Intervención del ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal

La Moncloa, Madrid

Nadal.- Como ha dicho el ministro [y] portavoz, lo que voy a tratar de hacer es explicarles el contenido del Real Decreto-ley que ha aprobado hoy el Gobierno y que se tendrá que convalidar posteriormente por los diferentes Grupos Parlamentarios para su tratamiento ordinario en el Congreso de los Diputados.

Éste es un Real Decreto-ley que surge de un acuerdo entre diferentes fuerzas políticas y que ha incluido las diferentes visiones que cada uno teníamos para tratar de solucionar un problema de gran complejidad, que es tratar la cuestión del bono social y su financiación, y cómo ampliar de alguna manera este bono social y dar más cobertura, solucionando o ayudando a solucionar una cuestión que se está tratando a nivel autonómico y local, y que compete también a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en gran medida o en mayor medida, puesto que es una política social. Pero era importante tener un cierto grado de coordinación y actuación a nivel nacional, que es el tema de la prohibición de interrupción de suministro en el caso de los consumidores más extremadamente vulnerables.

Voy a ir por partes, porque el Real DecretoL-ley tiene muchas cuestiones.

En primer lugar, la que tiene un efecto inmediato a partir del día de mañana es garantizar la financiación del bono social. Sin financiación es imposible que tengamos un bono social, un apoyo a los consumidores vulnerables. Esa financiación quedó en entredicho después de una sentencia del Tribunal Supremo de octubre de este año y gracias a este Real Decreto Ley vamos a tener esa financiación.

Para resumirles básicamente lo que es esto, el bono social surge de una Directiva comunitaria del año 2009 que se aplica en nuestro país. Este bono social supone un descuento, que en su día era un descuento fijo, a una serie de consumidores que cumplen una serie de características. Éstas, por ahora, se mantienen igual. En su día se dijo que lo tenían que financiar las generadoras eléctricas y hay países de la Unión Europea en que esto sigue siendo así, por ejemplo, en el caso de Portugal; pero en el año 2012 el Tribunal Supremo dijo que esto era relativamente discriminatorio o discriminatorio respecto a otros actores que actúan en el sistema eléctrico.

Con posterioridad, en el año 2013 se regula el bono social y lo que se hace es decir que lo van a pagar aquellas matrices de las comercializadoras que están vendiendo la electricidad a los consumidores que estén integradas dentro de un gran grupo. Para que se hagan ustedes idea, son las comercializadoras de las compañías eléctricas que prácticamente todos conocemos y que suponen el 94 por 100 del mercado.

En esta última sentencia del Tribunal Supremo se dijo que, como no incluía al otro 6 por 100 del mercado, también había un cierto trato discriminatorio. Lo que hace este Real Decreto Ley es incluir ya al 100 por 100 del mercado, al 100 por 100 de las comercializadoras que actúan en nuestro país, y bien su matriz o, si no tienen matriz, ellas mismas se harán cargo del bono social y su financiación. Es decir, no se altera gran cosa la situación que hay presente en cuanto a financiación del bono social, lo sigue pagando el sector eléctrico tal y como estaba previsto, pero se amplía a ese 6 por 100, esa pequeña parte del mercado que no estaba participando en su financiación.

Una vez que tenemos la financiación, lo que hace este Real Decreto Ley es hacer varias habilitaciones para que el Gobierno, a través de Real Decreto, a través de Reglamento, pueda hacer una serie de cuestiones.

En primer lugar, se amplía la posibilidad de que haya una definición más variada de consumidor vulnerable. Hasta ahora, consumidor vulnerable es aquel que cumple una serie de características, como les decía anteriormente, pero podemos hacer diferentes tipologías. Esto ¿qué va a permitir? Va a permitir intensidades de ayuda diferentes. Hasta ahora todos los consumidores vulnerables son 2,3 millones de hogares, aproximadamente siete millones de personas, y reciben todos la misma bonificación: un 25 por 100 del precio de su factura eléctrica. Gracias a esta habilitación reglamentaria se podrá hacer un Reglamento en el cual podemos tener consumidores de diferentes tipos en los que las ayudas podrán variar, evidentemente, en función de su poder adquisitivo, en función de su renta.

Es una cosa compartida por todos los Grupos Parlamentarios en la que se hizo mucho hincapié y, a partir de ahora, esto va a poder ser así en cuanto aprobemos el Reglamento. Por supuesto, tendrá que ser discutido y dialogado con las fuerzas políticas, porque es un tema enormemente sensible, qué se define como consumidor vulnerable y qué diferentes categorías de consumidor vulnerable queremos introducir.

En segundo lugar, se introduce una habilitación reglamentaria para que el Gobierno mejore las condiciones de comercialización al conjunto de los consumidores; en este caso, no sólo a los vulnerables, sino al conjunto de los consumidores. Hay determinadas prácticas comerciales que requieren un mayor grado de transparencia. La más relevante, para que se hagan ustedes una idea, es la que permita crear un indicador o algún tipo de índice que permita comparación entre las distintas ofertas.

