Respuestas a los medios de comunicación

P.- A la vicepresidenta. Los fiscales de Cataluña parece que se oponen a la querella contra los responsables de la Generalitat de Cataluña que estuvieron detrás del 9-N. Me gustaría preguntarle, si finalmente no presentan la querella, si el Gobierno se considerará desautorizado en su afirmación de que la Generalitat, y el President en concreto, habían incurrido en ilegalidad.

Y al ministro Soria, como presidente del PP de Canarias, me gustaría preguntarle si es habitual encargar a parlamentarios de otras circunscripciones trabajos en su circunscripción y si nos podría concretar qué función ejercía el señor Monago cuando viajaba como senador a Canarias.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas en relación con la actuación de la Fiscalía, como ha venido además reiteradamente diciendo el propio fiscal general del Estado, la Fiscalía actúa de manera autónoma respecto del Gobierno y debe someterse en su actuación a los principios de unidad de actuación, bajo la dependencia jerárquica del fiscal general del Estado. Los principios que le guían son la legalidad y la imparcialidad, y con arreglo a eso tomará sus decisiones. Yo desconozco cuál será. Yo sólo sé que el Gobierno planteó, respecto a la convocatoria de un referéndum, un recurso ante el Tribunal Constitucional, que suspendió esa convocatoria; no se celebró ese referéndum. Y respecto a la vía de hecho, otro recurso, en este caso otra impugnación, que llevó a su suspensión.

Distintos tribunales en el ámbito de Cataluña han venido a reconocer que esa última resolución pudiera haber sido incumplida. Eso es lo que, de momento, ya ha dicho alguna resolución judicial; pero, desde luego, como Gobierno, nosotros respetaremos la actuación de la Fiscalía que, como se ha encargado de recordar, es autónoma. Yo lo que pido es que el resto de poderes del Estado y el resto de poderes públicos tengamos el mismo respeto que tiene el Gobierno a las decisiones de la Fiscalía.

Sr. Soria.- En relación con la pregunta que plantea, la defensa de los intereses de Canarias en la Cámara Alta la hace, por parte del Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, como siempre ha sido; la hace la dirección del Grupo Parlamentario Popular y la hacen, de manera singular, los senadores canarios que en representación del Partido Popular hay en la Cámara Alta. Cuestión distinta es que en actos del Partido Popular en Canarias hayan participado muchos dirigentes nacionales del Partido Popular, entre ellos también mi compañero el señor Monago.

P.- Una pregunta al ministro de Industria y una repregunta a la presidenta.

Quería preguntarle al señor ministro sobre el almacén de gas Castor. ¿Qué respuesta tiene que dar el Gobierno a las críticas por la rapidez de la Administración en pagar la indemnización a la empresa concesionaria de 1.350 millones y también por las críticas de opacidad en ese pago?

Las asociaciones de consumidores están reclamándole al Gobierno que no repercuta ese coste en la factura del gas. ¿El Gobierno piensa atender esas resoluciones?

A la presidenta, en funciones, quería preguntarle si el Gobierno contempla, visto que la Fiscalía parece que se resiste a actuar contra el presidente de la Generalitat y desde distintas fuentes del partido y del Gobierno se dijo que el Gobierno actuaría; si contempla alguna otra actuación, si ha encargado algún dictamen o informe a la Abogacía del Estado para ver qué es lo que procede en ese caso, si no actuara la Fiscalía contra los organizadores del proceso participativo, o si bien también alguna medida, si no ya jurídica, política.

Sr. Soria.- En relación con la primera de las cuestiones, quería decirle que, son sólo es que no haya habido rapidez por parte del Gobierno, sino que el Gobierno no ha pagado absolutamente nada. Quien ha pagado es el operador del sistema gasista. Así está establecido en el Real Decreto Ley que a tal efecto aprobó el Consejo de Ministros y se convalidó por parte de las Cortes Generales.

Quiero decir que opacidad, no sólo no habido, sino que todas las condiciones y todos los requisitos para que se pudiera hacer ese pago por parte del operador están incluidos justamente en esa norma. Y está así porque, como sabe usted, desde el propio Real Decreto de concesión de la autorización administrativa para hacer el almacenamiento, que no es de ahora, sino del año 2008, se establecía la posibilidad de que el operador en cualquier momento del desarrollo del proyecto podía renunciar y, si renunciaba, tenía que dar lugar a una indemnización. Es más, decía una de las cláusulas de aquel Real Decreto que esa indemnización sería por el valor residual, aun y cuando mediara dolo o culpa en la actuación por parte del operador.

Y le recordaría otra cosa: esa cláusula, justamente, fue declarada lesiva por parte del Consejo de Ministros, pero no del anterior Gobierno, sino de este Gobierno. Lo que ocurre es que, finalmente, el Tribunal Supremo no consideró que fura lesiva.

