Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos acordados y debatidos en Consejo de Ministros; un Consejo de Ministros en el que se han impulsado dos Anteproyectos de Leyes muy importantes para adaptar dos marcos legales muy diferentes, pero sí muy necesarios en el ámbito que nos movemos, cuales son el Derecho Internacional y el Derecho de Familia.

Hoy me acompaña en esta mesa el ministro de Justicia para dar los detalles del Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental, que hoy aprobamos, en casos de nulidad, separación y divorcio, en su trámite de Anteproyecto, y que será remitido a todos los organismos pertinentes para informar una norma de esta naturaleza, que lo que pretende es adecuar nuestra legislación a todos los cambios en el Derecho de Familia que se han producido en la sociedad española y, además, establecer como regla general y máxima el interés superior del menor.

Me voy a centrar más, dado que está aquí el ministro, en el segundo de los Anteproyectos, que es el Anteproyecto de Ley de Tratados y Acuerdos Internacionales, que ha sido aprobado en esta fase y que se remitirá al Consejo de Estado.

Yo, en primer lugar, quiero reconocer la labor que está haciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores en un aspecto muy importante. y que forma parte del espíritu de los informes de reforma de las Administraciones Públicas, que es la necesidad de codificar y de armonizar nuestro Derecho en todos y cada uno de estos ámbitos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho una labor muy importante de codificación, primero con el Anteproyecto y ahora Proyecto de Ley, de Acción y Servicio Exterior, y, en esa misma dinámica, el Anteproyecto de Ley de Tratados y Acuerdos Internacionales.

Fíjense ustedes que la norma que regulaba la elaboración y aprobación de Acuerdos y Tratados Internacionales era una norma preconstitucional, un decreto del año 1972, que ni que decirles está absolutamente obsoleto y desfasado. Entonces, los órganos del Estado afectados por la celebración de Tratados Internacionales no eran ni las Cortes ni el Jefe del Estado; no había control de constitucionales, no era la organización territorial que tenemos ahora, no formábamos para de la Unión Europea ni de buena parte de los organismos internacionales.

Se trata, por tanto, de una actualización y de una reforma que se ha intentado poner en marcha en otras ocasiones, en otros Gobiernos de la democracia, y que no había sido posible. Fíjense que ha habido, al menos, cuatro intentos de aprobar una norma como ésta: en 1979, en 1985, en 1999 y en 2011; no fue posible. Ahora, en 2013, sí lo ha sido.

¿Qué pretende esta Ley? Regular, de una manera unitaria, sistematizada y acorde con las exigencias de la Constitución de 1978 y del Derecho Internacional contemporáneo, la actividad del Estado en materia de Acuerdos Internacionales. Lo primero que hace es definir los tipos de Acuerdos Internacionales que existen en nuestro Derecho y en el Derecho Internacional: los Tratados Internacionales propiamente dichos, que son el instrumento jurídico clásico para asumir derechos y obligaciones entre los sujetos de Derecho Internacional, esto es, entre los Estados y las organizaciones internacionales; los Acuerdos Internacionales Administrativos, que son acuerdos que pueden celebrar una variedad de actores según la materia --Comunidades Autónomas, órganos distintos y organismos de las Administraciones Públicas-- y que suelen tener un carácter técnico; y, en tercer lugar, unos que, si me permiten la expresión, se han puesto muy de moda últimamente, los Acuerdos Internacionales no Normativos, los llamados MOUs, los memorándums, que son declaraciones de intenciones, que también pueden ser suscritos por una variedad de sujetos muy amplia: Gobiernos, Departamentos ministeriales, órganos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, los Entes Locales o las Universidades.

Pues bien, lo que se hace es regular estos tipos de acuerdos, estos tres tipos de acuerdos internacionales, la participación en cada uno de ellos de cada actor, y fundamentalmente del Estado, que tiene una labor clave, porque el Estado es el único sujeto de Derecho Internacional y en España tan sólo el Estado puede suscribir y celebrar Tratados internacionales. Por tanto, se recoge la participación inexcusable de los órganos del Estado en este proceso de celebración de Tratados; pero también se regula la participación de las Comunidades Autónomas en esa celebración: cómo pueden participar en ese proceso para lograr una norma respetuosa de sus competencias, habida cuenta que la asunción de Tratados Internacionales puede ser sobre materias en las que vayan distintos organismos o distintas Administraciones que puedan tener competencia. Por tanto, podrán participar en ese proceso de elaboración.

