirido una central de monitorización para el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, un vehículo adaptado para embarque y desembarque de pacientes por vía aérea, además de capnógrafos y tests rápidos para el personal desplegado en la operación ´Balmis´ y equipos para reforzar la práctica de analíticas PCR para la determinación del virus SARS-CoV-2 para el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa. Asimismo, se ha contratado el suministro de paracetamol granulado y un servicio de mantenimiento de equipos de producción farmacéutica para el Centro Militar de Farmacia de la Defensa.

Hacienda

TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA QUE OBLIGA A LOS INTERMEDIARIOS A INFORMAR SOBRE LA PLANIFICACIÓN FISCAL AGRESIVA

La norma comunitaria avanza en el intercambio de información para luchar contra el fraude y la elusión fiscal transfronteriza

Los intermediarios podrán ampararse en el secreto profesional solo cuando presten un asesoramiento neutral

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley por el que modifica la Ley General Tributaria para la transposición de la Directiva europea conocida como DAC 6. Esta norma comunitaria establece la obligación por parte de los intermediarios fiscales de declarar las operaciones que puedan considerarse como planificación fiscal agresiva y que se produzcan en el ámbito internacional.

La trasposición de esta Directiva comunitaria es un paso más en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal. Supone una herramienta de intercambio de información muy útil para evitar estas prácticas ilegales o abusivas que erosionan el sistema tributario. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que en una situación de emergencia como la provocada por la pandemia es muy necesario avanzar en medidas que hacen al sistema fiscal más justo y le permiten cumplir su función redistributiva y de garante del Estado de bienestar.

Las obligaciones de información que establece la normativa están dirigidas fundamentalmente a los intermediarios fiscales (asesores, abogados, gestores administrativos o instituciones financieras) que serán los obligados a presentar la declaración ante la Agencia Tributaria. Deberán informar de los mecanismos transfronterizos (operaciones, negocios jurídicos, esquemas, acuerdos) que realicen las partes en dos Estados miembros de la UE o un Estado miembro y un tercer Estado.

Regulación del secreto profesional

La norma también regula y reconoce el secreto profesional de los intermediarios. Si hacen uso de esa prerrogativa, la obligación de informar recae sobre el obligado tributario.

La normativa delimita claramente bajo qué premisas puede utilizarse el secreto profesional. El objetivo es evitar un uso injustificado y desproporcionado que sirva para sortear la obligación de informar sobre estas prácticas.

De esta forma, no están amparados por el secreto profesional los intermediarios que diseñan, comercializan, organizan o gestionan la ejecución de un mecanismo transfronterizo de planificación fiscal. Tampoco los intermediarios que asesoren para procurar o facilitar la aplicación de un mecanismo de planificación fiscal.

Por tanto, se limita el secreto profesional a aquellos intermediarios que prestan un asesoramiento neutral con el único objetivo de evaluar la adecuación del mecanismo a la normativa aplicable, y sin procurar ni facilitar la implantación de esa planificación fiscal.

Los intermediarios fiscales tienen la obligación de informar si detectan indicios de planificación fiscal agresiva. Estos indicios están tasados en la propia Directiva e incluye, entre otros, la remuneración del intermediario en función del ahorro fiscal obtenido a través del mecanismo de planificación; la adquisición de empresas en pérdidas para aprovechar las mismas fiscalmente; o situaciones en donde pagos efectuados son gasto deducible para el pagador, pero no se gravan o se gravan de forma limitada en el perceptor existiendo vinculación entre pagador y perceptor.

La obligación de declaración de un mecanismo transfronterizo no implica necesariamente que sea defraudatorio o elusivo, sino únicamente que en él concurren determinados indicios de planificación fiscal que hacen obligatorio presentar dicha declaración. Del mismo modo, realizar la declaración no implica la aceptación por parte de la Agencia Tributaria de la legalidad de dicho mecanismo transfronterizo.

El futuro Reglamento de la Ley desarrollará qué datos se deberán incluir en la declaración de información, aunque la Directiva ya recoge algunos como la identificación de las partes; el resumen de la operación; el valor de la misma; o la fecha de realización.

