Intervención del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria

Sr. Soria.- Tal y como ha anunciado la Vicepresidenta, en el día de hoy se ha aprobado, por parte del Consejo de Ministros, un Real Decreto Ley propuesto por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo que incluye tres aspectos diferenciados: en primer lugar, la trasposición de tres Directivas comunitarias en materia de energía, particularmente de gas y de electricidad; una segunda parte consistente en la trasposición de otras dos Directivas relativas a telecomunicaciones; y una tercera parte que incluye un conjunto de medidas que tiene como finalidad corregir los desajustes entre la estructura de ingresos y la estructura de costes en el sistema eléctrico y en el sistema gasista.

Empiezo por el sistema eléctrico. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra economía, uno de los grandes problemas que encontramos cuando llegamos al Gobierno, fue la acumulación --hablo de diciembre del año 2011-- de un déficit eléctrico en el entorno de veinticuatro mil millones de euros, de los cuales diecisiete mil, por tanto, más de dos terceras partes del mismo, están titulizados. Por tanto, es una parte de déficit eléctrico que tiene al aval del Estado.

Siendo un problema en sí mismo esta acumulación del déficit eléctrico, lo es también, y sobre todo, el ritmo de acumulación de generación de ese déficit anual, por cuanto en el momento actual está estimado ese aumento anual en el entorno de unos cinco mil millones de euros. Lo cual quiere decir que, si no se toma ninguna medida para corregir ese ritmo de aumento anual del déficit eléctrico, a la vuelta de unos años estaríamos no afrontando un problema del sector energético, sino que estaríamos ante un auténtico problema financiero.

Por tanto, la conclusión es clara: tenemos que tomar medidas, tenemos que hacer reformas.

Estamos en ese proceso para abordar globalmente un conjunto de medidas y reformas que pueda encauzar este problema importante del sector; pero hace algunas semanas conocimos sendos autos y sentencias del Tribunal Supremo que nos obligan a tomar medidas, sin perjuicio y al margen de las que tomaremos de aquí a algunas semanas de acuerdo a esa reforma energética global.

Pero esos autos del Tribunal Supremo traen causa, a su vez, de recursos que fueron interpuestos, fundamentalmente, por operadores eléctricos del sistema, junto con la organización que agrupa a los operadores del sistema, es decir, UNESA.

Como consecuencia de esos recursos, que fueron interpuestos tanto contra la última orden de peaje del mes de octubre, correspondiente al cuarto trimestre del pasado año, pero también de recursos interpuestos contra la primera orden de peaje, ésa que fija los precios de la luz, en definitiva, que fue publicada en el mes de enero para el primer trimestre de este año; como consecuencia de esos autos, el Tribunal Supremo da un mandato expreso --además, digo que da un mandato expreso porque, sin perjuicio de la sentencia final, el auto lo que incluye es lo que se llama un conjunto de medidas cautelares positivas--, es decir, obliga a hacer otra nueva Orden Ministerial y obliga a que en esa Orden Ministerial el Gobierno cumpla con un mandato legal, que es el mandato legal que deriva del Real Decreto 6/2009, que limita el déficit anual máximo a 1.500 millones de euros; pero, además, obliga a otra cosa, que es a que en el año 2013 ya no haya ningún tipo de déficit. Eso sí, no dice esta disposición cómo hay que hacerlo, pero establece la obligación de que el déficit máximo sea 1.500 millones y, en 2013, déficit cero.

A lo que obliga, en definitiva, a través de estos autos el Tribunal Supremo es a que el Gobierno adopte medidas para que ese mandato de no exceder el déficit de 1.500 millones de euros ni en 2011 ni en 2012 se haga efectivo. Para ello hay algunas propuestas --las habrán visto publicadas en distintos medios de comunicación--, en virtud de las cuales hay quienes piensan que todo ese ajuste, que es un ajuste por un importe, además, de 3.147 millones de euros, vaya todo a la factura del consumidor. En modo alguno el Gobierno se ha planteado esa alternativa porque, si todo el peso del ajuste para cumplir los objetivos del déficit de tarifa lo lleváramos al consumidor, tendríamos que haber aprobado un incremento en la tarifa de último recurso de, aproximadamente, un 40 por 100. Y eso no sólo no lo ha hecho el Gobierno, sino que el Gobierno no se lo ha planteado en ningún momento.

