Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Voy a dar cuenta de los asuntos que ha abordado este Consejo de Ministros.

En primer lugar, quiero señalar que el Consejo de Ministros se ha detenido largamente en un informe del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró en el día de ayer.

Quiero transmitir, en primer lugar, la valoración sumamente positiva que el Consejo de Ministros ha hecho de esa reunión; una reunión que marca un hito muy importante en el desenvolvimiento del Estado autonómico.

El acuerdo de ayer es un consenso de primer nivel. El acuerdo de ayer es un auténtico pacto de Estado en el que todos sus miembros hacen común un objetivo de nación, que es controlar el déficit para salir de la crisis. En ese acuerdo se pone, además, de manifiesto la viabilidad de un Estado, el Estado de las Autonomías, que es capaz de marcarse objetivos comunes y que es capaz de fortalecer la unidad de todos sus miembros para conseguir lo que tiene que ser un elemento fundamental en la salida de la crisis, que es el control del déficit.

A través de ese Consejo de Política Fiscal y Financiera las Comunidades Autónomas, conjuntamente con el Gobierno de la nación, ponen en claro sus cuentas, ponen a cero sus cuentas, aprovechando también el Plan de Proveedores, con un elemento fundamental, el del control del déficit, para salir de la crisis.

Como bien saben, tres son los objetivos fundamentales o tres son los elementos fundamentales para conseguir el objetivo de salir de la crisis: uno es la consolidación fiscal, esto es, la austeridad y el rigor presupuestario para lograr, a través de ese control presupuestario, destinar los mejores recursos y los mayores recursos posibles a la gestión del Estado de Bienestar; en segundo lugar, las reformas estructurales que necesita el país para modernizarse, para volver a crecer y crear empleo, y, por último, la reforma del sistema financiero.

Pues bien, en torno a uno de esos elementos las Comunidades Autónomas y el Gobierno de la nación logran un acuerdo para fijarse un objetivo común y un objetivo de primera magnitud, que es ese control del déficit.

Por tanto, la valoración del Gobierno es una valoración positiva por cuanto, con independencia de los distintos intereses y situaciones de esas Administraciones de cada una de las Comunidades Autónomas, se logra un acuerdo para la consecución de ese objetivo de control del déficit como mecanismo para salir de la crisis.

Y quiero, en nombre del Gobierno, agradecer a todos los participantes, a todos ellos, la responsabilidad con que han actuado en este camino que ahora se inicia y que, indudablemente, será objeto de control por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Es un objetivo al que ha ayudado, indudablemente, una ley, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, fruto de una reforma constitucional, que ha permitido marcar una senda de unidad y de intereses comunes de todas las Administraciones públicas españolas en un órgano que sale de ella también reforzado, como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

A partir del día de ayer empieza la ejecución de ese acuerdo y el control de su ejecución, y lo hace a través de la remisión mensual de información, que establece y a que obliga esa Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, a partir de la cual se trasladarán sus datos en datos homogéneos de Contabilidad Nacional. Es decir, por primera vez, habrá un control mensual de la ejecución de las Comunidades Autónomas en términos homologables y transparentes para todos los ciudadanos, por cuanto de la transparencia de las cuenta públicas nace también la responsabilidad, en esa tarea compartida y acordada en el día de ayer, de controlar el déficit, de reordenar los servicios públicos y de lograr una verdadera reforma administrativa; un cambio de mentalidad en todas las Administraciones para, cumpliendo con los compromisos presupuestarios, lograr poner el contador, las deudas, a cero y empezar a abrir una nueva senda de crecimiento y creación de empleo.

En segundo lugar, este Consejo de Ministros ha analizado el segundo de los pasos de lo que para nosotros es una reforma fundamental de regeneración democrática de transparencia. Creemos que uno de los elementos claves que da fiabilidad a un país, que refuerza su confianza y que da credibilidad es la transparencia, la rendición de cuentas, de sus instituciones.

Saben que hace algunas semanas el Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Documentación Pública y el Código de Buen Gobierno fue expuesto a audiencia pública; en concreto, el 23 de marzo. Estuvo colgado en la página web del Ministerio de la Presidencia hasta el 11 de abril. En ese tiempo fueron muchas las visitas --más de 78.000 visitas-- y numerosas las aportaciones, tanto de particulares, como de otras Administraciones públicas o como, de una manera muy especial, de distintas organizaciones no gubernamentales, algunas muy ligadas al ámbito de la transparencia y otras, con otros contenidos o con otros cometidos de carácter más general o más particular.

