Referencia del Consejo de Ministros

15.9.2017

Madrid

SUMARIO

Presidencia y para las Administraciones Territoriales

  • ACUERDO por el que se autoriza a los ministerios de Energía, Turismo y Agenda Digital, de Educación, Cultura y Deporte y de Economía, Industria y Competitividad la suscripción de la Adenda al Convenio Marco de colaboración con la Entidad Pública Empresarial Red.es para la extensión de la banda ancha ultrarrápida de los centros docentes españoles.
  • ACUERDO por el que se ratifica la autorización provisional para la suscripción de la segunda Adenda por la que se modifica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía para el Programa de Desarrollo Sostenible de los Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía.
  • ACUERDO por el que se autoriza la concesión a la Comunidad Autónoma de Aragón de una subvención nominativa para la financiación de inversiones en la provincia de Teruel para el ejercicio 2017, por importe de 30.000.000 de euros.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

  • ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Principado de Andorra y el Reino de España sobre el ejercicio de actividades profesionales remuneradas por parte de familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas, oficinas consulares y representaciones permanentes ante organismos internacionales de un estado en el otro.

Justicia

  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato por lotes (4) de servicios de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones informáticas para el Ministerio de Justicia, por un valor estimado de 21.323.051,20 euros.
  • ACUERDO por el que se solicita a las autoridades de Colombia la extradición del ciudadano de nacionalidad colombiana Diego Fernando García Arias, por un delito de malversación de caudales públicos.

Hacienda y Función Pública

  • INFORME sobre la adopción de medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Empleo y Seguridad Social

  • ACUERDO por el que se impone una sanción de 140.911,93 euros a la empresa Jácara 2011, S.L. como consecuencia del acta de infracción en materia de Seguridad Social, extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Alicante.

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

  • ACUERDO por el que se autoriza la celebración de un contrato de elaboración del proyecto y ejecución de las obras correspondientes al anteproyecto de ampliación y mejora del sistema general de saneamiento y depuración de Plasencia (Cáceres), por un importe de 130.089.382,25 euros.
  • ACUERDO por el que se aprueba el Plan Estatal de Inspección de Traslados Transfronterizos de Residuos.

ACUERDO DE PERSONAL

Asuntos Exteriores y de Cooperación

  • REAL DECRETO por el que se designa embajadora de España en Ucrania a Dª. SILVIA JOSEFINA CORTÉS MARTÍN.
  • REAL DECRETO por el que se designa embajador en Misión Especial para Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho a D.PABLO RUIZ-JARABO QUEDADA.

AMPLIACIÓN DE CONTENIDOS

ASUNTOS GENERALES

Hacienda y Función Pública

NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL FINANCIERO SOBRE CATALUÑA TRAS VULNERAR LA GENERALITAT LAS CONDICIONES FIJADAS EN EL MES DE JULIO
  • La Comisión Delegada para Asuntos Económicos da 48 horas al presidente de la Generalitat para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad que afecte a cualquier gasto que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, con el fin de proteger el interés general y garantizar la estabilidad presupuestaria
  • El Estado no enviará nuevas transferencias a la Comunidad Autónoma para pagar los servicios públicos fundamentales, sino que abonará directamente estos servicios una vez que la Generalitat certifique todos los gastos que tiene pendientes
  • El acuerdo se remitirá a las entidades de crédito para que no colaboren con actividades ilegales y exijan que cualquier pago de la Generalitat vaya acompañado de un certificado de la Intervención General. Si detectan cualquier irregularidad, deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal
  • Todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, incluso a corto plazo, deberán tener autorización previa del Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Hacienda y Función Pública sobre la adopción de medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Posteriormente, se ha reunido la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que ha aprobado las medidas que entrarán en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Estas nuevas medidas suponen fortalecer el control del Estado sobre los pagos de la Generalitat, después de que el Gobierno catalán haya decidido vulnerar las condiciones que la propia Comisión Delegada estableció en el pasado mes de julio con la misma finalidad.

Desobediencia de las condiciones fijadas en julio

La decisión de la Generalitat de desobedecer las condiciones del acuerdo del mes de julio ha sido comunicada esta misma semana por la interventora general de la Comunidad Autónoma y por el vicepresidente de Govern catalán. Hasta ahora, la Generalitat había enviado semanalmente todas las comunicaciones a las que estaba obligada, pese a haber presentado un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Además, esta actitud se produce en un contexto político y jurídico de enorme gravedad, cuando las instituciones catalanas han decidido vulnerar el ordenamiento constitucional con la aprobación de las leyes del referéndum de autodeterminación y el desarrollo de los reglamentos para la convocatoria de la consulta de independencia el 1 de octubre.

