Reducción de los costes del sistema eléctrico y limitación de la subida de la luz al 7 por 100 en abril

• Resoluciones judiciales recientes obligan a cubrir un desajuste en el sistema eléctrico en 2011 y 2012 de unos 3.100 millones de euros que, de cargarse únicamente en el consumidor, supondría subir la tarifa de la luz hasta un 37 por 100.
• El Gobierno ha optado por repartir este ajuste entre consumidores, empresas y Administración. Se aumentarán los ingresos del sistema en el entorno de 1.400 millones de euros mediante una subida de tarifas moderada y se reducirán los costes del sistema en unos 1.700 millones.
• El Gobierno también ajustará ingresos y gastos del sistema gasista para evitar el crecimiento de un déficit de tarifa en este sector. Para ello, subirá la tarifa doméstica del gas una media del 5 por 100 y recortará costes.
• Estas medidas son un primer paso en la reforma profunda en la que trabaja el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que busca la sostenibilidad económica de nuestro sistema energético.

El Gobierno ha dado un primer paso en la resolución de los desequilibrios del sistema energético español con la aprobación de un paquete de medidas urgentes encaminadas a solventar el desajuste que existen entre ingresos y costes de los sistemas eléctrico y gasista y repartir este desajuste entre consumidores, administraciones públicas y empresas.

Así, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto Ley que reducirá los costes del sistema eléctrico en alrededor de 1.700 millones de euros y, paralelamente, aplicará una subida de tarifas que permitirá aumentar los ingresos del sistema en unos 1.400 millones. Para los consumidores domésticos supondrá un alza media del 7 por 100.

Estas medidas se emprenden de forma urgente para dar cumplimiento a unas recientes resoluciones judiciales de recursos interpuestos por las compañías eléctricas que obligan a cubrir un desajuste en el sistema eléctrico en 2011 y 2012 de unos 3.100 millones de euros. Este desajuste se produjo porque se adoptaron incrementos de tarifas insuficientes para cubrir todos los costes del sistema al tiempo que se encarecieron dichos costes.

El Gobierno ha decidido no cargar este desajuste exclusivamente en el consumidor, ya que supondría aplicar un aumento en la tarifa de hasta un 37 por 100.

Las medidas de ajuste aprobadas hoy buscan repartir este esfuerzo entre los consumidores, el sector público y el sector privado, y se sitúan en línea con la reforma profunda del sector eléctrico y gasista en la que está trabajando el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Las medidas incluidas en el Real Decreto Ley están encaminadas a recortar los costes en el sistema eléctrico y gasista, de manera que se racionalicen las diferentes partidas y los peajes de acceso sean suficientes para satisfacer los costes de las actividades reguladas, teniendo en cuenta el límite de déficit ex-ante previsto para el ejercicio 2012 tal y como exigen las resoluciones judiciales.

Subida de tarifas

La tarifa de último recurso (TUR) eléctrica subirá una media del 7 por 100. Esta decisión, junto con la subida de tarifas para grandes consumidores, PYMEs, y sectores industrial medio y gran industrial, supondrá unos ingresos adicionales de unos 1.400 millones de euros.

Recorte de costes

La reducción de costes se reparte entre los diferentes agentes del sistema, afectando a la distribución, el transporte, los pagos por capacidad, la financiación del operador del sistema, la Comisión Nacional de la Energía y el IDAE o la interrumpibilidad. El monto total aproximado por la aplicación de estas medidas asciende a 1.700 millones de euros.

Distribución

Se reducirá la retribución a la distribución, una actividad regulada y sujeta a una retribución aprobada por Gobierno. Se retribuyen, entre otras cuestiones las inversiones, la operación y el mantenimiento de las instalaciones, o la gestión comercial, como la lectura de contadores o la atención al cliente.

Pagos por capacidad

Son un pago regulado para retribuir a las instalaciones de generación sus servicios de capacidad de potencia a medio y largo plazo. Se incluyen dos tipos de servicio: el incentivo a inversión en capacidad a largo plazo y la disponibilidad de generación a medio plazo.

El Gobierno considera posible una reducción de esta retribución en el actual contexto de reducción de costes del sistema.

Financiación del Operador del Sistema Eléctrico

El Operador del Sistema se financiará con cargo a los agentes a los que presta sus servicios, de forma similar a como se financia el Operador del Mercado OMIE. La metodología será fijada por el Gobierno en función de los servicios que efectivamente preste.

CNE e IDAE

Para la reducción de costes del sistema, se emplearán los remanentes de ejercicios anteriores de la Comisión Nacional de la Energía y el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE).

