Referencia del Consejo de Ministros

Madrid, viernes 22 de noviembre de 2019

SUMARIO

Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad

  • REAL DECRETO por el que se crea como Centro de Referencia Nacional el Centro Labora Formació de Castellón, en el área profesional de Fabricación Cerámica, de la familia profesional de Vidrio y Cerámica, en el ámbito de la formación profesional.
  • ACUERDO por el que se aprueba la Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer.
  • ACUERDO por el que se aprueba la Declaración del Gobierno con motivo del Día Universal del Niño en el 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.
  • INFORME sobre el compromiso del Gobierno en la lucha contra la violencia de género.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

  • ACUERDO por el que se autoriza la firma y la aplicación provisional del Acuerdo de sede entre el Reino de España y el Consejo Oleícola Internacional.

Hacienda

  • ACUERDO por el que se autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de 1.945.195,07 euros y la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para aumentar la aportación del Estado al INGESA y financiar el incremento salarial establecido en el Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.
  • ACUERDO por el que se autoriza una transferencia de crédito para dar cumplimiento a la Resolución conjunta, de 11 de junio de 2019, de las Subsecretarías de Educación y Formación Profesional y de Ciencia, Innovación y Universidades y de la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Galicia a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 575.553.037,83 euros.

  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Justicia llevar a cabo la prórroga del contrato para la prestación del servicio de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones informáticas del departamento.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Servicio Público de Empleo Estatal la tramitación de diversos expedientes de contratación.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la tramitación de expedientes de reparaciones, mantenimiento y conservación.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Economía y Empresa la tramitación de una serie de expedientes de gasto plurianuales y de tramitación anticipada para satisfacer las demandas en materia de tecnología de la información y de mantenimiento de edificios y equipamiento.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Economía y Empresa la tramitación anticipada de la convocatoria de las becas Fulbright de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa correspondientes al curso 2020-2021.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la tramitación de diversos expedientes de contratación plurianuales y de tramitación anticipada para gastos corrientes en bienes y servicios.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, a fin de posibilitar al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación la contratación de la construcción del Centro de Procesamiento de Datos y del suministro e instalación de los medios audiovisuales, en la nueva sede sita en la Plaza del Marqués de Salamanca n.º 8, de Madrid.
  • ACUERDO por el que se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para financiar por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación los expedientes de contratación que la Secretaría de Estado de la España Global ha de tramitar para el cumplimiento de sus fines institucionales.
  • ACUERDO por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, a fin de posibilitar al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social la tramitación de un expediente de contratación en el marco de las tecnologías de la información.

Fomento

  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de la ampliación de las obras de reparación del muro ecológico situado en la vía de servicio derecha de la autovía A6 en el punto kilométrico 33+000, en la provincia de Madrid, por importe de 676.741,74 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras de reparación de la línea de alta tensión de Unión Fenosa Ponferrada a subestación de ADIF Ponferrada-La Placa por las fuertes tormentas del día 3 de julio de 2019. Línea: León-A Coruña, por un importe de 205.800 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras motivadas por los daños estructurales graves detectados en el paso superior situado en el punto kilométrico 452/960 de la línea 770 Santander-Oviedo, en el término municipal de Ribadedeva (Asturias), por un importe de 55.650 euros.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de las obras y de los servicios por daños graves en el puente metálico sobre el río Torío en el punto kilométrico 010/760 de la línea 790 Asunción Universidad-Aranguren (RAM), por un importe de 193.725 euros.

Educación y Formación Profesional

  • ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante del crédito destinado en el año 2019 para financiar actividades para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales, por importe de 2.499.990 euros, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
  • ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante del crédito para el año 2019 para financiar el desarrollo de Acciones de Calidad en Formación Profesional del Sistema Educativo Español, por importe de 6.499.910 euros, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
  • ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante del crédito para el año 2019 para financiar acciones de formación, perfeccionamiento y movilidad del profesorado, por importe de 17.816.600 euros, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
  • ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución a las Comunidades Autónomas, aprobados por la Conferencia Sectorial de Educación, así como la distribución resultante del crédito para el año 2019 para financiar el impulso a la Formación Profesional Dual, por importe de 34.044.460 euros, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo.
  • ACUERDO sobre el I Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo 2019-2022.

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

  • ACUERDO por el que se formalizan los criterios de distribución adicional y la distribución resultante de los créditos previstos para el ejercicio económico de 2019, entre las comunidades autónomas con competencias asumidas en el ámbito laboral, por un importe de 19.799.010 euros.

Industria, Comercio y Turismo

  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos para la financiación de los gastos de funcionamiento y actividad en el marco de sus fines fundacionales.
  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión de una subvención nominativa por importe de 15.000.000 de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias, prevista en el artículo 5 del Real Decreto-ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.

  • ACUERDO por el que se aprueba el importe a percibir por el ICO en concepto de compensación por los gastos incurridos en su labor de agente financiero del Fondo para la Internacionalización de la Empresa F.C.P.J. (FIEM) durante el año 2018 y por otros gastos derivados del asesoramiento encargado en el marco de dicho instrumento.

Agricultura, Pesca y Alimentación

  • ACUERDO por el que se autoriza la suscripción de una Adenda al Convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios O.A. y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A., para la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados en el ejercicio presupuestario 2019.

Política Territorial y Función Pública

  • ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 13, letra d), 17.2, 28.6 y 29 de la Ley 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de las personas consumidoras de Extremadura.
  • ACUERDO por el que se toma razón de la declaración de emergencia de los trabajos necesarios para garantizar la seguridad del edificio administrativo de servicios múltiples de Valladolid situado en la Plaza del Milenio, nº 1, así como de su entorno, por importe total de 56.714,06 euros.

Para la Transición Ecológica

  • REAL DECRETO-LEY por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al rápido proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación.
  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración del contrato de servicios de "Mantenimiento, conservación y explotación de la Red Integrada SAIH-ROEA-SAICA y del Centro de Control de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero", por un valor estimado de 19.814.075,96 euros.

Cultura y Deporte

  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas entidades para la realización de actividades relacionadas con la cinematografía en el año 2019.
  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de determinadas subvenciones para la promoción internacional del sector del libro y el desarrollo del sector bibliotecario.
  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para el desarrollo de sus actividades museísticas.
  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas entidades para su funcionamiento y el desarrollo de sus actividades culturales.
  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a diversas instituciones museísticas privadas para la ejecución de sus respectivos proyectos.
  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones a diversas instituciones museísticas públicas para la ejecución de sus respectivos proyectos.
  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación del Toro de Lidia para la compilación del conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas que integran la tauromaquia como patrimonio cultural y su difusión en el entorno digital.
  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Casa Medina Sidonia para la conservación y difusión del patrimonio documental y artístico que albergan las dependencias del archivo de la Fundación.

Economía y Empresa

  • ACUERDO por el que se autoriza la aportación de España al Foro Global de Productividad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico correspondiente a 2019, por importe de 12.500 euros.

Sanidad, Consumo y Bienestar Social

  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el sostenimiento económico y financiero de la estructura central de determinadas entidades del Tercer Sector de Acción Social.
  • REAL DECRETO por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Víctimas del Terrorismo para sufragar sus gastos de funcionamiento.

Ciencia, Innovación y Universidades

  • ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria correspondiente al año 2019 (tramitación anticipada) de ayudas "Torres Quevedo" y "Doctorados Industriales", para la formación de doctores en empresas, contempladas en el Subprograma Estatal de Incorporación y en el Subprograma Estatal de Formación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, por importe de 19.000.000 de euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza a la Agencia Estatal de Investigación la convocatoria correspondiente al año 2019 (tramitación anticipada) de ayudas "Ramón y Cajal", "Juan de la Cierva-formación", "Juan de la Cierva-incorporación" y para personal técnico de apoyo, contempladas en el Subprograma Estatal de Incorporación y en el Subprograma Estatal de Formación, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, por importe de 100.915.000 euros.
  • ACUERDO por el que se autoriza la contribución voluntaria al Consorcio de Infraestructura de Investigación Europea (ESS-ERIC) para la 9ª edición de la Encuesta Social Europea, por importe de 270.489 euros.

