Intervención de la vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y portavoz del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega

La Moncloa , Madrid

Vicepresidenta primera.- Buenos días.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un importante Proyecto de Ley en materia de justicia. Es una reforma que supone una auténtica revolución de un servicio público que todos utilizamos. Me refiero al Proyecto de Ley del Registro Civil, que remitimos hoy ya a las Cortes; un Proyecto que cambia en profundidad el actual modelo registral vigente desde hace más de setenta años para que no suponga una carga, sino un servicio moderno, rápido, accesible y único para toda España.

Una de las principales novedades de este Registro es que los libros tradicionales en los que se registran los nacimientos, los matrimonios o los fallecimientos darán paso a un registro individual para cada persona, vinculado a un código personal de ciudadanía en el que se inscribirán todos los hechos que afecten a lo largo de su vida desde el punto de vista civil. Dejarán, por tanto, de expedirse los tradicionales Libros de Familia, que serán sustituidos por certificaciones registrales, que podrán solicitarse a través de Internet, y las Administraciones ya no pedirán a los ciudadanos que realicen trámites. Y habrá una base electrónica de datos común para que los ciudadanos puedan realizar sus trámites en cualquier oficina del país y sólo en casos extraordinarios tendrán que ir personalmente al Registro.

Se trata, en definitiva, de un Registro Civil que tiene al ciudadano como eje central, que es único y, además, más accesible; un Registro desjudicializado, que libera a los jueces de tareas que no aportan valor a su función; desde luego, un registro más acorde también con nuestro Estado de las Autonomías, ya que los ciudadanos podrán obtener certificaciones en cualquiera de las lenguas oficiales, y que potencia también mucho la labor de los Ayuntamientos puesto que son ellos los que van a asumir algunas de sus funciones..

Hoy, además, el Consejo de Ministros ha presentado una especial atención al turismo y es que, cuando se cumple un año del Consejo de Ministros monográfico dedicado al tema que celebramos en Palma de Mallorca, el Ministerio de Industria nos ha informado de la marcha de los compromisos que allí adquirimos y de la coyuntura actual de este sector clave de la economía española, sector que genera casi el 11 por 100 del PIB y que emplea a más de dos millones de personas.

En estos momentos estamos en plena época estival y las previsiones de turistas internacionales para este verano son positivas. Esperamos llegar a los 18,7 millones de turistas internacionales, lo que conlleva un incremento del 0,9 por 100. Eso supondría ya la primera tasa de crecimiento interanual positiva tras ocho trimestres consecutivos de caídas.

Hace un año se comprometieron, como recordarán, inversiones por más de mil millones de euros a través de 38 actuaciones. Pues bien, de la práctica totalidad de los acuerdos alcanzados se ha cumplido más del 70 por 100, y el resto, 36 compromisos, está en fase de ejecución; pero los restantes compromisos están ya también en fase muy avanzada. Por lo tanto, nuestros compromisos han sido prácticamente cumplidos todos.

Además, para seguir apoyando a ese sector hoy hemos aprobado un nuevo paquete de iniciativas para seguir modernizando las infraestructuras turísticas y promover internacionalmente nuestro país como destino, poniendo especial énfasis en el marketing deportivo como nueva estrategia.

En primer lugar, hemos aprobado, además, ya en acuerdos concretos, la nueva regulación del Fondo Financiero del Estado para la modernización de las infraestructuras turísticas, con un importe de doscientos millones de euros. En segundo lugar, hemos aprobado la contratación del plan de medios de la campaña internacional de promoción y marketing deportivo, por más de cuarenta millones de euros, que ser realizará en 32 países. Y, en tercer lugar, hemos regulado la concesión directa de una subvención por dos millones de euros al Consorcio Urbanístico para la Mejora y el embellecimiento de la Playa de Palma, que saben que uno de los objetivos que tenemos en el ámbito turístico.

Son todas ellas medidas con las que seguimos apostando por este sector, en el que somos líderes mundiales, ya que España ocupa la primera posición internacional en turismo vacacional; la segunda en ingresos y la tercera, en entradas de turistas, y es el destino que más pernoctaciones hoteleras recibe de turistas extranjeros en Europa.

El Ministro Sebastián, además de hacer este amplísimo informe sobre todos los temas de turismo, ha traído también al Consejo en otras de sus áreas de competencia, la de la energía, un Anteproyecto de Ley, que es el que regula la responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radioactivos. Es una norma que va a regular la responsabilidad civil nuclear, de acuerdo a los Tratados Internacionales de los que España es parte.

En concreto, según estas modificaciones ratificadas por España se aumenta, por una parte, sustancialmente la cobertura de la responsabilidad civil que deben establecer los titulares de las instalaciones nucleares; por otra parte, se incluyen, cosa que es novedosa, los daños medioambientales y se extiende el ámbito geográfico de su aplicación, así como también el período de reclamación de daños a las personas, que se sitúa en el plazo de treinta años en los que antes eran diez años. Por lo tanto, supone una ley que protege más a la ciudadanía por los daños que se puedan producir en este ámbito.

También hoy hemos dado un paso más en la racionalización de la estructura de la Administración General del Estado que emprendimos, como recordarán, el pasado 30 de abril; una racionalización que se enmarca en el esfuerzo de austeridad que estamos llevando a cabo para reducir el déficit público y restablecer la estabilidad presupuestaria, garantizando el mantenimiento de la actuación de la Administración y los servicios que se prestan a los ciudadanos.

