Intervención del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera

Sr. Caldera.- Empezaré por el Proyecto de Ley de Medidas de Seguridad Social que, como saben los españoles, es un Proyecto de Ley muy importante. Primero, deriva del diálogo social y quiero agradecer a los representantes de los trabajadores y de los empresarios este acuerdo que garantiza nuestro sistema de pensiones. Los españoles pueden estar tranquilos: el sistema público de pensiones está plenamente garantizado, y no sólo está garantizado; las pensiones en España serán mejores en el futuro. Serán mejores para todos, no cabe la menor duda, porque, además, esta reforma se realiza en el mejor momento de la Seguridad Social en España, el mejor momento. Nuestra Seguridad Social tiene un elevado superávit y nos permite aplicar reformas paulatinas para hacer frente a los retos de futuro, como hace este Proyecto de Ley.

La Comisión Europea ha elaborado un informe hace un mes donde sitúa al sistema público de pensiones español entre los de reparto, que son del tipo que tenemos en España, como el segundo más sostenible de Europa. Por tanto, estamos a la cabeza en sostenibilidad del sistema y los españoles deben estar plenamente tranquilos.

Además, esta reforma que hoy les presento es coherente con nuestro desarrollo económico y social, y sigue plenamente las directrices que marcó el Pacto de Toledo.

¿Cuáles pueden ser los riesgos de futuro? Sin duda, el hecho de que los ciudadanos cada vez vivimos más años, por fortuna. Las españolas y los españoles cada vez viven más tiempo y necesitan tener garantizada la pensión durante más tiempo. Por eso esta reforma va en esa línea y toma las medidas necesarias para que el hecho de que vivamos más tiempo no suponga un riesgo para el sistema de Seguridad Social.

Además, adapta la protección social a las nuevas realidades familiares lo decía la señora Vicepresidenta, reformando la pensión de viudedad, reconociendo las parejas de hecho esto es muy importante; da mejor cobertura a situaciones de necesidad, es decir, personas que tienen situaciones de necesidad van a percibir mejores prestaciones; racionaliza situaciones que están teniendo un comportamiento anómalo dentro del sistema, controlando el gasto ahora diré cuáles son, y, por último, preserva la viabilidad y sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones para el futuro.

Ya les dije que respondía a las directrices del Pacto de Toledo. Nosotros tenemos un sistema de Seguridad Social que es el que quieren los españoles, que es un sistema público y de reparto. ¿Qué quiere esto decir? Que es que un sistema solidario, es decir, que garantiza solidariamente las prestaciones a todos los españoles.

Hoy, como les decía, la Seguridad Social en España atraviesa por el mejor momento de su historia; es el momento en que tiene más saneadas sus cuentas. Yo recuerdo que durante la década de los 80 se nos advirtió una y otra vez que el sistema de pensiones en España estaría ya en déficit en el año 2000. Se equivocaron, claro que se equivocaron. En los años 90 nos dijeron muchos organismos internacionales que el sistema de pensiones en España tendría graves problemas en el año 2005-2006. Se equivocaron, claro que se equivocaron, y ahora también se equivocan quienes piensan que en el futuro el sistema no será sostenible. Lo será y, repito, será sostenible pudiendo percibir los españoles mejores pensiones.

Les pondré un ejemplo. En el año 2006 el superávit de nuestro sistema de Seguridad Social, en su conjunto, alcanzó casi el 1,27 por 100 del PIB. No hay ningún modelo de Europa que lo haya conseguido; es el primero: 1,26 por 100 del PIB de superávit; es decir, más de diez mil millones de euros que están ahí para respaldar el futuro del sistema.

Ésta es una reforma ambiciosa, que conjuga la mejora de la protección social a ciudadanos en situación de necesidad con la garantía de la sostenibilidad y solidez financiera del sistema.

¿Por qué mejoramos la protección social? Porque reconocemos la pensión de viudedad a las parejas de hecho y, además, incrementamos y eliminamos las situaciones de discriminación en las pensiones de orfandad. Por tanto, las pensiones de orfandad de aquellas personas que se quedan huérfanas, que pierden a sus progenitores, a su padre o a su madre, serán mejores.

Mejoramos también la pensión de jubilación de colectivos más desfavorecidos; por ejemplo, los que se jubilaron anticipadamente, pero de manera involuntaria, antes del 1 de enero del año 2000 y los mayores de 52 años que se encuentran en situación de desempleo. Y reconocemos una pensión mínima de incapacidad permanente a los trabajadores que no han podido cotizar lo suficiente. Por tanto, aquí tenemos un refuerzo de la protección social.

Pero también tenemos medidas que van en la línea de garantizar la sostenibilidad del sistema en el futuro. Por ejemplo, hay avance en el control del sistema de Seguridad Social, como los mecanismos más eficaces de control de la baja por enfermedad. Aquí hay que ser serios y exigentes, porque estamos trabajando en beneficio de todos los españoles.