Toda esta situación puede perjudicar la recuperación económica en España. De hecho, distintos organismos, entidades y agencias de calificación insisten estos días en que la crisis política provocada por el conflicto creado por la Generalitat supone un factor negativo para la recuperación económica y para la prima de riesgo, lo que introduce factores de incertidumbre que pueden desacelerar la economía y repercutir negativamente en la creación de empleo y en la reducción del déficit público.

Para hacer frente a este riesgo, la obligación del Gobierno es seguir actuando, como hasta ahora, con medidas proporcionales a la situación creada, que garanticen la prestación de los servicios públicos y la estabilidad presupuestaria, y protejan el interés general.

Las nuevas medidas de control financiero

Las medidas aprobadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos son las siguientes:

- Se requiere al presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña para que, en el plazo de 48 horas desde la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado, adopte y comunique al Ministerio de Hacienda y Función Pública un Acuerdo de no disponibilidad sobre el presupuesto de la Generalitat que afecte a todos los créditos presupuestarios no vinculados con servicios públicos fundamentales. Ello supone que la Generalitat no podrá realizar nuevos pagos de gastos que no estén ya comprometidos, excepto si afectan a servicios públicos esenciales. Excepcionalmente, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a solicitud del Interventor General de la Comunidad Autónoma, podrá autorizar la revocación parcial de dicho Acuerdo de no disponibilidad, si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad.

- La Comunidad Autónoma deberá comunicar al Estado todos los pagos pendientes que afecten a los servicios públicos fundamentales, con la firma de la Intervención General, certificando que esos gastos no financian ninguna actividad relacionada con el referéndum ilegal. Una vez recibida la información, el Estado no enviará nuevas transferencias a la Comunidad Autónoma para pagar esos servicios, sino que abonará directamente, tanto las facturas de los proveedores, como las nóminas de los empleados públicos.

- El Acuerdo de la Comisión Delegada se va a enviar a las entidades de crédito con el fin de que sus oficinas eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero. De esta manera, si estas entidades detectan algún pago o transferencia relacionada con el referéndum del 1 de octubre, deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal. Además, a partir de la entrada en vigor de esta orden, cualquier pago de la Generalitat debe ir acompañado de un certificado de la Intervención General acreditando que el mismo no está relacionado con ese proceso ilegal.

- A partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de este Acuerdo de la Comisión Delegada, todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat requerirán autorización previa del Consejo de Ministros, incluso las operaciones a corto plazo, a pesar de que ya esté aprobado su Plan Económico Financiero.

- Asimismo, todas las facturas de los proveedores de los servicios públicos fundamentales de la Comunidad Autónoma de Cataluña o entidades vinculadas o dependientes deberán presentarse y consultarse a través del punto de entrada general de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACe) para conseguir un mayor control de las mismas y garantizar su abono.

Justificación de las medidas

El Gobierno pone en marcha estas medidas consciente de que son necesarias para preservar la estabilidad presupuestaria, la recuperación económica y la prestación de los servicios públicos básicos, y lo hace en el ejercicio legítimo de sus competencias. Es verdad que estas medidas afectan a la autonomía financiera de la Generalitat, pero no se debe olvidar que es al Estado al que le corresponde la dirección de la política económica del país, y que la estabilidad presupuestaria es un principio constitucional que el Gobierno tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir.

Por otra parte, este paso se mantiene en la prudencia con la que el Gobierno responde en todo momento al desafío que se está viviendo. Por eso no supone un control político de la Generalitat, como ninguna de las medidas adoptadas hasta ahora, ya que el Gobierno en ningún momento suspende sus competencias. Lo que sí supone es que el Gobierno del Estado pasa a asumir el control de la gestión de sus gastos, y lo hace en defensa de los servicios públicos, de la estabilidad presupuestaria y del interés general.

El Gobierno asume la responsabilidad de estas actuaciones ante los ciudadanos españoles en general y ante los ciudadanos de Cataluña en particular, desde la convicción de que es su obligación política, constitucional e institucional defender el interés público y el progreso económico del país frente a las iniciativas que lo están poniendo en peligro.

Energía, Turismo y Agenda Digital

IMPULSO A LA EXTENSIÓN DEL ACCESO A LA BANDA ANCHA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
  • La inversión del Estado en el Programa "Escuelas Conectadas" supera los 240 millones de euros y se amplía a Ceuta y Melilla. Las Comunidades Autónomas contribuirán a la cofinanciación del programa

El Consejo de Ministros ha aprobado la adenda al convenio marco de colaboración para la extensión del Programa "Escuelas Conectadas" que impulsa el acceso a la banda ancha ultrarrápida en los centros educativos españoles sostenidos con fondos públicos (Primaria y ESO).

