Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta .- Buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos que han sido acordados hoy en el Consejo de Ministros.

Hoy se ha aprobado en el Consejo una reforma estructural, quizá, de las más importantes de las que forman parte de nuestro Programa Nacional de Reformas y, desde luego, y en todo caso, una reforma clave para superar un desequilibrio básico y muy importante en nuestra economía, como es el que afecta al sector eléctrico.

Ésa es una reforma necesaria, como digo, para corregir el déficit de tarifa --luego explicaremos lo que es-- y para garantizar la fortaleza y la sostenibilidad del sistema eléctrico sin que sean los consumidores los que tengan que asumir, a través de su factura, los costes que genera este desequilibrio.

Quiero, además, informarles de que esta reforma es una reforma que nace con vocación de ser definitiva. Es la reforma definitiva de los problemas del sector eléctrico en nuestro país. No se queda, digamos, en una regulación puntual o de modificación de aspectos particulares de la ordenación del sector eléctrico. Hoy se aprueba un anteproyecto de nueva Ley del Sector Eléctrico que da una solución definitiva a los problemas y a los desequilibrios que tenía el sector en este momento, y que lo hace, además, acompañada de un Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera necesaria del sistema eléctrico hasta la aprobación de la Ley.

Con estas normas pondremos fin a un déficit de tarifa, es decir, a una diferencia entre lo que se ingresa por la factura de la luz y lo que cuesta esa generación, que desde el año 2005 ha aumentado año tras año hasta llegar a los veintiséis mil millones de euros. Éste es el agujero que nos hemos encontrado del sector eléctrico, veintiséis mil millones de euros; un agujero que no se consiguió paliar a pesar de que entre los años 2006 y 2011, como verán, la factura de la luz subió un 63 por 100.

Con esta reforma, domo digo, estructural de primer orden se busca corregir un desequilibrio clave en nuestra economía, dotarla de mayor competitividad, solucionar de manera definitiva una cuestión, un agujero enorme que pesaba sobre todos, y no se hace cargándolo, como se ha hecho en otras ocasiones, en exclusividad sobre el consumidor, sino a través de un reparto, como verán, muy equitativo, y así lo explicará el señor ministro.

En segundo lugar, hoy hemos aprobado dos Reales Decretos en los que se establecen las bases de las convocatorias de subvenciones destinadas a programas de interés general con cargo al IRPF y de subvenciones, por otro lado, a entidades del Tercer Sector colaboradoras con la Administración General del Estado. Son dos normas consensuadas con la Plataforma del Tercer Sector.

En el primer Real Decreto, ¿qué se hace? Se establecen las bases reguladoras de las subvenciones estatales destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la famosa equis.

La experiencia en los últimos veinticinco años nos ha demostrado que la financiación de programas sociales a través de un porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un instrumento fundamental para garantizar la cohesión social. De acuerdo con el Real Decreto Ley que aprobamos la semana pasada, se procede a aprobar este Real Decreto que lo que fija es un nuevo marco regulatorio para dar coherencia y operatividad a estas partidas, y garantizar, además, que esos recursos --y ahora diré la cuantía-- lleguen al mayor número de personas en situación de pobreza o de riesgo de exclusión social.

En la convocatoria para estas subvenciones para 2013 el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad va a distribuir 210 millones y medio de euros, correspondientes al periodo impositivo de 2011, 210 millones de euros. Esta cantidad corresponde al 77,72 por 100 de la asignación tributaria para otros fines de interés social.

¿Cuáles van a ser los objetivos de esta convocatoria de subvenciones? Atender las circunstancias o las situaciones de urgencia social más apremiante. En definitiva, paliar la situación de dificultad que están sufriendo familias con problemas económicos, especialmente las que tienen hijos, para combatir la pobreza infantil, tal y como se comprometió en el Congreso el presidente del Gobierno.

En este sentido, se fijan tres ejes principales de actuación sobre los que se instrumentan los programas a desarrollar por las entidades sociales financiadas con cargo a la convocatoria del IRPF: la atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria: se financian programas de urgencia de intervención para familias con necesidades especiales de atención integral socio-sanitaria, de formación saludable de los hijos y de programas de atención destinados a personas sin hogar y sin alojamiento digno.