Por tanto, en esta materia fíjese usted lo que hemos hecho con el equipamiento de Castor. En primer lugar, hemos disminuido la retribución: cuando llegamos, la retribución estaba fijada en un 10,75 por 100 y la bajamos casi dos puntos; en segundo lugar, paramos todas las actividades de inyección de "gas colchón", cuando detectamos que había movimientos sísmicos por encima de un determinado nivel en la escala Richter por la alarma que se había producido; y, finalmente, una vez que el operador ha renunciado, ejerciendo el derecho, insisto, que aparecía en el Real Decreto de concesión de la autorización, hemos articulado un mecanismo en función del cual es el operador del sistema gasista quien hace el pago y luego, durante treinta años, es el sistema quien hará frente al mismo.

Por tanto, ésas son las condiciones y ésos son los requisitos que hay en el Real Decreto, y eso es lo que se llevará a cabo.

Vicepresidenta.- Me pregunta por qué la Fiscalía se resiste. Yo desconozco si se resiste o no se resiste. A lo mejor, tiene usted más información que yo, probablemente; pero sí le voy a decir lo que ha hecho el Gobierno hasta esta fecha.

En primer lugar, el Parlamento de Cataluña aprobó una declaración sobre su soberanía y nos preguntaron mucho si eso era recurrible y si el Gobierno lo iba a recurrir. Encargamos un informe a los servicios jurídicos del Estado, nos dijo que sí, el Gobierno la recurrió y obtuvimos una sentencia favorable, declarando la inconstitucionalidad de esa declaración y reconociendo que no son posibles en España referenda de autodeterminación, lo que sirvió, además para fundamentar, desde el punto de vista jurídico --luego hubo otros argumentos políticos--, un debate… Ha habido varios en las Cortes Generales, pero yo quiero recordar el de la Ley Orgánica reguladora de las consultas, donde una amplia mayoría del Parlamento nacional, del Congreso de los Diputados, dijo que no y en el que intervino el presidente del Gobierno que, como saben, puede hacerlo en los debates y lo hizo.

Cuando se convocó --tardaron mucho en publicarlo, pero lo convocaron finalmente y lo publicaron-- un referéndum de autodeterminación por parte de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno actuó y planteó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que determinó la suspensión de esa petición. Hubo un par de incumplimientos de esa suspensión que se incorporaron al incidente de ejecución de ese auto de suspensión y nosotros estamos a la espera, también, de esa decisión del Tribunal Constitucional que tiene que pronunciarse sobre el fondo del asunto. Lo digo por hablar de actuaciones jurídicas y luego hablaremos de las políticas.

Del mismo modo, cuando se empezó a proceder por la vía de hecho, y una vez que el Gobierno había acumulado suficientes argumentos para iniciar una vía de hecho que era ciertamente con pocos precedentes, por no llamarlo novedosa, en nuestro ordenamiento, planteó una impugnación ante el Tribunal Constitucional que fue apoyada, tanto por un dictamen unánime del Consejo de Estado, como unánime del Tribunal Constitucional, y también está pendiente de resolver.

En este caso, y hablando ya de la vía del delito, porque no estamos hablando de la relación entre Administraciones, sino de la vía del delito, a quien corresponde la defensa de la legalidad y el ejercicio de acciones es a la Fiscalía. Éste es nuestro sistema. Hay tres fórmulas, la actuación de la Fiscalía, que ejerce la, digamos, defensa del Estado, que como saben ustedes, es mucho más que el Gobierno, al menos es más grande. Al Gobierno lo defiende la Abogacía del Estado que se su abogacía; pero la Fiscalía ejerce la representación del Estado en defensa de la legalidad, sin otro tipo de criterios. El suyo es la defensa de la legalidad que, como saben, es la voluntad de todos los españoles. Y otras cuestiones son acciones populares, que puede ejercer cualquier particular, o el acusado particular que es el perjudicado directa e inmediatamente, especialmente en el ámbito económico, por el delito.

Pero en España la defensa del Estado en la legalidad, en el ámbito penal entre otros, la lleva a cabo la Fiscalía del Estado y nosotros respetamos su criterio, y a ellos les corresponde determinar si se ha producido o no una actuación contraria a la Ley y constitutiva de delito.

Sobre las actuaciones políticas, yo le voy a referir tres tipos de cuestiones que hemos hecho a lo largo de toda la Legislatura.

Como le he dicho muchas veces, somos Gobierno de España y, por tanto, Gobierno de los catalanes, en la parte que le corresponde al conjunto del Estado, y hemos asumido, cosa que no pasaba en anteriores Gobiernos --y me remito a las declaraciones de otros vicepresidentes y vicepresidentas--, como propios los problemas, no de Cataluña, sino incluso, si me apura, de la Generalitat; entre otros, la imposibilidad de financiarse y la imposibilidad de tener cobertura económica suficiente para sufragar los servicios públicos. Ahí está el pago de proveedores y ahí está el FLA, entre otras medidas.

