Intervención del vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes

La Moncloa, Madrid

Vicepresidente.- El Consejo de Ministros hoy ha aprobado un conjunto de medidas de reforma estructural y estímulo económico. En este primer año de Legislatura la actividad del Gobierno ha estado volcada en la puesta en marcha de medidas fiscales y acciones sociales para hacer frente a la crisis económica, hemos aprobado un centenar de medidas, a grosso modo, y yo creo que podemos estar razonablemente satisfechos de los resultados obtenidos hasta ahora.

Es verdad que, al igual que el resto de los grandes países desarrollados, la economía española se encuentra en recesión, sin embargo, nuestros resultados en el año 2008 en términos de crecimiento fueron algo mejores que la media europea y nuestro sistema financiero, sobre todo, se ha revelado como uno de los más fuertes a nivel internacional; probablemente el que mejor está soportando una crisis financiera mundial que dura ya veinte meses.

Hay un aspecto, sin embargo, en el que nadie puede estar contento, y nosotros tampoco, porque nuestra situación es claramente desfavorable. Estoy hablando, como es lógico, del empleo y su contrapartida: el paro. Por tanto, todo el esfuerzo del Gobierno se centra en la aplicación de medidas que ayuden a la reactivación de la economía y a la generación de empleo.

Ahí hay que encajar las medidas que hoy se adoptan, que se dirigen, por un lado, a facilitar la actividad de las empresas asegurándoles cobertura para que puedan continuar desarrollando su actividad comercial, rebajándoles los intereses que pagan al Estado cuando piden el aplazamiento de sus deudas, dándoles certidumbre sobre el mantenimiento de la deducción de actividades de Investigación y Desarrollo, y mejorando la Ley Concursal que se ha mostrado, en una situación de crisis, como excesivamente rígida y planteando algunos problemas prácticos de importancia. Por otra parte, se dan más garantías para los inversores para que suscriban emisiones de entidades de crédito avaladas por el Estado, de forma que reforzamos esa vía de financiación en nuestro sector financiero.

Junto a estas medidas de carácter inmediato, como insisto siempre, no hay que olvidar el después de la crisis y el después de la crisis es qué tipo de medidas estructurales conviene ir poniendo en marcha para estar en buenas condiciones en el momento en que la crisis se haya superado. A esa idea responde el conjunto de medidas de tipo estructural que se han adoptado hoy que, en mi opinión, son las más importantes de esta Legislatura. Me estoy refiriendo a la liberalización del sector servicios, la aplicación de la famosa Directiva comunitaria de liberalización de servicios, que incluye también una reforma de cierta entidad en los Colegios Profesionales y que, como ha dicho la Vicepresidenta, podría generar hasta la creación de doscientos mil empleos en nuestro país y añadir más de un punto del PIB de crecimiento.

A partir de ahí, voy a entrar a hacer algún comentario rápido sobre la trasposición de la Directiva de Servicios; tienen ustedes todos la información.

Como decía, el Gobierno ha dado ahí un paso importante en esta liberalización y hemos aprobado dos leyes. La primera es la que traspone a la legislación española la Directiva de Servicios. Ésta es una ley que, como ustedes conocen, es la que denominamos "ley paraguas". Es una ley de naturaleza horizontal, que recoge los principios de la Directiva de Servicios, es decir, el libre acceso de todas las actividades de servicio, la libertad de establecimiento y libertad de prestación de servicios; y a partir de ahora será referencia para cualquier norma que afecte al sector servicios. Esta Ley ya viene del Consejo de Estado, por lo tanto la aprobación ya es definitiva, y pasa al Parlamento para iniciar el debate.

Sin embargo, es verdad que esta Ley, llamémosla de naturaleza horizontal, luego hay que aplicarla a los distintos servicios prestados en el país y a toda la normativa que afecta a servicios, y eso se lo que se llama la "ley ómnibus". La "ley ómnibus" no es ni más ni menos cómo se aplican a los distintos sectores esos principios generales de la ley horizontal. Aquí afecta, de momento y digo "de momento" porque éste no es un proceso que termine con esta norma y va a seguir vivo en el procedimiento que ahora iniciamos a 46 leyes estatales, se eliminan completamente catorce regímenes de autorización previa, otros veintisiete se sustituyen por comunicaciones, notificaciones o declaraciones responsables y se reforma, como he dicho antes, en algunos aspectos la Ley de Colegios Profesionales.