ACUERDOS DE PERSONAL

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

  • REALES DECRETOS por los que se asciende a la categoría de embajador a los siguientes ministros plenipotenciarios de primera clase:
    • D. José Antonio Bordallo Huidobro.
    • D. Emilio Fernández-Castaño y Díaz-Caneja.
    • D. Senén Florensa Palau.
    • D. Emilio Pérez de Ágreda Sáez.
    • D. José Ramón Barañano Fernández.
    • D. José Luis de la Peña Vela.
    • D. Pablo Zaldívar Miquelarena.
    • D. Ricardo Díez-Hochleitner Rodríguez.
    • D. Ignacio García-Valdecasas Fernández.
    • D. Gonzalo de Benito Secades.
    • D. Luis Felipe Fernández de la Peña.
    • D. Carlos Robles Fraga.
    • D. Federico Palomera Güez.

CONDECORACIONES

Ciencia, Innovación y Universidades

  • REAL DECRETO por el que se concede la Medalla al Mérito en la Investigación y en la Educación Universitaria, en su categoría de Oro, a título póstumo, a D. Santos Juliá Díaz.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

DECLARACIÓN DEL GOBIERNO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su artículo 1, define la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.

Desde el año 1999, por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de concienciar a la sociedad respecto del problema de la violencia que sufren las mujeres y de la grave violación de los derechos fundamentales de las mujeres en todo el mundo que ello supone.

Con motivo de la conmemoración de este día, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la ministra de Justicia, el ministro del Interior, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el ministro de Política Territorial y Función Pública, promueven la adopción por el Consejo de Ministros de la siguiente Declaración:

Texto de la Declaración:

"Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, el Gobierno de España declara su decidido compromiso de seguir dedicando todos sus esfuerzos a combatir la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, su solidaridad con las víctimas y su condena más rotunda hacia las actitudes y actos de violencia hacia las mujeres por motivos de sexo o razones de género, garantizando los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las mujeres.

La violencia contra las mujeres es la manifestación más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad como consecuencia de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

Tal y como señala la Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros del Consejo de Europa para prevenir y combatir el sexismo, aprobada el 27 de marzo de 2019, la violencia contra las mujeres está ligada al sexismo, que crea un clima de intimidación, miedo, discriminación, exclusión e inseguridad que limita las oportunidades y la libertad de las mujeres. El sexismo se refuerza por los estereotipos de género que afectan a mujeres y hombres, y niñas y niños, e impide la consecución de la igualdad de género y el establecimiento de sociedades, justas, inclusivas y libres de violencia contra las mujeres. Es por ello, que el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), ratificado por España en 2014, obliga a promover cambios en los modos de comportamiento socioculturales con vistas a erradicar cualquier práctica basada en la idea de la inferioridad de la mujer o en un papel estereotipado de las mujeres y los hombres.

En ese sentido el Informe de la Subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en septiembre de 2017, insta a eliminar estereotipos y prejuicios basados en el género con el objeto de erradicar la imagen de desigualdad e implicar a toda la sociedad en la lucha contra el sexismo y la violencia contra las mujeres. La consecución de estos objetivos necesita de la educación en el respeto a los derechos humanos, a la no discriminación entre mujeres y hombres y en el rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres. Además, es imprescindible la contribución de los medios de comunicación para promover la sensibilización, la divulgación de imágenes positivas y no estereotipadas de mujeres y hombres que eviten la reproducción de roles sexistas.

Este año 2019 se celebran 40 años de la aprobación de la Convención de Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que España ratificó en 1984, y que insta a los Estados a adoptar políticas y medidas para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. También en el ámbito de Naciones Unidas, España apoya el mandato de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer y apoya las resoluciones sobre la materia adoptadas en el consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General de Naciones Unidas.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en 2015 en Nueva York, contempla la igualdad de género entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 5) y, entre sus metas, la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Asimismo, la igualdad de género está transversalizada en otros ODS, siendo especialmente relevante el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones sólidas).

En diciembre de 2019 se cumplirán 15 años de la aprobación, por unanimidad por el Congreso de los Diputados, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que representa un hito en las políticas públicas destinadas a combatir la violencia contra las mujeres. Una ley pionera en el mundo que ha convertido a España en un referente a nivel internacional. Por primera vez, un instrumento normativo aborda la violencia de género de un modo integral y multidisciplinar abarcando tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención a las víctimas, incluyendo la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, como la respuesta punitiva ante las manifestaciones de violencia. La citada ley orgánica proporciona una respuesta legal global que abarca tanto las normas procesales, mediante la creación de nuevas instancias como los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer, como las normas sustantivas penales y civiles, incluyendo aspectos relativos a la formación de los todos los agentes, sanitarios, policiales y jurídicos, encargados de atender y proteger a las víctimas.

En estos tres lustros transcurridos desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, esta ha experimentado cuatro modificaciones: en materia de pensiones de orfandad; para garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas; para incrementar la protección de los hijos e hijas menores de edad y menores sujetos de tutela o guarda de las víctimas de violencia de género; y la más reciente, en 2018, para incorporar algunas de las medidas previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en 2017 y en el Convenio de Estambul.

Recientemente y con el fin de seguir avanzando en el cumplimiento del Pacto de Estado, se han aprobado normas importantes como la Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género que aborda aspectos relacionados con la formación especializada de las Carreras Judicial y Fiscal y la introducción de pruebas de especialización para acceder a los órganos judiciales especializados.

Asimismo, en 2019, la Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, establece la "prestación de orfandad" para las hijas e hijos de mujeres fallecidas como consecuencia de violencia contra la mujer en aquellos casos en que la madre no hubiera cotizado previamente o no hubiera cotizado el tiempo mínimo para generar el derecho a la pensión de orfandad; al tiempo que mejora el régimen jurídico de la pensión de orfandad cuando el fallecimiento se haya producido como consecuencia de violencia contra la mujer. Además, se ha aprobado el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que permite avanzar en la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral mediante la implantación de medidas para evitar el acoso sexual y por razón de sexo.

A lo largo de 2019 se ha ido progresando en el cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, medidas cuya ejecución es una responsabilidad compartida por todas las administraciones públicas, instituciones y poderes del Estado.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de todas las Administraciones Públicas y de la existencia de normas a nivel internacional, nacional y regional que garantizan el principio de igualdad de género y la prohibición de cualquier acto de violencia basado en el género, aún existe una brecha entre los principios consagrados en dichas normas y la práctica, entre la igualdad de género legal y la real y efectiva. Pese a los esfuerzos realizados hasta ahora, la violencia contra las mujeres persiste hoy en día. En España, en 2019, se ha alcanzado la trágica cifra de más de mil mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que comenzaron a registrarse estos asesinatos en 2003. Una violencia que se ha cobrado la vida de 1.027 mujeres y, desde 2013, de 34 niños y niñas menores, como consecuencia de la violencia ejercida sobre sus madres, y que, asimismo, ha dejado huérfanos a 275 menores por el asesinato de sus madres.

Por otra parte, la violencia sexual afecta desproporcionadamente a las mujeres y es una forma de violencia contra la mujer muy extendida en la sociedad: según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2015, el 13,7% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido, a lo largo de la vida, violencia sexual, una violencia que acarrea consecuencias muy graves sobre la salud física y psíquica de las víctimas.

Estas cifras ponen de manifiesto una realidad que no se puede normalizar ni banalizar, una violencia estructural hacia la mitad de la población de nuestro país, que impide la plena libertad, igualdad y seguridad de las mujeres y de sus hijos e hijas, por el exclusivo hecho de ser mujeres.

La erradicación de la violencia contra las mujeres no puede lograrse sin abordar las actitudes sociales que la toleran o justifican. En definitiva, reducir la aceptabilidad social de esta violencia es fundamental para prevenirla y nos exige un cambio en la cultura, las actitudes y los comportamientos machistas que la fomentan.

