Respuestas a los medios de comunicación

P.- Mis preguntas son para la vicepresidenta. Me gustaría saber si el Ejecutivo va a trabajar o ya está trabajando para poder modular las manifestaciones en el centro de las ciudades; me refiero, en concreto, a la ciudad de Madrid.

Y sobre los incidentes del pasado sábado, ¿le hubiera gustado a la vicepresidenta un rechazo más claro, más contundente, de las formaciones de izquierda a los ataques que sufrieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por otro lado, ayer conocimos un informe de Cáritas sobre la pobreza infantil en España, con datos francamente dramáticos. Me gustaría saber qué puede hacer o qué va a hacer el Ejecutivo para tratar de paliar este problema.

Vicepresidenta.- Voy a contestar yo a la dos primeras; la tercera la contestará el ministro.

En primer lugar, y sobre el asunto de las manifestaciones, permítanme que parta de una posición inicial, que es la del Gobierno. Como en cualquier derecho, los derechos en nuestro país no son ilimitados: acaban cuando empiezan los derechos de los demás. Y en este debate que se está manteniendo entre libertad y seguridad yo quiero dejar una cosa clara: la seguridad tiene que existir, porque es la garantía de las libertades de otros.

Este Gobierno respeta el derecho de manifestación de todos los ciudadanos, que lo hagan pacíficamente, en los términos que establece la Ley; pero considera que la violencia en esos ámbitos va contra las libertades de todos: de los que se manifiestan pacíficamente y de los que han decidido no manifestarse. Ahí es donde tenemos que encontrar ese equilibrio, porque la seguridad es lo que permite, en primer lugar, la libertad de manifestación pacífica de los que quieren salir a la calle para expresar lo que tengan por conveniente; la libertad de los que no lo hacen, pero que pueden transitar por la calle, abrir sus tiendas, sus negocios o etcétera; y, como hemos visto en estas últimas horas, también la libertad de expresión, la libertad de cátedra y la libertad de información de quienes tienen derecho a seguir practicando. Por eso es la obligación de todos los Gobiernos democráticos mantener la seguridad, porque es la garantía de la libertad.

En segundo lugar, en cuanto al derecho de manifestación, a lo largo de todos estos años los tribunales, muy especialmente el Tribunal Constitucional, han ido estableciendo cuáles son los límites en los que debe ejercerse el derecho de manifestación para lograr un equilibrio entre el derecho de los que se manifiestan y los derechos y libertades de los demás.

Éstos son los dos puntos en los que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque hay que encontrar, y muchas sentencias del Tribunal Constitucional así lo han dicho, de qué manera preservamos el derecho de manifestación para que pueda hacerse en toda su expresión, pero se causen los perjuicios más limitados al resto de ciudadanos, que también tienen derechos; estoy hablando de los comerciantes o del derecho a la libertad individual e inviolatoria de cualquier ciudadano. Eso es lo que este Gobierno busca en las leyes en las que trabaja y lo que busca, cada vez que por parte de las Delegaciones del Gobierno, y en relación a los recorridos, se autorizan o se modifican los recorridos de las manifestaciones. Ése es el ámbito.

Sobre la posición de todos, ¿qué le gustaría al Gobierno? La violencia no tiene ninguna justificación en ningún ámbito. Yo creo que sería muy claro, para salvaguardar el derecho de los que se manifiestan pacíficamente y de los que deciden no hacerlo, que todos seamos muy claros en marcar la línea roja. Y la línea roja que marca la democracia es que la violencia no tiene cabida, porque atenta contra la libertad y el derecho de los que se manifiestan pacíficamente, y contra la libertad y los derechos de los que deciden no hacerlo, contra la libertad de los que están en su tienda, en su negocio, paseando…, contra la libertad de todos los demás.

Creo que ahí, pocos matices y yo les pediría al resto de las fuerzas políticas o a todas las fuerzas políticas que ahí no hagamos matices, porque la diferencia es bien clara: una cosa es manifestarse pacíficamente y otra cosa es aprovechar manifestaciones para atentar contra las libertades del resto de los ciudadanos, contra los derechos de todos los demás, contra el derecho de los ciudadanos a tener en condiciones sus calles y el mobiliario público, o contra el derecho de los que tienen sus tiendas o negocios, sencillamente, a que no les trituren sus negocios y sus tiendas.

