Intervención de la vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega

Vicepresidenta.- Buenos días. Como pueden intuir por la presencia del Ministro Caldera, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un importante programa de medidas sociales de mucho calado y trascendencia. En primer lugar, hemos dado el visto bueno al Proyecto de Ley de Medidas de Seguridad Social; lo remitimos al Congreso de los Diputados. Es un Proyecto de Ley que mejorará sensiblemente la vida de millones de ciudadanos. Consta sólo de ocho artículos, pero actualiza la regulación de materias laborales y sociales tan básicas como la incapacidad temporal, la incapacidad permanente, la jubilación o el acceso de las parejas de hecho a las pensiones por viudedad. Todos los cambios que se introducen tienen el mismo objetivo: mejorar los mecanismos de protección y, en algunos casos, ofrecer a los ciudadanos una ayuda vital para que puedan llevar a cabo una vida digna.

Las modificaciones del Proyecto responden a los compromisos que el Gobierno firmó con los interlocutores sociales hace algo más de seis meses. El Ministro les explicará todos los detalles de los que consta. Como saben, la reforma de la Seguridad Social tiene una influencia directa en el futuro de millones de ciudadanos. Soluciona problemas reales, por ejemplo, regula la jubilación parcial o el retraso voluntario de la jubilación, algo cada vez más frecuente en el mercado laboral español. También contempla, como les decía, la existencia de las parejas de hecho desde el punto de vista del Derecho, facilitando el acceso a una pensión de viudedad o la indemnización por fallecimiento en caso de accidente de trabajo, lo que en el pasado dio lugar a tantas resoluciones judiciales y a tanta conflictividad judicial.

La evolución de la España social y económica ha sido muy rápida en los últimos años y de ahí la necesidad de abrir nuestra legislación a las nuevas realidades. Actualizar las leyes, acomodarlas a nuestro tiempo, es un pilar básico de la estrategia de nuestro Gobierno para ampliar derechos.

Para desarrollar todas las mejoras que he citado, y muchas otras, necesitamos recursos; recursos para mantener la Seguridad Social, algo que, por cierto, hacemos entre todos. Cuantos más ciudadanos trabajen más recursos tendremos en esa caja común que es la Seguridad Social. Como saben, nos encontramos en una buena situación puesto que el paro está en uno de los niveles más bajos en los últimos treinta años y estamos en uno de los niveles más altos de ocupación.

Con justificada satisfacción, por tanto, el Consejo de Ministros ha acordado hoy incrementar en cuatro mil millones de euros el Fondo de Reserva a la Seguridad Social. Esta reserva de ahorro nos proporcionará a todos, al Gobierno y a ciudadanos, bastante tranquilidad a la hora de afrontar el futuro. Al día de hoy el Fondo de Reserva de la Seguridad Social dispone de más de 40.300 millones de euros, que es una cifra que permite al Gobierno y a todos los trabajadores, en su calidad de futuros pensionistas, mirar al futuro con cierta tranquilidad.

Tenemos dinero ahorrado y lo tenemos porque la economía marcha bien, y yo diría que marcha más que razonablemente bien. El Instituto Nacional de Estadística anunció hace tres días que el pasado año el PIB, el Producto Interior Bruto, creció el 3,8 por 100. Ese incremento supone un punto y una décima más que el resto de los países con los que compartimos el euro y es también el mejor dato de crecimiento de los últimos cinco años.

Antes de pasar la página económica, permítanme dar la bienvenida públicamente al que va a ser el nuevo Presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que sustituirá a don José María Cuevas. El señor Cuevas ha estado veinte años al frente de la Confederación de Organizaciones Empresariales y en este tiempo el modelo de relaciones laborales en España ha vivido una auténtica y profunda transformación modernizadora. En nombre del Gobierno, nuestro agradecimiento al señor Cuevas y nuestros mejores deseos al nuevo Presidente de la Confederación de Empresarios.

Nuestro segundo asunto en el día de hoy ha sido la inmigración; en concreto, tres iniciativas. La primera es la regulación de la entrada y residencia en España de ciudadanos de la Unión Europea. Hemos aprobado un Real Decreto y con esta medida cumplimos el mandato que en el año 2004 la Comisión Europea puso en marcha a través de la Directiva que regula el derecho de entrada y residencia de los ciudadanos comunitarios y sus familiares en otro Estado miembro. Este Real Decreto, en definitiva, lo que viene es a consagrar en la práctica la libre circulación de trabajadores, además de salvaguardar el derecho a la reagrupación familiar y el principio de igualdad de trato entre ciudadanos españoles y ciudadanos europeos.

Yo creo que la máxima novedad del Real Decreto el Ministro les va a explicar todos los detalles es la desaparición de la tarjeta de residente comunitario. En lugar de obtener dicha tarjeta, los ciudadanos europeos tendrán otra obligación, que es dar sus datos en el Registro Central del Extranjeros. Se trata de facilitar el acceso a una situación de pleno derecho y, por tanto, el certificado del Registro sustituirá a la tarjeta. Este nuevo documento será el que acredite la pertenencia a un país europeo.

