Intervención de la vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega

La Moncloa, Madrid

Vicepresidenta.- Buenos días. Como ven, nos acompaña hoy el Vicepresidente y lo hace porque el Consejo hoy ha vuelto a tener un marcado carácter económico, y es que el Gobierno, como venimos diciendo, está utilizando todos los recursos para reforzar la confianza, para agilizar el crédito, para generar empleo, para dar más ventajas a los emprendedores, para eliminar trámites, para generar incentivos a los que inician proyectos empresariales; en definitiva, para inyectar nueva fuerza y confianza a nuestra economía.

A todo ello van a contribuir, sin duda, las nuevas medidas aprobadas hoy por el Consejo de Ministros. La primera nace de la transposición de una directiva europea, la Directiva Europea de Servicios, que ha dado lugar a la aprobación para su remisión al Parlamento de un Proyecto de Ley de Libre Acceso a Actividades de Servicios, un proyecto sobre cuyo desarrollo ya estamos trabajando como demuestra el Anteproyecto de modificación de diversas leyes que también hemos visto esta mañana en el Consejo y que a partir de ahora será sometido a dictamen por parte de los diferentes organismos que han de informarlo.

Les doy tan solo unas pinceladas sobre el gran calado de la reforma que ambos textos promueven. El sector servicios representa casi el 67 por 100 de nuestro Producto Interior Bruto y de toda nuestra fuerza laboral. Es un sector, por lo tanto, decisivo para el crecimiento, para la competitividad y para el progreso de nuestro país. Si en 2006 los europeos dimos un gran paso para lograr un auténtico mercado único en todo el continente con la Directiva de Servicios, hoy el paso lo da España y lo hacemos poniendo en marcha una profunda reforma del sector servicios. Lo hacemos introduciendo más libertad en nuestros mercados y retirando barreras anacrónicas, y lo hacemos propiciando la competitividad y el empleo porque esta reforma va a aumentar en más de un 1 por 100 nuestro Producto Interior Bruto y va a crear doscientos mil nuevos empleos.

La primera Ley, la que hoy hemos aprobado para remitir al Parlamento, introduce los principios de la Directiva y establece a todas las Administraciones obligaciones en su actuación que van a llevar aparejada la simplificación de trámites, van a facilitar los procedimientos, el acceso telemático, la ventanilla única y, además, van a reforzar las garantías y los derechos de los consumidores.

La segunda Ley, que es la que desarrolla ésta y modifica ya todos los sectores en los que se van a aplicar estos principios, viene a modificar alrededor de 46 leyes. Hemos visto solamente el informe y es una ley que va a afectar a sectores diversos como pueden ser los sectores de servicios, administraciones públicas, energía, transporte y comunicación, etcétera.

El Vicepresidente del Gobierno les informará en detalle de ambas iniciativas.

Además, el Consejo de Ministros ha tomado esta mañana otra importante decisión para seguir luchando contra la crisis económica. Me refiero a la aprobación del Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica.

Se trata de un Real Decreto Ley que introduce reformas en distintas normas. En primer lugar, aborda una reforma parcial y urgente de la Ley Concursal que va a permitir apoyar a las empresas en situaciones de dificultad en esa coyuntura adversa e introducir flexibilidad en el sistema.

Con esta reforma establecemos más facilidades para acceder a la refinanciación de empresas, incentivos para evitar la liquidación de las que entren en concurso, más tiempo para los deudores antes de comunicar al juez la declaración del concurso, y también establecemos mejora para la situación de los trabajadores de las empresas concursadas, para que puedan cobrar las prestaciones por desempleo con la mayor rapidez posible.

En segundo lugar, también se procede también en este Real Decreto Ley a una reducción de los tipos de interés legal del dinero y de demora para adecuarlos a la situación real de la actividad económica.

En tercer lugar, se habilita al Consorcio de Seguros para la aceptación de reaseguros y también se establece de modo indefinido la vigencia de la deducción por actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación tecnológica regulada en la Ley de Sociedades.

De todos estos temas, el Vicepresidente les dará todos los detalles.

Pero les decía al principio de mi intervención que el Gobierno va a aprovechar al máximo los recursos de que dispone nuestro país y entre esos recursos no son menores los derivados de nuestra situación geográfica, una situación que nos convierte en un país estratégico para el transporte y muy especialmente para el transporte marítimo. Somos el país de la Unión Europea que tiene mayor longitud de costa, unos ocho mil kilómetros. Por tanto, no es casualidad que más de veintiséis millones de personas utilicen anualmente las instalaciones portuarias de nuestras costas para desplazarse. Además, los puertos generan un empleo de más de 35.000 puestos de trabajo directos y de unos 110.000 indirectos. Los datos, como ven, hablan por sí solos.

Para eso, para sacar el máximo provecho al potencial que suponen nuestras infraestructuras portuarias, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Proyecto de Ley para modificar la Ley sobre el régimen económico y la prestación de servicios de los puertos de interés general. Es una ley que nace con dos principales objetivos: por un lado, impulsar la modernización de nuestros puertos y, por otro, mejorar y ampliar los servicios que ofrecen, dotando de mayor estabilidad y calidad laboral a los trabajadores portuarios. En definitiva, se trata de una ley que dará calidad, más servicios y más competitividad a nuestros puertos y, con ello, también a nuestra economía.

