Intervención de la vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega

La Moncloa, Madrid

Vicepresidenta Primera.- Buenos días. Como ven, nos acompaña nuevamente la Vicepresidenta Segunda y es que el Consejo ha tomado hoy dos importantes decisiones relacionadas muy directamente con sus competencias; se trata de un Anteproyecto y de un Real Decreto Ley.

Comienzo por el Anteproyecto. Es un Anteproyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Como ya les dije la pasada semana, el Gobierno combate y combatirá el terrorismo con todos los recursos del Estado de Derecho. Además de la actuación de jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la importante cooperación internacional, la vigilancia de las finanzas es un poderoso e importante instrumento de cooperación, no sólo para luchar contra los violentos, sino para prevenir otros delitos relacionados con la corrupción y el lavado de dinero negro.

Este Anteproyecto de Ley adapta la legislación española a la europea y mejora notablemente nuestra normativa actual, evitando duplicidades y haciéndola más moderna y más eficaz. En concreto, se deroga la Ley sobre Determinadas Medidas de Prevención del Blanqueo de Capitales, que tiene más de quince años, y se modifica la Ley de Prevención y Bloqueo de la Financiación del Terrorismo aprobada en el año 2003.

La Vicepresidenta les facilitará los detalles. Por mi parte, tan sólo decirles que la pretensión del Gobierno a la hora de introducir estas modificaciones es la de, no sólo adaptarnos a Europa, sino ser más eficaces en la lucha contra el blanqueo de dinero y contra la financiación del terrorismo, que combatiremos a base de transparencia, de control y con todos los instrumentos que nos ofrece el Estado de Derecho.

Con respecto al Real Decreto Ley, se trata de un Real Decreto Ley por el que se crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Aunque el sector bancario español, como ustedes saben y nos han oído decir en múltiples ocasiones, ha demostrado tener una probada solvencia, en la actual coyuntura de crisis económica internacional algunas entidades financieras podrían tener algunas dificultades en los próximos meses. Para ello el Gobierno ha aprobado esta mañana una serie de medidas, en las que ha venido trabajando en las últimas semanas la Vicepresidenta y tratando de buscar el máximo consenso, para facilitar la reestructuración bancaria, manteniendo la confianza en el sistema financiero nacional e incrementando su fortaleza.

El Fondo que creamos tendrá dos objetivos principales: gestionar los procesos de reestructuración de entidades de crédito, incluidos establecimientos bancarios, cajas de ahorro o cooperativas de crédito, y contribuir a reforzar sus recursos propios en los procesos de integración. En definitiva, tratamos de que ninguna entidad tenga problemas y tratamos de crear una mejor situación en orden a la percepción y normalización del crédito. Vamos a seguir generando confianza en nuestro sistema financiero, prestando apoyo ante los problemas que puedan surgir.

La Vicepresidenta les ofrecerá más detalles sobre este importante Real Decreto Ley.

Pero en el Consejo de hoy, que ha tenido un orden del día de mucha entidad, también hemos aprobado otro importante texto. Se trata del Proyecto de reforma de la Ley de Extranjería.

Saben que la inmigración ha sido y es una de las principales ocupaciones del Ejecutivo desde la pasada Legislatura. Pues bien, hoy, tras su paso por el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, el Foro de la Inmigración y el Consejo General del Poder Judicial, les presentamos una norma con la que queremos pasar de una Ley de Extranjería a una Ley de Inmigración.

Saben que nuestro objetivo en esta materia ha sido siempre muy claro: inmigración legal, ordenada, integrada, con derechos y obligaciones de ciudadanía. Para conseguirlo, en esta Ley hemos apostado por el consenso, el rigor y la eficacia.

Somos conscientes de que la inmigración es ya una realidad en nuestra sociedad, de la que forman parte cuatro millones y medio de residentes extranjeros. El texto que hoy les presentamos es equilibrado y garantista, incorpora la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y transpone a nuestra normativa las Directivas europeas en la materia. Junto a ello, como antes les apuntaba, el Proyecto de Ley perfecciona el sistema de flujos migratorios en función del mercado de trabajo, aumenta la lucha contra la inmigración irregular y favorece la integración de los inmigrantes; sobre todo esto último, mediante iniciativas educativas, asumiendo los principios del Pacto de Inmigración y Asilo de la Unión Europea.

También se abordan reformas en la reagrupación familiar, aplazando la de los ascendientes hasta que tengan 65 años o existan, en su caso, razones humanitarias, y posibilitando la de las parejas de hecho. En los procedimientos de repatriación, como saben, se aumenta el periodo de internamiento de cuarenta a sesenta días, pero, sin duda, incorporando garantías. Se trata de poder hacer las cosas mejor.

El Proyecto de Ley de Extranjería, con todas estas novedades, inicia ahora su andadura parlamentaria. El Gobierno espera que todos los grupos políticos y parlamentarios busquen, desde la responsabilidad, el consenso que necesita esta Ley, que aborda sin duda una cuestión de Estado. Por nuestra parte, mantendremos el espíritu de diálogo con el que hemos abordado esta reforma y, en todo caso, les puedo ya adelantar que el Ministro de Trabajo mañana estará a su disposición para poder hacerles todas las aclaraciones y comentarios sobre este importante Proyecto de Ley que vamos a remitir hoy mismo al Parlamento solicitando la tramitación de urgencia.

