Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenas tardes a todos. Vamos a darles cuenta de los asuntos acordados y debatidos hoy en Consejo de Ministros, pero permítanme que para englobar todos ellos, porque son bastantes, haga una exposición inicial.

Todos ustedes conocen la difícil situación por la que atraviesa nuestro país. Estamos ante una situación límite en lo que afecta a sus cuentas públicas y a la situación de desempleo de más de 5.300.000 parados. Es un momento en el que se exigen importantes esfuerzos en el ámbito de la consolidación fiscal, de la reducción del déficit, pero también reformas estructurales para crecer y para crear empleo.

Los esfuerzos de este Gobierno están dirigidos a poner en marcha todas las medidas que sean necesarias para que se dé la vuelta a la situación, para que España deje de estar en esta complicada situación de déficit público y de desempleo, y se pueda volver a crecer y se pueda volver a contratar y a crear puestos de trabajo.

En ese conjunto de medidas que deben de adoptarse, se han adoptado medidas de consolidación fiscal --ésa fue la primera medida aprobada por un Consejo de Ministros, como bien recuerdan: el Acuerdo de no disponibilidad del 30 de diciembre de 2011-- y también importantes medidas estructurales; medidas que tienen por objeto, en primer lugar, que la situación de consolidación fiscal que buscamos y perseguimos sea ya para siempre una situación de equilibrio presupuestario lograda y sostenida. Por ello, se ha planteado y se ha debatido esta semana en las Cortes Generales la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, y se está modificando un Código de Buen Gobierno con sanciones administrativas y penales para los malos gestores.

Pero también se están llevando a cabo un conjunto importante de reformas estructurales: la reforma del sector financiero; la reforma del mercado laboral; la reforma del sistema eléctrico, de la que hoy también hablaremos; reformas en el ámbito del mejor funcionamiento de la Administración y un funcionamiento más austero; reformas también en el ámbito de la regeneración democrática, con la Ley de Transparencia, y reformas en el ámbito de la Justicia, de las que hoy también se han adoptado algunas.

Se trata, por tanto, de un conjunto de medidas que responden a un proyecto económico que busca salir de la situación, salir del atolladero económico que nos hemos encontrado; volver a crecer la economía y volver a generar empleo.

Probablemente, si la situación económica hubiera sido otra, las decisiones de este Gobierno hubieran sido muy diferentes; pero nos encontramos con un porcentaje de 8,51 por 100 de déficit, que excede, como ustedes saben, bastante del 6 por 100 prometido.

Nuestra primera obligación para con los españoles y para con el conjunto de los ciudadanos de la Unión Europea es volver a lograr unas cuentas públicas saneadas; pero no lograrlo a cualquier precio, sino buscar las mejores medidas que tiendan, en primer lugar, a apoyar a aquellos de la sociedad que más lo necesitan y, en segundo lugar, a no paralizar la posible recuperación y la creación de empleo.

A eso obedecen los Presupuestos que hoy pasan su primer trámite por Consejo de Ministros, así como las medidas fiscales y administrativas de carácter complementario que acompañan a estos Presupuestos Generales del Estado. Se trata de medidas en las que se busca un ajuste, un ajuste drástico, en los presupuestos de los Ministerios, pero en las que también se toman decisiones importantes para paliar la situación de los que peor lo están pasando y para no frenar la necesaria recuperación que todos buscamos.

Yo sólo les voy a poner un ejemplo de alguna de ellas, aunque después las explicará el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas; pero sí quiero que tengan presente que hemos empezado por ajustar las cuentas en casa y los Ministerios tendrán una reducción media de un 16,9 por 100, del entorno de un 17 por 100. Se trata de ajustar más de veintisiete mil millones, lo que se hará por la vía de los gastos y por la vía de los ingresos.

Por la vía de los gastos, ¿qué decisiones presupuestarias se han tomado? Las que consideramos más justas y equitativas en una sociedad que lleva muchos años inmersa en una dura crisis, pero también en una economía que necesita volver a confiar y crear empleo. Por eso se ha tomado la decisión, en primer lugar, de mantener la actualización de las pensiones; en segundo lugar, de congelar el sueldo de los funcionarios, pero no rebajárselo; en tercer lugar, de mantener las prestaciones por desempleo y, en cuarto lugar, de mantener gasto social, que nos parece importante, como son, entre otras cuestiones, las becas.

No obstante, se han tomado importantes decisiones de ajuste drástico en los presupuestos ministeriales. No podemos permitirnos lujos como el del año presupuestario de 2011, en el que se gastaron noventa mil millones de euros más por encima de los ingresos.

Pero también se han adoptado medidas por el ámbito del ingreso, medidas también que tienen por objeto un reparto equitativo de los ajustes y de los esfuerzos, y no ralentizar la recuperación de la economía. Por eso este Gobierno. no va a subir el Impuesto sobre el Valor Añadido para no perjudicar el consumo y para no perjudicar la recuperación económica; pero sí se exigirá un esfuerzo, en este caso a través del. Impuesto de Sociedades, a las grandes empresas y se pondrá en marcha un programa de regularización fiscal.