Entre otras actuaciones, se les provee de las infraestructuras y equipamientos necesarios, y se da acceso, además, a RedIRIS, la red académica y de investigación española que proporciona servicios avanzados de comunicaciones a la comunidad científica.

La inversión máxima de la Administración General del Estado supera los 240 millones de euros, en concreto, (240.878.011 euros), que será con cargo a los Presupuestos Generales y Red.es. El resto será financiado por las Comunidades Autónomas con cargo a las fuentes de financiación que ellas mismas especifiquen.

Hasta la fecha, siete Comunidades Autónomas (Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja y Murcia) habían suscrito el convenio.

Nuevo marco de financiación

Con la aprobación de esta adenda, se establece un nuevo marco de financiación para el resto de Comunidades no adheridas aún al programa, de manera que las Comunidades Autónomas también contribuyan a su cofinanciación, gracias a su mejora presupuestaria recogida en los Presupuestos de 2017.

Este programa, puesto en marcha en 2015, es fruto de la colaboración entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, y el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, a través de la entidad pública empresarial Red.es.

El objetivo final de "Escuelas Conectadas" es que los centros docentes españoles accedan a Internet mediante redes de banda ancha ultrarrápida, para impulsar una educación innovadora y de calidad, con la posibilidad de un acceso a contenidos digitales avanzados que permita personalizar la enseñanza y orientarla hacia una cualificación profesional adecuada.

Ampliación a las Ciudades Autónomas y vigencia del convenio marco

La aprobación de esta adenda amplía además el ámbito del convenio para incorporar a los centros docentes sostenidos con dinero público de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Asimismo, se amplía la vigencia del convenio hasta marzo de 2019, aunque se establece el mes de diciembre de 2017 como fecha límite para la firma de nuevos convenios específicos con Comunidades Autónomas. El objetivo es garantizar un plazo de ejecución que permita finalizar en plazo las actuaciones.

Justicia

APROBADA UNA INVERSIÓN PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DIGITAL AL CIUDADANO Y SUS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

El Consejo de Ministros ha autorizado la licitación de una inversión de 11,7 millones de euros para la prestación de servicios de desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones informáticas del Ministerio de Justicia en el marco de las competencias de la División de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El objetivo es mejorar la atención al ciudadano en sus trámites con el Ministerio de Justicia a través de la web institucional y la Sede Electrónica, y avanzar hacia una gestión cada vez más digital y eficiente de los servicios generales del Ministerio para dar respuesta a la demanda creciente de la sociedad en este ámbito y en conformidad con lo dispuesto en el actual marco normativo.

La finalidad del contrato es la prestación de un servicio integral que abarcará desde la concepción de las aplicaciones hasta su construcción y posterior validación de los requisitos funcionales y de seguridad. Permitirá, además, asegurar su evolución de acuerdo a las necesidades de modernización y simplificación en la tramitación de los servicios. El plazo de ejecución del contrato es de dos años, prorrogable por un período de otros dos.

Parque de aplicaciones informáticas

En la actualidad, Justicia dispone de un parque de aplicaciones informáticas que posibilitan la prestación de servicios al ciudadano. Estos sistemas informáticos facilitan la actividad habitual del Ministerio en materia de recursos humanos, contratación y gestión de registros administrativos, así como la gestión de los procedimientos administrativos sectoriales en el ámbito del departamento. En su mayoría, se trata de desarrollos propios o de adaptaciones de aplicaciones del Ministerio de Hacienda y Función Pública de uso común en la Administración General del Estado. Asimismo, se gestionan la página web institucional y los cuadros de mando que explotan los datos generados por las aplicaciones propias del Ministerio o adquiridos de otras fuentes para la toma de decisiones de diseño de políticas públicas.

Esta inversión supone un nuevo paso hacia la plena transformación digital de la administración pública y reafirma el compromiso del Ministerio de Justicia con la Estrategia en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Administración General del Estado.

Presidencia y para las Administraciones Territoriales

SUBVENCIÓN DE TREINTA MILLONES PARA INVERSIONES EN LA PROVINCIA DE TERUEL

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión a la Comunidad Autónoma de Aragón de una subvención nominativa para la financiación de inversiones en la provincia de Teruel, por importe de treinta millones de euros para el ejercicio 2017.