Lo que articula esta ley son mecanismos para que las distintas Administraciones tengan derecho a ser informadas de los Tratados que afectan a sus competencias, derecho a proponer al Gobierno la celebración de Tratados Internacionales e, incluso, la posibilidad de participar, de una u otra manera, en las negociaciones de esos Tratados.

Se recoge, además, la posibilidad de la celebración, no de Tratados, sino de otro tipo de Acuerdos Internacionales por parte de las Comunidades Autónomas, cuales son los no normativos por sí mismos y los administrativos. Lo que habrá es que el Estado tendrá los mecanismos necesarios para comprobar que estamos hablando de Tratados de esta naturaleza y que se cumplan, en todo caso, las exigencias legales existentes.

Por tanto, ante lo que estamos es ante una norma que era necesaria desde la aprobación de nuestra Constitución y, que, sin embargo, a lo largo de estos años no ha podido ponerse en marcha; que se ha puesto ahora en marcha; que hace una sistematización muy importante de los distintos instrumentos en el ámbito del Derecho Internacional; que fija la participación de cada uno; que garantiza que el Estado es el único sujeto de Derecho Internacional, porque además es quien asume el conjunto de las obligaciones y deberes que de ello se derivan, y regula la participación de todas las Administraciones al respecto.

Se trata, por tanto, de una norma muy importante, no sólo para el Ministerio de Asuntos Exteriores, sino para el conjunto del Gobierno, de la Administración General del Estado y de todas las Administraciones Públicas, porque sistematiza la distinta intervención de unos y otros, y porque, además, codifica, como decía, con la Ley de Acción y Servicio Exterior del Estado, una materia en la que, a pesar de los años transcurridos, no había claridad al respecto; las normas eran obsoletas, absolutamente desfasadas e impropias de un Estado como el nuestro, que tiene una gran presencia en el ámbito internacional. Si quieren cerciorarse de que es así, tienen ustedes, en todas las Referencias de Consejos de Ministros indudables Tratados y Acuerdos internacionales de muy distinto tipo, que suscribimos unos y otros.

En otro orden de cosas, quiero también informarles de dos decisiones que se han tomado en el Consejo de Ministros, al hilo de dos Informes que han sido presentados.

El Consejo de Ministros ha visto el Informe que ha hecho el Ministerio de Industria sobre el Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente, que ya tiene el nombre acuñado de PIVE. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha presentado el balance de lo que ha supuesto éste conocido como PIVE 2, porque se ha demostrado que es una de las medidas más eficientes para la reducción del consumo energético, con efectos muy positivos en el ámbito de materia ambiental y de seguridad vial, pero también de dinamización de la economía.

Este Plan ha permitido atenuar la fuerte caída de ventas de vehículos en España, asociada, indudablemente, a la crisis económica, aliviando también los efectos sociales sobre el sector, además de que tiene efectos muy positivos sobre otros sectores asociados.

Como saben, el 31 de enero de 2013 se aprobó el Plan PIVE 2 por resolución de la Secretaría de Estado de la Energía. Dicho Plan tenía una dotación de 150 millones de euros, siendo de características similares al primer Plan, aunque con alguna particularidad: se disminuían los requerimientos de antigüedad en los coches achatarrados a siete años para el vehículo turismo y a diez años para el vehículo de tipo comercial, y se consideraban ayudas públicas de hasta 1.500 euros.

Pues bien, este Programa tiene un objetivo estimado cuantitativo de un máximo de 150.000 vehículos antiguos y unos ahorros anuales de 76 millones de litros de combustible. El Gobierno ha considerado oportuno ampliar este Plan PIVE, dado que han sido consumidos buena parte de sus fondos. A 5 de julio se han producido 133.729 reservas, lo que supone el 89 por 100 del objetivo, y consideramos que debemos extenderlo en su aplicación.

Por ello, el ministro de Hacienda ha recibido instrucciones del presidente del Gobierno de elaborar un Real Decreto Ley, que aprobaremos en los próximos Consejos de Ministros, para dotar de un crédito extraordinario de setenta millones de euros más a este Plan PIVE, que será ya un PIVE 3. De manera que damos estabilidad a una medida que ha funcionado muy bien, que ha servido para ayudar a un sector clave en nuestra economía, para paliar los efectos sociales de la crisis, pero también para contribuir al ahorro energético y a la seguridad vial. Por tanto, en los próximos días aprobaremos, como ya digo, un Real Decreto Ley dotado de setenta millones de euros para dar continuidad al Plan PIVE y dar estabilidad al PIVE 2, que aprobamos, como digo, a principios de este año.