Interrumpibilidad

El Gobierno incentiva la puesta a disposición al sistema eléctrico de la potencia de grandes clientes, lo que se conoce como servicio de interrumpibilidad. Dada la bajada de demanda, el exceso de potencia y por lo limitado del uso de este servicio, en el actual contexto económico y del sistema eléctrico, el Gobierno reducirá esta retribución.

Restricciones por garantía de suministro

El Real Decreto Ley de restricciones por garantía de suministro incentiva la combustión de carbón nacional en las centrales térmicas. En el marco del reparto del esfuerzo de los recortes entre todos los agentes del sistema, se limitarán las subvenciones para esta partida.

Transporte

La actividad de transporte es una actividad regulada sujeta a una retribución aprobada por el Gobierno que incluye, entre otras cuestiones, la retribución a las inversiones y la operación, así como el mantenimiento de las instalaciones. En el contexto actual de reducción de costes se retrasará un año el reconocimiento retributivo de estas inversiones.

SECTOR DEL GAS

El Consejo de Ministros también ha aprobado una serie de medidas que equilibren el sector del gas y eviten que se cree un problema de desequilibrios como los registrados en el sector eléctrico.

Con la caída de la demanda y el intenso ritmo inversor mantenido en los últimos ejercicios, el incremento de la tarifa de gas ha resultado insuficiente para satisfacer los costes. Al igual que en este sector, el Gobierno ha optado por repartir el desajuste existente aumentando los ingresos y reduciendo los costes.

Así, la Tarifa de Último Recurso el gas subirá una media del 5 por 100 en lugar del 13,3 por 100 que debería haber subido de no aplicar recorte de costes.

Entre las medidas cabe destacar la suspensión de nuevas plantas de regasificación en la Península, la suspensión de la autorización administrativa de gasoductos planificados o la modificación en la retribución de los almacenamientos subterráneos.

Además, se eliminarán los incentivos para contratar la capacidad de los gasoductos a corto plazo, se limita la posibilidad de interrumpibilidad a las zonas realmente congestionadas y se elimina la opción de retribución específica de la distribución.

TRASPOSICIÓN DE DIRECTIVAS

El Real Decreto Ley también incorpora al ordenamiento jurídico español los contenidos de las Directivas europeas en materia de energía y telecomunicaciones con plazo de incorporación vencido.

Energía

En cuanto a la Directiva 2009/072/CE, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, se incorporan al ordenamiento jurídico español, nuevos preceptos para lograr una separación efectiva de las actividades de suministro y generación de las actividades de red, planteando diferentes opciones para llevar a cabo dicha separación entre actividades. Refuerza el papel de las autoridades reguladoras nacionales, contemplando la creación de una única autoridad reguladora a escala nacional, jurídica y funcionalmente independiente de cualquier otra entidad pública o privada, y fija los objetivos, obligaciones y competencias de las autoridades reguladoras.

Por otro lado, viene a reforzar las obligaciones de servicio público en el sector eléctrico, con referencia, entre otros, al acceso de los consumidores a sus datos de consumo, los precios asociados los costes del servicio, así como a la información relativa a las vías de solución de conflictos. Se dispone, asimismo, que los Estados miembros deben definir el concepto de cliente vulnerable y establecer medidas para garantizar su suministro de energía eléctrica, y se hace referencia a la pobreza energética.

La transposición abarca también a la Directiva 2009/073/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural. Se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, el concepto de separación patrimonial, entendiendo por tal una situación en la que el propietario de la red es designado gestor de la red y es independiente de cualquier empresa con intereses en la producción y el suministro. Se profundiza en los objetivos y funciones que contribuyan a garantizar la efectividad y aplicación de las medidas de protección a los consumidores e introduce la referencia al consumidor vulnerable.

En cuanto a la Directiva 2009/028/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Su transposición ya se había realizado, casi íntegramente, mediante la Ley de Economía Sostenible y otras disposiciones de rango reglamentario. Esta trasposición habilita a la Administración General del Estado para la puesta en marcha de mecanismos de cooperación internacional para el cumplimiento de los compromisos de penetración de energías renovables contemplados en la Directiva.

Telecomunicaciones

Se transponen las Directivas 2009/136/CE, 2009/140/CE y 2002/20/CE relativas a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, el acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, su interconexión, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (el plazo de transposición venció el 25 de mayo de 2011).

Con la transposición de estas dos Directivas se finalizará la incorporación al ordenamiento jurídico español del nuevo marco regulador europeo en materia de comunicaciones electrónicas. Las modificaciones persiguen crear un marco adecuado para la realización de inversiones en el despliegue de redes de nueva generación, que permita ofrecer servicios innovadores y tecnológicamente más adecuados a las necesidades de los ciudadanos. Asimismo, se introducen importantes novedades en relación a los derechos de los operadores y en materia de protección de datos se apuesta de manera decidida por alcanzar mayores niveles de seguridad.