El Fondo de inversiones de Teruel (FITE) tiene por objeto hacer efectivo el principio de solidaridad interterritorial con la provincia de Teruel que, como consecuencia del nivel de renta de la Comunidad Autónoma de Aragón, se ve privada de la posibilidad de acceder a los fondos de compensación interterritorial pese a presentar desigualdades sobre las que la política regional no puede actuar eficazmente con los mecanismos de carácter regional disponibles.

En esta línea, durante la VII reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón- Estado, que tuvo lugar el pasado 27 de junio, se planteó la necesidad de seguir financiando actuaciones que favorezcan el desarrollo económico de la provincia de Teruel, suscribiendo a partir del año 2017, y hasta el año 2020, los correspondientes convenios de colaboración.

Así, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 contiene una dotación, por importe de treinta millones de euros, destinada a la Comunidad Autónoma de Aragón para financiar proyectos de inversión en la provincia de Teruel, incluyendo compensaciones por regularizaciones de ejercicios anteriores 180 millones desde 2012.

El nuevo convenio para 2017 será el sexto y suma, desde 2012, una inversión del Estado de 180 millones de euros de inversión. El Fondo de Inversiones de Teruel representa para la provincia una inversión acumulada de 360 millones de euros, ya que los convenios establecen la aportación de una cantidad igual por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón.

Con la nueva inversión de sesenta millones de euros (treinta millones del Gobierno de España y treinta millones de la Comunidad Autónoma) para 2017, se financiarán, preferiblemente, proyectos enmarcados en las siguientes líneas: apoyo a iniciativas empresariales, fundamentalmente en los ámbitos industrial, agroalimentario y turístico; apoyo a las infraestructuras para la implantación de empresas; infraestructuras de transportes y comunicaciones; patrimonio cultural, ambiental y social; proyectos estratégicos y singulares; e infraestructuras municipales.

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

APROBADO EL PLAN ESTATAL DE INSPECCIÓN DE TRASLADOS TRANSFRONTERIZOS DE RESIDUOS
  • Tendrá una vigencia de tres años, hasta 2019, y se revisará una vez haya finalizado este periodo para evaluar su eficacia y el grado de implementación de las medidas previstas

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan estatal de inspección 2017/2019 en materia de traslados transfronterizos de residuos, que pretende dar cumplimiento a las exigencias introducidas por un Reglamento comunitario del 13 de junio de 2006 relativo a los traslados de residuos.

El texto europeo tiene como objetivo principal establecer una normativa uniforme para toda la Unión Europea, con el fin de organizar y regular la vigilancia, el control y la inspección de los traslados de residuos entre los Estados miembros de la Unión Europea, y entre éstos y terceros países, así como los tránsitos por territorio español.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente es el encargado de autorizar los traslados de residuos desde o hacia terceros países, y ejercer las funciones de inspección y sanción derivadas del citado régimen de traslados. Es competencia de cada Comunidad Autónoma ejercer las mismas funciones en lo relativo a los traslados de residuos entre España y otros Estados miembros de la Unión Europea.

Revisión del Plan cada tres años

Se prevé que el Plan de inspección se revise cada tres años, como mínimo, y se actualizará cuando proceda. En la revisión se evaluará la medida en la que se hayan aplicado los objetivos y otros elementos del Plan. Ello tiene como objetivo específico configurar las bases de un marco regulatorio para garantizar una planificación periódica y coherente de las inspecciones en dicha materia, que se desarrollará a través de programas anuales, en colaboración con otras administraciones competentes.

En estos programas anuales se concretará el régimen de las inspecciones y los tipos de controles a realizar. Además, se evaluarán los dispositivos concretos de cooperación entre las autoridades que participen en las inspecciones y los recursos humanos, financieros o de otro tipo que se hayan asignados al correspondiente programa anual.

El Plan de inspección no tiene repercusión directa en coste para las administraciones públicas, ya que los instrumentos previstos serán puestos en marcha con los recursos materiales y humanos existentes.

Justicia

SOLICITADA A COLOMBIA LA EXTRADICIÓN DE FERNANDO GARCÍA ARIAS IMPLICADO EN EL "CASO LEZO"

El Consejo de Ministros ha acordado solicitar a Colombia la extradición del ciudadano de dicha nacionalidad Diego Fernando García Arias, para su enjuiciamiento por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

El reclamado, que actualmente se encuentra detenido en Colombia desde su arresto el pasado mes de agosto, es uno de los principales investigados en el denominado "caso Lezo" y se le considera una pieza clave en las operaciones supuestamente fraudulentas llevadas a cabo por el Canal de Isabel II en Sudamérica y que están siendo analizadas por la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.