Por ello, es necesario seguir impulsando medidas que permitan prevenir la violencia contra las mujeres, en España y fuera de nuestras fronteras, fomentando la educación en valores de igualdad y respeto desde las etapas más tempranas, la coeducación de las niñas y niños en todas las etapas educativas, la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y mejorar los recursos de asistencia y protección a las víctimas, incluyendo a aquellas víctimas españolas que residen en el extranjero, garantizándoles la mejor respuesta institucional ante las situaciones de violencia. Ello exige el compromiso total y global del Gobierno de España, de las instituciones, de las administraciones territoriales y de toda la sociedad en el desarrollo de estas acciones.

Ante el reto de lograr una sociedad libre de violencia contra las mujeres todos tenemos una gran responsabilidad. Administraciones públicas, profesionales de los ámbitos de la seguridad, la justicia, la educación, los servicios sociales y sanitarios, empresas, asociaciones de mujeres, medios de comunicación y, en general, la sociedad civil en su conjunto, tenemos la misión de acompañar a las víctimas y de manifestar nuestro más absoluto rechazo a las actitudes violentas. Para ello, contamos con un instrumento integrador como es el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, reflejo del consenso social y político en torno a la necesidad de que la lucha contra la violencia contra las mujeres sea un asunto prioritario en la agenda política con el fin de garantizar de forma efectiva el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, sin los cuales no podremos disfrutar de una verdadera sociedad democrática".

Educación y Formación Profesional

I PLAN ESTRATÉGICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DESTINADO A MODERNIZAR ESTAS ENSEÑANZAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo sobre el I Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo 2019-2022, cuya aplicación pretende actualizar esta etapa formativa. Para su elaboración, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha contado con el respaldo, entre otros, del Ministerio de Economía y Empresa, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, del Ministerio para la Transición Ecológica y del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Con la puesta en marcha de esta estrategia, el Ejecutivo pretende mejorar la empleabilidad y satisfacer las necesidades del mercado laboral, así como consolidar la flexibilización de estas enseñanzas que permiten al alumno una alta cualificación y garantizan una experiencia laboral de calidad que sirve para impulsar un currículo profesional competitivo.

El plan tiene como prioridades fundamentales la colaboración y participación de las empresas y la apertura a los órganos de participación de todos los sectores, así como la agilización de la respuesta de la FP a las necesidades de cualificación de cada sector productivo.

Este documento, que viene a dar continuidad al trabajo desarrollado en los últimos trece meses por el Gobierno junto con los interlocutores sociales y el sector empresarial, incorpora los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y la Nueva agenda de capacidades para Europa de la Comisión Europea que contempla acciones para garantizar que los ciudadanos de la UE se beneficien de la formación, las habilidades y el apoyo adecuados.

Un catálogo que cubra las necesidades del tejido productivo

El documento aprobado hoy por el Consejo de Ministros se basa en cinco palancas fundamentales para llevar a cabo la modernización de la Formación Profesional en nuestro país.

En primer lugar, recoge la renovación del Catálogo de títulos de FP, lo que supone el diseño de nuevas formaciones y la actualización de todos los títulos ya existentes. En este capítulo cabe señalar el interés del Gobierno por el desarrollo de los perfiles profesionales relacionados con la digitalización, la Industria 4.0., el big data, la inteligencia artificial, la transición ecológica y la economía circular, entre otros.

Una FP más flexible y con mayor número de plazas

Otro de los ejes principales de esta hoja de ruta consiste en la ampliación de la oferta, la mejora de la accesibilidad y el reconocimiento de competencias básicas y profesionales.

En este apartado, el documento contempla el diseño de un Mapa de la FP para llevar a cabo la mejora de la oferta formativa ajustada a estas enseñanzas. Esta herramienta servirá para identificar la situación de la Formación Profesional, las necesidades formativas de cada territorio y de cada sector productivo.

Asimismo, pone el acento en la flexibilización de la formación para hacerla accesible a la población activa mediante la promoción de la modalidad a distancia en colaboración con las administraciones educativas. Para ello, el Ministerio de Educación y FP, a través del Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD), abrirá la oferta modular de títulos de Formación Profesional.

Este capítulo también recoge la puesta en marcha de un procedimiento de acreditación de competencias básicas para las personas adultas, ya que más del 50% de la población española de entre 16 y 65 años carece de acreditación formal de sus competencias profesionales, según datos del Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIACC).

Además, el plan refleja la ampliación de la oferta formativa no formal dependiente del Ministerio de Educación y FP (Aulas Mentor) para acercarla a municipios de tamaño medio y pequeño hasta alcanzar a un total de 3.000 núcleos rurales y una formación modular que se adapte a cada alumno, contemplándola como una medida de choque para evitar la despoblación en el medio rural.

Formación de docentes basada en el intercambio de conocimiento

Otra de las claves de la estrategia es la formación del profesorado de esta etapa educativa, que pretende aproximar la innovación de cada uno de los sectores productivos al personal docente.

Entre otras actuaciones se contemplan proyectos de innovación de Formación Profesional entre centros que imparten estas enseñanzas de distintas comunidades autónomas, empresas y otras instituciones, así como convocatorias de estancias de docentes en empresas y en centros punteros de FP que faciliten la transferencia de conocimiento.

Nueva Ley de Formación Profesional e impulso a la FP Dual

El documento incluye la modificación de la normativa de las enseñanzas de FP del sistema educativo a través de la Ley de ordenación general de la Formación Profesional y un Real Decreto por el que se regule las características básicas del régimen de Formación Profesional Dual.

El texto también destaca la necesidad de la internacionalización de la FP a través de iniciativas como alianzas entre centros nacionales y de países de nuestro entorno que consoliden la visión global de esta etapa formativa, así como dobles titulaciones que permitan al alumnado una certificación válida en ambos países.

Finalmente, se apuesta por la orientación profesional como un elemento imprescindible de calidad de las enseñanzas de Formación Profesional que garantice el acompañamiento individualizado del alumno para potenciar sus talentos y diseñar itinerarios formativos y profesionales de éxito.

El I Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo 2019-2022 aprobado hoy, servirá de marco para que las administraciones con competencia en materia de FP en el ámbito educativo puedan desarrollar políticas propias en este campo que pongan en marcha la transformación y renovación de las ofertas formativas de acuerdo a su contexto económico.

(I Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema)

Para la Transición Ecológica

REAL DECRETO-LEY PARA IMPULSAR UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto- ley por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afecten al sistema eléctrico, y en concreto a las instalaciones renovables, y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación, con el objeto de impulsarla reactivación industrial en estas zonas.

En respuesta a la situación de emergencia climática, la transición para lograr que el sistema energético español sea neutro en emisiones ha comenzado y requiere de actuaciones urgentes para asegurar que el proceso sea socialmente justo e inclusivo, y que permitan alcanzar los objetivos planteados en el Marco Estratégico de Energía y Clima.

En este sentido, y para favorecer la correcta penetración de las energías limpias en el sistema y garantizar una transición que no deja a nadie atrás, el Real Decreto- ley fija el valor de la rentabilidad razonable para instalaciones renovables, cogeneración y residuos, y establece medidas para aprovechar los recursos tanto de acceso a la red como hídricos asociados a las centrales térmicas en proceso de cierre para asegurar que se crea actividad y empleo de calidad en las zonas en transición.

Certidumbre para inversores: rentabilidad razonable

Para dar certidumbre y visibilidad a las instalaciones renovables, de cogeneración y residuos para el próximo periodo regulatorio y activar una respuesta para las instalaciones que vieron modificado su régimen retributivo con la normativa de 2013, es clave para reforzar la credibilidad de la apuesta española por el cambio de modelo energético y movilizar las inversiones que necesitamos a partir de ahora.

Siguiendo las propuestas realizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se actualiza el valor de la rentabilidad razonable que se aplicará a las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos en el periodo 2020-2025. Será del 7,09% mientras que en la actualidad es del 7,398% o del 7,503% en función del tipo de instalaciones.

