Vicepresidenta.- Muy buenas tardes. Voy a darles cuenta de los principales asuntos adoptados en el Consejo de Ministros de hoy.
Como saben, el presidente del Gobierno está en el Consejo Europeo, donde se está negociando el próximo marco financiero plurianual y donde esperamos que, fruto de esas negociaciones, pueda lograrse un buen presupuesto para Europa y un buen presupuesto para España. Se llega con espíritu constructivo, pero también dispuestos a dar la batalla para conseguir un presupuesto equilibrado y sensato, por cuanto, por primera vez, España pasará a ser contribuyente neto.
A España le preocupan, especialmente, nuestro sector agroalimentario, las políticas relativas a la PAC, la Política Agrícola Común; la cohesión; el tratamiento de las regiones ultraperiféricas y, en definitiva, nuestra posición como cuarta economía de la zona euro y quinta del conjunto de la Unión Europea.
Por tanto, en este Consejo de Ministros, en ausencia del presidente del Gobierno, hemos aprobado las siguientes iniciativas:
En primer lugar, un Real Decreto sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al Fondo Europeo de la Pesca. ¿Qué es esto? Una norma que pretende reactivar la construcción, por un lado, y la modernización de los barcos pesqueros. Es, por tanto, una medida de estímulo para un sector muy importante de nuestra economía: el sector naval, por un lado, pero también el sector de la pesca, por otro.
¿Cuál es el objetivo en la actual situación de coyuntura económica? Dar mayor flexibilidad a armadores y a empresas para reponer sus flotas.
Con esta norma que aprueba el Consejo de Ministros se realizan tres cambios en la regulación vigente con el objetivo de impulsar la recuperación económica de estos dos sectores, que han sido muy afectados por la crisis, y de garantizar la seguridad jurídica de los destinatarios.
En primer lugar, se flexibilizan las condiciones para poder construir o modernizar buques pesqueros, fomentando las inversiones en el sector naval. Como saben, la normativa nacional y comunitaria exige apartar buques dados de baja, fundamentalmente porque se van a desmantelar, para poder construir otros nuevos o modernizar los existentes, con el objetivo de no superar la capacidad total de pesca que tiene asignada España por la Unión Europea. El problema es que, como consecuencia de la crisis, muchas veces no podía en el plazo previsto acometerse la construcción del nuevo buque. Para ello, se da un plazo de dos años que garantiza que los armadores que estén en un proceso de construcción o de modernización de sus buques no pierdan esos derechos sobre los barcos ofertados como bajas por las dificultades derivadas de la crisis.
La segunda medida, muy ligada también a la seguridad, modifica la normativa para las embarcaciones auxiliares de sectores como la pesca del percebe, que no requieran aportar bajas para poder contar con pequeños barcos de apoyo a sus labores extractivas que beneficien mejoras de su trabajo y, fundamentalmente, de la seguridad.
Por último, se crea un sistema para garantizar que los datos registrales de los buques se ajusten a la realidad. En España el ejercicio de la pesca exige estar dado de alta en distintos registros administrativos; sin embargo, los datos que obran, a veces, en poder de la Administración no siempre coinciden. Últimamente, lo que se hacía es ir aprobando sucesivas leyes, sucesivas normas, para ir regularizando el sector. A partir de ahora, se aprueba un procedimiento ordinario, con vigencia indefinida y general, que dé estabilidad y seguridad jurídica.
Por tanto, estamos ante una norma que es un impulso para el sector naval y para el sector pesquero, a la vez; para adecuar, respetando el tamaño de la flota adecuado a España, nuestra flota, pero mejorarla y modernizarla. Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, podrá beneficiar, ni más ni menos, que a más de cien empresas, siendo las de pequeño y mediano tamaño las más beneficiadas, además, por esta flexibilización.
En el capítulo de estímulos de inversiones, el Consejo de Ministros aprueba un Acuerdo, que es importante, para dinamizar, en concreto, una de las provincias más deprimidas de nuestro país. El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se concede a la Diputación General de Aragón una subvención de treinta millones de euros para la financiación de inversiones en la provincia de Teruel. El objetivo es desarrollar actuaciones que favorezcan la generación de renta y riqueza en esta provincia, y lograr, además, mantener inversiones que generen empleo y que contribuyan a que la gente se quede en Teruel; a anclar la población a esta provincia.
Como saben, la Comunidad Autónoma de Aragón no se beneficia del Fondo de Compensación Interterritorial por su nivel de renta, pero presenta desigualdades interterritoriales importantes y se hace oportuna la aprobación de este Acuerdo, en línea con lo que se ha venido haciendo por anteriores Gobiernos desde los años 90.
Tercera medida en materia de colaboración y coordinación ministerial. El Gobierno ha aprobado el Real Decreto por el que se crea la Comisión Mixta de Economía y Sanidad en relación con el Instituto Carlos III. Este Instituto, como saben, lleva más de veinte años en investigación en ciencias de la vida y de la salud, y, además, es el organismo de gestión de la Acción Estratégica en Salud, que forma parte del Programa de I+D+i. Pues bien, esta Comisión va a ser la encargada de marcar las líneas de actuación de este Centro, que es el principal organismo público de investigación que financia, gestiona y ejecuta la investigación biomédica en España. Esta Comisión, por tanto, es un instrumento de gobernanza, que establezca de manera eficiente la colaboración entre ambos Ministerios, por cuanto son materias conexas la investigación y, por otro lado, la sanidad.
Por último, quiero destacar que hoy se ha acordado en el Consejo de Ministros la Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El 25 de noviembre fue la fecha elegida por la Asamblea de Naciones Unidas para fijar, para conmemorar, ese Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por tanto, es una Declaración que rinde homenaje a las víctimas y a sus familias, y que reafirma el compromiso de todos, pero también del Gobierno de España, para luchar en la erradicación de la violencia que sufren las mujeres.