Y hay una segunda novedad importante también, ya que por primera vez, de nuevo, la pareja se equipara al matrimonio a los efectos de la reagrupación familiar; es decir, se reconoce la existencia de parejas de hecho siempre que se trate de una pareja que esté registrada.

El Real Decreto mantiene también el derecho de residencia a título personal para cada miembro de la familia en caso de fallecimiento o desvinculación matrimonial del titular del derecho. La norma dice que se considerarán residentes permanentes aquellos comunitarios que hayan vivido, al menos, cinco años en España.

Como saben, los ciudadanos de Rumania y Bulgaria están sometidos de momento a un régimen transitorio, así que la norma no les afecta plenamente, pero es verdad que tienen sus peculiaridades. Sí es completamente efectiva para los ciudadanos de la Europa de los 25, más los que tienen pasaporte de Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia.

Hemos aprobado también un Real Decreto para la tramitación de los permisos de trabajo que nos permitan atraer a España a los mejores profesionales, cualquiera que sea su procedencia, en caso de personas altamente cualificadas. Seguimos así las recomendaciones de la Unión Europea, decidida a no dejar escapar los talentos que pueden contribuir a mejorar la capacidad de competir de nuestras empresas y, por tanto, de nuestros sistemas económicos.

La legislación de extranjería ya establecía un régimen especial para determinadas categorías profesionales pero, aún así, la Secretaría de Estado de Inmigración y el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales han recibido peticiones de las grandes empresas y de centros de investigación. Lo que se reclama, en definitiva, es más agilidad en los trámites, más facilidades de contratación, más rapidez y más eficacia. Con las actuaciones que hemos aprobado hoy, desde luego, esperamos dar satisfacción a estas demandas.

Por último, en materia de inmigración se ha aprobado el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, que también el Ministro les va a explicar en detalle. Como saben, en España la población extranjera se ha triplicado en seis años. El número de inmigrantes ha pasado de 900.000 en el año 2000 a los tres millones en la actualidad. Los trabajadores extranjeros representan ya más del 6 por 100 de la población. El aumento de población inmigrante es, por tanto, evidente en nuestras calles y también es evidente para todos que ellos, los extranjeros que viven entre nosotros, están contribuyendo a crear riqueza, están dinamizando nuestra economía. Es evidente que contribuyen a la prosperidad económica de nuestro país y está claro que también su llegada debe producirse de manera legal y ordenada, es decir, llamando a la puerta a través de los cauces legales que les permita cotizar a la Seguridad Social y contribuir al pago de los servicios básicos.

Pero el Gobierno cree que eso no es suficiente, que ahí no se acaba la política de inmigración. Tenemos que conseguir que los inmigrantes que vienen a trabajar a nuestro país se sientan parte de España, tenemos que conseguir que se integren en nuestra sociedad. De esa capacidad de integración depende la convivencia que nuestros hijos mantendrán en el futuro con los inmigrantes y de ahí la importancia del Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, que dispondrá de un presupuesto de 2.005 millones de euros para llevar a cabo las distintas estrategias, las distintas actuaciones que contempla: por ejemplo, evitar abusos en las relaciones laborales; por ejemplo, reconocer y homologar títulos profesionales a las personas que vienen de fuera; por ejemplo, fomentar algo muy importante la integración en materia educativa, en vivienda, en temas que tienen que ver con la igualdad de género y valoración de la mujer, y en la mejora del conocimiento y del respeto de los valores y las normas de la sociedad española a la que llegan y a la que también se tienen que adaptar.

Las medidas que he detallado y que el Ministro desarrollará con mayor nivel de detalle responden a una convicción: si hay cohesión social, si las desigualdades entre la población española y los inmigrantes se reducen al mínimo, es evidente que la convivencia entre todos será muchísimo más fácil.

Pasando ya a otro ámbito, el Consejo de Ministros, en el ámbito de la salud pública, ha aprobado esta mañana los criterios de distribución de las cantidades destinadas al Plan Nacional sobre Drogas. Este programa, como saben, es un programa que desarrollan las Comunidades Autónomas, pero la inversión la coordina el Ministerio de Sanidad y Consumo. La inversión total para desarrollar el Plan Nacional de Drogas asciende a más de veintidós millones de euros y saben que de esa cantidad más de un tercio de destinará a la atención a los toxicómanos y a sus familias. En las políticas de prevención del consumo se invertirán algo más de siete millones de euros, y millón y medio se dedicarán al desarrollo del Observatorio Español sobre Drogas, que está llevando a cabo un importante análisis sobre la evolución y sobre los distintos factores que inciden en este tema.

Esta misma mañana el Consejo de Ministros ha aprobado también el destino que se dará a los bienes decomisados en las acciones de la lucha contra el tráfico de drogas. Como ya conocen, la política del Gobierno consiste en procurar que estos bienes decomisados a los narcotraficantes reviertan precisamente en los programas de lucha contra la drogodependencia. Consideramos, y creo que los ciudadanos también, que ése es el destino más justo y que da más eficacia a esta medida. Piensen que estamos hablando de cantidades importantes: para este año 2007 los bienes decomisados estarán en torno a los catorce millones de euros, que, como les decía, se reinvertirán en esas políticas de atención a la drogodependencia.

También en el ámbito de la salud pública, pero desde el Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo ha aprobado hoy la llamada Estrategia Nacional de la Calidad del Aire. La actuación para la mejora de la calidad del aire y la protección de la atmósfera constituye una de las prioridades para el Gobierno, ello por dos motivos fundamentales: por una parte, porque la contaminación atmosférica continua siendo motivo de preocupación en España y en el resto de Europa, pues existen niveles de contaminación con efectos adversos muy significativos para la salud y para el medio ambiente, particularmente en las concentraciones, en las aglomeraciones urbanas, en las grandes ciudades; por otra, y aunque resulte llamativo habida cuenta la gravedad del problema, éste es un ámbito con una normativa particularmente obsoleta: la actual Ley en vigor, fíjense, data ni más ni menos que del año 1972.

Por eso, como recordarán, el pasado 19 de enero aprobamos el Anteproyecto de Ley del Aire y Calidad de la Atmósfera, que se está tramitando y que en breve plazo de tiempo remitiremos a las Cortes, y nos comprometimos, cuando aprobamos este Anteproyecto, a aprobar en pocas semanas una Estrategia Nacional de Calidad del Aire. Hoy hemos cumplido con ese compromiso.

Como pueden imaginar, la Estrategia para mejorar la calidad del aire no puede por su propia naturaleza responder a principios estáticos. Debe ser una herramienta dinámica que se module en función de las circunstancias concretas que vayan determinando el mayor nivel de contaminación. No obstante, las líneas maestras de esta Estrategia pasan, primero, por una importante promoción de la investigación y, desde luego, en segundo lugar, por la revisión del Programa Nacional de Reducción de Emisiones.

Además, como saben, vamos a potenciar al máximo ya las actuaciones que están en marcha, como el Plan de Energías Renovables o el Plan de Estrategia de Ahorro y Deficiencia Energética. Todo esto a su vez forma parte, como también saben que les dije hace poco tiempo, de la Estrategia sobre el Cambio Climático.

Para ya ir terminando, les hablaré de Teruel, porque hemos aprobado una subvención de treinta millones de euros para proyectos en esta provincia. Es evidente que para el Gobierno Teruel existe. Lo demostramos al aprobar a finales del año 2005 el denominado Plan Teruel, en el que, entre otras cosas, se prevé la firma de convenios específicos entre el Gobierno central y la Comunidad de Aragón para atender al desarrollo y a la financiación de inversiones. La partida de inversión aprobada hoy forma parte de esos convenios y de ese compromiso que adquirimos.

Saben que uno de los objetivos del Gobierno es fomentar la colaboración territorial y borrar las desigualdades que pudiera haber entre las distintas zonas geográficas de nuestro país. Ésa es la base sobre la que en los últimos años se han tomado decisiones relacionadas, en este caso, con el Plan Teruel. De todos es sabido que esta provincia aragonesa sufre un déficit de infraestructuras y de desarrollo que es necesario resolver, y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno.

Finalmente, hemos adoptado un Acuerdo por el que se declara el año 2007 como el Año de Antonio Machado en Soria y se crea la Comisión Nacional para la conmemoración del centenario de la llegada de don Antonio Machado a esa ciudad.

Por último, antes de cederle la palabra al Ministro, el Gobierno, cómo no, ha hecho una valoración del juicio iniciado ayer del atentado del 11 de marzo, el más grave que ha sufrido la historia de nuestro país. Todavía hoy, transcurridos casi tres años, se produce un inmenso dolor al asomarse a una tragedia que dejó más de 1.000 heridos y se llevó 192 vidas. El Gobierno quiere que las víctimas y sus familias sepan que el dolor sigue vivo, compartido por todos los españoles; pero también queremos transmitir nuestra absoluta confianza en que la Justicia va a hacer, como ha venido haciendo, su trabajo y que lo va a hacer bien. Ésa es nuestra esperanza y creemos que el mejor mensaje de solidaridad que podemos transmitir es precisamente ése: el respeto a las víctimas pasa por el respeto a la Justicia y el respeto a la Justicia exige que no se hagan juicios paralelos; que se deje trabajar a los fiscales, a los tribunales, a los abogados, a todas las personas que intervienen en el juicio.

Me lo han oído decir en más de una ocasión: vivimos en un Estado de Derecho que felizmente funciona con plenas garantías. Después del brutal atentado, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han venido realizando su tarea de manera rápida y eficaz; ha habido una exhaustiva investigación y una eficaz instrucción por jueces, por fiscales y por peritos.

También desde ayer los presuntos culpables se sientan en el banquillo de los acusados. Por tanto, el Estado de Derecho está funcionando con todas las garantías. Ha llegado el momento de la Justicia. Dejemos que ésta trabaje. Estoy segura de que su trabajo aportará claridad a los hechos y facilitará la verdad.