Esta propuesta evita la situación de incertidumbre que se daría para este tipo de instalaciones en el caso de no aprobarse con rango de ley el nuevo valor de rentabilidad razonable antes del 1 de enero de 2020.0 Por otra parte, plantea un ahorro para el consumidor de electricidad, dado que estas retribuciones se financian a través de los peajes y cargos que figuran en el recibo de la luz.

El Real Decreto-ley también actualiza la tasa de retribución financiera de la producción de energía eléctrica con retribución adicional en los territorios no peninsulares (TNP). Entre 2020 y 2025, será del 5,58%. Los últimos cinco años ha sido del 6,503%. De nuevo, la medida acarreará menores costes en la factura de la luz, para todos los consumidores y para los Presupuestos Generales del Estado.

Por otro lado, el Real Decreto-ley 9/2013 modificó el régimen jurídico y económico de las instalaciones de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. Este cambio ha provocado un elevado número de litigios, tanto en la jurisdicción nacional como en cortes arbitrales internacionales, a los que sigue haciendo frente el Estado.

Para fijar un marco retributivo estable a las instalaciones afectadas por modificaciones del régimen económico del sistema eléctrico y contribuir a poner fin a los procedimientos existentes, el Real Decreto- ley da la opción a sus titulares de que el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable establecida para el primer periodo regulatorio, el actual, quede fijado durante los dos periodos regulatorios que se sucedan, de manera consecutiva, a partir del 1 de enero de 2020, para aquellas instalaciones anteriores al Real Decreto-ley 9/2013. Es decir, mantendrán una rentabilidad razonable por sus instalaciones del 7,398% hasta 2031.

Esta medida no será de aplicación cuando exista el derecho a percibir una indemnización como consecuencia de una sentencia firme o un laudo arbitral definitivo, o se mantengan abiertos los procesos arbitrales o judiciales en curso, salvo que se acredite renuncia fehaciente a la percepción de dicha compensación, continuación o reinicio de dichos procesos.

Además, las instalaciones que así lo deseen podrán renunciar al marco retributivo que regula este Real Decreto-ley, y acogerse al ordinario, sujeto a revisión cada seis años.

También en relación al marco retributivo de las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos, el Real Decreto-ley aprobado hoy establece que el Gobierno aprobará antes del 29 de febrero de 2020 el resto de parámetros retributivos que serán de aplicación entre 2020 y 2025, que requerían previamente de la definición de la rentabilidad razonable que se lleva a cabo en esta norma.

Medidas de transición justa

El Real Decreto ley dedica dos medidas de carácter urgente que contribuirán a favorecer una transición energética socialmente justa. En primer lugar, se ocupa de la concesión de acceso de evacuación a la red. La norma establece que el Ministerio para la Transición Ecológica podrá regular procedimientos y establecer requisitos para que, a la hora de otorgar una nueva concesión de acceso a un proyecto de energías renovables en los nudos donde se acometan cierres, se tengan en cuenta los criterios sociales, incluyendo el potencial de generación de empleo, y los criterios medioambientales.

En segundo lugar, se aborda la concesión de uso de aguas asociada a las centrales que cierran. El Real Decreto ley establece que se podrá decidir el otorgamiento de una nueva concesión para el uso de este agua a iniciativas y proyectos en el área geográfica donde se ubicaba la central clausurada. De nuevo, para su otorgamiento, se ponderarán criterios sociales y ambientales, teniendo en cuenta, además, que el uso para el abastecimiento de población siempre será prioritario.

Ciencia, Innovación y Universidades

CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) DE AYUDAS "RAMÓN Y CAJAL", "JUAN DE LA CIERVA-FORMACIÓN", "JUAN DE LA CIERVA-INCORPORACIÓN" Y PARA PERSONAL TÉCNICO DE APOYO

Ramón y Cajal

La Agencia Estatal de Investigación convocará 200 ayudas para contratos 'Ramón y Cajal' 2019 por un total de 61.720.000 euros. El objetivo de estos contratos es promover la incorporación de investigadores españoles y extranjeros con una trayectoria destacada en universidades y centros de I+D de nuestro país a través de contratos laborales de una duración de cinco años.

Juan de la Cierva - Formación

La Agencia Estatal de Investigación convoca también 225 ayudas por valor de 11.250.000 euros para fomentar la contratación laboral de jóvenes doctores por un periodo de dos años, con objeto de que completen su formación investigadora postdoctoral en universidades, Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y centros de I+D españoles distintos a aquellos en los que realizaron su formación predoctoral. La ayuda anual para cofinanciar cada uno de los contratos será de 25.000 euros.

Juan de la Cierva - Incorporación

Estas ayudas, que dispondrán de una financiación de 20.925.000 euros, tienen como objetivo fomentar la contratación laboral de jóvenes doctores para que afiancen las capacidades adquiridas durante una primera etapa de formación posdoctoral. Se convocarán 225 ayudas con una duración de tres años y un importe anual de 29.000 euros cada una de ellas, destinado a cofinanciar el salario y la cuota empresarial de la Seguridad Social de los investigadores contratados.

Personal técnico de apoyo a la I+D+I

Con una duración de tres años, estas ayudas tienen como objetivo 170 contrataciones laborales de personal técnico de apoyo en universidades, OPIs y centros de investigación. La cuantía destinada a financiar esta actuación es de 7.020.000 euros y la ayuda anual para cofinanciar cada uno de los contratos de los técnicos será de 14.000 euros, en el caso de los titulados universitarios, y de 12.000 euros en el caso de los técnicos superiores de Formación Profesional.

Ciencia, Innovación y Universidades

CONVOCATORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 (TRAMITACIÓN ANTICIPADA) DE AYUDAS "TORRES QUEVEDO" Y "DOCTORADOS INDUSTRIALES

Torres Quevedo

La Agencia Estatal de Investigación convoca ayudas para la contratación de 200 doctores en empresas durante 3 años, lo que supone una inversión total de 15 millones de euros. El objetivo de 'Torres Quevedo' es promover la incorporación de doctores que desarrollen proyectos de investigación industrial, de desarrollo experimental o estudios de viabilidad técnica en empresas, centros tecnológicos, asociaciones empresariales y parques científicos y tecnológicos.

Doctorados Industriales

Estas ayudas, que cuentan con un presupuesto de 4 millones de euros, permitirán la realización de 60 contratos para la formación de investigadores en empresas. Contempla ayudas de hasta 4 años para la formación predoctoral en empresas. Las ayudas se destinan a la financiación de los contratos, a la realización de estancias en entidades de I+D - 2.400 euros por cada investigador contratado- y a financiar los gastos de matrícula en las enseñanzas de doctorado, que ascienden a 1.500 euros.

Ciencia, Innovación y Universidades

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA AL CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN EUROPEA

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo autorizando la contribución voluntaria de España al Consorcio de Infraestructura de Investigación Europea (ESS-ERIC) para la 9ª edición de la Encuesta Social Europea, por importe de 270.489 euros.

La Encuesta Social Europea sobre actitudes y comportamientos en Europa, de periodicidad bienal, es una de las principales encuestas de referencia en el ámbito de las ciencias sociales.

España ha participado en todas las ediciones de la Encuesta Social Europea, desde su primera edición en 2002 hasta la octava, 2016-17, y en esta 9ª edición está confirmada la participación de 28 países. La encuesta tiene amplio reconocimiento internacional por la calidad y el rigor técnico y metodológico de los datos obtenidos, habiendo recibido en 2005 el premio Descartes de la UE por su contribución a la innovación metodológica en el ámbito de las encuestas internacionales

La finalidad y la tarea principal de ESS-ERIC es la creación y explotación de una infraestructura de investigación con los siguientes objetivos:

  • Recopilación, interpretación y difusión de datos rigurosos sobre la situación social de Europa, incluidos los cambios en las actitudes, valores, percepciones y pautas de comportamiento entre los ciudadanos de los diversos países.
  • Oferta de acceso gratuito para ciudadanos y usuarios profesionales a los datos acumulados en las diferentes ediciones de la Encuesta Social Europea (más de 130.000 usuarios acceden a sus datos).
  • Fomento de la mejora de los métodos cuantitativos de medición y análisis social en Europa y fuera de ella.