He hablado de reformas estructurales que se están llevando a cabo y he hablado de equidad. La siguiente medida que hemos adoptado en este Consejo de Ministros tiene mucho que ver con esas reformas estructurales y es un Real Decreto Ley que afecta a distintas competencias del Ministerio de Industria, pero de las que quiero destacar una de ellas, que es la relativa al déficit tarifario y es la relativa al sector energético, especialmente electricidad y gas.

Como bien conocen, las cifras de déficit tarifario en nuestro país obligan a adoptar decisiones y la existencia de distintas resoluciones del Tribunal Supremo, que tenemos que cumplir, obliga a que alguna de ellas tenga que adelantarse. En cumplimiento de esas sentencias y de esos autos, hoy se toma, fundamentalmente por Real Decreto Ley, una decisión importante que es repartir equitativamente los esfuerzos que hay que hacer para ajustar el déficit tarifario y cumplir la sentencia y los autos del Tribunal Supremo.

No podíamos trasladar todo ese coste al consumidor y no le trasladamos todo ese coste al consumidor; se reparte, equitativamente, entre los consumidores y también entre quienes tienen que tener una contraprestación más justa y equilibrada a los costes que generan, entre otras cuestiones, la distribución y el transporte de la energía.

La tercera de las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros forma parte también de una reforma estructural necesaria en nuestro país, que es la de la Justicia. Necesitamos un sistema judicial que evite la litigiosidad y que garantice, en todo caso, la asistencia jurídica gratuita. También, por tanto, estoy hablando de equidad.

Se ha debatido en el Consejo de Ministros y se remitirá al Consejo de Estado y al Consejo General del Poder Judicial un Anteproyecto de Ley de Tasas. Ese Anteproyecto de Ley de Tasas tiene como objeto ajustar las tasas que se pagan por los litigantes a lo que son los costes del servicio, para que con los ingresos se mantenga y se refuerce el derecho a la asistencia jurídica gratuita que existe en nuestro país. Tasas que afectan al ámbito civil, al ámbito contencioso-administrativo y a la segunda instancia en el ámbito social --está excluido el ámbito jurisdiccional penal--; pero que, sobre todo, ponen el acento en los costes en la segunda instancia, para evitar el exceso y abuso de los recursos que a veces se producen en nuestro país.

Para quien tiene ya la apariencia de buen derecho de una resolución judicial, de una sentencia que le dé la razón, quien vaya contra ella, lógicamente, debe contribuir con el coste de los servicios públicos que el sistema de justicia genera. Ésta es la manera de poder mantener y mejorar el derecho a la asistencia jurídica gratuita en nuestro país que, como bien saben, es un derecho establecido en nuestra Constitución.

Por otro lado, en este Consejo de Ministros se ha adoptado una medida que consideramos de justicia y de equidad en una situación de necesidad importante: estoy hablando de la reconstrucción y la reactivación económica de Lorca. Como bien saben, en el año 2011 se aprobaron dos Reales Decretos Leyes, pero a estas alturas --y esto ya es un problema de gestión; es decir, que no se supo gestionar bien-- el problema es con el pago de las ayudas. Se ha aprobado un Real Decreto Ley que tiene por objeto agilizar el pago de las ayudas a los damnificados por el terremoto de Lorca: el pago de sus enseres, el pago de los alquileres y también el pago de las ayudas necesarias para la rehabilitación y reconstrucción.

Lo que todos queremos es que Lorca vuelva a ser lo que es y que vuelvan a reconstruirse las viviendas de quienes las han perdido. A este fin la labor de SEPES, que, como bien saben, es la Sociedad de Equipamientos Públicos que depende del Ministerio de Fomento, podrá actuar como agente edificador voluntario o forzoso. Asimismo, el ICO servirá como canal para agilizar y encauzar el pago de esas ayudas a través de una línea ICO-Lorca, dotada con 115 millones de euros.

Por último, hemos aprobado un Acuerdo que tiene por objeto repartir 65 millones de euros a través de concurso para la adquisición de alimentos para situaciones de primera necesidad. Como bien saben, se ha tenido que trabajar mucho en el ámbito de la Unión Europea para poder mantener ese Programa de Alimentos, que estará dotado para el año 2012 con 65 millones de euros. Será un proceso de licitación que permitirá la adquisición de alimentos de primera necesidad para poder repartirlos entre las organizaciones no gubernamentales y entre los bancos de alimentos, que, hoy por hoy, prestan una labor impagable en aquellos que están pasando una peor situación. También les digo que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se realizarán todos los esfuerzos necesarios para que este Programa se mantenga más allá del año 2014.

En primer lugar, voy a darle la palabra al ministro de Industria, que explicará el Real Decreto Ley en el ámbito energético, y, después, al ministro Montoro.