Por otro lado, se ha presentado, por parte de los ministros de Industria y Hacienda, un Informe muy completo sobre el sector naval y la decisión que adoptó la Comisión Europea en relación al ya conocido como el "tax lease", las ayudas al sector naval. Ambos Ministerios llevan trabajando desde el inicio de los expedientes, pero también, ya particularmente, desde el conocimiento de esa decisión, para la adopción de las medidas necesarias en defensa del sector naval. Están trabajando ambos Ministerios, sus servicios jurídicos, económicos y financieros.

Pero quiero decir que en este punto, y además quiero agradecerlo, ha sido inestimable la colaboración de todas las Comunidades Autónomas afectadas, de los sindicatos y de la patronal del sector naval. Hemos ido de la mano, con un gran consenso y con una gran coordinación, y queremos que así siga siendo en las futuras actuaciones. Por eso el ministro de Industria ha recibido la instrucción de convocar inmediatamente una reunión con los representantes de las tres Comunidades Autónomas que han venido acompañándole a las reuniones, con los sindicatos y con la patronal del sector naval para consensuar la estrategia a seguir a partir de ahora.

Como digo, todos los servicios, tanto jurídicos como de la Secretaría de Estado de Hacienda, están trabajando en el análisis, las implicaciones y consecuencias de esa decisión, en cómo puede afectar y en qué posición podemos adoptar y defender; pero nuestra voluntad es que sea un trabajo conjunto y una decisión coordinada de todos los afectados.

Por tanto, la semana que viene se mantendrá una reunión amplia con Comunidades Autónomas, patronal y sindicatos del sector naval para trabajar juntos en lo que tiene que ser el siguiente objetivo: la mejor defensa del sector naval, las medidas necesarias para su supervivencia y la confianza que tenemos que dar a los inversores en un sector que ahora tiene un sistema, el que se aprobó a principios de año, perfectamente legal, perfectamente acreditado, y que tiene que servir como plataforma para continuar trabajando en un sector muy competitivo, que genera mucho valor añadido y en el que todos tenemos que trabajar para mantener, y a ser posible ampliar, los puestos de trabajo.

Un último asunto. Lo verán ustedes en la Referencia, pero me parece importante que llame su atención sobre ello, para que no pase entre los innumerables elementos de trámite que tienen ustedes en la Referencia. Hoy se ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de ejecución de las obras del proyecto de construcción para la implantación del ancho estándar en el Corredor Mediterráneo, concretamente en el tramo Castellbisbal-Murcia, subtramo Font de San Luis-Almussafes. Ésta es una parte muy importante del Corredor Mediterráneo, que saben que ha sido defendida por este Gobierno como un eje estratégico y fundamental de nuestra economía.

El arco Mediterráneo Occidental es una zona estratégica clave para el desarrollo de actividades logísticas y empresariales a nivel nacional e internacional. Hoy autorizamos la licitación del tercer carril en el tramo Almussafes, de Valencia, Font de San Luis. Estos trabajos suponen una inversión de más de veinte millones de euros y permitirán la conexión de las factorías de automóviles de Almussafes con el Corredor Mediterráneo. Es decir, lo que hacemos es convertirlo en lo que tiene que ser: una verdadera plataforma logística y de salida de la producción empresarial española.

Las infraestructuras serán aptas para la circulación de trenes de mercancías de 750 metros de longitud a lo largo del Corredor, donde se va a compaginar el impulso al tráfico de viajeros y, especialmente, de mercancías.

Quiero destacar simplemente que el área de influencia sobre la que se desarrolla el Corredor Mediterráneo abarca el 47 por 100 de la población española y el 44 por 100 del Producto Interior Bruto, y genera casi la mitad del tráfico total de mercancías. Es, por tanto, un punto importante, que no nos gustaría que se perdiera entre las referencias amplias y numerosas de los contratos que figuran en el resumen de Consejo de Ministros, porque ésta es una apuesta estratégica de primer orden para todas las Comunidades Autónomas del Mediterráneo, pero para el conjunto de España, y, si me apuran, para la conexión de toda la Unión Europea en el conjunto del Mediterráneo.