Ciencia, Innovación y Universidades

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL AL MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES Y A LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza transferencia de crédito a la Sección 28 para dar cumplimiento a la Resolución Conjunta, de 11 de junio de 2019, de las Subsecretarías de Educación y Formación Profesional y de Ciencia, Innovación y Universidades y de la Dirección de la Agencia Estatal de Investigación.

El Acuerdo se autoriza para cubrir gastos compartidos. El importe de la transferencia de crédito asciende a 209.451 euros.

Industria, Comercio y Turismo

SUBVENCIÓN A CANARIAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA QUIEBRA DE THOMAS COOK

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de una subvención de 15 millones de euros a la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar actuaciones que contribuyan a paliar los efectos derivados de la insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook en el sector turístico del archipiélago.

El Gobierno da así cumplimiento a la disposición recogida en el Real Decreto Ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial Thomas Cook.

Las ayudas se instrumentarán mediante la formalización de un convenio entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de la SETUR, y el Gobierno de Canarias, y complementan otras medidas aprobadas, como la rebaja de la tarifa de pasajero de AENA para reforzar la conectividad o la línea ICO para dotar de liquidez a las empresas y autónomos del sector turístico canario.

Hacienda

AUTORIZADA LA APLICACIÓN DEL FONDO DE CONTINGENCIA PARA ATENDER LA SUBIDA SALARIAL DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS

El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia y la concesión de un suplemento de crédito en el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para aumentar la aportación del Estado al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y financiar el incremento salarial para los profesionales sanitarios, establecido por Real Decreto-ley, por importe de 1.945.195,07 euros.

La Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia ha solicitado un suplemento de crédito para hacer frente al incremento salarial del personal, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 24/2018, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

El artículo 3 de este Real Decreto-ley fija para 2019 el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público, que no podrán experimentar un incremento global superior al 2,25 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018. Además, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios constantes en 2018 alcanzara o superase el 2,5 por ciento, se añadiría, con efectos de 1 de julio de 2019, otro 0,25 por ciento de incremento salarial.

Al haberse prorrogado en 2019 los Presupuestos Generales del Estado de 2018, para atender los gastos derivados de la actualización retributiva establecida en el Real Decreto-ley, se ha decidido autorizar este suplemento de crédito, con cargo al Fondo de Contingencia.

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

CREACIÓN DEL CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL EN EL ÁREA PROFESIONAL DE LA CERÁMICA EN CASTELLÓN

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se crea como Centro de Referencia Nacional (CRN) el Centro Labora Formació de Castellón, en el área profesional de Fabricación Cerámica, de la familia profesional de Vidrio y Cerámica.

Esta iniciativa es fruto de la firma, el pasado mes de septiembre, de un convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la comunidad valenciana.

La red de CRN es única y coordinada por la Administración General del Estado, y entre sus funciones se destaca fomentar y adecuar la oferta formativa a las necesidades del mercado de trabajo; impulsar actuaciones de innovación formativa y metodológica; colaborar en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales.

Los Centros de Referencia Nacional, regulados por Real Decreto 229/2008 y de carácter estatal, se caracterizan por programar y ejecutar acciones de carácter innovador, experimental y formativo en materia de FP que sirvan de referente al conjunto del Sistema Nacional de Cualificaciones y para el desarrollo de la Formación Profesional.

Estos Centros realizan su actividad en colaboración con los agentes sociales, los centros educativos y de investigación de su entorno relacionados con los sectores que corresponden a las áreas o familias profesionales del Centro de Referencia Nacional.

37 Centros de Referencia Nacional

Con el visto bueno de este Real Decreto, se avanza en la Red de CRN, que pasa a estar formada por 37 centros. De este modo, se consolida el sistema y se fortalece el papel de los Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la Formación Profesional.

Además, se ha acordado la creación de un Grupo de Trabajo sobre CRN para la mejora de su gestión con el objetivo de mejorar su visibilidad, diseñar protocolos comunes de funcionamiento y fomentar actuaciones de mejora de sus equipamientos.

La creación y calificación de estos centros se enmarca dentro de la estrategia puesta en marcha por el Gobierno de España para impulsar una nueva Formación Profesional que atienda las necesidades de los sectores del sistema productivo.

Política Territorial y Función Pública

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ESTATUTO DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS DE EXTREMADURA

El Gobierno, con el dictamen positivo del Consejo de Estado, interpone un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 13.d), 17.2, 28.6 y 29 de la Ley 6/2019, de 20 de febrero, del Estatuto de las personas consumidoras de Extremadura por invadir competencias del Estado. La norma fue publicada en el Diario Oficial de Extremadura el 26 de febrero de 2019.

El 17 de abril de 2019, se abrió un procedimiento negociador del art. 33.2 LOTC en la Comisión Bilateral AGE-Comunidad de Extremadura, con objeto de acercar posturas que permitieran evitar el recurso mediante la modificación de los artículos que se consideran inconstitucionales, pero no se ha alcanzado acuerdo, lo que motiva su interposición. .

Concretamente,

1.- El artículo 13.d) de la Ley extremeña regula el documento justificativo de la contratación ("d) El documento justificativo puede estar en papel o en cualquier otro soporte, siempre que esté a disposición de la persona consumidora durante la totalidad del plazo legal de garantía.")

El Gobierno considera que este artículo contradice el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante, TRGLDCU), que recoge en su artículo 63.3 -resultado de las competencias exclusivas del Estado en materia de derecho civil, artículo 148.1.8ª y legislación mercantil, artículo 149.1.6ª de la Constitución Española- la obligatoriedad de la factura en papel y excepcionalmente su emisión en formato electrónico cuando se cumplan determinadas condiciones.

Con la redacción dada por la Junta de Extremadura a esta disposición se le está negando al consumidor dicho derecho al equiparar la factura en papel a la factura electrónica y, por tanto, dejándolo a elección del empresario, y resultaría contradictorio con lo dispuesto en la legislación contenida en el TRLGDCU, al no recoger las condiciones requeridas para admitir la facturación electrónica (consentimiento expreso previo del consumidor).

2.- Los artículos 17.2 y 28.6 de la Ley 6/2019 incurren en un exceso competencial al regular la abusividad de las cláusulas contractuales y las consecuencias que la misma tiene en la validez de un contrato. La razón es que inciden en el contenido de los contratos, entendidos en su sentido material, encontrándonos ante una cuestión reservada, según ha establecido la STC 54/2018, a la competencia del Estado en virtud de los títulos previstos en el artículo 149.1.8 CE y en el artículo 149.1.6ª., puesto que tal y como ha declarado el Tribunal Constitucional, la regulación de lo que deba entenderse por cláusulas contractuales abusivas en perjuicio del consumidor, ha de considerarse de competencia estatal, ya que el régimen debe ser uno y el mismo para todo el territorio del Estado.

3.- El artículo 29 de la Ley extremeña establece que "las entidades financieras… que pretendan realizar una cesión a un fondo de titulización deberán informar con carácter previo, por escrito y de manera fehaciente a la persona deudora del crédito hipotecario".

Este artículo es contrario a la normativa estatal recogida en el artículo 242 del Reglamento Hipotecario (norma estatal dictada en ejercicio de la competencia estatal recogida en el art. 149.1.8 CE) que supone reconocer la posibilidad de que el deudor renuncie en escritura pública al conocimiento de la cesión del crédito

La norma autonómica introduce «derechos y obligaciones en el marco de las relaciones contractuales privadas». De modo que esta regulación, al igual que la declarada inconstitucional y nula por la STC 54/2018, «se ha adentrado a regular ámbitos reservados a la competencia exclusiva del Estado por el artículo 149.1.8 CE», lo que basta «para concluir en su inconstitucionalidad».