En total, se han recibido 3.669 correos electrónicos con observaciones y, por Registro, ha habido catorce entradas más. Es decir, ha tenido casi 3.700 aportaciones, de muy diversa índole y de muy diferente calado. Analizadas todas ellas, en una labor en la que permítanme que reconozca la tarea que han llevado a cabo los funcionarios de esta casa, se han ido extrayendo algunas que podían incorporarse, porque respondían a la filosofía y, sobre todo, a la posibilidad de cumplimiento en esta Ley, por cuanto en esta Ley lo que vamos a procurar es que lo que se incluya, se cumpla. Sería muy fácil hacer gestos de inclusión de cuestiones que después queden en papel mojado. Lo que queremos es que sea una ley de obligado cumplimiento para todos en sus propios términos.

En primer lugar, ha habido petición de ampliación de los sujetos, algunos de los cuales ustedes conocen, porque me han preguntado aquí sobre posible inclusión. No obstante, yo quiero recordar que esta Ley es una ley dirigida a las Administraciones públicas o a aquellos que tienen alguna relación o alguna consideración en algunas de sus funciones de administración. Por eso, se ha aceptado una sugerencia de muchos ciudadanos de incluir a los Colegios Profesionales como corporaciones de derecho público en la Ley de Transparencia, y se ha incluido.

Se ha ampliado también entre los sujetos a los adjudicatarios de contratos que, en cuanto tales, llevan a cabo la gestión de responsabilidades administrativas y que, en los términos que establezca el propio contrato, tendrán que hacer transparente esa gestión contractual.

En tercer lugar, se ha ampliado el ámbito de la Ley de Transparencia a aquellos elementos que se van a incorporar en la información que, de una manera activa, las Administraciones cuelgan en sus páginas web o en el Portal de Transparencia, al que luego aludiré. Y se va a ampliar la información en materia de contratos a elementos tales como los desestimientos o las renuncias; pero también se da una solución a la información sobre contratos menores, que saben que son contratos de muy pequeña cuantía, que estaban excluidos de la Ley. Ahora lo que se hará es una información trimestral de los montantes y los principales elementos de esos contratos.

Se refuerza la posición del Portal de la Transparencia. ¿Qué es el Portal de la Transparencia? Es una página web única, en este caso, para la Administración General del Estado, en la que todos los Ministerios y todas las entidades que integran la Administración General del Estado incluirán su información para que los ciudadanos puedan, yendo a una sola página, analizar, o la documentación que se aporta directamente por la Administración, o reconducir sus peticiones a un único órgano, que se encargará de distribuirlas y recabar las respuestas para su aportación.

Quiero decir que los ciudadanos han reclamado la conversión del silencio negativo en silencio positivo. Lo hemos valorado pero, ante la situación de materias que son importantes y sensibles para la seguridad ciudadana o de las personas, para la defensa nacional, que pueden afectar a la competencia entre determinadas personas o empresas que están vinculadas a procedimientos administrativos; ante esas dificultades de limitaciones que afectan a elementos importantes, esta Ley mantendrá el carácter del silencio negativo, por cuanto actuar de otra manera supondría perjuicios en ocasiones a intereses, o públicos, o de terceros, que entendemos que hay que preservar.

Pero, sin embargo, sí hemos atendido a una petición de dotar de mayor independencia a la valoración de esas decisiones que adopta la Administración sobre la aportación de información o sobre la vigilancia de la propia Ley. Se ha reclamado un organismo o una entidad que fuera más independiente respecto de la propia Administración que tiene que prestar los datos de transparencia. Como no queremos crear nuevas agencias ni nuevas estructuras que cuestan dinero a los ciudadanos, saben que existía una Agencia de Calidad de los Servicios, que se encargaba precisamente de comprobar que la Administración prestara servicios de mejor calidad y mejor gestionados a los ciudadanos, esa Agencia, ya en el borrador, se convertía en Agencia de Transparencia y de Calidad de los Servicios.