Cuando llegamos al Gobierno, Vicepresidenta, el gasto por enfermedad común crecía un 14 por 100 al año. No era sostenible. Si hubiera continuado así, los gastos del sistema se hubieran gravado de una forma extraordinaria. Tomamos medidas de control y hoy el gasto crece sólo al 5 por 100, por debajo del crecimiento real de la economía. Por tanto, hoy podemos decir con satisfacción que hemos establecido medidas de control que evitan gastos futuros.

Logramos también que exista una mayor correspondencia entre lo cotizado y lo percibido, y habrá que cotizar un poco más de tiempo para alcanzar la pensión: quince años efectivos. Además, incentivamos con estímulos suficientes la prolongación de la vida laboral: si vivimos más años y queremos seguir percibiendo durante más años buenas pensiones, pensiones sostenibles, tenemos que trabajar un poco más de tiempo. Ése es el mensaje que esta reforma envía a los ciudadanos españoles. Con estímulos, lo estimulamos. ¿Cómo? Toda persona que trabaje a partir de los 65 años tendrá un incremento de su pensión entre el 2 y el 3 por 100 anual; es decir, verá mejorada notablemente su pensión. Por tanto, del hecho de trabajar más tiempo también obtendrá mejores prestaciones. Y es necesario hacerlo, estimular la permanencia en el empleo, porque de ese modo garantizaremos la sostenibilidad del sistema.

Y limitamos la posibilidad, por supuesto, del acceso a la jubilación anticipada y a la jubilación parcial, que suponen enormes gastos al sistema. Lo hemos limitado porque el crecimiento del gasto era enorme y porque nos parecía que para garantizar el acceso a la jubilación anticipada y parcial tenemos que exigir una serie de condiciones que impidan el gasto excesivo. Por tanto, ahora habrá que haber cotizado más años al sistema de Seguridad Social, sólo se podrá acceder a partir de los 61 años y tendrá que haber unas alternativas con el contrato de relevo que garanticen que ese empleo es estable y que ese empleo va a generar a la Seguridad Social suficientes recursos para mantener la jubilación de la persona que lo hace parcialmente.

Con estas medidas, en conclusión, cumplimos los objetivos que debe tener toda reforma de Seguridad Social: mejorar la protección social de los ciudadanos, de una parte, se mejora la protección social de muchos millones de españoles, y, al mismo tiempo, fortalecer el equilibrio económico y la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social para garantizar nuestras pensiones en el futuro.

El empleo en España está creciendo de forma extraordinaria. Hoy tenemos veinte millones de ocupados. Ésa es la mejor garantía para el futuro del sistema de Seguridad Social. La mujer cada vez se incorpora en España con más velocidad al mercado de trabajo. El 60 por 100 de los empleos creados el año pasado fueron femeninos. Ésa es la mejor garantía para la sostenibilidad futura de nuestro sistema.

Y tenemos, y lo explico brevemente, un Fondo de Reserva que alcanza, como nos recordó la señora Vicepresidenta, más de cuarenta mil millones de euros. Claro, cuarenta mil millones de euros son casi ocho billones de las antiguas pesetas, para que todos nos entendamos.

Hoy hemos hecho una aportación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la mayor de la historia. Me siento, como ustedes comprenderán, satisfecho y orgulloso de haber hecho esta propuesta al Consejo de Ministros, porque nunca se hizo una aportación semestral de cuatro mil millones de euros, que es la más elevada que hemos hecho en España. Con ella alcanzamos los cuarenta mil millones de euros en el Fondo de Reserva y, cuando hagamos la siguiente aportación en el otoño, superaremos los 45.000 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de cantidades que, fíjense ustedes, hoy ya alcanzan el 4,14 por 100 del PIB, de nuestro Producto Interior Bruto. Es decir, lo que hoy hemos aportado al sistema son 650.000 millones de las antiguas pesetas.

Con estas cantidades y con un Fondo de Reserva que seguirá creciendo durante bastantes años, y con estas medidas que se inscriben en los cambios en el proceso de reformas paulatinas del sistema, sin duda, los españoles tienen garantizado su futuro en lo que a las pensiones se refiere.

Paso a explicarles con un poco más de detenimiento el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, año 2007-2010, que hoy también hemos aprobado. Es un plan muy importante, como lo recordaba la señora Vicepresidenta Primera. Surge del consenso, quiero destacarlo, con Comunidades Autónomas, todas, y con organizaciones sociales y organizaciones representantes de los ciudadanos inmigrantes en España. Es verdad que la inmigración ha sido rápida en España, pero tengo que decir y felicitar al conjunto de los españoles por el grado de integración tan elevado y de comprensión que se ha producido con respecto a los ciudadanos inmigrantes que hoy trabajan en España.

Lo que queremos garantizar con este Plan Estratégico es que nuestros sistemas de prestaciones de servicios públicos (sanidad, educación…) no sufran deterioro alguno, no sólo para los inmigrantes, también para los españoles. Este plan va dirigido a ambos. Va dirigido a reforzar las políticas públicas, con unas cantidades tan importantes como las que ha citado la señora Vicepresidenta, 2.005 millones de euros en sólo cuatro años, para evitar ningún deterioro en esas prestaciones de servicios, ni para ciudadanos españoles ni para ciudadanos inmigrantes.