A diferencia de la primera Ley, que digamos que ya está terminada y va al Parlamento, para la "ley ómnibus" es el primer debate del Consejo de Ministros. A partir de ahora se colgará en la web del Ministerio y se abre a debate público. Estamos seguros de que recibiremos mucha información de todos los afectados; con esa información se perfilará el Anteproyecto de Ley del que actualmente disponemos; irá al Consejo de Estado, como ha ido la anterior; y sólo a partir de ese momento, cuando ya tengamos todo ese camino recorrido, la enviaremos al Parlamento para que sea aprobada.

Decía que, si conseguimos avanzar en la Directiva de Servicios en la línea que está prevista por la Comisión Europea, y ésta es una operación compleja, que va a durar muchos meses o incluso años, al final tendremos un incremento del PIB del 1,2 por 100; del empleo, en el 0,24 por 100; de la productividad en casi un punto; del consumo, un 1,2 por 100 prácticamente; de la inversión, un 0,8 por 100, pero también tendremos un incremento del salario real de los ciudadanos del 1,3 por 100.

En cuanto a la Ley, la que hablamos hoy como primera ley que vaya al Parlamento, del Libre Acceso a actividades de servicio y su ejercicio, este país tiene una tradición de pedir autorización para todo, pero el problema es "suprimamos la autorización"... Imaginemos que los ciudadanos ya son mayores de edad, que saben qué obligaciones tienen que cumplir y, en consecuencia, para ejercer ciertas actividades no hace falta que se lo autoricemos; basta con que nos hagan una comunicación diciendo que cumplen las condiciones y, por lo tanto, pasan a ejercer esa actividad.

Por supuesto, eso no quiere decir que no haya casos específicos en que no haya que pedir autorización o se siga pidiendo esa autorización, pero esos casos tienen que ser muy justificados por interés general y, por supuesto, la demanda de documentación y de trámites administrativos que se exigen tienen que ser proporcionados. Eso supone que tenemos que llevar a cabo un análisis de todos los requisitos actualmente existentes, ver si cumplen con esos principios comunitarios y aceptarlos o corregirlos.

Por otra parte, se garantiza la libre prestación de servicios para prestadores ya establecidos en otro Estado miembro que quieren ejercer temporalmente una actividad de servicios en el territorio español. Evidentemente, esto tiene una contrapartida que todos ustedes entenderán: si un alemán puede ejercer su actividad en cualquier sitio de España, parece razonable que cualquier español también pueda ejercer su actividad en cualquier sitio de España, sea cual sea su lugar de residencia.

Simplificamos al máximo todos los procedimientos administrativos y limitamos el uso de trámites físicos a situaciones muy excepcionales.

Y hay un punto al que le damos especial importancia, y es que hasta ahora la Administración ha estado muy preocupada por tener la garantía de que se cumplen ciertos procedimientos en una declaración a priori; ver si se cobran ciertas tasas o no se cobran; tenemos las estadísticas, que nos vienen muy bien… Todo eso es estupendo pero, y el ciudadano ¿qué? Aquí el problema es invertir el modelo y decir: el derecho y la protección de los consumidores, de los ciudadanos, es fundamental y, por tanto, lo que es importante es que el ciudadano funcione de manera más eficiente; que si la Administración tiene que controlar ciertas cosas, que las controle pero generando el menor número de problemas a los ciudadanos y, evidentemente, en vez de pasar de sistemas de control a priori pasar a sistemas de control a posteriori.

Un buen ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, en la evolución del sistema fiscal español, desde las viejas declaraciones de Hacienda al nuevo modelo de declaraciones que recibe uno de la Agencia Tributaria y que confirma que está de acuerdo o no está de acuerdo. No es exactamente el mismo procedimiento. Aquí será el ciudadano quién hace su declaración, pero corresponde a la Administración, lógicamente, comprobar que esa actividad se va a producir de forma correcta.

A partir de ahí nos queda el segundo gran paso, que es la nueva Ley, la que llamamos "ómnibus". La nueva Ley lo que hace es dar un repaso a todas las leyes actualmente en vigor y ver qué es lo que se puede hacer ya. Aquí ponemos algunos de los ejemplos que se incluyen en la nueva Ley; pero, como digo, esta nueva Ley tiene una cierta tendencia a ir ampliándose al futuro e ir introduciendo otros procedimientos que sin duda existen.

En actividades industriales, por ejemplo, se sustituye el régimen de autorización administrativa previa de las actividades industriales por el de comunicación o declaración responsable del interesado. La declaración responsable es un nuevo concepto que se incluye en la "ley paraguas", que lo que quiere decir es que quien hace la declaración la hace conociendo cuáles son las condiciones que tiene que cumplir y, en cierta medida, se responsabiliza de que lo que declara es correcto, de acuerdo con lo que tiene que cumplir.