Las declaraciones se presentarán ante la Agencia Tributaria, que remitirá los datos a la Comisión Europea. Allí se clasificarán en un directorio gestionado por la institución comunitaria y será accesible a los Estados miembros a efectos del intercambio de la información.

La Ley también incluye un régimen sancionador por la falta de presentación, presentación inexacta o incompleta de las declaraciones. En concreto, se establece con carácter general, una sanción de 2.000 euros por dato o conjunto de datos omitido o inexacto con un mínimo de 4.000 euros.

Hacienda

CAMPAÑA PARA CONCIENCIAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO ANTE EL COVID-19

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un crédito extraordinario en el presupuesto del Ministerio de Igualdad para financiar una campaña de concienciación social contra la violencia de género ante la emergencia de salud pública en relación con el COVID-19, por importe de dos millones de euros.

El Ministerio de Igualdad presentó en el Consejo de Ministros celebrado el 17 de marzo el Plan de Contingencia ante la Violencia de Género, que incluye la adopción de medios extraordinarios para la atención integral de las mujeres. En concreto, se proponía hacer pública una campaña institucional de concienciación contra la violencia de género, de alerta de situaciones de violencia dentro de los hogares y por el buen trato durante el período de confinamiento.

Esta medida aprobada cumple con el Real Decreto-ley 12/2020 de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género.

La campaña tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía y alertar de la necesidad de no bajar la guardia contra la violencia de género ante esta situación excepcional que las mujeres están viviendo en sus hogares, así como la concienciación por el buen trato durante el periodo de confinamiento.

Hacienda

SUPLEMENTO DE CRÉDITO EN EL PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES

.El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se ha autorizado la concesión de un suplemento de crédito para atender gastos corrientes e inversiones por un importe total de 164.543,47 euros para atender insuficiencias detectadas en las actuaciones a realizar por el Organismo Nacional de Trasplantes (ONT) durante el ejercicio 2020.

Se trata de gastos tramitados en el último trimestre de 2019 que no pudieron abonarse quedando como compromisos para el ejercicio 2020.

La financiación de este suplemento de crédito se realiza con cargo a Remanente de Tesorería.

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

LICITACIÓN DE UN CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIO DE FUENTES DE OÑORO EN LA A-62

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato de concesión de obras para la construcción y explotación del Área de Servicio de Fuentes de Oñoro en el PK 347,9 de la Autovía de Castilla (A-62), ubicada en el término municipal de Fuentes de Oñoro, provincia de Salamanca.

La ejecución y explotación del área de servicio se materializará a través de un contrato de concesión de obras, conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. El estudio base para su próxima licitación es el "Anteproyecto de Obra y Explotación del Área de Servicio de Fuentes de Oñoro", aprobado definitivamente el pasado 12 de noviembre de 2019 tras haber sido sometido al trámite de información pública.

Conforme a la adenda al estudio de explotación del citado anteproyecto, el plazo de recuperación de la inversión se justifica en 40 años, correspondiente al máximo permitido con carácter ordinario en la Ley 9/2017. A lo largo del mismo, el concesionario se compromete a abonar un canon anual a la administración no inferior a 4.621,29 €/año.

El valor estimado del contrato es de 43,42 millones de euros. Según la Ley 9/2017, este valor calcula como el importe neto de la cifra de negocio sin IVA, o lo que es lo mismo, los ingresos que se estima que la empresa concesionaria obtendrá por la explotación de las instalaciones durante el plazo concesional.

Características técnicas

La nueva Área de Servicio de Fuentes de Oñoro se ubicará a ambos márgenes de la A-62 en el tramo Ciudad Rodrigo-Frontera portuguesa, concretamente en el PK 349,9. Su implantación precisa de realizar un desvío del trazado de la carretera N-620, paralela a la A-62 en este tramo, a lo largo de unos 900 metros de longitud. También se disponen dos viales de acceso directo desde el tronco de la autovía, uno en cada sentido.