En este segundo paso reforzamos su independencia con un régimen de nombramiento de su presidente similar al de los organismos supervisores; en concreto, al del nuevo organismo supervisor que se va a crear, que es independiente --lo es por exigencia, entre otras cuestiones, de la Unión Europea--, que es la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia. Pues bien, en esta Agencia de la Transparencia su director, su presidente, será elegido de la misma manera que esa Comisión y sólo podrá cesar por las causas previstas en la Ley. Es decir, le damos un estatus de mayor independencia respecto a la Administración General del Estado.

Hay dos últimos puntos que se han reforzado, y mucho, en esta Ley. De un lado, en el Código de Buen Gobierno se ha establecido mucho más acotado y mucho más profundo el régimen del procedimiento sancionador de aquellos altos cargos que incumplan las normas de buen gobierno previstas en la Ley. Tratándose de ministros o secretarios de Estado, será el Gobierno, será el Consejo de Ministros, el órgano sancionador; tratándose de otros altos cargos, será el Ministerio, ahora de Hacienda y Administraciones Públicas. Y ese Ministerio de Hacienda será el encargado de sancionar las conductas de los altos cargos que vulneren, en los términos previstos por la Ley, la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es decir, del mismo modo que ese Ministerio puede acordar el envío de delegaciones u otros mecanismos coercitivos para cumplir los planes de ajustes, será también el que tenga encomendada la misión de analizar si hay vulneración de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por parte de un alto cargo, que sea constitutiva de infracción e imponer la correspondiente sanción.

Por último, se refuerza la tarea del Gobierno a la hora de abordar la simplificación normativa. Uno de los elementos de esta Ley era la necesidad… Para, evidentemente, ser más transparente y, sobre todo, fomentar la calidad de las normas que van dirigidas al conjunto de los ciudadanos, se creó una Unidad de Simplificación Administrativa. Esta Unidad de Simplificación Administrativa va a depender de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, por cuanto es el vehículo de relación del Gobierno con el Congreso de los Diputados, y tendrá la obligación primera de aprobar un Plan de Simplificación Normativa.

Este Plan de Simplificación Normativa tiene por objeto que en nuestro país haya menos y mejores leyes; que los ciudadanos y los operadores económicos y jurídicos, en general, se encuentren con normas más sencillas, mejor hechas y, a ser posible, menos numerosas. Por eso tiene el encargo de elaborar, en primer lugar, una relación de textos refundidos que tendrán que presentarse en el Congreso de los Diputados. Es decir, el propio Gobierno tratará, en las normas que han sufrido muchos cambios, de llevar un buen número de textos refundidos a las Cortes para que en una sola norma estén presentes todas las modificaciones que se han producido y que están en vigor.

En segundo lugar, utilizaremos el instrumento de la codificación para dar unidad a normativas de un mismo sector, pero dispersas en distintas leyes, y muchas veces con diferente interpretación entre unos y otros preceptos, para clarificar a los operadores jurídicos y tener en un solo texto el régimen jurídico aplicable. Y se fortalecerá la obligación, del Gobierno pero también de las Cortes Generales a la hora de llevar a cabo estas cuestiones, de inclusión de cláusulas derogatorias que saquen del ordenamiento jurídico aquellas normas o aquellos artículos de normas que están derogados, que están superados, por las que se presenten.

Es un plan que tiene un objetivo fundamental, que es mejorar la calidad normativa, pero, sobre todo, dar a los ciudadanos normas de mayor calidad y a los operadores jurídicos y económicos una mayor seguridad jurídica, que, indudablemente, redundará en una mayor facilidad en el tráfico económico y en el tráfico jurídico, que, en la medida de lo posible, también puede ayudar a reducir el número de la litigiosidad por cuanto una de las reclamaciones de todos los operadores y de los profesionales, en este sentido, son mejores leyes, que no tengan que ser discutidas en su interpretación ante nuestros tribunales.

Ése es el contenido de un Anteproyecto que ahora se remite a la Agencia de Protección de Datos, por cuanto, indudablemente, afecta a ese régimen, y que después pasará el trámite correspondiente ante el Consejo de Estado, previa su remisión a las Cortes Generales.

Estoy a su disposición para cualquier pregunta sobre este asunto u otro.