En efecto, de acuerdo con el artículo 242 del Reglamento Hipotecario, norma estatal dictada en ejercicio de la competencia estatal recogida en el art. 149.1.8 CE, "del contrato de cesión de crédito hipotecario se dará conocimiento al deudor por los medios establecidos en el artículo 222, a menos que hubiera renunciado a este derecho en escritura pública o se estuviere en el caso del artículo 150 de la Ley."

Esta normativa estatal, adoptada en ejercicio de la competencia estatal sobre legislación civil, supone reconocer la posibilidad de que el deudor renuncie en escritura pública al conocimiento de la cesión del crédito. El art. 29 de la Ley autonómica viene a establecer y regular una obligación de información -que en caso de incumplirse es susceptible de conllevar una sanción-, que no se vincula con derechos que vengan reconocidos en normas aprobadas por el legislador competente, el estatal, pues este precisamente ha reconocido la renunciabilidad del derecho del deudor.

Industria, Comercio y Turismo

SUBVENCIÓN AL REAL INSTITUTO ELCANO

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos para la financiación de los gastos de funcionamiento y actividad en el marco de sus fines fundacionales por un importe de 40.000 euros.

La colaboración del Real Instituto Elcano con la Administración Comercial y Empresas Publicas, así como con otras Fundaciones e Institutos Europeos e Internacionales ofrece perspectivas y reflexiones en áreas tan diversas como la digitalización de la economía, ayuda y cooperación al desarrollo, la integración europea o las nuevas relaciones comerciales dentro de una agenda global.

Precisamente, el objetivo de esta Fundación es fomentar en la sociedad el conocimiento de la realidad internacional y las relaciones exteriores de España, así como servir de foco de pensamiento y generación de ideas que resulten útiles para la toma de decisiones de los responsables políticos, los dirigentes de empresas privadas e instituciones públicas, agentes sociales y académicos.

Cultura y Deporte

SUBVENCIONES NOMINATIVAS A INSTITUCIONES Y ENTIDADES CULTURALES

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la concesión directa de subvenciones a diversas entidades e instituciones culturales para el ejercicio presupuestario 2019 por un importe de 3,9 millones de euros.

Las subvenciones directas, también conocidas como nominativas, tienen por objeto apoyar actividades de acreditado interés público, social, económico o humanitario u otras que estén desarrolladas por instituciones y entidades culturales. Las subvenciones nominativas aprobadas hoy abarcan un amplio espectro de actividades, incluyendo festivales de cine, conservación y restauración de patrimonio artístico y documental, promoción del libro e impulso del sector bibliotecario, promoción del arte contemporáneo en España, actividades culturales en museos e instituciones y otros proyectos que contribuyen a potenciar la cultura española tanto en el territorio nacional como en el exterior.

Entre las subvenciones nominativas para 2019, destacan las destinadas a al Festival Internacional de Cine de Donostia-San Sebastián, para la organización del Festival, por un importe de 1.100.000 euros y a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, para el desarrollo de actividades museísticas, por valor de 624.930 euros, por señalar algunas.

En el ámbito de la cinematografía se han aprobado también subvenciones a la Fundación Cultural Oficina Media España, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales y a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Asimismo, al desarrollo del Festival de Málaga, el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva y el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.

Las ayudas contribuirán del mismo modo al funcionamiento y desarrollo de las actividades culturales de entidades como el Círculo de Bellas Artes, la Fundación Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, la Sociedad de Garantía Recíproca Audiovisual Fianzas SGR, la Spain-USA Foundation y la Fundación Casa Medina Sidonia. También apoyarán la ejecución de los proyectos museísticos de instituciones privadas como la Fundación Antoni Tàpies, Fundación Díaz Caneja, Real Fundación Toledo-Museo Victorio Macho, Fundación Joan Miró de Barcelona, Fundación Pilar i Joan Miró de Mallorca, Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino y la Fundación Torner.

Completan esta nómina de subvenciones las destinadas a la promoción internacional del sector del libro y el desarrollo del sector bibliotecario; a la compilación documental y difusión en el entorno digital de la Tauromaquia como patrimonio cultural; y a las tareas de conservación, difusión e investigación de bienes culturales y de promoción del arte contemporáneo en España realizadas por instituciones museísticas como la Fundación Patio Herreriano, la Fundación Antonio Pérez de Cuenca, la Fundación Museo Marco de Vigo, la Fundación Artium para el Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo Artium, la Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao, el Ayuntamiento de Ibiza para el Museo Puget y la Diputación de Granada para el Centro José Guerrero.

Sanidad, Consumo y Bienestar Social

SUBVENCIONES PARA MANTENIMIENTO DE ENTIDADES DEL TERCER SECTOR

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal.

Las ayudas ascienden a 6.578.100 euros, que se distribuyen entre asociaciones, fundaciones y entidades reconocidas como colaboradoras con la Administración General del Estado. Estas organizaciones desarrollan una labor social en diversos campos de vital importancia para la promoción de la igualdad, la inclusión social y la lucha contra la pobreza.

Las ayudas se conceden por razones de interés público y social y se destinan a financiar el mantenimiento y funcionamiento de las sedes e infraestructuras de las entidades. De esta forma, se facilita que puedan desarrollar programas de lucha contra la pobreza, promover la diversidad, la promoción y protección de derechos y la participación ciudadana en distintos ámbitos de la vida pública.

Desde el año 2016, las sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado han contemplado la concesión de subvenciones nominativas a estas entidades. En esta ocasión, al prorrogarse los presupuestos para 2019, las subvenciones nominativas pasan a reconocerse como subvenciones directas de carácter excepcional, tramitadas vía Real Decreto y cuyo otorgamiento se ampara en razones de interés público y social.

Entre otras reciben subvenciones Cruz Roja Española, Acción contra el Hambre, Plataforma de ONG de Acción Social, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Plataforma del Voluntariado, Plataforma del Tercer Sector o la Plataforma de Organizaciones de Infancia.

La cuantía de la subvención procede del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Hacienda

AUTORIZADA GALICIA A FORMALIZAR OPERACIONES DE DEUDA A LARGO PLAZO

El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunidad Autónoma de Galicia a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo por un importe máximo de 575,5 millones de euros.

En concreto, Galicia ha solicitado la autorización de estas operaciones para la amortización anticipada del préstamo formalizado con cargo al mecanismo Facilidad Financiera del Fondo de Financiación de las comunidades autónomas, correspondiente a 2015, que la comunidad tiene previsto efectuar en este ejercicio.

Por tanto, las operaciones autorizadas mediante este acuerdo no supondrán un incremento del endeudamiento financiero de la comunidad autónoma al final del año.

Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), que establece que las comunidades autónomas precisarán autorización del Estado para la emisión de deuda. También se basan en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

Esta autorización sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2019.

Hacienda

MODIFICACIÓN DEL LÍMITE DE GASTO PARA PERMITIR AL MINISTERIO DE TRABAJO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

El Consejo de Ministros ha autorizado un Acuerdo para modificar los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el fin de que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social pueda tramitar un expediente de contratación de tecnologías de la información.

El Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Oeitss) y el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Mitramiss) tienen previstas nuevas licitaciones para posibilitar la contratación de los gastos necesarios en relación con los desarrollos técnicos a llevar a cabo por parte de la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones correspondientes al:

  • Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones en el ámbito de Fraude e Inteligencia Artificial.
  • Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones de la plataforma Lince.
  • Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones en el ámbito de la SGTIC.
  • Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones en el ámbito de la UAFSE.
  • Control de Calidad del Software y Cumplimiento Normativo (ENS, RGPD, LOPD-GDD).