Cada margen funciona de manera independiente, debiendo disponer con carácter obligatorio de las siguientes instalaciones:

Margen derecho (sentido Portugal):

-Estación de servicio con venta de lubricantes y repuestos frecuentes.

-Tienda - edificio de usos múltiples.

-Cafetería - restaurante y bazar de productos regionales.

-Zona de descanso con aseos.

-Aparcamiento y zona de esparcimiento y recreo.

-Zona de juegos infantiles.

-Plazas de aparcamiento: 99 para vehículos ligeros y 13 para vehículos pesados.

Margen izquierdo (sentido Salamanca):

-Estación de servicio con venta de lubricantes y repuestos frecuentes.

-Tienda - edificio de usos múltiples.

-Cafetería - restaurante y bazar de productos regionales.

-Zona de descanso con aseos.

-Aparcamiento y zona de esparcimiento y recreo.

-Plazas de aparcamiento: 94 para vehículos ligeros y 11 para vehículos pesados.

Adicionalmente, el anteproyecto contempla otras instalaciones no obligatorias cuya propuesta por los licitadores tendrá carácter de mejoras opcionales: túnel de lavado, taller, pasarela peatonal y hotel en el margen izquierdo.

En el procedimiento de licitación, como criterio de sostenibilidad ambiental se valorarán las propuestas que incluyan puntos de carga de vehículos eléctricos u otras fuentes alternativas de suministro de energía.

Plano de situación

Plano de planta

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

AUTORIZADA LA TRANSMISIÓN DEL 47,5% DE LAS ACCIONES DE LA CONCESIONARIA ESPAÑOLA AUTOPISTA DEL GUADALMEDINA A FAVOR DE VAUBAN

El Consejo de Ministros ha autorizado al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para resolver la transmisión del 47,5% de las acciones de Autopista del Guadalmedina, concesionaria española, S.A., en posesión de Sacyr Concesiones, S.L., a favor de Core Infraestructura II S à r l (Vauban).

Con fecha 2 de abril de 2020, tuvo entrada en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana escrito y documentación complementaria de Autopista del Guadalmedina, Concesionaria Española, S.A (Guadalcesa), en el que pone de manifiesto que recientemente Sacyr Concesiones S.L. y Vauban han suscrito un contrato de compraventa de acciones, en virtud del cual, Sacyr Concesiones S.L. transmitirá la titularidad del 47,5% de las acciones de dicha sociedad.

Por tanto, al término de la operación proyectada de transmisión de acciones, la relación del accionariado de Guadalcesa será: Sacyr Concesiones S.L. con un 5,0% de las acciones de dicha sociedad, Asisuncoast con el 47,5% de las mismas y Vauban con el otro 47,5% restante. Asimismo, solicitan la autorización prevista en el artículo 31 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión.

Guadalcesa es una sociedad concesionaria dependiente de la Administración General del Estado, que ostenta el contrato de concesión para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje AP-46 Alto de las Pedrizas-Málaga, adjudicado mediante Orden FOM/2942/2006, de 11 de septiembre. Actualmente Guadalcesa se encuentra participada por Sacyr Concesiones S.L. en un 52,5% y por Asisuncoast en un 47,5%.

Según lo establecido en la disposición adicional trigésima de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, será necesaria la autorización del Consejo de Ministros para la celebración, y, en su caso, modificación y resolución de los contratos de concesión de autopistas de competencia estatal.

Ciencia e Innovación

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA ADOPTADA POR LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PARA LA EVACUACIÓN URGENTE, POR MEDIOS AÉREOS, DE UNA DE LAS INVESTIGADORAS EMBARCADAS EN EL BUQUE BIO HESPÉRIDES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se adquiere el equipo ddPCR AUTODG de Bio-Rad, a la empresa BIO RAD- LABORATORIES, S.L., por un importe de 160.000,00 euros, IVA no incluido (164.368, 00 IVA incluido que junto con el IVA soportado deducible por importe de 29.232,00 asciende a un total de 193.600, 00.