Una economía que va a recibir también un impulso con el plan que hoy hemos aprobado de apoyo a la internacionalización de la economía española en los sectores asociados al cambio climático, un plan que pretende alcanzar tres objetivos: en primer lugar, consolidar el liderazgo de las empresas españolas en el sector estratégico de las energías renovables y de las tecnologías para la lucha contra el cambio climático; en segundo lugar, identificar y desarrollar nuevas oportunidades de actuación para las empresas españolas en el exterior, y, en tercer lugar contribuir a que se alcancen, tanto los objetivos internacionales de reducción de emisiones, como los asumidos por España; u país que, como saben, cuenta con una posición destacada en este ámbito a nivel internacional. De hecho, más del 60 por 100 de los proyectos que desarrollamos dentro del Protocolo de Kioto contemplan inversiones en energías renovables.

Por tanto, este plan de internacionalización con temas que tienen que ver con todo el cambio climático va a ser muy positivo.

Precisamente además, y en correlación con ello, hemos aprobado el Observatorio de la Internacionalización, un observatorio que estudiará y propondrá precisamente medidas para estimular la competitividad de nuestra economía en un mundo cada vez más abierto e interconectado. Este Observatorio de Internacionalización presentará un informe anual al Parlamento detallando la evolución de la economía mundial, las estrategias empresariales y las actuaciones emprendidas por la Administración española destinadas a mejorar nuestra posición internacional y la posición o los campos que se abren a nuestras empresas. No cabe duda que se convertirá en el mejor compañero de viaje de nuestras empresas en el exterior.

En materia de vivienda, el Consejo ha aprobado tres Acuerdos para poner en marcha el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación que, como recordarán, aprobamos hace apenas unas semanas. El primero es un Acuerdo por el que se autoriza al Ministerio de Vivienda a firmar convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas y con las Ciudades de Ceuta y Melilla. Los otros dos Acuerdos son de carácter financiero con el fin de fijar el gasto máximo que supondrán las ayudas financieras del Plan y para autorizar al Ministerio de Vivienda a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.

En materia de infraestructuras les doy cuenta de una buena noticia para los ciudadanos de Baleares. El Consejo ha autorizado hoy al Ministerio de Fomento a firmar cuatro nuevos convenios de carreteras con los Consejos Insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Se trata de una decisión que supone una importantísima inversión: más de 550 millones de euros en las islas desde este mismo año en varias anualidades.

También el Consejo de Ministros, contando con el dictamen favorable del Consejo de Estado, ha acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de la Comunidad de Madrid de Medidas Fiscales y Administrativas.

Se recurren dos cuestiones. En primer lugar, el Gobierno entiende que la disposición de la ley autonómica que regula la situación administrativa del personal estatutario fijo de la sanidad pública vulnera la norma básica estatal vinculante para las Comunidades Autónomas al regular de forma distinta al Estatuto-Marco la situación de quienes pasan a prestar servicio en instituciones sanitarias creadas bajo nuevas fórmulas de gestión, incluidas las que se conciertan con la sanidad privada.

En segundo lugar, el Gobierno va a impugnar el artículo 28 de la citada Ley que reforma la Ley de Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid. Esta Ley de la Comunidad, al establecer fórmulas de ponderación, provoca que el sistema de representación de las Corporaciones Locales y de los impositores en la Asamblea General sea contrario al criterio de proporcionalidad establecido en la Ley estatal de 2003 de órganos rectores de Cajas de Ahorro.

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado también un Real Decreto que desarrolla la Ley que aprobamos en el año 2006 que regula el contenido de las declaraciones y comunicaciones que han de presentar los Ministros y los Secretarios de Estado sobre su situación patrimonial.

Es un Reglamento que desarrolla la Ley. Estas declaraciones, como les digo, con arreglo a esta disposición se publicarán en el Boletín Oficial del Estado una vez al año, con referencia a los datos de la toma de posesión y del cese. También se regulan las funciones de la Oficina de Conflicto de Intereses. El Real Decreto establece, además, que antes del 15 de octubre deberá publicarse en el Boletín Oficial del Estado el contenido de estas declaraciones de bienes y derechos patrimoniales correspondientes a los Ministros y Secretarios de Estado cuya toma de posesión sea anterior al 30 de junio de 2009.

Y ya brevísimamente quisiera decirles que el Consejo ha autorizado dos acuerdos para remitir a las Cortes Generales los Protocolos 4 y 7 del Convenio Europeo del Consejo de Europa para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Hemos aprobado también un Real Decreto para traspasar a la Comunidad Valenciana los medios personales adscritos al General Hospital Básico de la Defensa de Valencia, una decisión que dota de más recursos sanitarios a los valencianos y que posibilita que más de 250 trabajadores se incorporen al nuevo destino de manera inmediata.

Por último, el Consejo ha acordado desclasificar documentación del Centro Nacional de Inteligencia solicitada por el magistrado juez del Juzgado de Instrucción Número 48 de Madrid en las actuaciones seguidas contra el ex agente del Centro Nacional de Inteligencia Roberto Flórez García.

Finalmente, hemos aprobado, con efectos del próximo día 14 de abril, la renuncia del Subgobernador del Banco de España, don José Viñals Iñiguez, y se ha procedido al nombramiento de don francisco Javier Ariztegui Yáñez para el citado puesto y con los efectos en la misma fecha.