Dicho de otro modo, ningún ciudadano español puede verse perjudicado en los servicios que recibe por el hecho de que lleguen a España trabajadores de otros países. Eso es lo que pretende evitar este Plan Estratégico de Ciudadanía y de Integración, que, repito, se dirige al conjunto de los ciudadanos, españoles y extranjeros; que ha sido elaborado de forma consensuada, de abajo a arriba, hablando con todas las organizaciones, estableciendo un amplísimo proceso de consultas y más de mil aportaciones hemos recibido. Por tanto, creo que eso le da garantías de éxito por el nivel de participación que ha recibido.

Entre sus objetivos está la normalización de la convivencia y de la cohesión social, y de ahí que los principios de igualdad y no discriminación sean esenciales, así como el principio de ciudadanía.

El presupuesto es importantísimo y un 40 por 100 del mismo irá dirigido a los Ayuntamientos españoles.

Las medidas se articulan en una serie de actuaciones prioritarias, como son la de acogida, en primer lugar, para que cuando lleguen los inmigrantes a España adquieran los conocimientos y habilidades necesarios para implicarse, para desenvolverse en la sociedad española.

Por otra parte, las de educación: medidas contra la segregación escolar, implantación de programas de acogida educativa en los centros de enseñanza, formación de profesionales de la educación en la interculturalidad y en la gestión de la diversidad, y aprendizaje intensivo de la lengua-lenguas oficiales españolas de la sociedad de acogida.

Empleo: favorecer el acceso a la mejora y el mantenimiento del empleo, y lucha contra la discriminación en este campo.

Vivienda: reforzar programas de intermediación y lucha contra la discriminación en el mercado de vivienda.

Servicios sociales, por supuesto, para que, como decía antes, nuestros grandes servicios sociales no sufran ningún deterioro y mantengan su calidad y su prestación para todos los ciudadanos.

Salud: fomento de políticas informativas dirigidas a la población inmigrante sobre normas de acceso, derechos y obligaciones de los usuarios del sistema público de salud.

Infancia y juventud, igualdad de trato, mujer, participación, sensibilización, aspecto este último que es muy importante: mejorar la imagen pública de la inmigración, promocionar los aspectos positivos de una sociedad diversa y generar cambio de actitudes en relación con la inmigración.

Y, por último, codesarrollo. Es esencial que fortalezcamos el papel de las personas inmigradas, es decir las que han llegado a convivir con nosotros, como fuentes colectivas de desarrollo en sus propios países de origen, aprovechando las capacidades y cualificaciones de los migrantes como agentes de desarrollo.

Creo que, sin ninguna duda, todas estas líneas prioritarias de actuación garantizarán una adecuada integración social de los ciudadanos inmigrantes y, por tanto, una mejora del bienestar colectivo del conjunto de los españoles y de los inmigrantes.

Hago dos breves referencias finales a los otros dos acuerdos a los que ha hecho referencia la señora Vicepresidenta. Primero, aquel que regula la entrada, circulación y residencia de los ciudadanos europeos en España. Esto es muy importante. Como ustedes saben, uno de los principios básicos de ciudadanía comunitaria consiste en la libertad de circular y de residir de los europeos en cualquier país miembro de la Unión. Lo que hacemos con este Real Decreto lo explicó ya la señora Vicepresidenta es facilitar los trámites, hacer menos engorrosos los trámites burocráticos para los ciudadanos. Desaparece la tarjeta de residencia, lo ordena la Directiva comunitaria. Esto solía generar un trámite burocrático un tanto lento. Desaparece y se sustituye por un Registro Central, cuyo funcionamiento y composición serán mucho más rápidos para los ciudadanos comunitarios. Al mismo tiempo, se favorece el reagrupamiento familiar, incluso para las parejas de hecho, dentro del ámbito comunitario.

Por tanto, estamos hablando de un avance indudable en la regulación que garantiza la libre circulación de los ciudadanos comunitarios.

Por último, como indicaba también la Vicepresidenta, España sigue necesitando también trabajadores cualificados. Explico en muchas ocasiones que, a veces, hay una distorsión sobre el mercado laboral español. Parecería que todos los puestos de trabajo que se crean, si son para ciudadanos inmigrantes, son de baja o media cualificación. No es así. Hay un porcentaje muy importante de empleos altamente cualificados: científicos, personal directivo, artistas de reconocido prestigio internacional…, es decir, personas que ocupan estratos muy especializados en el desarrollo de las empresas. Para todos ellos hemos establecido un procedimiento, a través de la creación de una unidad específica, que nos va a permitir que entre dos y cuatro semanas podamos tener los permisos oportunos para estas personas que necesitan las empresas españolas.

Créanme que hay una petición enorme y hemos tenido un cierto retraso burocrático en la concesión de este tipo de permisos, que ahora vamos a agilizar de forma extraordinaria, facilitando, además, también a estas personas que les puedan acompañar sus familias cuando venga a trabajar a España.