Con fecha 6 de abril de 2020, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO) de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, presenta memoria justificativa de la necesidad de adquirir, con la mayor urgencia posible, un PCR DIGITAL EN GOTAS (ddPCR) imprescindible para poder detectar el SARS-CoV2 con métodos específicos y altamente sensibles. La PCR digital es una tecnología clave en investigaciones, diagnósticos complementarios sobre COVID-19 y, en general, en aquellos casos en que sea necesario máxima sensibilidad (estos equipos detectan hasta 1 molécula de RNA/DNA).

Existen en el mercado otros sistemas de PCR digital, pero esta es PCR digital en gotas, de modo que se analizan 20.000 gotas (reacciones) en cada uno de los 96 pocillos de una placa (96 muestras). Actualmente, una empresa francesa también ofrece un sistema de PCR digital en gotas, pero sólo puede analizar 12 muestras en lugar de 96.

El Servicio GENGS del CBMSO ya posee experiencia previa con un equipo similar, localizado en la Fundación Jiménez Díaz (Madrid). Este aspecto es muy relevante, ya que una vez recibido el equipo los investigadores pueden comenzar a utilizarlo de manera inmediata sin que sea preciso un curso de formación adicional, lo que ralentizaría la consecución del fin que se pretende y que no es otro que conseguir ayudar en el conocimiento y erradicación de la enfermedad.

Agricultura, Pesca y Alimentación

CONVENIO ENTRE ENESA Y AGROSEGURO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE SEGUROS AGRARIOS EN EL EJERCICIO 2020

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de un convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) para la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados en el ejercicio presupuestario 2020.

El cuadragésimo primer Plan de Seguros Agrarios Combinados cuenta con un presupuesto inicial de 211.267.560 euros para subvencionar las pólizas de seguro que suscriben los agricultores. Dado que la gestión de esas pólizas la realiza Agroseguro, entidad que a su vez liquida las cantidades subvencionadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de Enesa, es necesario articular mediante convenio el procedimiento a seguir entre ambas entidades.

Por ello, el convenio autorizado tiene por objeto facilitar la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados en el ejercicio presupuestario 2020, definiendo el procedimiento para la liquidación de las subvenciones previstas en el 41º Plan y de planes anteriores, y acordar otros ámbitos de cooperación entre ambas entidades.

En el convenio se acuerda, por tanto, la información y documentación a aportar por Agroseguro, necesaria para que Enesa desarrolle adecuadamente su función de control y coordinación administrativa.

También se concreta el procedimiento de pago por Enesa a Agroseguro del importe de la subvención descontada en el momento de la contratación, que corresponde aportar a la Administración General del Estado para el pago de las primas de los agricultores y ganaderos asegurados.

Tras su autorización en el Consejo de Ministros, el convenio se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Agricultura, Pesca y Alimentación

ENCARGO DE LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGADÍOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PÁRAMO BAJO

El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza la suscripción del encargo entre la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y la Empresa de Transformación Agraria (Tragsa) para ejecutar las obras del "Proyecto de modernización de los regadíos de la zona regable dependiente del Canal del Páramo Bajo. Sector VII de riego".

Estas obras afectarán a una superficie de 3.508 hectáreas en los términos municipales de Pozuelo del Páramo y San Adrián del Valle, en León y Maire de Castroponce, Pobladura del Valle, La Torre del Valle y Villabrázaro, en Zamora. Contarán con un presupuesto de 25.878.377,36 euros, de los que Seiasa asumirá la financiación del 74 %, mientras que el 26 % restante será financiado por la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.

Los trabajos previstos consisten en dotar a la zona del sector VII de un sistema de riego a la demanda mediante la ejecución de una red de tuberías enterradas, que hace llegar el agua hasta los hidrantes, desde los que los regantes engancharán los sistemas de riego para regar sus fincas.

Como en el resto de la zona regable ya modernizada, se trata de mejorar la eficiencia de los caudales suministrados a los agricultores, sustituyendo tanto la infraestructura actual del sistema de riego compuesto por un sistema de cauces abiertos que, tras el paso del tiempo, se encuentran deteriorados, como el sistema en que es distribuida el agua dentro de la comunidad de regantes a turnos, por un moderno riego a la demanda.