El expediente tiene por objeto la contratación del servicio de soporte, mantenimiento, evolución de los sistemas informáticos del Departamento y del Organismo, de conformidad con los importes, referidos a las anualidades 2020 y 2021, que se muestran a continuación:

UnidadImporte 2020Importe 2021Total
MITRAMISS3.023.347,556.046.695,099.070.042,64
OEITSS805.777,822.438.982,463.244.760,28
Total 3.829.125,378.485.677,5512.314.802,92

Los límites de compromisos máximos de gasto a autorizar recogerán los expedientes ya iniciados, incrementados por el nuevo contrato objeto de este expediente:

AñoCompromisos adquiridosNuevos compromisosCompromiso máximo a adquirir
202018.905.425,553.829.125,3722.734.550,92
20216.479.281,438.485.677,5514.964.958,98

Hacienda

MODIFICACIÓN DEL LÍMITE DE GASTO PARA PERMITIR AL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

El Consejo de Ministros ha autorizado un Acuerdo para modificar los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el fin de que el Servicio Público de Empleo estatal pueda tramitar diversos expedientes de contratación de servicios.

Con esta solicitud se permite al servicio de empleo la tramitación de varios expedientes de contratación, en materia de atención y mantenimiento de equipos y sistemas informáticos, además de servicios de suministro eléctrico y de limpieza, por importe total de 12.044.717,74 euros.

Hacienda

MODIFICACIÓN DEL LÍMITE DE GASTO PARA PERMITIR AL MINISTERIO DE ECONOMÍA TRAMITAR LAS BECAS FULBRIGHT

El Consejo de Ministros ha autorizado un Acuerdo para modificar los límites establecidos en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros a fin de permitir al Ministerio de Economía y Empresa tramitar la convocatoria de las becas Fulbright correspondiente al curso 2020-2021.

El 3 de septiembre de 2019 se firmó un Convenio entre la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América relativo al programa de becas de formación en este país (becas Fulbright). Dicho programa tiene como finalidad contribuir a la formación y perfeccionamiento de los funcionarios que prestan servicios en la Secretaría de Estado, mediante la realización de un proyecto de formación académica y perfeccionamiento técnico-profesional en una universidad estadounidense, especializándose en alguno de los campos de estudio relacionado con las competencias de dicha Secretaría.

Para el curso académico 2020-2021 se pretenden convocar tres becas de formación o investigación, concediéndose un máximo de dos becas para realizar estudios de Máster y, en su caso, una tercera beca para actividades de investigación.

La dotación máxima anual de cada beca de estudios es de 80.028 euros y de la beca para actividades de investigación es de 38.988 euros.

Educación y Formación Profesional

APROBADOS CERCA DE 61 MILLONES DE EUROS EN PROGRAMAS DE COOPERACIÓN EDUCATIVA CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El Consejo de Ministros ha aprobado cerca de 61 millones de euros en diferentes programas de cooperación territorial educativos con las comunidades autónomas, la mayoría dirigidos a las enseñanzas de FP. Estos acuerdos fueron aprobados el pasado 21 de octubre y 11 de noviembre por la Comisión General de la Conferencia Sectorial de Educación.

Los programas de cooperación territorial son un mecanismo de coordinación del Gobierno y las comunidades autónomas para la actuación conjunta en áreas de especial relevancia como la Formación Profesional y la formación del profesorado, entre otras cuestiones.

De esta forma, el Ejecutivo ha dado luz verde a 34.044.460 euros, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, destinados al programa de acciones de Formación Profesional Dual. Los criterios de distribución empleados para este montante han sido los territorios especiales, insularidad y ultraperiféricos, el número de alumnos en FP Básica y FP de Grado Medio, el número de centros que imparten ambas formaciones, el número de empresas tecnológicas e industriales, el número de empresas participantes en FP Dual 2016/2017, el número de centros que ofertaron FP Dual 2016/2017, la tasa de abandono educativo temprano y la brecha de género en familias tecnológicas e industriales.

Además, para el programa de Acciones de Formación, Perfeccionamiento y Movilidad del Profesorado, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a 17.816.600 euros, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Para el reparto de este montante entre las comunidades autónomas se ha tenido en cuenta el número de profesores de enseñanzas de régimen general (en centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria y/o Bachillerato y/o FP, en centros de Educación Primaria, ESO y Bachillerato/FP) y número de centros de ESO y/o Bachillerato y/o FP.

Asimismo, el Gobierno ha aprobado destinar 6.499.910 euros, también con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, para el programa de Acciones de Calidad en Formación Profesional del Sistema Educativo Español (CALIDAD). Las comunidades autónomas se comprometen a desarrollar acciones de difusión de la calidad de la FP, de la mejora de la calidad de la Formación Profesional en centros y de la mejora de la calidad de la FP de Grado Medio.

La cuantía asignada a cada comunidad se ha calculado siguiendo los criterios de número de alumnos matriculados en estas enseñanzas en todos los niveles y ofertas, número de profesores que las imparten, la tasa de riesgo de pobreza, el número de centros que imparten FP y la dispersión territorial de las Administraciones Públicas Educativas.

Finalmente, el Ejecutivo ha dado luz verde a 2.499.990 euros, con cofinanciación del Fondo Social Europeo, que irán destinados al programa de Evaluación y Acreditación de Competencias Profesionales (ACREDITA). La finalidad de esta iniciativa es la de realizar acciones destinadas al desarrollo del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral.

El reparto de esta cantidad se ha realizado de acuerdo al número de personas en búsqueda de empleo sin estudios profesionales, al número de personas en búsqueda de empleo de entre 30 y 64 años, a la dispersión geográfica de las Administraciones Públicas y a la dispersión de la población activa.

Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

APROBADA LA DISTRIBUCIÓN DE 19,7 MILLONES DE EUROS ADICIONALES ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA POLÍTICAS ACTIVAS

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución adicional y la distribución resultante de los créditos previstos para el ejercicio económico de 2019 entre las comunidades autónomas, por un importe de 19.799.010 euros.

Los fondos, cuyos criterios de reparto fueron fijaros en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales del pasado 19 de noviembre, irán destinados a financiar el aumento extraordinario durante el presente año de las subvenciones destinadas al mantenimiento de la contratación de personas con discapacidad severa en los Centros Especiales de Empleo, que pasa a ser del 50% del salario mínimo interprofesional al 55%.

Esta cantidad adicional se añade a los 2.317,1 euros con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal, cuyos criterios de distribución se formalizaron en los acuerdos de los Consejos de Ministros de 8 de marzo y de 2 de agosto de 2019.

El Acuerdo cuenta con el informe favorable del Ministerio de Hacienda, y las autorizaciones del gasto, fiscalizadas y aprobadas. Asimismo, tiene el informe favorable de la Abogacía del Estado a la vista de la actual situación del Gobierno en funciones.

Para la Transición Ecológica

CONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LA RED INTEGRADA DE INFORMACIÓN HIDROLÓGICA DE LA CUENCA DEL DUERO

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación del contrato de servicios de mantenimiento y explotación de la red integrada por el sistema automático de información hidrológica (SAIH), el sistema automático para el control de la calidad de las aguas (SAICA) y la red oficial de estaciones de aforo (ROEA) así como del Centro de Control de la parte española de la Confederación Hidrográfica del Duero, por un valor estimado de 19.814.075 euros.

El sistema integrado de información, basado en las redes de control de los recursos hidráulicos de la Confederación Hidrográfica del Duero, constituye un sistema fundamental para la ayuda de la toma de decisiones sobre la gestión de fenómenos extremos (avenidas y sequías), caudales ecológicos y mejora del conocimiento de la cuenca para la gestión global de sus recursos hídricos.

Este sistema transmite, en tiempo real, información hidrológica sobre lluvias, caudales en cauces y volumen de embalses que permiten, entre otras funciones, adoptar las medidas necesarias para mitigar los daños causados por avenidas e inundaciones.

Este mantenimiento y conservación del citado sistema integrado se extiende a todos sus subsistemas que los integran: Obra civil, Instrumentación y sensorización, alimentación y protecciones, comunicaciones y sistemas informáticos, así como de todos los equipos, elementos y componentes en situaciones ordinarias. También incluye tanto las actividades no programadas, relativas a la explotación (explotación extraordinaria en situaciones de presentación de fenómenos hidrometeorológicos adversos y especialmente en situaciones extremas de avenidas y sequías) como el mantenimiento correctivo (reparaciones y sustituciones no programadas, debidas a averías, mal funcionamiento, robos, vandalismo, deterioros y obsolescencias).