En el sector energético se sustituyen cuatro regímenes de autorización previa por comunicaciones de inicio de actividad a la autoridad competente.

En telecomunicaciones se sustituye la autorización para la prestación de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación por una declaración responsable.

En servicios medioambientales y agricultura, en términos generales, se eliminan autorizaciones o se sustituyen por trámites más rápidos y sencillos, o bien la declaración responsable, o la simple comunicación, en todas las actividades de los servicios relacionados.

En Colegios Profesionales no es un gran cambio, no es una modificación total de la Ley de Colegios, pero, sin embargo, sí hay algunos aspectos muy importantes. Los Colegios Profesionales son agentes cooperadores de la Administración, por llamarlo de alguna forma. Es verdad que tienen una capacidad de actuación, en algunos casos, por Ley y en otros casos han ido más lejos que lo que las leyes establecen. Muchas veces ese ir más lejos no necesariamente es compatible con las normas de competencia y hay que volver al origen de algunos de estos elementos.

Por eso, hay que eliminar las restricciones injustificadas a la publicidad de los servicios profesionales. Se debe suprimir la función de los Colegios de fijar baremos orientativos de horarios o cualquier recomendación sobre precios como normal general; puede haber algún caso específico que por sus características, y algún caso estamos viendo, tenga que respetarse, pero la norma general debería ser ésa. La solicitud de visado colegial de los trabajos profesionales, que en estos momentos se pide de forma general, debe ser voluntaria, excepto en los casos específicos que estén fijados por Ley. Se deben eliminar las restricciones impuestas por los Colegios para el ejercicio conjunto o simultáneo de dos o más profesiones, pues no hay ninguna razón de, por estar colegiado en un sitio, no poder ejercer otra profesión.

En definitiva, son correcciones importantes sobre el sistema actual de Colegios que, no obstante, yo creo que permitirán que los Colegios mantengan sus responsabilidades fundamentales y que, sin embargo, no sean contradictorios con la legislación existente en términos de competencia.

En cuanto al Real Decreto Ley, como he dicho, incluye una serie de elementos que pueden ser de interés. El primero es poner en marcha el reaseguro de operaciones de seguro de crédito. ¿Qué quiere decir esto? Algunos de ustedes, que han seguido lo que hemos estado haciendo durante este período, saben que en las operaciones de liquidez --para que nos entendamos-- del ICO en una línea concreta el riesgo se corre en parte por el ICO y en parte por la entidad financiera.

Aquí ahora nos encontramos con que en el seguro, precisamente por el exceso de riesgo, algunas compañías de seguro no cubren ciertos seguros, especialmente en lo que se refiere al crédito, con lo cual es difícil muchas veces que los ciudadanos o las pequeñas empresas vayan a los Bancos y obtengan recursos. ¿Qué hacemos aquí? Lo que hacemos es reasegurar, y por lo tanto tomar nosotros parte del riesgo de ese seguro, de tal forma que ampliemos la capacidad de las empresas de seguros para dar más seguro de crédito.

En momento de dificultades económicas como las actuales, evidentemente, el comportamiento de las empresas de seguros es restringir el crédito. Con esta medida lo que hacemos es incentivar ese seguro de crédito, porque es fundamental.

¿Quién va a jugar el papel que juega el ICO en el otro tema? Por supuesto, el Consorcio de Compensación de Seguros, que va a reasegurar las operaciones de seguro de crédito.

Evidentemente, limitamos los riesgos de las aseguradoras, favorecemos a las empresas y el resultado final es que, lógicamente, con mayor crédito pueden aumentar las ventas y puede aumentar la actividad.

Para que tengamos un orden de magnitud de lo que estamos hablando, con una cantidad que vamos a aportar inicial de unos doscientos millones de euros podemos asegurar y llevar a cabo operaciones comerciales por valor de hasta cuarenta mil millones de euros. Evidentemente, este riesgo lo va a financiar el Consorcio de Seguros con sus medios y con sus márgenes de maniobra.

El segundo tema del Real Decreto Ley, al que ha hecho también referencia la Vicepresidenta, es la rebaja de los tipos de interés legal del dinero y de demora. El tipo de interés legal del dinero es referencia para muchas actividades económicas y lo bajamos del 5,5 al 4 por 100. El tipo de demora es el tipo que tienen que pagar los ciudadanos, especialmente los contribuyentes, cuando no llevan a cabo el pago de sus obligaciones tributarias. Lo que hacemos aquí es bajar del 5,5 al 4 por 100 el tipo de interés legal del dinero y, el de demora, del 7 al 5 por 100.