Las obras incluirán la instalación de las tuberías de abastecimiento, las redes de distribución, la instalación de un sistema de monitorización y telecontrol y actuaciones de ampliación de capacidad de regulación en la balsa nº4 existente.

Este proyecto beneficiará a 627 regantes en una zona donde se cultiva cereal de invierno, maíz, remolacha, girasol, patata y judía grano.

ACTUACIONES EN EL PÁRAMO BAJO

Las "Obras de modernización y consolidación de los regadíos de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo (León - Zamora)" fueron declaradas de Interés General por la Ley de 1999, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Se han ido ejecutando mediante la firma de distintos convenios de financiación, construcción y explotación suscritos por la Comunidad de Regantes, la Junta de Castilla y León y Seiasa.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de Seiasa, ha realizado una inversión en esta Comunidad de 103,28 millones de euros mediante la ejecución de 6 sectores de riego en los cuáles se han modernizado 20.673 hectáreas de las que se han beneficiado 5.631 regantes.

La modernización de regadíos ha conseguido mejorar la eficiencia de los caudales suministrados a los agricultores al sustituir infraestructuras de sistemas de riego mediante acequias, que partían desde el Canal del Páramo Bajo, por un riego a demanda mediante un conjunto de redes ramificadas de tuberías, balsas de regulación, estaciones de bombeo y elementos de seguridad y control.

Política Territorial y Función Pública

TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA PARA EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN JAÉN

Como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ha quedado en suspenso el procedimiento de adjudicación del contrato del servicio de limpieza de la Subdelegación del Gobierno en Jaén.

La prórroga del actual contrato de limpieza finalizaba el pasado 31 de marzo de 2020, siendo necesario el mantenimiento de las dependencias de la Subdelegación en condiciones óptimas de higiene y salubridad, para el adecuado desarrollo de la actividad administrativa y el cumplimiento de sus fines institucionales.

Por ello, se ha declarado la tramitación del expediente de emergencia para la contratación del servicio de limpieza del edificio conforme a lo establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público.

El importe total del servicio, asciende a 111.570,25 euros sin IVA y 135.000 euros con 21% IVA incluido y un plazo máximo de ejecución de 6 meses.

Política Territorial y Función Pública

SUMINISTRO DE 185 ORDENADORES PORTÁTILES, CON DESTINO A LAS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES DEL GOBIERNO Y DIRECCIONES INSULARES DE LA AGE

Ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19 y la necesidad de habilitar modalidades no presenciales de trabajo para mantener la prestación de los servicios esenciales de la Administración General del Estado en el Territorio, así como garantizar el funcionamiento de las áreas de sanidad y tránsito aduanero a través de los puntos de inspección fronteriza, servicios integrados en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares de la AGE, se hace necesario el suministro de 185 ordenadores portátiles que permitan el trabajo remoto del personal de las distintas unidades.

Se tramita el expediente de emergencia, conforme a lo establecido en el artículo 120 de la ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, por la que se transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El importe total del suministro, asciende a 129.830,84 euros sin IVA, 157.095,32 euros con 21% IVA incluido.

Política Territorial y Función Pública

TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 3/2015, REGULADORA DEL EJERCICIO DEL ALTO CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

El Consejo de Ministros ha recibido hoy el informe semestral de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) en relación al artículo 24, apartado 5, de la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. Informe cerrado el 20 de abril de 2020, puesto que el último informe lo estaba al pasado 20 de octubre, y se elevó al Consejo de Ministros del 8 de noviembre de 201.

La Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, en su artículo 23, establece que la situación patrimonial de los altos cargos será examinada por la OCI al finalizar su mandato para verificar el cumplimiento de las obligaciones reguladas en dicha Ley.