Así, García Arias, desempeñando su cargo de gerente de Expansión y Nuevos Negocios de la sociedad colombiana INASSA, es sospechoso junto con su presidente, de una sobrevaloración premeditada del precio de compra de participaciones de la mercantil brasileña EMISSÃO en el año 2013.

Además, habría ocultado los informes que desaconsejaban llevar a cabo esa operación con la intención de desviar para fines personales los fondos públicos de la sociedad Canal Extensia S.A., accionista mayoritaria de INASSA, a través de la que el ente público Canal de Isabel II, de la Comunidad de Madrid, desarrolla sus actividades e inversiones en Sudamérica.

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

AUTORIZADAS LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN DE PLASENCIA

El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un contrato para la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras de ampliación y mejora del sistema general de saneamiento y depuración de Plasencia (Cáceres), con un presupuesto de licitación de 30.089.380 euros.

Las obras incluyen la remodelación y ampliación de las actuales instalaciones para poder conducir los vertidos de aguas residuales actuales y futuros estimados hasta la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Plasencia y su posterior tratamiento de acuerdo con las directrices establecidas en la Directiva Marco del Agua.

La actuación, declarada de interés general, incluye la remodelación de varios tramos de los colectores existentes, la ejecución de un tanque de tormentas en el colector del Valle del Jerte y la ampliación de la actual EDAR de Plasencia para que pueda tratar todo el caudal de agua que llega a las instalaciones, evitando los vertidos al Valle del Jerte.

La EDAR actual no tiene capacidad para tratar las aguas residuales que llegan a las instalaciones, tanto las de la propia Plasencia (con una población de 46.800 habitantes/equivalentes), como las procedentes del colector del sistema de saneamiento de las poblaciones integradas en el sistema de depuración del Valle del Jerte, que recoge los vertidos de aguas residuales de las poblaciones de dicha comarca y que también son conducidas hasta la EDAR.

Plan Crece

Este proyecto se enmarca en el Plan de Medidas para el Crecimiento, la Competitividad y la Eficiencia (Plan CRECE) que está ejecutando el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para mejorar la calidad de las aguas que llegan a los ríos.

Este Plan prevé unas inversiones en materia de depuración de 1.100 millones de euros para la puesta en marcha de una serie de trabajos, financiados con Fondos Europeos, destinados a conseguir que todos los municipios depuren adecuadamente sus aguas residuales, conforme a la Directiva Marco del Agua, ya que un agua mejor depurada incide directamente en el bienestar de los ciudadanos y porque una depuración adecuada es vital para el mantenimiento de los ecosistemas.

Asuntos Exteriores y de Cooperación

ACUERDO CON ANDORRA SOBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES PROFESIONALES DE FAMILIARES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO

El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del Acuerdo entre el Principado de Andorra y el Reino de España sobre el ejercicio de actividades profesionales remuneradas por parte de familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas, oficinas consulares y representaciones permanentes ante organismos internacionales de un estado en el otro.

Este Acuerdo tiene por finalidad recoger y regular jurídicamente los legítimos intereses y expectativas de los familiares dependientes de los agentes diplomáticos, consulares y funcionarios administrativos y de aquellos al servicio de las representaciones ante organizaciones internacionales en cuanto a actividades remuneradas se refiere.

Asimismo, la firma del Acuerdo refuerza el desarrollo y dinamismo de las relaciones entre ambos Estados al facilitar que profesionales de un país de distintos ámbitos ejerzan su actividad en el territorio del otro.

BIOGRAFÍAS

Asuntos Exteriores y de Cooperación

Embajadora de España en Ucrania.-

Dª.SILVIA JOSEFINA CORTÉS MARTÍN

Nacida el 11 de junio de 1962, es Licenciada en Historia Moderna e ingresó en 1992 en la Carrera Diplomática.

Después de presentar sus servicios en el Secretariado General de la OTAN, fue directora adjunta del Departamento de Política Internacional y Seguridad del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, y estuvo destinada en las representaciones diplomáticas españolas ante las Naciones Unidas, Israel y República Federal de Alemania. Fue subdirectora general de Países de la Unión Europea y en mayo de 2014 fue nombrada embajadora de España en Albania.

Embajador en Misión Especial para Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho.-

D. PABLO RUIZ-JARABO QUEMADA

Nacido el 30 de octubre de 1962, es Licenciado en Derecho y pertenece a la Carrera Diplomática desde 1986.

Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Panamá, India, Ucrania, Guinea Ecuatorial y ante la Unión Europea. Fue vocal asesor en la Secretaría de Estado para la Unión Europea, jefe del Servicio de Asuntos Jurídicos, Sociales y Humanitarios en la dirección general de Naciones Unidas, y cónsul general de España en Toronto.

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