Éste es un debate que lo hemos visto en el Parlamento en los últimos días, haciendo una comparación, por otra parte, incorrecta por parte de quien planteaba el tema, diciendo "dado que el dinero es más barato entendiendo por el coste del dinero el del Banco Central Europeo, que no es el dinero que dan los Bancos, sino el precio al que reciben los Bancos el dinero--, tendrían que bajar de forma muy sustancial estos tipos".

Hemos seguido la misma técnica que se ha utilizado siempre para el cálculo del interés legal del dinero y del tipo de demora, que es ver la evolución de los bonos del Estado a cinco años, que es más o menos el coste que le cuesta el dinero al Estado, y establecer un cierto diferencial. El resultado final es esta reducción en la situación actual y, tomando un ejemplo, una deuda de mil euros pasaría de pagar 52,5 euros al año a pagar, con esta nueva rebaja, 37,5 euros al año.

Otro tema importante es el de deducción por actividades de I+D+i. Aquí ¿cuál es la idea? Recuerden ustedes que tenemos todavía un sistema en vigor de I+D+i de apoyo a las empresas. Este sistema de I+D+i plantea algunas dificultades por el ámbito de aplicación como consecuencia de la normativa comunitaria, y en la modificación del Impuestos de Sociedades lo que hicimos fue suprimir a largo plazo el modelo de I+D+i tradicional español por las desviaciones que podía generar y sustituirlo por un modelo de apoyo a los investigadores, que nos parecía de más interés.

Sin embargo, es verdad que el sistema de I+D+i en su conformación tradicional ha funcionado de manera eficiente durante este período. Habíamos puesto un plazo de vigencia hasta el año 2012, pero algunas de las inversiones de I+D+i exigen más de tres años para ponerse en marcha. Lógicamente, hemos visto cuál ha sido el comportamiento presupuestario de este concepto durante estos años y creemos que se puede suprimir ese año, el año 2012, como año en que se debe revisar y, por lo tanto, se podría modificar el sistema. Dicho de otra forma, prorrogamos indefinidamente el sistema y creemos que esto va a tener un impacto positivo en algunas inversiones de I+D+i que en estos momentos se están planteando.

Hay otro tema muy técnico, pero importante, que es mejorar la garantía para los inversores en emisiones de entidades de crédito avaladas por el Estado. Como saben ustedes, estamos avalando emisiones de empresas, de Bancos; sin embargo, las agencias de "rating" se plantean un problema diciendo: "en el caso de que haya un fallido, ¿qué sucede mientras se produce el fallido y usted me paga?", porque hay necesidad de cubrir ese coste que, por razones de procedimiento, se produce inevitablemente. Desde que se produce el fallido hasta que se pueda pagar van a producirse equis meses de demora o equis semanas. Aquí lo que decimos es: "no se preocupe usted, esas semanas las vamos a pagar también porque nuestro interés, evidentemente, es que ese sistema funcione y funcione de la forma más eficiente posible, y no se planteen dudas a nadie respecto a lo que esto significa".

Por último, viene todo el paquete de Ley Concursal, sobre el que ya la Vicepresidenta ha hecho algún comentario. Yo únicamente les diré que afecta al tema de refinanciación de empresas fiables y favorece los convenios anticipados para la pervivencia de las empresas evitando su liquidación.

Éste es un tema muy, muy, fundamental en una situación de crisis. Seguramente, ustedes han oído en algún momento o han escrito en algún momento sobre que los acreedores, en muchos casos los Bancos, no están dispuestos a llegar a acuerdos con ciertas empresas, porque en el modelo actual de concursos de acreedores esos pactos se pueden revisar y pueden incluirse en la masa de la quiebra perdiendo sus derechos prioritarios que pudieran tener. Esa posición, que lógicamente lo que pretende es evitar el fraude en una situación de normalidad, en una situación como la actual lo que produce es que se recurra excesivamente al concurso y que paralicemos la solución de algunos problemas.

Se agilizan los procedimientos para cubrir los costes, se revisa la situación de determinados créditos en cuanto a la prelación y se mejora, como ha dicho la Vicepresidenta, la situación de los trabajadores en empresas en concurso.

Éstas son las medidas fundamentales que creemos que van a jugar un papel clave. Son otro impulso más para mejorar las cosas, pero para mejorar las cosas, no tanto o no sólo a corto plazo, sino sobre todo a medio y largo plazo.

No olviden ustedes que los servicios son en estos momentos más del 60 por 100 de la actividad de este país. Si somos capaces de tener unos servicios mucho más eficientes, tendremos, sin duda alguna, precios más baratos, más PIB y más empleo. Ésa es la idea y con ese objetivo se va a seguir trabajando en esta línea que, como decía, la empezamos hoy, pero va a durar muchos meses.