Por otro lado, yo quiero reconocer la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Trabajan para garantizar la seguridad y, como decía, la seguridad no es un concepto indeterminado. Esa seguridad es la garantía de la libertad de todos, de los que se manifiestan pacíficamente y de los que no. Creo que sería bueno que todos, al menos, nos pusiéramos de acuerdo en eso y luego que cada uno, respecto a las manifestaciones, a lo que allí se reivindica, ejerza su libertad de valoración. Pero la violencia es una línea que no deberíamos nadie, ni matizar, ni tener, ni escatimar, la condena que se merece.

Sr. Montoro.- En primer lugar, el reconocimiento del Gobierno, y desde luego de mi persona, a la labor de Cáritas, por delante. Cáritas es una organización que hace una función social absolutamente vital, en términos de empujar e impulsar la cohesión social en España.

En segundo lugar, quería decirles que esa emisión de informes sistemáticos son informes de contenido y de medición puramente estadísticos, en términos de que son mediciones estadísticas relativas al concepto de pobreza. Por eso se insertan y sale España con mayor riesgo de pobreza relativa, porque es un términos estadístico, que otros países de la Unión Europea con una renta per cápita muy inferior a España. Cuando se habla en términos estadísticos, se está hablando de otro umbral de renta que lleva a la pobreza.

En tercer lugar, en la presentación pública, que eso ya es otra cosa, la mezcla de conceptos, esto de que la pobreza en España se erradica con un poco más de presupuesto público, está bien para las sociedades centralizadas, de planificación central; pero lo que erradica la pobreza es el crecimiento y la creación de empleo. Si hay más desigualdad en España, es por consecuencia de la crisis y del paro, que ha generado esa crisis; crisis de la que estamos saliendo. Y, cuando se compara con el llamado rescate de autopistas, se está olvidando que, si dejaran quebrar las autopistas, al Estado, a ese presupuesto que han visto ahí, le costaría 3.600 millones en un solo año. De eso se está hablando. Y si al Estado, que tiene que hacer frente a sus responsabilidades porque son concesiones públicas, se le llevan a su cuenta pública esos 3.600 millones, estamos restando en los recursos que debe tener el Estado para llevar adelante esas políticas de cohesión social.

También voy a decir públicamente que todo esto he tenido la oportunidad de explicárselo a los representantes de Cáritas y de otras organizaciones que emiten esos informes, personalmente. Conmigo han estado de lo más razonables en términos de escuchar, de coincidir en el pronóstico y en el diagnóstico, pero luego siguen haciéndolas, ¿no? Entonces, estamos dispuestos a dar todas las explicaciones pertinentes, pero insistirles en que no provoquen un debate que realmente no se corresponda con una realidad, que es la de una España que está superando la crisis económica, con el esfuerzo de todos, como les decía, pero también con políticas que son de cohesión social, como he tenido ocasión de insistir detrás de esas cifras.

P.- Quería preguntarle al ministro de Hacienda. Tras el anuncio positivo de que cumplimos con el déficit en 2013, yo quería ponerle alguna pega. Por ejemplo, ¿nos podría explicar por qué ese desvió de más de dos mil millones, aproximadamente, en el Estado. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se ha ido de las manos o…? Y, después, en las Comunidades Autónomas, que también es, aproximadamente, dos mil millones. Se ha podido compensar con los Ayuntamientos, pero en el Estado me gustaría que nos contara si se van a aplicar nuevas medidas de ajuste para que esto no se vuelva a producir o no es necesario. Y en las Comunidades, ¿alguna vez se va a poner en marcha los procedimientos coercitivos que están previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque, si hay dos mil millones de desfase, supongo que hay varias Comunidades que incumplen con el objetivo de déficit.

Sr. Montoro.- El lunes damos todas las explicaciones de contenidos; también, por ejemplo, sobre el incumplimiento y el grado de incumplimiento de Comunidades Autónomas y demás.

Pero quiero decirles hoy que, en primer lugar, estamos aplicando la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya en España; ya la estamos aplicando y la seguiremos aplicando, obviamente, a quienes más desviación tienen de déficit público.

En relación con las cifras que usted ve, me alegro de que las haya valorado. Ahí estamos. Es que es muy importante lo que está detrás de ello y lo que significa. Ahí estamos contra pronóstico, una vez más.

¿Y por qué, y ya lo tendremos ocasión de explicar, han salido estas cifras? Porque hay un cambio de la situación económica del país y entonces la pregunta también se tiene que referir a la situación que vivimos, señora vicepresidenta y portavoz del Gobierno, en una rueda de prensa en el mes de abril del año pasado, donde los titulares fueron épicos, ¿se acuerdan todos?: "el Gobierno tira la toalla" y tal. No estaba tirando la toalla; todo lo contrario, estábamos haciendo un programa de recuperación económica, como ya está ahí, es visible, y gracias a esa recuperación económica se está pudiendo encajar las cifras. Es decir, si no hubiéramos tenido un cambio de ciclo en el año 2013, cambio de ciclo facilitado por la caída de la prima de riesgo-país, ésta que algunos dicen que no se come de ella… Sí se come, se alimenta el crecimiento económico y el bienestar de la gente de las bajadas de tipos de interés.

Lo que estamos viendo, por tanto, es un cambio de ciclo que es consecuencia de unas medidas de política económica. Se va corrigiendo. La cifra presentada es general, es global, del conjunto del año y, cuando la veamos, vamos viendo cómo se aprecia la mejora durante el año. Por ejemplo, aumenta la recaudación tributaria o se deja de destruir empleo y, por tanto, al sistema público de empleo a final de año le sobran recursos respecto de lo que el propio Gobierno había programado, en términos del crédito extraordinario, el suplemento de crédito, aprobado en el mes de junio. ¿Por qué? Porque se ha dejado de destruir empleo y no está entrando al subsidio de empleo tanto número de personas porque, afortunadamente, está cambiando el ciclo económico.

Por tanto, estamos haciendo la política. Ésa es la política correctora de la situación económica y eso es aplicable también a las Comunidades Autónomas, porque lo que hemos dicho de que bajará esa cifra cuando corrijamos al alza, al PIB, eso ocurrirá también en el déficit de las Comunidades Autónomas, obviamente, de acuerdo con la distribución territorial que haga el Instituto Nacional de Estadística del nuevo PIB. Entonces, para ellas también habrá esa correspondiente reducción.

En resumen, sin la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en las Cortes Españolas en el mes de mayo del año 2012, no estaríamos hablando de estas cifras; pero estas cifras tienen detrás la recuperación económica y donde estamos entrando ya en el crecimiento suficientemente creador de empleo.

P.- Para la vicepresidenta. Ante el debate sobre el futuro de Cataluña, querría saber si el Gobierno considera que se abre una nueva vía de negociación con la propuesta retomada por parte de Convergència i Unió ayer, en el Congreso, de reclamar un Concierto Económico propio para Cataluña y qué posibilidades de negociación hay en esa línea.

Por otro lado, quería saber si el Gobierno había decidido ya quién iba a representarle en el debate del día 8 en el Congreso y si el hecho de que no vaya a estar el presidente de la Generalitat implica que tampoco intervendrá el presidente del Gobierno.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, yo creo que debiera ser el Grupo Catalán de Convergència i Unió quien en este momento explicara en qué posición se encuentra, porque el 8 de abril lo que se debate en el Congreso es una Proposición de Ley aprobada en el Parlamento de Cataluña y Proposiciones de Ley presentadas, entre otros, por esos Grupos con una determinada posición. Entonces, sería bueno saber…, No estaría mal saberlo incluso de la boca del propio presidente de la Generalitat cuál es su posición sobre este punto.

¿El Gobierno? El Gobierno ha dejado bien claro cuál es su posición en relación con la consulta. Además, esa posición, en relación con la imposibilidad de autorizar un referéndum de autodeterminación, se encuentra, entre otros, avalada por el propio Tribunal Constitucional por unanimidad. Ésa ha sido nuestra posición siempre y nosotros sobre la consulta nada más tenemos que decir que la propia Constitución y las Leyes, como lo ha señalado la propia doctrina de nuestro Tribunal Constitucional.

En el resto de asuntos este Gobierno ha dialogado con la Generalitat. Hemos dialogado en muchos ámbitos y en muchos aspectos. Creo que una de las cosas que ha explicado el ministro de Hacienda ha permitido ver cómo entre todas las Comunidades Autónomas se ha ido trabajando para reducir esa cifra de déficit y cómo el Estado ha colaborado para que así sea y para el cumplimiento de los compromisos financieros de todas las Administraciones Públicas, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. Ahí están el FLA y el Pago a Proveedores.

A nosotros todos nos encontrarán, y cualquier Administración nos encontrará, para dialogar, dentro de la Constitución y las leyes, de los asuntos que son clave para el bienestar de los ciudadanos, con independencia de la Comunidad Autónoma de origen.