Ustedes con conscientes de que los consumidores pueden elegir estar en el PVPC, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, o irse a cualquiera de las ofertas que los comercializadores en el mercado están haciendo. Son ofertas complejas. Unas garantizan más estabilidad de precio, otras garantizan determinados contratos de suministro o de mantenimiento con una rebaja; son muy variadas. Lo que queremos hacer es, a través de un Real Decreto, crear una especie de TAE, como existe en el sector financiero, que permite comparar hipotecas; crear un indicador o una serie de indicadores que permitan mucho más fácilmente comparar las distintas ofertas, además de dar mayor protección en determinadas prácticas comerciales a los consumidores.

En tercer lugar, se establece la habilitación reglamentaria para que determinados consumidores vulnerables, en las categorías que se determinen, en lugar de tener dos meses de preaviso antes del corte de electricidad pasen a cuatro. Eso se hará reglamentariamente. Nuevamente, es un tema que se tendrá que discutir y de alguna manera implementar y hablar con las distintas fuerzas políticas.

Por último, el elemento que probablemente más atención ha causado y se tiene más expectación sobre el mismo, pero digo que todo el paquete en su conjunto es un paquete muy interesante porque afecta y beneficia a todos los consumidores eléctricos, es la prohibición del corte de suministro en determinados supuestos.

Básicamente, para que se hagan una idea, el sistema que se va a aplicar, cuando se ponga en marcha, será parecido a esto: una compañía eléctrica se encuentra con un impago y la compañía eléctrica tendrá la obligación de decirle al consumidor: tenemos un impago. Aunque sorprenda, esto ahora no es obligatorio; alguien puede no estar pagando la electricidad y no saberlo. Luego, vendrá un aviso de corte; pero lo que vamos a pedir primero es que en el momento inicial del impago la compañía eléctrica inmediatamente le diga al consumidor: "tengo un impago".

A partir de ahí, se tienen dos o cuatro meses --ya les he dicho que depende del tipo de consumidor-- para hacer efectivo el corte. Previamente, tendrá que haber contactado con los servicios sociales de las Comunidades Autónomas para preguntar si están procediendo a una tramitación de un corte de electricidad sobre un consumidor extremadamente vulnerable. En caso de ser así, no se puede proceder a la interrupción del suministro y la Comunidad Autónoma o Corporación Local procederán a la atención de esta persona o de este grupo de personas, atendiendo al pago de la deuda que será cofinanciado --esto también es una novedad-- en parte por el bono social. El bono social ya no sólo es una rebaja sobre el precio para determinados consumidores, sino que además destinaría una parte de este fondo a cofinanciar esa deuda que se genera por los consumidores extremadamente vulnerables, a los cuales no se puede cortar la electricidad.

Por decirlo así, habrá, al menos, cuatro tipos de consumidores: Los consumidores ordinarios, que se ven beneficiados por una mejora del tratamiento de su comercialización de prácticas comerciales y van a tener una mayor capacidad de comparación entre ofertas; después, los consumidores vulnerables que hasta ahora teníamos, que van a tener una definición más precisa, más clara, más acorde con su realidad económica y social, y a los que se les dará una ayuda sobre el precio, que es lo que es compatible, además, con el nuevo "paquete de invierno" de la Comisión Europea; habrá otra tercera categoría, al menos, de un consumidor que también pagará, pero con un descuento mayor porque tiene una situación de renta inferior; y, luego, ya los casos de aquellas personas que están atendidas por servicios sociales, atención que supone que una administración social se está haciendo cargo de los pagos y de su deuda. Esa administración social, que es la competente para hacerlo y la que tiene los trabajadores sociales para poder evaluar estos casos, va a recibir una aportación adicional por parte del sistema eléctrico para atender a estos casos.

Esto, en su conjunto, da un sistema bastante cerrado, en el cual tenemos, por distintos niveles de situación social, un tipo de ayuda. Hay alguna que recibirán, como decía antes, del orden de siete millones de personas y otras que son aquellos que de manera muy directa, el otro caso extremo, están siendo ahora mismo atendidos por los servicios sociales.

Y esto es, en su conjunto, lo que se pretende. Son habilitaciones reglamentarias, esperemos que cuanto antes podamos tener textos para poder discutir con las fuerzas políticas y entiendan ustedes que va a haber un proceso de tramitación, como siempre ocurre con la normativa eléctrica y energética, que tiene su complejidad, porque esto requiere información a la Comisión Europea. Todas las cuestiones que tenga que ver con la intervención en precios o mercado eléctrico tienen que tener información de la Comisión Europea, tienen que tener informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y, al ser de transposición comunitaria, también informa el Consejo de Estado.

Nosotros querremos ir a la mayor celeridad posible, discutir estos desarrollos con las fuerzas políticas a la mayor velocidad posible y que cuanto antes el sistema opere a pleno funcionamiento.