Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Vamos a informarles de los principales asuntos que se han abordado hoy en el Consejo de Ministros; un Consejo de Ministros en el que el ministro de Economía ha presentado también los últimos datos conocidos sobre la situación económica española, especialmente la evolución del Producto Interior Bruto.

La economía española, como saben, creció un 1,4 por 100 en 2014, una décima por encima de la previsión del Gobierno. Eso supone que estamos creciendo ya a un ritmo superior al 2 por 100 en el último trimestre, si hacemos la comparación anual. Es el primer año de crecimiento desde el inicio de la crisis, también con creación de empleo. Somos el país que más crece entre los grandes de la Unión Europea, lo que demuestra que los esfuerzos realizados estos dos años han dado resultados en forma de crecimiento de la riqueza y de reducción del desempleo, que es el principal objetivo de la política económica. Todos los organismos internacionales nos están revisando al alza las previsiones para 2015 y el Gobierno abordará este asunto cuando modifique el Programa de Estabilidad en el próximo mes de abril.

Lo importante es que los ciudadanos, además, con los últimos datos que hemos conocido, van notando día a día esta mejora económica gracias a la creación de empleo, a la rebaja fiscal y la mejora del poder adquisitivo en un contexto de caída de precios. Porque también hoy se ha conocido el IPC adelantado de enero, el -1,4 por 100, igualando el mínimo histórico de julio de 2009. Es una dato bueno para la economía española, ligado también, y mucho, al precio del combustible, y supone especialmente una mejora de competitividad para nuestras empresas.

En consecuencia, el Gobierno continúa con su plan de reformas de cara a fortalecer ese crecimiento económico y esa creación de empleo.

En esa línea de actuación hoy se ha aprobado otro paquete importante de la reforma de las Administraciones Públicas. Como saben, seguimos trabajando por la modernización de la Administración y uno de los ámbitos fundamentales en esa reforma es una mejor atención a empresas y particulares. ¿Qué hemos hecho? Hoy se ha aprobado un Anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley Reguladora de la reutilización de la información del sector público. Con ello transponemos a nuestro ordenamiento jurídico Directivas comunitarias, especialmente una del año 2013.

¿Qué se recoge? La obligación de las Administraciones y organismos del sector público de autorizar la reutilización de documentos, con excepción de aquellos que tengan un acceso restringido o excluido en virtud del ordenamiento jurídico, o las propias excepciones contempladas en la Directiva.

¿Qué es eso de la reutilización? Es la posibilidad de usar documentos que están en manos de la Administración y organismos del sector público, por personas físicas o jurídicas, con fines comerciales o no comerciales, siempre que dicho uso no constituya una actividad administrativa pública. Queda excluido de ese uso el intercambio de documentos entre Administraciones y organismos del sector público dentro de las funciones que tienen atribuidas.

¿Qué novedades incluye esta Ley? ¿Qué mejoras? La extensión de la reutilización de información a tres instituciones culturales: bibliotecas, archivos y museos. Tengan en cuenta el volumen tan importante de recursos, de información, que poseen y los proyectos de digitalización que vienen llevando a cabo. Además, se mejora la regulación de los formatos para la puesta a disposición de la información del sector público, procurando, en la medida de lo posible, que sean formatos abiertos y legibles por máquina junto con sus megadatos. Se fijan las contraprestaciones económicas por la posible reutilización de esos documentos, partiendo siempre del principio de coste marginal en el cálculo de tasas o precios públicos. Además, se incorpora la obligación de fomentar el uso de licencias abiertas para que las restricciones sean las mínimas posibles.

Sólo será admisible la suscripción de acuerdos exclusivos para la reutilización cuando sean necesarios para la prestación de un servicio de interés público. Además, lo que haremos es cumplir con la obligación de remitir un informe trienal a la Comisión Europea sobre esa reutilización.

Una novedad importante es que se incorpora al Centro de Investigaciones Sociológicas, al CIS, a este proceso y pondremos a disposición de la ciudadanía general, y muy especialmente de la comunidad científica, académica y técnica, los datos correspondientes a estudios financiados por el erario público. Además, habrá un banco de datos específico creado en el seno del CIS para hacerlo.

Esta es la primera de las medidas. La segunda es, quizá, más asequible. Dentro del paquete de medidas de la reforma de la Administración hay una parte importante, que es simplificación de trámites y mejora de las pequeñas y medianas empresas, ligada a la facilidad de la creación de empresas. Pues bien, hemos aprobado un Real Decreto por el que a partir de ahora se podrá actuar, con Documento Único Electrónico, para la creación, para la puesta en marcha, de más sociedades, de distintos tipos de empresa.

Hasta ahora, mediante este Documento Único Electrónico, conocido como DUE, podían crearse sociedades limitadas, nueva empresa, sociedades de responsabilidad limitada y empresarios autónomos. Ahora, ¿qué hacemos? Que con este Documento Único Electrónico puedan crearse sociedades cooperativas, sociedades civiles, comunidades de bienes, sociedades limitadas laborales y emprendedores de responsabilidad limitada, mediante un procedimiento de tramitación telemática.

Forma parte de las medidas que llevamos implantando dos años para simplificar la creación de empresas. Una de las medidas es este Documento Único Electrónico, que contiene todos los datos que deben remitirse a los registros y Administraciones Públicas para constituir una empresa electrónicamente en un solo procedimiento, con lo que lo vamos extendiendo. La cumplimentación de este documento se podrá hacer a través de puntos de atención a emprendedor y de la Ventanilla Única, que, por cierto, también reformaremos en las próximas fechas.

Lo que hacemos, por tanto, es facilitar la apertura de empresas con un procedimiento electrónico sencillo, se reducen las cargas y damos respuesta a distintas iniciativas europeas que van en esta misma dirección, como el Small Business Act o la iniciativa en favor del emprendimiento social.

Algunos datos importantes del Centro de Información de Red y Creación de Empresas que podemos anticiparles: en 2014 aumentó la tramitación electrónica un 50 por 100 respecto de 2013 y de ese incremento de trámites, el 72 por 100 correspondieron a autónomos y el 28 por 100, a Sociedades; es decir, los autónomos se incorporan a todo este sistema. Además, el 34 por 100 de las sociedades se tramitaron, es decir, se crearon, en menos de un día y el tiempo de tramitación del 98,5 por 100 de los autónomos es inferior a un día --es decir, el establecimiento del autónomo, en un 98,5 por 100 de los casos, tardó menos de un día-- y ya el 38 por 100 de las nuevas sociedades que se han creado lo han hecho en un día. El objetivo es que el 90 por 100 de las empresas se creen en menos de ese día.

Último asunto de la reforma de las Administraciones Públicas. Hemos aprobado un Acuerdo por el que se adoptan medidas para reforzar el seguimiento de la aplicación del principio de compensación de cargas administrativas. Para entendernos, las cargas administrativas que entran por las que salen --lo he copiado, como ustedes bien saben, de algún personaje conocido, pero me viene muy bien para el caso--, es decir, cada vez que entra una nueva carga en el procedimiento administrativo tenemos la obligación de excluir otra de coste equivalente.

Llevamos ocho Acuerdos de reducción de cargas, distintos Gobiernos, desde el año 2008, de los que la Administración General del Estado acaba de hacer un seguimiento de repercusión y ahorros. Por reducción de cargas, desde el primero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2014 se ha logrado ahorrar, entre Administración y particulares, 18.824 millones de euros; en reducción de cargas de 2008 a 2014.

El objetivo es que esta compensación de cargas se realice en cada Ministerio y en el plazo de un año. Todo Ministerio, al finalizar cada año, tiene que presentar un informe. Si ha habido incremento de cargas, tendrá que compensarlas en el año siguiente. Lógicamente, se establecen excepciones, porque puede haber normativa internacional o normativa comunitaria que nos obligue a introducir nuevas cargas; pero, salvo esas excepciones, tendrá cada año que compensarse el incremento de cargas del anterior.

La Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas es quien hará la evaluación, y emitirá un informe sobre si se han reducido o se han incrementado, la compensación o propuesta de compensación, la normativa a revisar y el descenso de cargas administrativas que hay que adoptar correspondientes.

En otro orden de cosas, hemos aprobado un Real Decreto por el que se modifica la actual ordenación de las enseñanzas universitarias y la regulación de las enseñanzas oficiales de Doctorado, que ahora explicará el ministro de Educación. Con ella se adecua el Espacio Español de Educación Superior al Espacio Europeo.

También, y por eso me acompaña el ministro del Interior, hemos aprobado el Acuerdo por el que el Consejo de Ministros adopta el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta. Es un marco de trabajo de los distintos poderes públicos para actuar de forma coordinada para poder detectar y actuar a tiempo frente a posibles potenciales brotes de radicalización.

Por último, y verán el detalle en la Referencia del Consejo de Ministros, hoy se ha aprobado el Acuerdo por el que se conceden las subvenciones estatales a los partidos políticos. El Consejo de Ministros aprueba las superiores a doce millones y el resto las aprueba el Ministerio del Interior. Tienen todo el detalle de datos. Yo sólo insisto en uno que no sé si está incluido en la Referencia pero, si no, lo incluiremos: de 2011 a 2015, la financiación ordinaria --que así se llama--, la subvención ordinaria, del Ministerio a los partidos políticos ha pasado de 82,3 millones de euros a 52,7 millones de euros. Es un esfuerzo, por tanto, de austeridad por parte de los partidos políticos, que yo también quiero poner hoy en valor.