Sobre la financiación, nosotros estamos en lo que venimos trabajando. Nosotros fijamos posición y trabajamos en lo que nos parece que es nuestra obligación para con los ciudadanos. Hay que evaluar un modelo de financiación, que es el que está vigente en nuestro país; tenemos el mandato y la obligación de hacerlo, y constituir un grupo de trabajo para ese análisis.

Nuestra posición es clara y reiterada: para dialogar, dentro del marco de la Constitución y las leyes sobre cualquier asunto, nos tiene cualquier otra Administración Pública, cualquier Gobierno. Eso sí, después de lo que vimos ayer, creo que son otros los que tienen que explicar dónde están. Nosotros hemos estado donde estamos siempre.

Y sobre las representaciones, oyeron al presidente del Gobierno la semana pasada, escucharon muy claramente y, desde luego, la posición del Gobierno estará con claridad en este debate. Ya sobre las ausencias de los demás, les corresponde a ellos, si de verdad esas ausencias se producen, explicar las razones de por qué no han decidido acudir al Congreso de los Diputados para explicar lo que son, o ellos consideran, sus grandes proyectos políticos.

P.- Tenía dos preguntas; la primera es para la vicepresidenta. Insistiendo en el derecho de manifestación, la alcaldesa Ana Botella ha vuelto a reiterar, una vez más, la necesidad de acotar este derecho y sacar las manifestaciones del centro de las ciudades. Quería saber cuál es la postura del Gobierno, si lo ve con buenos ojos y si cree que tiene encaje constitucional.

La segunda pregunta es para el ministro de Industria. Usted ha hablado de que los consumidores verán, en alguno de los próximos recibos, cómo se les devuelve dinero por lo que han pagado de más. Quería saber si tiene una estimación de cuánto y de cuándo será esa devolución.

Vicepresidenta.- En relación con la pregunta relativa a las manifestaciones, como decía hace unos momentos, sobre ese tema se ha tenido oportunidad a lo largo de la historia de nuestra democracia de debatir, y mucho, porque no es la primera vez que se suscita un debate de esa naturaleza.

Quiero señalar que el Gobierno no ha reclamado ninguna posición jurídica por parte del Ministerio del Interior ni del Ministerio de Justicia, en cuanto a sus titulares, sobre este punto, ni se está trabajando en este sentido. Pero sí hay algo que me parece importante poner de manifiesto y es algo que sí que analizamos, y lo analizan también el Ministerio del Interior o la Delegación del Gobierno, en cada manifestación, que es de qué manera esos itinerarios perjudican lo menos posible al resto de los ciudadanos. Reconociendo el derecho de manifestación, la Delegación del Gobierno, en ocasiones avalada por los Tribunales y en otras ocasiones no, ha rectificado y ha tratado de conciliar ambos conceptos.

En eso es en lo que nosotros estamos trabajando e insistimos en que en este derecho y en su ejercicio vamos a buscar, en todo momento y en cada manifestación concreta, de qué manera, preservando el derecho de manifestación, por supuesto, preservamos también la seguridad y los derechos y las libertades del resto de los ciudadanos para que se vean lo menos perjudicados y lo menos comprometidos posible, porque, claro, también hay que atenderlos, especialmente a los que recurrentemente sufren perjuicios en ese sentido.

Sr. Soria.- En cuanto a las devoluciones, la cuantía a cada uno de los consumidores dependerá del perfil de consumo de cada cual. No va a ser una cuantía, digamos, igual para todos los consumidores.

Lo que sabemos es que se va a devolver, correspondiente al primer trimestre, la diferencia global entre el precio que se fijó por Real Decreto, 48 euros, y el precio real de mercado que se ha constatado a lo largo de este primer trimestre, que han sido 26 euros. Ésos son, aproximadamente, unos trescientos millones de euros y eso es lo que globalmente se va a percibir, pero cada consumidor recibirá aquello que le corresponda a su factura de acuerdo a su consumo.

¿Y el cuándo? Exactamente dependerá también de cada compañía eléctrica. Digamos que quienes antes adopten el nuevo sistema de facturación en ese período que hay entre el 1 de abril y el 1 de julio, antes devolverán; pero para quienes últimos se incorporen, que serán los que agoten los tres meses y lleguen hasta el 1 de julio, el último día para devolver será el 30 de agosto, puesto que habrán transcurrido dos meses desde que acabó el plazo transitorio hasta la primera bimensualidad.