Además, este contratado de servicios contempla actuaciones como campañas de aforos directos, gestión y recogida de datos de contadores y las derivadas de las exigencias del plan de seguridad, salud, gestión de residuos t todas las necesarias que pudieran presentarse.

Esta contratación da cumplimiento al programa de medidas del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica del Duero (aprobado por el Real Decreto 18/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban los Planes de gestión del riesgo de inundación de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Segura, Júcar y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Miño-Sil Tajo, Duero, Guadiana, Ebro, Ceuta y Melilla).

Asimismo, cumple con el programa de medidas del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de la cuenca del Duero (aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro).

Sanidad, Consumo y Bienestar Social

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 30º ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Esta semana se ha celebrado el Día Universal de los Derechos del Niño y el 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Con este motivo, el Gobierno de España quiere reafirmar su compromiso unánime con todos los niños y niñas para que puedan prosperar, aprender, hacer oír su voz y alcanzar su pleno potencial.

La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas es el Tratado Internacional de derechos humanos más ratificado. Contempla un conjunto de derechos de los niños y niñas, incluidos los que se refieren a la vida, la salud, la educación, al ocio, a la vida familiar, a estar protegidos frente a la violencia, a no ser discriminados y a que se escuchen sus opiniones.

El papel de la Convención durante las últimas tres décadas ha sido fundamental, impulsando cambios legales, políticos y sociales que han mejorado la vida de los niños y niñas dentro y fuera de España.

A pesar de los muchos avances todavía quedan retos pendientes en materia de infancia en nuestro país. La tasa de pobreza infantil en España sigue siendo de las más altas de la Unión Europea, afectando hoy a más de dos millones de niños. El abandono escolar es especialmente alto y se concentra en los niños y niñas con una situación económica más desfavorecida. Igualmente, España debe proteger a los niños y niñas en todo su entorno y contra toda forma de violencia física, mental o moral. Además, la voz de los niños y niñas debe ser escuchada en todos los ámbitos apostando por canales de participación estables que les permitan ejercer ese derecho.

Este Gobierno expresa su voluntad de perseverar en el pleno cumplimiento de la Convención, en su conocimiento y difusión y en la aplicación de las observaciones finales y recomendaciones que el Comité de los Derechos del Niño traslada a nuestro país.

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

FIRMA Y APLICACIÓN PROVISIONAL DEL ACUERDO DE SEDE ENTRE ESPAÑA Y EL CONSEJO OLEÍCOLA INTERNACIONAL

Antecedentes

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, aprobó en 2015 el actual Convenio Internacional del Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa, firmado por la Unión Europea el 18 de noviembre de 2016, que establece entre sus amplios objetivos la normalización e investigación del cultivo del olivo, tecnología oleícola, cooperación técnica y promoción de los productos oleícolas, divulgación de la información y economía oleícola, y que se encuentra en aplicación provisional desde el 1 de enero de 2017.

El Consejo Oleícola internacional (COI), creado en virtud del artículo 21 del Convenio Internacional del Aceite de Oliva de 1956, y encargado de administrar el Convenio, es una organización intergubernamental de referencia en su sector y muy importante para España por lo que se hace necesario que mantenga su sede en Madrid. Su permanencia geográfica es de vital importancia en nuestra economía e incluso en nuestra cultura.

El Convenio acuerda nuevamente la sede del Consejo Oleícola Internacional en Madrid, hasta el 31 de diciembre de 2026. En consecuencia, se hace necesario actualizar el Acuerdo de Sede, firmado en Madrid el 20 de noviembre de 2007 entre España y el COI, para adaptarlo al citado Convenio de 2015. Con este motivo, se inició en enero de 2017 la negociación entre el COI y el Reino de España para acordar el nuevo texto de Acuerdo Internacional.

Contenido

Con el objetivo expreso de actualizar el Acuerdo de Sede y adaptarlo al Convenio Internacional del Aceite de Oliva de 2015 se introduce un nuevo Artículo 1 que recoge las definiciones de los principales términos empleados en el texto; precisa el contenido del actual Artículo 4 sobre sus comunicaciones; adapta la terminología de los actuales Artículos 9 y 11, y fusiona y simplifica los actuales Artículos 20, 21 y 22 en un nuevo Artículo 25.

El nuevo Acuerdo reitera la personalidad jurídica del COI; compromete a España "a poner a disposición del Consejo los locales necesarios para que éste pueda ejercer sus funciones", y confirma la ubicación de la sede en Madrid.

Otros Artículos regulan el estatuto de los representantes de los miembros del Consejo, del director ejecutivo, de los funcionarios del Consejo, de sus familiares y de los expertos que ejerzan sus funciones en el Consejo o lleven a cabo misiones y viajes oficiales por cuenta de éste. El Acuerdo de Sede contempla asimismo la solución de conflictos y controversias, su enmienda, su entrada en vigor y su denuncia.

Se ha considerado oportuno incluir en el presente Acuerdo de Sede una cláusula de aplicación provisional, evitando así el vacío jurídico que se produciría en tanto que las Cortes Generales se pronuncian sobre la conclusión de este Acuerdo.

El Consejo Oleícola Internacional propone al Reino de España realizar la firma del Acuerdo el próximo 28 de noviembre de 2019, día en el que se celebrará el 60 aniversario del Consejo Oleícola Internacional, la Sesión de Miembros del COI, y el Día Internacional del Olivo, con la Presidencia de Honor de S.M. el Rey de España, así como la participación de las altas personalidades del Reino de España y los restantes Estados Parte del COI.

Agricultura, Pesca y Alimentación

INCREMENTO EN 33,47 MILLONES DE EUROS EL GASTO EN SEGUROS AGRARIOS

El Consejo de Ministros ha incrementado en 33,47 millones de euros el límite máximo de gasto previsto en el convenio suscrito entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (AGROSEGURO), para la ejecución de los Planes de Seguros Agrarios Combinados en el ejercicio 2019.

El Consejo de Ministros ha autorizado la suscripción de una adenda al convenio firmado por ambas entidades el 10 de mayo de 2019, que tenía una dotación inicial de 211,26 millones de euros. De esta forma, el importe del crédito para la ejecución de los Planes de Seguros Agrarios Combinados en 2019 asciende a 244,7 millones de euros.

El citado convenio tiene por objeto facilitar la ejecución del 40º Plan de Seguros Agrarios Combinados, definir el procedimiento para la liquidación de las subvenciones previstas en dicho plan y de planes anteriores, y regular otros ámbitos de cooperación entre ambas entidades.

Este incremento permite atender todas las subvenciones correspondientes a las pólizas que formalicen los agricultores durante el año 2019, ya que la dotación que figura para esta finalidad en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados para 2019, 211,2 millones de euros, resulta insuficiente para cubrir el importe de las subvenciones solicitadas.

En este sentido, el Gobierno, consciente de esta situación, incrementó esta partida presupuestaria en un 14% en su propuesta de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2019, pero finalmente no fueron aprobados por el Parlamento. El incremento que ahora aprueba el Consejo de Ministros viene a solucionar esta situación, permitiendo que se mantengan los actuales niveles de subvención a los agricultores.

La importancia y utilidad del seguro agrario ha quedado patente de manera especial a lo largo de 2017 y del actual 2018, dos años consecutivos con una extraordinaria siniestralidad, en los que las indemnizaciones abonadas a los asegurados afectados superaron los 700 millones de euros.

De esta manera, incluyendo estos dos años y el presente año 2019, el volumen de indemnizaciones superara, en conjunto, los 2.000 millones de euros. En estas situaciones de elevada siniestralidad, el seguro agrario ha respondido de manera satisfactoria, paliando las pérdidas y permitiendo la viabilidad económica de muchas explotaciones agrarias.

Más Información