Intervención de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín

La Moncloa, Madrid

Sra. Pajín.- Como ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, quiero empezar poniendo en valor los contenidos del Consejo de Ministros de hoy. Son todos ellos una apuesta muy clara por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres --lo decía el Vicepresidente--, tanto la Ley que va a defender la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, que pone fin a una desigualdad existente en nuestro país en el ámbito de la propiedad de las explotaciones rurales, como la apuesta de cero a tres años, teniendo en cuenta que, además de ser una apuesta por la educación, por la pedagogía de los niños y niñas, es, sin duda, uno de los mejores instrumentos para la conciliación de la vida laboral y familiar; y, por último, la aprobación definitiva y remisión a Cortes con carácter de urgencia de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación.

Como bien saben, desde que presentamos el primer borrador, a principios del mes de enero, se ha producido un amplio proceso de participación y de deliberación de esta Ley en diferentes foros. Me gustaría destacar, en primer lugar, la alta participación que se ha producido en estos meses hasta llegar al texto definitivo que hemos aprobado hoy. Con ello me refiero al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Económico y Social y a las Comunidades Autónomas, así como a la sociedad civil, desde el Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato, pasando por la Plataforma de ONGs de Acción Social, el Consejo Estatal de Mayores, Comisiones Obreras, UGT, CEPYME, CEOE y todos y cada uno de los foros sociales que existen en nuestro país y que han opinado sobre esta Ley.

Es su momento trasladamos la intención del Gobierno, si recuerdan, de elaborar un texto que contara con un alto consenso y con una alta aportación de nuestra sociedad, y creo que lo hemos conseguido. Hemos logrado concitar un importante consenso social en torno al texto, que esperemos que tenga también su traslado al consenso parlamentario. Es una ley, como decía el Vicepresidente, que responde al compromiso de este Gobierno de seguir desarrollando y ampliando derechos civiles y es una apuesta clara por la igualdad de oportunidades, y una ley, además, que responde al hecho de que cualquier Gobierno debe apostar porque toda la ciudadanía pueda ejercer plenamente sus derechos, disfrutando así de una verdadera ciudadanía democrática y evitando que nadie sea discriminado en la sociedad.

Es una ley, por tanto, necesaria, porque aspira a mejorar la integración y la convivencia en nuestra sociedad, una convivencia basada en la igualdad de todas las personas; además, una ley que trata de ampliar y de garantizar derechos para sentirse amparadas por las leyes en caso de cualquier tipo de discriminación; una ley, por otro lado, que va a identificar mucho mejor que el ordenamiento jurídico actual las formas de discriminación y que refuerza la cobertura legal de quien sufra una discriminación, y también una ley que promueve la sensibilización hacia una ciudadanía más tolerante y un mayor comportamiento cívico.

Es, además, una ley que no crea nuevos derechos, y lo dije desde el primer momento, sino que extiende los derechos y garantiza aquellos que ya existen, incluso en nuestra Constitución Española.

Por ello, resumiría finalmente esta Ley en cuatro elementos básicos: es una ley integral, una propuesta para dar cumplimiento al compromiso político de una ley general, que modifica, además, otras leyes; es una ley para avanzar en la igualdad real y efectiva de los ciudadanos y ciudadanas, y una apuesta por la convivencia; es una ley marco, básica, que aspira a establecer en un solo texto la regulación del derecho a no ser discriminado y, por tanto, a esclarecer nuestras leyes en ese sentido, y es una ley de garantías, porque garantiza y porque promueve la igualdad de trato y la no discriminación.

Quiero terminar, una vez más, agradeciendo el trabajo y el impulso personal de la anterior ministra de Igualdad y hoy secretaria de Estado de Igualdad, y de todos los miembros del Gobierno, porque, como bien decía el Vicepresidente, es una ley compleja, una ley que afecta a prácticamente la totalidad de los Departamentos del Gobierno, y la hemos trabajado de forma conjunta y compartida, a la que ahora se han sumado, como digo, todos y cada uno de los agentes sociales de este país, que han hecho una gran labor. Hemos incorporado todos sus comentarios al texto y, por tanto, es una ley que hoy se remite al Parlamento con un altísimo grado de consenso y de participación de la sociedad española.