Por tanto, en paralelo a la Orden Ministerial que hoy mismo ha salido hacia la Comisión Nacional de la Energía, el Gobierno ha aprobado este Real Decreto Ley que incluye un conjunto de medidas para el sector eléctrico y el sector del gas. Estas medidas, que, en definitiva, son medidas para proceder al ajuste de la cantidad que dista desde lo que se pueda recaudar con la Orden Ministerial de peaje hasta los 3.147 millones de euros, suponen, en lo que toca al sector eléctrico, lo siguiente: supone en el sector eléctrico una reducción en lo que se llama el coste de la distribución, que es uno de los peajes que se paga, por un importe de 688 millones de euros. Como saben ustedes, la tarifa de la electricidad, el recibo de la luz, en definitiva, tiene dos componentes importantes: tiene un componente de mercado, que es la parte que se obtiene de la subasta de las distintas tipologías de electricidad que generan los distintos operadores, y eso representa algo menos del 50 por 100 en la factura de la luz; y luego hay otro componente, que es el componente de lo que se llaman los costes regulados del sistema, lo que se conoce como peaje. Pues bien, esta disminución a la que me estoy refiriendo, reducción de la distribución, supone un importe de 688 millones de euros.

Para hacernos una idea de lo que estamos hablando, en todo el año 2011 el importe total de estos gastos de distribución, de estos costes de distribución, fue de 5.500 millones de euros para una demanda de 270 millones de megavatios. Ahora bien, hace cinco años, en el año 2006, había una demanda muy similar de 270 millones de megavatios, porque la demanda ha ido disminuyendo a lo largo de estos años; pero, sin embargo, el importe de esa retribución era de 3.276 millones de euros. Para hacernos una idea, exactamente con la misma demanda hoy que hace cinco años la retribución, que va con cargo al sistema, por tanto a la tarifa, es de 2.200 millones de euros adicionales.

La disminución que está practicándose a través de este Real Decreto Ley no llega ni a una tercera parte; son 688 millones de euros. Además, quiero añadir que va con cargo a los activos del sistema ya amortizado, porque la legislación vigente establece que la retribución ha de hacerse justamente con los activos no amortizados, pero no con los activos que estén amortizados. Por tanto, tiene su fundamento y tiene toda justificación.

En segundo lugar, se reducen también los llamados los pagos por capacidad. Los pagos por capacidad es lo que se abona a las centrales térmicas por tenerlas encendidas, aunque no se estén utilizando. Tenerlas encendidas por si acaso, en un momento determinado, haya necesidad de una oferta adicional, lo cual tiene mucho sentido en momentos donde haya tensiones de la demanda. Lamentablemente, no estamos en esos momentos. La caída de la actividad económica trae consigo menos demanda de electricidad y resulta que, así y todo, seguimos pagando por pagos de capacidad de esta naturaleza 842 millones de euros al año. Lo que se hace es aplicársele una reducción del 10 por 100; en total, 84 millones de euros de reducción.

Los pagos que se hacen al operador del sistema, es decir a Red Eléctrica, por distribución, y que van con cargo a la tarifa por un importe de veinte millones de euros, se pasan directamente a que sean sufragados por los operadores del sistema. Hay una reducción en la retribución de la Comisión Nacional de la Energía de sesenta millones de euros. Hay, con cargo a los remanentes del Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía, una disminución de remanente de 613 millones de euros. Hay una reducción de la cuantía que se establece como prima al precio del carbón nacional --para que nos hagamos una idea, anualmente hay una cuantía de 463 millones de euros destinada a este concepto--, prima que se reduce un 10 por 100, por tanto, una reducción de 46 millones de euros. Y hay una reducción de lo que se llama el concepto de interrumpibilidad, también del 10 por 100 sobre los 561 millones, que comporta, por tanto, una reducción de 56 millones de euros.

A todo ello hay que añadir 197 millones de euros que vienen por un cambio en el criterio de contabilización de la retribución de las inversiones hechas por Red Eléctrica Nacional que, en vez de hacerse en base al año anterior, se hace en base al año N-2. Digamos que la retribución de las inversiones correspondientes al año 2011 se hará en el año 2013, con lo cual existe ese colchón de 197 millones de euros.

Todo ello supone un ahorro de algo más de 1.700 millones de euros que hay que unir a los 1.382 millones de euros que vienen derivados del aumento en la tarifa de último recurso, un 7 por 100 --por tanto, muy alejado de ese 30 por 100 que algunos planteaban--, y que supone también un aumento en el coste de la electricidad para las Pymes del 4,1 por 100, de un 2,78 por 100 del coste de la electricidad para los industriales medios y de un 0,91 por 100 para las grandes industrias.

Esto en lo que toca al ajuste en el sector eléctrico. En cuanto a lo que toca al ajuste en el sector del gas, hay que decir que se han adoptado algunas medidas en este Real Decreto Ley también destinadas a introducir cierta racionalización en el sector. ¿Por qué? Porque con la planificación gasista que hay en la actualidad en España, ésa que arranca en el año 2005, hay unos objetivos de incremento creciente en el número y en el volumen de infraestructuras, con una particularidad: estas infraestructuras, como saben ustedes, se financian con cargo también al sistema y con cargo también a la tarifa, de tal forma que, una vez que están hechas, una vez que ha sido hecha la inversión, todo el sistema empieza a financiarlas, se utilicen o no se utilicen.

Y ocurre que, en paralelo a ese aumento en la planificación de infraestructuras gasistas, cada vez se está consumiendo menos gas. ¿Por qué? Porque, en paralelo a esa planificación creciente de infraestructuras, también se han ido primando energías renovables, que lo que hacen es, en definitiva, disminuir la energía que viene de centrales térmicas que utilizan gas. Por tanto, esas infraestructuras se hacen, no se utilizan --de hecho, el grado de utilización de la infraestructura gasista hoy en España está por debajo del 50 por 100--, pero, sin embargo, todos tenemos que seguir pagando la financiación de esas infraestructuras en el recibo del gas a final de mes. Por tanto, también parece que la situación obliga a hacer algo.

Además, por primera vez en el año 2011 aparece un déficit en el sector gasista. Es verdad que es un déficit del entorno de los trescientos millones de euros, muy alejado de lo que es el déficit del sector eléctrico; pero, si no introducimos medidas, crecerá en el tiempo y con el paso del tiempo también podríamos tener un problema similar al que tenemos en el sector eléctrico.

¿Medidas del Real Decreto Ley en materia del sector gasista? Hay una suspensión en la tramitación de nuevas instalaciones de gas natural, suspensión de nuevas plantas de regasificación en la Península, suspensión de la autorización administrativa de los gaseoductos planificados y modificación del sistema de retribución y puesta en servicio de almacenamientos subterráneos. Y en paralelo a estas medidas, también hay una Orden Ministerial, que sale hoy por la mañana hacia la Comisión Nacional de la Energía, para fijar los peajes del segundo trimestre del año 2012 en relación al gas. Y estos peajes comportan una subida la TUR, en la tarifa del último recurso, del 5 por 100 que, junto a las medidas mencionadas con anterioridad, permitirán que el déficit de trescientos millones de euros de este final de año 2011, que se elevaría hasta 510 millones en el año 2012 si no tomáramos ninguna medida, pueda quedarse controlado en el nivel de los trescientos millones de euros.

Y todo esto, como les decía con anterioridad, sin perjuicio de medidas adicionales que, en el conjunto de la reforma energética, a lo largo de las próximas semanas serán dadas a conocer, previo acuerdo en el Consejo de Ministros; pero todas las que en el día de hoy hemos planteado aquí se deben a la necesidad de cumplir los autos del Tribunal Supremo a los que he hecho referencia.