P.- Vicepresidenta, quería hacerle dos preguntas en relación con lo que manifestaba en la anterior pregunta sobre la situación de Cataluña. Por un lado, ¿el próximo 8 de abril en el Congreso el Gobierno hará una propuesta concreta de financiación para Cataluña, una nueva propuesta?

Por otro lado, también se refería a la sentencia del Tribunal Constitucional al respecto y esta sentencia también hace referencia al proceso de Canadá. Me gustaría saber si el Gobierno también tendrá en cuenta o se plantea tener en cuenta, digamos, una solución tipo Quebec.

Vicepresidenta.- Sobre su primera pregunta, como señalaba hace un momento a su compañero --y tengo aquí al ministro de Hacienda, que puede ratificarlo--, nuestro procedimiento en relación con la financiación es el que hemos abierto y en el que estamos trabajando. Estamos evaluando cómo ha funcionado el sistema de financiación anterior, que, por cierto, vino avalado por el entonces Gobierno de la Generalitat de Cataluña, y ver cómo con todas las Comunidades Autónomas podemos construir el mejor sistema, con un objetivo básico y fundamental, que es mejorar la financiación de los servicios públicos de todos los españoles, porque aquí estamos hablando de financiación de servicios; eso es lo que subyace.

Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, la valoración del Gobierno es la siguiente: en primer lugar, consideramos que esa sentencia, aparte de sus fundamentos jurídicos, que ahora analizaré políticamente, tiene una virtualidad muy importante: es una sentencia por unanimidad del Tribunal Constitucional y, por tanto, con carácter unánime los miembros del Tribunal Constitucional dejan sentadas algunas cuestiones que son importantes y que inciden en este debate: en primer lugar, que nadie puede declararse sujeto político soberano más allá del pueblo español en su conjunto, que es lo que dice nuestra Constitución; en segundo lugar, que no cabe la convocatoria unilateral de un referéndum de autodeterminación con arreglo a nuestra Constitución; y, tercero, que las aspiraciones políticas que puedan tenerse al respecto deben encauzarse con arreglo a los trámites constitucionales. Que quien quiera plantear cambios en ese ámbito, y así lo remite el último párrafo de esa sentencia, deberá hacerlo en los términos que establece el propio proceso de reforma constitucional, porque la Constitución es el marco de convivencia y las reglas de juego que nos hemos dado para todos.

P.- Al ministro Montoro. Aragón ha presentado un recurso contra el déficit que le imputa el Ministerio porque considera que no es adecuada la metodología que se ha utilizado. ¿Qué va a hacer el Ministerio al respecto?

Tienen, además, ya los datos que presenta el lunes. ¿Cuál es exactamente el desfase que imputan a Aragón y qué camino le queda a esa Comunidad ahora mismo?

Y a la vicepresidenta. El Consejo General del Poder Judicial cree que la Ley de Seguridad Ciudadana es inconstitucional o podría ser inconstitucional. ¿Se plantean matizar esa Ley? ¿Están convencidos de su necesidad?

Sr. Montoro.- La metodología para todas las Comunidades Autónomas es la que se ha venido haciendo desde hace ya bastante tiempo. Concretamente, lleva vigente, en términos de evaluación de los ingresos de las Comunidades Autónomas, del orden de catorce años. Por tanto, es la que se venía haciendo el año pasado, el año anterior y demás. Eso es lo que debo responderle a ese respecto.

Es normal, como ustedes saben, que exista una discrepancia siempre entre la cifra que evalúa la propia Comunidad Autónoma, los propios Gobiernos autonómicos, y la que finalmente determina la Intervención General del Estado, aplicando las normas Eurostat de Contabilidad Nacional. O sea, en discrepancias tampoco hay que llamarse a mayor desengaño. Esto no da lugar… Entiendo que no estamos ante conflictos y piensen que tampoco las cifras de desviación son especialmente significativas.

Dicho esto, por supuesto, siempre estamos abiertos a seguir mejorando esas metodologías; pero, insisto, contrastándolas en todo momento con Eurostat, que es el árbitro en términos de aplicación de la metodología de Contabilidad Nacional de cualquier Administración. Somos un país políticamente muy descentralizado, con todas las Administraciones que hay detrás de esas cifras agregadas que he presentado, y, por tanto, tenemos que tener muy claro que lo que estamos haciendo es aplicando metodología puramente Eurostat y validada y contratada con Eurostat.