En cuarto lugar, el Consejo ha visto hoy en primera lectura el Anteproyecto de Ley General Audiovisual. Me satisface especialmente anunciarles esta noticia porque esto supone, no sólo el cumplimiento de un compromiso electoral del Presidente del Gobierno, sino la aprobación de una asignatura pendiente desde hace mucho tiempo. Como todos ustedes saben, desde hace al menos dos décadas los distintos Gobiernos han intentado aprobar una normativa básica que regule el sector audiovisual en España. Hasta ahora no ha sido posible, aunque se han redactado sucesivos borradores sin que ningún texto legal haya llegado a ser aprobado por el Gobierno y, por tanto, enviado al Parlamento.

Como resultado en estos momentos nos encontramos con una normativa dispersa y, en algunas ocasiones, obsoleta y confusa. Vivimos, además, un momento especialmente importante para el sector audiovisual, ya que estamos a las puertas del apagón analógico y entrando de lleno en la era digital.

Era y es más necesario que nunca que el sector disponga de una normativa clara, útil y acorde con los tiempos, que dé seguridad y garantice el desarrollo de un sector en crecimiento y con indudable futuro y proyección. Con la decisión del Consejo de Ministros de hoy se da un gran paso en esa regulación global en una normativa que cuenta con un consenso básico en el sector y que esperamos, deseamos y estamos convencidos de que conseguirá también un alto consenso en el Parlamento.

El Anteproyecto se envía ahora a los organismos preceptivos para que emitan su informe y el Gobierno sigue manteniendo, mientras tanto, toda su disposición al diálogo con todos, absolutamente todos, los sectores que se puedan ver afectados, en una fase, además, de información pública.

El principio básico que preside este Anteproyecto es el interés general. Es un texto garantista, que regula la actividad audiovisual pensando, sobre todo, en el interés público y en el reforzamiento y protección de los derechos de los ciudadanos, pero sirve a la vez como elemento liberalizador de esta actividad. Suprime trabas, burocracia y límites a la industria en un contexto de mayor libertad.

En primer lugar, permite trasponer la Directiva europea de servicios de comunicación audiovisual, a la que, como saben, debemos adaptarnos antes de que finalice el año. El Anteproyecto establece el régimen jurídico de los servicios de comunicación audiovisual, especialmente de aquellos sometidos a la necesidad de licencia o concesión y autorización administrativa previa. Se regula, por tanto, el régimen de concesión, arrendamiento, cesión, renovación o extinción de las licencias. El texto aporta también garantías para el pluralismo y el respeto a los principios y normas de la competencia en el mercado audiovisual, con el objetivo de evitar posibles posiciones de dominio.

Para permitir el desarrollo de los nuevos modelos empresariales en condiciones de seguridad y pluralidad, el Gobierno regula las fórmulas de televisión de TDT de pago o de acceso condicional, teniendo en cuenta el interés general y el derecho de los ciudadanos a disfrutar de una oferta gratuita, amplia, plural y que alcance, por supuesto, a contenidos de alto interés general.

La Ley es también una apuesta decidida por la introducción de las nuevas tecnologías, como la alta definición, la interactividad o la televisión en movilidad. En definitiva, se trata de una apuesta por el futuro.

También hace una revisión de las normas básicas que deben regular la publicidad en televisión, se fijan determinadas obligaciones a los servicios de comunicación audiovisual relativos a la protección de los menores y de la industria audiovisual europea, y se garantiza el derecho a la información frente a situaciones de contratos de exclusividad. El texto refuerza igualmente los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, se replantea el sistema de ayudas a la producción de cine español y europeo, ampliando la lista de los que a partir de la aprobación de la Ley deberán contribuir con el 5 por 100 de sus ingresos a este objetivo; pero, a la vez, ampliando a series para televisión, documentales y animación la posibilidad de destinar parte de esas cuantías.

Finalmente, el Anteproyecto de Ley General Audiovisual establece la creación y regulación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales como autoridad independiente, con capacidad sancionadora, encargada del control y seguimiento del cumplimiento de esta Ley y, en general, de la normativa audiovisual en el ámbito estatal.

En definitiva, con esta Ley el Gobierno da un importante paso adelante en su proyecto de reforma del sector audiovisual, completa el camino iniciado con la reforma de Radiotelevisión Española y con el Proyecto de Ley de financiación de esta última, que ya está en el Parlamento, y dota a nuestro país de una normativa audiovisual acorde con los tiempos, coherente, dinámica, liberalizadora y con garantías de control democrático y respeto y refuerzo de los derechos de los ciudadanos y del interés general.

Termino ya con tres acuerdos. En primer lugar, el Gobierno ha decidido traspasar al Gobierno de las Illes Balears la gestión del Parque Nacional de la Cabrera. Como saben, hasta el momento son ya cuatro los Parques Nacionales cuya gestión ha sido transferida a las Comunidades de Andalucía, Aragón y Galicia, a los que ahora se suma Baleares.

En materia de infraestructuras, hemos autorizado obras por más de 133 millones de euros para avanzar en el Tren de Alta Velocidad a Logroño.

Y, finalmente, el Gobierno, siguiendo el mandato unánime del Congreso, ha acordado promover el 17 de mayor como Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia.