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Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Viernes 20 de abril de 2012

Vicepresidenta.- Muy buenas tardes a todos.

En primer lugar, quiero pedirles disculpas e informarles del motivo del retraso en esta rueda de prensa, en esta comparecencia. Como todos conocen, el presidente del Gobierno regresaba de un viaje por México y Colombia; ha regresado a primerísima hora de la mañana y hemos retrasado el inicio del Consejo de Ministros a las 11 de la mañana para que pudiera presidirlo desde el primer momento.

Como verán, ha sido un Consejo amplio donde se han adoptado numerosas reformas. Por tanto, ha sido un Consejo de una duración que no nos ha permitido comparecer con anterioridad. El retraso en el inicio y la amplitud de los temas han llevado a que se haya retrasado hasta las cuatro de la tarde esta rueda de prensa. Les pido disculpas por ello.

Como bien conocen, este Gobierno viene semana tras semanas asumiendo y llevando a cabo un programa de reformas necesario para que España pueda superar la crisis y sentar las bases de crecimiento para el futuro. Son medidas difíciles, porque éste es un momento difícil en que necesitamos hacer reformas que nos permitan cumplir nuestros objetivos de déficit, por cuanto ha habido una caída muy importante de los ingresos y, por tanto, de los recursos; pero también hacerlo de manera que podamos hacer sostenible y mantenible nuestro Estado del Bienestar.

Son reformas en las que, indudablemente, les estamos pidiendo un esfuerzo a muchos ciudadanos; un esfuerzo que no hay otro remedio que pedir y que hacer, por cuanto es imprescindible mantener nuestro Estado del Bienestar y sanear nuestras cuentas publicas para garantizar que ese Estado del Bienestar tenga futuro y que, además, este país pueda salir adelante, volver a crecer y crear empleo.

Pero en el ánimo del Gobierno está adoptar medidas que, suponiendo un esfuerzo, que lo son, y que reconocemos a todos los ciudadanos, sean lo más equitativas y lo más justas posibles. Pedimos un esfuerzo, pero no puede pedirse a todo el mundo por igual y hay determinadas situaciones que han de abordarse con justicia. Después haremos referencia a algunas de ellas

Hoy se adoptan medidas importantes que tienen por objeto, por un lado, lograr la consolidación fiscal de todas las Administraciones públicas, con especial incidencia en muchas de ellas a los presupuestos de las Comunidades Autónomas, que. como saben todos, son las grandes prestadoras del Estado del Bienestar; pero también permitirles adoptar medidas administrativas --después haré referencia a alguna de ellas-- para que puedan lograr los objetivos de cumplimiento de déficit. Se trata, por tanto, de medidas estructurales, de reformas estructurales, que buscan ahorros en la gestión, sin menoscabo, en la medida de lo posible, del mantenimiento de nuestro Estado del Bienestar.

También hoy se han adoptado otras medidas de austeridad o que ayudan a lograr medidas de austeridad, a las que después haré referencia. De entrada, les digo que también informaré de cuál ha sido la posición y la deliberación del Consejo de Ministros en relación con el asunto de Argentina.

Como decía, se han adoptado medidas estructurales, reformas estructurales, en dos ámbitos muy importantes que afectan al Estado del Bienestar: de un lado, hemos aprobado un Real Decreto Ley de racionalización en la gestión del gasto educativo; un conjunto de medidas en el ámbito universitario y no universitario, que son medidas de racionalización, a las que después seguirá una reforma del sistema educativo, tal y como anunció el ministro en la rueda de prensa que siguió al anterior Consejo de Ministros.

Combina, como él detallará, medidas en el ámbito de la educación primaria, secundaria y bachillerato, y la educación universitaria, en que se ha buscado, además, compensar el esfuerzo que hacen todos los ciudadanos para que nuestros estudiantes puedan estudiar en el ámbito de la igualdad de oportunidades con el esfuerzo con el que los estudiantes deben responder a ese esfuerzo que hacen el conjunto de los ciudadanos.

En segundo lugar, se ha aprobado un Real Decreto Ley de medidas para la sostenibilidad y viabilidad del sistema sanitario. Quiero decir que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo y esta reforma, que es una reforma muy amplia, me atrevo a decir que completa, lo que busca es preservar ese sistema sanitario, esa gran calidad de nuestro sistema y de sus profesionales, para hacerlo viable pro futuro, no sólo por los momentos de exigida austeridad que vivimos, sino porque también la evolución demográfica de nuestro país obliga a establecer medidas o a adoptar medidas que permitan que siga teniendo la calidad que tiene ahora.

En tercer lugar, hemos aprobado una importante medida de austeridad al servicio de las Comunidades Autónomas. Se envía al Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley sobre la flexibilización de los modos de gestión de las televisiones autonómicas. Les informamos en pasados Consejos de Ministros de que el Gobierno había aprobado un Anteproyecto de Ley para esa flexibilidad en la gestión de las televisiones autonómicas, que fue después remitido a distintos órganos consultivos y a un trámite de audiencia al sector. Después de esos informes, hoy se aprueba definitivamente en el Consejo de Ministros ese Proyecto de Ley, que remitiremos al Congreso de los Diputados, pidiendo además su tramitación de urgencia, en el que se amplía la libertad de elección y la capacidad de decisión, en el marco de su autogobierno, que tienen las Comunidades Autónomas para decidir cómo prestan la actividad de televisión autonómica.

Las Comunidades Autónomas podrán decidir si prestan o no el servicio público de televisión autonómica. Si deciden no prestarlo, podrán, en su caso, en concurso, sacar las correspondientes licencias audiovisuales; pero, si como consecuencia de su normativa o de una decisión de esa Comunidad Autónoma deciden prestar el servicio público de televisión autonómica, podrán hacerlo, no sólo de una manera directa, no sólo gestión directa --esto es, con sus propios medios humanos y materiales; es decir, desde la propia Administración--, sino que también podrán optar por fórmulas de gestión indirecta de esas concesiones de televisión autonómica.

Fundamentalmente, lo que se amplía es la capacidad de las Comunidades Autónomas para decidir cómo se presta la actividad de televisión autonómica que hasta hoy debía prestarse por la propia Administración autonómica con sus propios medios. Es una medida que busca una mayor eficacia y eficiencia, y que responde a las peticiones de muchas Comunidades Autónomas que ante las dificultades por las que atraviesan esos servicios públicos y esos entes públicos de Televisión Española, reaclaman que se amplíen las posibilidades que daba la regulación en esta materia.

Pero hemos ido más allá de la redacción inicial. En el caso de que el servicio público se preste directamente por las Administraciones autonómicas, el ente que gestione la televisión autonómica tendrá que cumplir los principios de estabilidad presupuestaria. No se permitirán, por tanto, desequilibrios en los presupuestos, en los gastos e ingresos, de esas televisiones. Se someten, por tanto, a los mismos principios que el conjunto de las Administraciones territoriales tienen que cumplir como consecuencia de la Ley, que está ya en el Senado, Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

Pero en el ámbito de la austeridad hemos decidido ir hoy más allá por un doble orden de cuestiones. Voy a hablar de Televisión Española. Conocen bien que desde hace bastantes meses la Televisión Española no tenía un presidente de la Corporación por dimisión sucesiva de sus dos presidentes. Esa situación, unida a las dimisiones de otros miembros del Consejo de Administración y al haber caducado el mandato de bastantes de ellos, ha llevado a problemas muy graves en la gestión de la Corporación de Radiotelevisión Española; problemas muy complicados en un momento en que la televisión está llamada a hacer un programa de austeridad, que ustedes conocen. Tanto en el acuerdo de no disponibilidad, como en los Presupuestos Generales del Estado que se presentaron en esta misma sala hace pocas semanas, Televisión Española ha sufrido un ajuste de 203 millones de euros.

Pues bien, la situación de falta de un presidente de la Corporación de Radiotelevisión Española, tiene a la entidad en la siguiente situación: en primer lugar, no tiene posibilidad de presentar y aprobar sus cuentas anuales; no tiene capacidad de presentar su anteproyecto de presupuestos y, por tanto, tiene serias dificultades para cumplir con el programa de ajuste que el Ministerio de Hacienda, por cuanto la Corporación forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, ha establecido por criterios de austeridad.

Por tanto, el Gobierno considera que debemos proceder cuanto antes a fórmulas de desbloqueo de la situación de vacancia en la presidencia y en muchos de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación de Radiotelevisión Española. ¿Cuál es la solución que hemos encontrado? Volver íntegramente al sistema de la Ley aprobada en el año 2006.

Permítanme que les haga un cierto antecedente histórico. La Ley del año 2006, establecía que el presidente y los miembros de la Corporación serían elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado por mayoría de dos tercios; pero en ese momento inicial, para evitar posibles bloqueos, se introdujo una disposición transitoria en la Ley de 2006 que decía que, si no se lograba el acuerdo por mayoría de dos tercios, se procedería a una votación parlamentaria de mayoría absoluta. Sin embargo, esa norma que se estableció en el año 2006 sólo se aplicaba para la composición del año 2006, con lo que no tenía ninguna norma para evitar situaciones de bloqueo.

¿Qué hemos hecho? Aprobamos hoy un Real Decreto Ley que hace que exista una norma para solucionar los problemas de bloqueo en la designación parlamentaria. La designación seguirá siendo parlamentaria, como hasta ahora, con lo que disipo las dudas y las preocupaciones de alguno de los ponentes de aquella Ley de 2006 que he podido leer hoy en la prensa. Seguirá siendo parlamentaria, pero aplicamos el mismo sistema que esos ponentes de esa Ley adoptaron el año 2006: si la primera votación no logra los dos tercios, se procederá a una segunda en que buscará la mayoría absoluta. Seguimos, por tanto, el precedente de 2006 y los antecedentes de algunas Comunidades Autónomas que se han encontrado en situación similar, aunque, ya digo, el problema importante de gestión económica de Televisión Española es propio y exclusivo de la Corporación.

Pero creemos que es momento para hacer un esfuerzo de austeridad en la Corporación de Radiotelevisión Española. Por eso, remitiremos al Congreso de los Diputados una serie de medidas adicionales para su convalidación: en primer lugar, se reducirá de doce a nueve el número de miembros de la Corporación de Radiotelevisión Española y de entre esos nueve, se nombrará un presidente, es decir, se reducen en tres los puestos del Consejo de Administración; y, en segundo lugar, los miembros del Consejo de Administración de la Corporación de Radiotelevisión Española no tendrán dedicación exclusiva y, por tanto, un sueldo acorde con esa dedicación exclusiva.

Hoy, tras los recortes, el sueldo bruto de un consejero de Radiotelevisión Española superaba los 110.000 euros. A partir de ahora, los consejeros de Radiotelevisión Española sólo cobrarán dietas por su asistencia al Consejo. El único de ese Consejo de Administración que tendrá dedicación exclusiva --sujeto, por tanto, a un amplio régimen de incompatibilidades de altos cargos-- será el presidente de la Corporación.

Se trata, por tanto, de un paquete importante de austeridad en un ente que tiene que hacer un esfuerzo importante de austeridad. Necesitamos desbloquear esa situación y queremos hacerlo en el ámbito parlamentario, siguiendo los antecedentes que otros partidos políticos pusieron encima de la mesa y que nosotros respaldamos, con lo que entendemos que les podrá valer este mismo sistema. Y, en segundo lugar, lo que hacemos es un esfuerzo de austeridad importante. Pueden ustedes hacer la cuenta, yo no lo voy a hacer, simplemente de lo que puede ahorrarse en sueldos de ese Consejo.

En este Real Decreto Ley, además, damos solución a un asunto que conocen bien y que, a pesar de haber intentado un acuerdo o una mediación entre las partes, no ha sido posible. Estoy hablando del conflicto de las radios. En este Real Decreto Ley lo que se establece, previo diálogo con el sector, es que las radios tendrán el derecho de entrar en los estadios de fútbol para poder informar sobre esos espectáculos deportivos, formando parte del derecho de información. Las radios tendrán que abonar los gastos que supongan la entrada y el uso de determinadas instalaciones en los estadios, fijándolos de común acuerdo con los clubs. En el caso de que no haya acuerdo, intervendrá la correspondiente autoridad supervisora.

Es decir, el Gobierno asume un compromiso de su Presidente de solventar el que se ha denominado el "contencioso de las radios", en el sentido de que preservamos el derecho a la información, pero también tenemos presente que los clubes de fútbol tienen derecho a ser reintegrados de los gastos; no de la información, si no de los gastos de funcionamiento que esa medida suponga.

Por último, les informo de que se ha abordado en el Consejo de Ministros la situación generada por la expropiación por parte de la República Argentina de las acciones en YPF de la empresa Repsol.

En primer lugar, quiero destacar y agradecer el importante, el enorme, apoyo internacional que ha tenido el Gobierno español, y España en su conjunto, en este asunto. Tanto la Unión Europea, muchos de sus más destacados miembros, como Estados Unidos, como el amplio apoyo que se ha tenido en Iberoamérica o como en numerosos organismos internacionales, han puesto de manifiesto el respaldo que han tenido España y los españoles en este punto. La convicción de todos cuando nos encontramos ante decisiones de esta naturaleza es que la que se ve afectada la Comunidad Internacional, los países que cumplen la legalidad y la seguridad jurídica, y, sobre todo, lo que se pone de manifiesto es que con actuaciones de este tipo de ciertos países van en contra de sus propios intereses y de su propia reputación internacional, que queda seriamente dañada.

En segundo lugar, quiero poner en valor la Resolución que ha aprobado hoy el Parlamento Europeo, que era uno de los puntos en los que el Gobierno ha puesto mayor interés. Quiero agradecer a los Grupos Parlamentarios su apoyo. Se ha apoyado, con un número muy amplio de votos, una Resolución del Parlamento Europeo --458 votos a favor, 71 en contra y 16 abstenciones-- donde se apoya la seguridad jurídica de las inversiones europeas en el mundo.

Hay dos elementos --todos son muy importantes-- muy destacados de acciones futuras de esa Resolución: uno afecta a la extinción del sistema de preferencias con anterioridad al 1 de enero de 2014, y, en segundo lugar, la posibilidad de negociaciones bilaterales en el ámbito de MERCOSUR y no en el conjunto de la Comunidad Andina.

Nos hubiera gustado haber tenido el apoyo de algunos en esos tipos de medidas; pero bienvenido sea el apoyo del conjunto y, especialmente, el apoyo del Parlamento Europeo a ese tipo de decisiones.

Quiero decir que el Gobierno seguirá buscando medidas y acciones de naturaleza diplomática en todos los foros, porque es nuestra obligación proteger los intereses de los españoles, de los que muchos son pequeños accionistas en esa empresa.

También les informo de que el ministro de Industria ha sometido al Consejo la posibilidad de que, desde su Departamento, se apruebe una Orden Ministerial que es la que se conoce como la Orden Ministerial del Biodiesel. Como saben, es un sistema de medidas equivalentes que tiene por objeto establecer la circunstancia de que se logrará esa medida de efecto equivalente cuando se adquiera biodiesel de aquellas plantas, de aquellas empresas, que tengan ciertas autorizaciones y que deban estar situadas en el territorio español o comunitario.

Esa Orden de Biodiesel, cuyo contenido conocen todos bien, será firmada hoy por el ministro Soria y publicada mañana en el Boletín Oficial del Estado. Se trata de una acción que tiene por objeto o que logrará también un apoyo a esas operaciones llamémoslas de refino por parte de empresas españolas o comunitarias y que busca colocarlas en una situación adecuada para poder prestar ese biodiesel en condiciones que lo hagan competitivo.

Estamos a su disposición sobre estos temas, pero voy a darle la palabra a la ministra de Sanidad para que explique el Real Decreto Ley de reformas para la sostenibilidad del sistema sanitario.