En segundo lugar, la atención a personas con necesidades educativas o de inserción laboral: se financian programas como los de promoción de la educación, la sanidad y la calidad de vida infantil y protección de los derechos de la infancia, y de atención integral, educativa y socio-sanitaria en servicios residenciales para menores en situaciones de dificultad social.

Y, por último, el fomento de la seguridad ciudadana y protección de la delincuencia. En este punto donde tienen especial incidencia estos programas es la ejecución de medidas para menores infractores y en materia de violencia de género.

Quiero destacar, además, que dadas las circunstancias actuales se ha incorporado, como decía, un nuevo programa de urgencia social para atender de manera inmediata a las situaciones derivadas de riesgos económicos.

El segundo Real Decreto, como decía hace un momento, establece las bases para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colaboradoras con la Administración General del Estado. Lo que se garantiza es la viabilidad de todas estas organizaciones que desarrollan un papel fundamental para atender a los colectivos más vulnerables. La convocatoria de estas subvenciones para 2013 tiene consignado un crédito de diez millones y medio de euros. Las ayudas lo que hacen es destinarse al mantenimiento, al funcionamiento y al equipamiento de las sedes centrales de estas entidades y organizaciones.

En un contexto de restricciones presupuestarias como éste hace que sea necesario que las Administraciones Públicas busquen, y desde luego los han encontrado, aliados para lograr la satisfacción de los intereses generales en este Tercer Sector. Desde aquí queremos agradecerles, en nombre del Gobierno, su trabajo y su dedicación. Lo que hacemos es reconocer una nueva categoría de entidades que colaboran directamente con la Administración Pública en el desarrollo y en el cumplimiento de interés general que les son propios, y que sirve, al mismo tiempo, para canalizar las demandas de la sociedad colaborando directamente con las Administraciones.

En definitiva, estamos hablando de dos Reales Decretos con los que se mejora el marco normativo, se atiende a las necesidades, especialmente las más urgentes, y se aporta una cuantía total de subvenciones, entre uno y otro Real Decreto, de 221 millones de euros.

En materia de ayudas, y en tercer lugar, también quiero destacar el Acuerdo por el que se autoriza la concesión de una subvención a la Diputación General de Aragón para la financiación de inversiones a la provincia de Teruel, por un importe de treinta millones de euros. Es el conocido como FITE, Fondo de Inversiones en Teruel. Cumplimos un compromiso, adoptado en la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Aragón, celebrada el pasado 2 de octubre de 2012. Uno de los puntos del día de esa Comisión era, como digo, el Fondo de Inversiones en Teruel y allí la Administración Central del Estado se comprometió a impulsar la incorporación de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado con el fin de incorporar un crédito que diera cobertura a este Fondo de Inversiones.

¿Por qué éste Fondo de Inversiones en Teruel? Como saben, la Comunidad Autónoma de Aragón, la Diputación, por su nivel de renta no puede ser beneficiaria de Fondos de Compensación Interterritorial; pero en la propia Comunidad existen importantes desigualdades interterritoriales sobre las que hay que actuar. El caso de Teruel exige ser objeto de una atención pública muy cuidada para mejorar su dotación de capital productivo y su nivel de renta. De ahí que para equilibrar esta situación se firmara entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma un protocolo de intenciones, en el que se manifestaba su voluntad de suscribir a partir de 2012 y 2016 Convenios de Colaboración anuales. Pues bien, se da cumplimiento a ello, al compromiso que este Gobierno ha asumido con la provincia de Teruel y con el Gobierno de Aragón.

Por último, aunque es un tema, digamos ya formal, sí les doy cuenta, y lo tendrán detallado en la Referencia del Consejo de Ministros, de que hemos adoptado el Acuerdo por el que se adecua el objetivo de Estabilidad Presupuestaria y Deuda Pública para el conjunto de las Administraciones y sus subsectores para 2013. No es ninguna novedad. Es el trámite formal que nos obliga a ajustar, conforme a los márgenes de los que hemos hablado a lo largo de estas semanas, las cifras de déficit público y de deuda pública de cada una de las Administraciones. Ya les digo que no es el reparto en cada uno de los subsectores. Estamos hablando de la cifra global de déficit, la que corresponde al Estado en su conjunto, Seguridad Social, Comunidades Autónomas en su conjunto, Corporaciones Locales y la deuda pública correspondiente.

Como digo, es un acto formal, es un acto debido en cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.