A ese respecto, cualquier reclamación nosotros, por supuesto, la estudiaríamos, pero sobre todo la tenemos que contratar con Eurostat para seguir perfeccionando y aplicando la confianza que merecen las instituciones. En ese terreno, cualquier Administración, insisto, ha hecho una tarea de reducción del déficit público realmente notable, gracias a lo que podemos presentar esa cifra agregada, que es la fiabilidad del conjunto de las Administraciones de España.

Vicepresidenta.- El Gobierno ha presentado un Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, entre otras cosas, porque teníamos y tenemos una obligación. Los cambios en el Código Penal han hecho --Proyecto que se ha presentado-- que determinadas conductas que antes tenían una reacción y una sanción penal --es decir, no eran meras infracciones administrativas; tenían una reacción penal ante un tribunal penal y como resultado una sentencia penal, y, en su caso, una pena y unos antecedentes penales-- hayan dejado de ser consideradas como delitos o faltas y pasan a ser, en su caso, merecedoras de un reproche inferior, que es una sanción administrativa.

Como consecuencia de esa obligación primera, que a determinadas conductas castigarlas de manera inferior o con un reproche penal inferior, porque no es lo mismo a uno que le pongan una multa administrativa que tenga un proceso penal ante un tribunal que termine con una condena penal, había que adaptar el elenco o el conjunto de infracciones y sanciones de la propia Ley de Seguridad Ciudadana.

Habida cuenta de los años transcurridos desde esa Ley y buscando, como decía hace un momento, garantizar la seguridad, porque es la garantía de los derechos y libertades de todos, se ha presentado una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, de la que hay un Anteproyecto. De ese Anteproyecto, y como todos ustedes saben, el Gobierno recaba los informes de distintos órganos. El Poder Ejecutivo le reclama, en este caso, al Consejo General del Poder Judicial, órgano de los jueces, su informe, igual que se demanda de otros, y, entre otros, el Consejo de Estado, porque ése es el trámite.

Indudablemente, si el Consejo General del Poder Judicial ha considerado, que no la Ley, sino algunos de sus preceptos tienen que ser adaptados o modificados para garantizar su plena constitucionalidad, desde luego lo estudiaremos con el máximo interés, como estudiamos todos estos informes, porque para eso se piden. Los pedimos para que nos ayuden, en el ámbito de la redacción de las leyes, a hacer las mejores leyes técnicamente posibles, también las más efectivas, porque también de eso se trata, y siempre, y por supuesto, dentro del marco de la Constitución.

P.- Vicepresidenta, quería preguntar si el Gobierno considera que los actos violentos que hemos visto desde el sábado son equiparables a la "kale borroka" y, por lo tanto, debieran ser considerados también como terrorismo callejero.

Vicepresidenta .- Yo lo que quiero dejar bien claro, y lo he dicho hace un momento, es que la violencia no es admisible en ningún ámbito, que lo que hemos visto estos días en las calles es una violencia absolutamente radical e inadmisible; y que, desde luego, por parte del Gobierno y por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se actúa y se reacciona, y además se perfeccionan esa reacción y esos dispositivos, porque para eso estamos.

Lo que tenemos que hacer, yo creo que entre todos, es condenar esos actos y no darles a los violentos ni el mínimo resquicio que entiendan que alguien puede llegar a entender o a, digamos, cuestionar menos la violencia por donde provengan; es decir, una reacción muy clara de tolerancia cero frente a la violencia. En segundo lugar, por parte del Gobierno, mejorar normas y dispositivos para garantizar la libertad de todos, y, sobre todo, tener pendiente y tener muy presente una cosa: defender el derecho de manifestación es precisamente evitar que los violentos participen en ese tipo de actos; evitar que el derecho de manifestación, al final, derive, por acto de los violentos, no de los que van a expresar lo que tienen por oportuno, en las escenas que hemos visto.

Yo lo que, desde luego, pediría a todos es ahí bastante claridad. Que no piense nadie de los que aprovechan de paso que hay una manifestación para, si me permiten la expresión, montarla, sepan que tienen la cobertura de nadie. Desde luego, la del Gobierno no la van a tener; la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tampoco. Creo que de la sociedad democrática en su conjunto nadie quiere esas escenas en la calle y yo espero que ahí estemos todos unidos para demostrar que garantizar el derecho de manifestación es también evitar que en esas manifestaciones participen los que van buscando lo que van buscando: lo que hemos visto estos días en las calles, que, desde luego, es poco edificante y creo que todos debemos condenar.

Muchísimas gracias.