Por ello, el artículo 24 de la citada Ley dispone que la Oficina de Conflictos de Intereses, de oficio y en el plazo de tres meses desde su cese, elaborará un informe en el que se examinará la situación patrimonial del alto cargo. La ley también establece que si se derivaran indicios de enriquecimiento injustificado, la OCI podrá solicitar la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a los efectos de aclarar dicha información o a los órganos competentes para que, en su caso, inicien los procedimientos que resulten oportunos.

Sanidad

ACUERDO MARCO PARA LA COMPRA DE VACUNAS FRENTE A LA GRIPE PARA LA CAMPAÑA 2020-2021

El Consejo de Ministros ha aprobado autorizar al Ministerio de Sanidad cerrar el Acuerdo Marco para seleccionar los suministradores de vacunas para la campaña 2020-2021 frente a la gripe estacional. El total estimado de vacunas a adquirir para dicha temporada es de 4.743.945 y el importe económico asciende a 24.751.647,50 euros.

En la reunión de la Comisión de Salud Pública, celebrada el pasado 14 de noviembre, se aprobó realizar dicho Acuerdo tras manifestar diversas comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla su intención de sumarse al mismo.

Cabe recordar que se han firmado Acuerdos Marco similares para la selección de suministradores de estas vacunas para las nueve campañas de vacunación anteriores que abarcan desde la de 2011-2012 a la de 2019-2020. Asimismo, se han firmado Acuerdos Marco para la selección de suministradores de vacunas de calendario y otras en los años 2012-2013, 2015-2016 y 2017-2020.

Previamente, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, celebrado el 18 de marzo de 2010, se puso de manifiesto de forma expresa que el sistema sanitario español es uno de los que tienen mejores resultados en salud y se consideró preciso abordar a corto y medio plazo una serie de mecanismos que permitan garantizar la calidad, equidad y cohesión al mismo tiempo que la sostenibilidad. De ahí, que consideró imprescindible implementar medias de contención y ahorro, como las compras agregadas, a las que las comunidades autónomas se pueden sumar de manera voluntaria.

Igualdad

FONDOS DEL PACTO DE ESTADO PARA LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO PARA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Consejo de Ministros ha aprobado los criterios de reparto de los fondos del Pacto de Estado para el ejercicio presupuestario 2020 y el reparto de los tres créditos correspondientes a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género.

Es importante destacar que estos fondos están destinados para la lucha contra la violencia de género en las comunidades autónomas y las ciudades con Estatuto de Autonomía.

El reparto de Fondos del Pacto de Estado asciende a 100.000.000 de euros a repartir entre las comunidades autónomas y las ciudades con Estatuto de Autonomía. Los fondos serán destinados, entre otras medidas, al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, con especial atención a las mujeres en situación de vulnerabilidad; inserción sociolaboral; campañas de sensibilización y prevención; protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes; establecimiento de un sistema de acompañamiento de las mujeres; refuerzo de los servicios de apoyo a los menores hijos e hijas y de los Puntos de Encuentro Familiar; formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación y en el caso de las CCAA con competencia en materia de justicia, al refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral y de las oficinas de asistencia a las víctimas.

Por su parte los tres créditos correspondientes a la Delegación del Gobierno Contra la Violencia de Género han quedado repartidos de la siguiente manera: 6.500.000 euros para programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género, incluidos sus hijos e hijas; 1.000.000 de euros para programas para la implementación de planes personalizados de atención y desarrollo de actuaciones en relación a otras formas de violencia contra las mujeres; y 2.000.000 de euros destinados al programa para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales.

BIOGRAFÍAS

Para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Directora del Instituto para la Transición Justa, O.A

Dª LAURA MARTÍN MURILLO.

Licenciada en Sociología.

Ha sido directora de la Fundación Renovables y directora de la Fundación Sustainlabour durante 13 años. Esta última organización dedicada al trabajo medio ambiental con organizaciones sindicales. En este trabajo elaboró un cuerpo técnico de soluciones que redundaran en políticas de protección ambiental y justicia social y protección del empleo, que se articuló bajo el concepto Transición Justa.