Es una apuesta que debe ser el compromiso de toda la sociedad. Los datos está ahí: son 43 mujeres las que han fallecido a manos de sus parejas o ex parejas, según los datos del Ministerio de Sanidad. Es muchísimo lo que queda por hacer, lo que queda por trabajar, porque, además, más del 70 por 100 de las mujeres que sufren violencia de género tienen hijos menores que están expuestos o a esa violencia y a ese clima de violencia desde la más tierna infancia.
En consecuencia, éste es uno de los principales problemas que tiene el país, que tenemos que tomarnos todos muchísimo más en serio, que tenemos que trabajar de una manera mucho más coordinada y que nos implica a todos, a los Gobiernos, a las Administraciones, pero también a la sociedad en su conjunto. Por eso, el Gobierno va a recoger, en una Estrategia Nacional contra la Violencia de Género, todas las medidas, de manera coherente y organizada, que en los distintos ámbitos permitan seguir trabajando y seguir avanzando en la lucha contra la violencia contra la mujer.
Se trata de una Estrategia, que ya está en fase de conclusión, que esperamos presentarles en plazo muy breve, pero que se basa, fundamentalmente, en los siguientes puntos:
En primer lugar, buscar la ruptura del silencio cómplice del maltrato, tanto de las mujeres, como de su entorno y de la sociedad en general. Creo que se han dado pasos sustantivos en este punto, pero todavía tenemos que trabajar mucho más. Eso requiere también dar mucha más confianza a las mujeres de que van a ser protegidas por todo, por las instituciones, por las autoridades, y comprendidas por la sociedad en su conjunto.
En segundo lugar, trabajar para una asistencia mucho más personalizada a las mujeres y a sus hijos, a los menores que viven en su entorno.
En tercer lugar, hay muchos recursos de todas las Administraciones y de muchísimas instituciones, y tenemos que coordinarlos y aprovecharlos todos mucho mejor, para actuar de una manera mucho más rápida y mucho más eficaz, y lograr llegar, no sólo en respuesta, sino también en prevención.
Tenemos que seguir trabajando sobre el conocimiento de esta realidad, de sus magnitudes y de sus por qués, porque es la mejor manera de protegerlo y conocerlo.
Esta Estrategia también contempla, en quinto lugar, una atención específica a las necesidades de grupos que están detectados como esencialmente más vulnerables.
Por último, en la lucha de violencia contra la mujer hay que trabajar en la violencia de género, pero también en nuevas formas de esa violencia como son la trata con fines de explotación sexual; los matrimonios forzados, que, como saben, esperamos que sea ya un delito con la reforma del Código Penal, o la mutilación genital.
Para completar estos ejes y para poner en marcha muchas de las medidas que prevén, saben que el Gobierno está trabajando en un Código Penal, que está ahora sometido a período de informes, donde se pretenden establecer las siguientes medidas:
Extensión de la medida de libertad vigilada a los delitos de violencia de género; es decir, que se pueda adoptar esta medida de seguridad frente a los que han sido condenados y no están rehabilitados. Cuando la medida de libertad vigilada se imponga, además, a los delitos de violencia de género, podrá obligárseles a participar en programas de igualdad de trato y no discriminación.
Se tipifican nuevos delitos, como el delito de manipulación de aquellos mecanismos, como son las pulseras, que son dispositivos de control utilizados para garantizar el cumplimiento de las penas o las medidas cautelares y de seguridad.
También se va a tipificar el delito de hostigamiento y acecho. Muchas veces quedaba sin penar y quedaban libres por no entrar muy bien en el tipo penal. Por tanto, a partir de ahora se castigará a quienes, sin estar legítimamente autorizados, acosen a una persona de forma insistente o reiterada que altere su vida cotidiana; o que establezcan o intenten establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación; o el uso indebido de sus datos personales, la adquisición de productos o la contratación de servicios.
Por último, se tipificará el delito de ciberacoso, castigando la conducta de quien, sin autorización de esa persona, de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones de aquella que hubiera obtenido, incluso con su anuencia, en un domicilio o en otro lugar, fuera del alcance de terceros, cuando esa divulgación atente contra su intimidad.
Ayer el Ministerio presentaba una campaña "Hay salida". Yo creo que, entre todos, debemos transmitir a todas las mujeres que en un momento de su vida pueden pasar ellas y sus hijos un calvario, como puede ser la violencia de género, que no están solas; que a las Administraciones Públicas nos queda mucho por hacer y que tendremos que hacerlo muchísimo mejor, pero que la vía para salir de todo ello es denunciar. Tendremos también que trabajar para ganarnos su confianza para que se sientan protegidas; pero, sobre todo, también tenemos que seguir luchando contra ese sentimiento de fracaso o, incluso, de vergüenza, que provoca muchas veces reconocer una situación que tú no has creado, de la que no eres responsable, pero que sientes como un fracaso propio.
Yo creo que ésa es una tarea que tenemos que hacer juntos, y lo digo delante de ustedes, el Gobierno, las Administraciones, los medios de comunicación y las escuelas, todos, porque, sencillamente, las mujeres somos la mitad de la población. Cuando cualquiera de nosotras sufre, no sufre un colectivo; sufre la mitad de la población española, que merece ser protegida como cualquier otro ciudadano, con independencia de la cercanía de la persona, que lo hace mucho más grave, que comete un delito de esa naturaleza.
Estoy a su disposición para cualquier punto sobre este tema o sobre cualquier otro asunto.