Una vez concluida la presidencia rotatoria de la Unión Europea, hemos aprobado dos Reales Decretos por los que suprimimos nueve altos cargos, que se suman a los 33 que eliminamos hace unos meses, lo que supone una reducción de casi el 12 por 100 del número de altos cargos existente en nuestro país. En concreto, los cargos que hoy hemos suprimido pertenecen al Ministerio de Asuntos Exteriores, al Ministerio de Industria y también el Representante especial de la Unión Europea que estaba adscrito a la Presidencia del Gobierno. Son tres Secretarías de Estado, dos Secretarías Generales y cuatro Direcciones Generales, con un ahorro cercano a los dos millones de euros.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se suprimen las Secretarias de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, que se refunden en una sola, que será la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos. Igualmente, se eliminan la Secretaría General de Asuntos Consulares y Migratorios, y la Secretaría General para la Unión Europea, y el Ministerio pasa de diecisiete a trece Direcciones Generales.

Asimismo, en Presidencia del Gobierno, como les decía, se suprime el Alto Representante para la Presidencia española de la Unión Europea que, como saben, tenía rango de Secretaría de Estado y que ha finalizado su función.

Y en el Ministerio de Industria se crea una nueva Secretaría General de Turismo y Comercio Interior, que refuerza con esta última competencia las que desarrollaba la Secretaría de Estado de Turismo, que se suprime, al igual que la Secretaría General de Comercio Exterior. Además, la Dirección General de Telecomunicaciones pasa a ser Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, y la de Política Comercial pasa a denominarse Dirección General de Comercio Interior.

También dentro de este Plan de Racionalización, se ha reestructurado la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, donde se ha reducido una Dirección.

En otro ámbito, también en materia de Administración pero en materia de la Administración Pública, el Consejo de Ministros ha conocido hoy el informe anual de evaluación del funcionamiento de los servicios de la Administración Pública, que por primera vez incluye este año tanto los servicios integrados en las Delegaciones del Gobierno, como los dependientes de los distintos Ministerios. Se trata de una radiografía que nos muestra la respuesta que durante 2009 han dado los servicios estatales que operan en las distintas Comunidades Autónomas a los retos de mayor coordinación, austeridad y eficiencia que demandan, tanto la actual situación económica, como la modernización de la propia Administración Pública.

Como dato a destacar, en 2009 culminó en las Delegaciones del Gobierno el proceso de conversión de las Oficinas de Información y Atención en Oficinas del 060, y los ciudadanos formularon en ellas cerca de seis millones de consultas.

En el marco de austeridad, que se ha traducido en el recorte de cuarenta millones de euros hasta el año 2013 en los presupuestos de las Delegaciones, éstas invirtieron un 14,5 por 100 menos en obras que el pasado año y se redujeron las plantillas en un total de 255 plazas.

Pero también queremos avanzar en la racionalidad y adaptación de estos servicios del Estado en el territorio y, para ello, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se reestructuran diversas áreas funcionales integradas en las Delegaciones del Gobierno, siempre pensando en los ciudadanos; una reestructuración que tiene como objetivo garantizar la optimización de recursos y ofrecer, como les decía, ese mejor servicio a la ciudadanía. Con ese fin el Real Decreto crea dos nuevas áreas funcionales: la de Trabajo e Inmigración, de la que dependerán todas las Oficinas de Extranjería, y la de Sanidad y Política Social.

Además, el Real Decreto establece que en el plazo de tres meses se crearán dieciséis Oficinas Únicas de Extranjeros, aún pendientes, para dar por cumplido, con las 36 ya existentes, el objetivo fijado en el Reglamento de Extranjería de que exista una oficina de este tipo en todas las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

En el área económica, el Consejo de Ministros ha aprobado un Anteproyecto de Ley por el que se modifica la legislación sectorial sobre solvencia de las entidades de crédito y de empresas de servicios de inversión. Se trata de una norma con la que comenzamos la trasposición a nuestra legislación de una importante Directiva para reforzar el control y la seguridad financiera, que fue aprobada el pasado año como consecuencia de la crisis.

El Anteproyecto de Ley que hoy hemos estudiado establece, en primer lugar, nuevos requisitos prudenciales para garantizar una mejor ponderación del riesgo de las titulizaciones, con el objetivo de preservar la estabilidad del sistema financiero. También se aborda la calidad de los recursos propios de las entidades y se impulsa la cooperación entre supervisores de la Unión, reforzando la dimensión europea del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Se trata de importantes modificaciones que redundarán en una mayor seguridad financiera, en una más eficaz gestión del riesgo y en la necesaria cooperación en el seno de la Unión Europea.

Por último, en el área de Política Social nos hemos dedicado a aprobar un importante Anteproyecto de Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad; Convención que, como saben, protege y garantiza la igualdad plena, y que España ratificó, una vez fue aprobada, hace dos años.

El Anteproyecto --lo hemos aprobado en primera lectura-- conlleva importantes modificaciones en diversas áreas, de las que les detallo algunas de las más importantes: en materia de integración laboral, se revisa la normativa de acceso al empleo público, aumentando al 7 por 100 el cupo de reserva; además, se introduce una nueva definición del concepto de persona con discapacidad y se favorece que puedan prestar por sí mismas su consentimiento en los procesos sanitarios.

En definitiva, seguimos apostando por las políticas integradas con las personas con discapacidad y cumplimos el objetivo fundamental de la Convención, que es garantizar la igualdad y la no discriminación.