Representante en numerosos procesos de Naciones Unidas (CMNUCC, PNUMA, ODS, CDS, SAICM)). En la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático participó desde 2004 promoviendo la inclusión del concepto de Transición Justa en las negociaciones del clima, hasta que fue incluido en el Acuerdo de París.

Desde Junio de 2018. Asesora del Ministerio de Transición Ecológica para transición justa. Responsable de la elaboración de la Estrategia de Transición Justa y su Plan de Acción Urgente, de las negociaciones del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras y del Acuerdo por una transición energética justa para centrales térmicas en cierre: el empleo, la industria y los territorios.

Es autora o coautora de numerosas publicaciones sobre economía y empleos verdes, transición justa, cambio climático, transición energética para la Organización Internacional del Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas de Medio Ambiente y "Sustainlabour".

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Embajador de España en la Principado de Mónaco

D. JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO

Nacido en 1972 es diplomático de carrera. Hasta su nombramiento ha sido secretario general de Asuntos Internacionales, Unión Europea, G20 y Seguridad Global, con rango de Subsecretario, en Presidencia del Gobierno, actuando como sherpa del Presidente del Gobierno tanto en la Unión Europea, como en el G20.

A lo largo de su carrera ha sido cónsul de España en Colombia, consejero cultural en la Embajada de España en París y ha estado destinado en la Representación Permanente de España ante la OCDE. En su destino en la OCDE fue elegido vicepresidente del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). Ha desempeñado distintos puestos directivos tanto en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, como en la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo.

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, especialidad jurídico-económica con diploma en ciencias empresariales, así como diplomado del Curso de Defensa Nacional del CESEDEN y experto en gestión cultural en el exterior por la Universidad Carlos III.

En febrero de 2020 fue nombrado embajador de España en la República Francesa.

Embajadora de España en el Sultanato de Omán

Dª. MARÍA LUISA HUIDOBRO MARTÍN-LABORDA

Ingresó en la Carrera diplomática en junio del 1990. Ha estado destinada en las Embajadas de España en Etiopía, Israel, Estados Unidos, y en el Consulado General de España en Nueva York, como Cónsul General Adjunta.

En los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha ocupado el puesto de Subdirectora General Adjunta de Oriente Próximo y el de Subdirectora General para Operaciones de Mantenimiento de la Paz. Ha trabajado en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales con diversas responsabilidades y en la Dirección General de Asuntos Consulares.

Ha estado en la Secretaria de Estado para la Unión Europea en dos etapas, en la Dirección General de Coordinación Técnica comunitaria, ocupando el puesto de Subdirectora General Adjunta para Asuntos Aduaneros y Comerciales y, en la actualidad, como Vocal Asesora en la Dirección General de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la Unión Europea.

Ha formado parte del Tribunal encargado del proceso selectivo para el ingreso a la Carrera diplomática.

Justicia

Director general de transformación digital de la administración de justicia

D.AITOR CUBO CONTRERAS

El nuevo director general es ingeniero informático y psicólogo y pertenece al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración General del Estado.

Ha desarrollado su carrera, fundamentalmente, en el sector público, donde ha ejercido como subdirector general de Impulso de la Administración Digital y Servicios al Ciudadano y subdirector general de Programas, Estudios e Impulso de la Administración Electrónica del Ministerio de Hacienda. Anteriormente, desempeñó los puestos de director de la División de Sistemas de Información y Comunicaciones, jefe de Coordinación Informática y jefe de Área de Sistemas del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Desde estas unidades se han puesto en marcha proyectos tecnológicos como el Portal de Transparencia del Estado, el Sistema para la Facturación Electrónica de las Administraciones Públicas, la Oficina de Registro Virtual de las Administraciones Públicas, el Punto Único de Notificaciones, la Gestión Fondos Estatales o la Carpeta Ciudadana.

En la actualidad, Aitor Cubo estaba integrado en la división de Innovación de Servicios Ciudadanos del Banco Interamericano de Desarrollo ejerciendo como especialista de Gobierno Digital en proyectos de transformación tecnológica en América Latina y el Caribe.

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