Cuando el presidente de la Generalitat planteó la convocatoria de un referéndum, políticamente, desde luego, un Gobierno no puede ceder lo que no le corresponde. Ahora ha vuelto a plantear por escrito esa petición. Después de proclamarse independentista y de hacerlo con su voto, ha pedido que se convoque un referéndum para la autodeterminación, que es un referéndum camino de la independencia. Sencillamente, eso un Gobierno no lo puede hacer. Jurídicamente no puede hacerlo pero, políticamente, el partido que sustenta al Gobierno ya ha sido bien claro y su Presidente, que es el mismo, han dicho que esa posibilidad, desde luego, nosotros no la vamos a avalar.

Ya los términos políticos del debate en Cataluña los tendrá que explicar el señor Mas, porque cuatro días o tres días después de ese referéndum que han presentado como un éxito, a pesar de que dos de cada tres catalanes no le apoyó…Yo quiero recordar, si tiran ustedes de hemeroteca, que este año hubo una consulta llámese "X" en el Véneto y participó el 63 por 100. Tampoco servía absolutamente para nada, ¿no?; pero lo digo por si queremos hablar de participaciones en otros procesos. Pues cuatro días después, los que apoyaron esa consulta están como están. A mí me duele más que hayan dividido a la sociedad catalana, si le soy sincera; pero es que, además, la fractura siempre genera fractura y en este caso entre, los partidos políticos.

Con lo que yo invito a todo el mundo a la serenidad, a la moderación y al gobierno, porque con todas estas cuestiones la Generalitat de Cataluña lleva dos medias legislaturas sin gobernar para luchar contra la crisis económica, para luchar contra el paro y para conseguir salir del marasmo financiero en el que se encuentra y en el que ha logrado, pero porque es nuestra obligación para con los catalanes, el apoyo del Estado a la hora de sacar adelante sus servicios públicos.

P.- Vicepresidenta. Me gustaría preguntarle, después de que ayer el Supremo abriera causa contra los ex presidentes andaluces Chaves y Griñán, si usted, como vicepresidenta del Gobierno, defiende su presunción de inocencia.

Vicepresidenta.- Yo en esta mesa, como suelo mantener siempre el mismo criterio, lo sigo manteniendo ahora.

En primer lugar, este Gobierno respeta los procedimientos judiciales y los derechos, por supuesto, de todos en los procedimientos judiciales. El problema que me ocurre es que, cuando son otro tipo de inculpados o llámese como sea, no me suelen preguntar por la presunción de inocencia. Me la preguntan hoy con Chaves y Griñán. Le diré que para Chaves, para Griñán y para cualquiera por el que me pregunten. Mientras no tenga una sentencia que le declare culpable, no yo, Gobierno, sino toda la sociedad, tiene que respetar su presunción de inocencia. Como me lo ha preguntado con Chaves y Griñán, y no me lo preguntan cuando los afectados son otros, pero lo digo ahora y vale para todos. Nosotros respetamos la presunción de inocencia y respetamos los procedimientos judiciales.

Además, yo nunca entro en las decisiones de los partidos. Cada uno tendrá que explicar cómo aplica las propias reglas a sus propios casos. Eso no es tarea de este Gobierno; la de este Gobierno es la que ha hecho: llevar leyes al Parlamento para luchar contra la corrupción. Ésa sí es nuestra tarea, con independencia de quienes sean y si se les reconozca o no, porque no siempre pasa, el derecho a la presunción de inocencia.

P.- Yo querría volver al tema de la Fiscalía, vicepresidenta, simplemente para preguntarle si no cree que la Fiscalía está tardando en actuar contra presuntos delitos cometidos hace cinco días. a los ojos del Gobierno por el relato que nos ha hecho.

Vicepresidenta.- Yo no le puedo decir el tiempo que lleva o que no lleva. La Fiscalía tiene sus propios procedimientos y sus propios mecanismos. Será la propia Fiscalía, el fiscal general del Estado, quien tenga que explicarlos. A mí no me corresponde entrar en esa valoración.

P.- Una pregunta y dos precisiones a preguntas anteriores.

A la vicepresidenta, primero.

Vicepresidenta.- O sea, tres preguntas.

P.- Eso es. A la vicepresidenta le quería preguntar por el estado de las conversaciones y la posición del Gobierno ante el posible reconocimiento del Estado palestino por parte de España.

También le quería insistir en lo de Cataluña. Al margen de la actuación de la Fiscalía, ¿el Gobierno considera que se ha cometido algún tipo de ilegalidad por parte de la Generalitat de Cataluña?

Y al ministro de Industria también le quería pedir precisión a lo que ha hablado antes de los viajes del señor Monago a Canarias. Le quería preguntar si, como máximo dirigente del PP de Canarias, puede avalar la versión de que todos esos viajes fueron para actos del partido, actos políticos en las Islas donde usted era presidente del Partido Popular.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, el reconocimiento de Palestina como Estado, nosotros consideramos que debe impulsarse reafirmando la convicción de que la única solución posible para el conflicto es la coexistencia de dos Estados: Israel y Palestina. A nuestro juicio, este reconocimiento debe ser, en principio, consecuencia de un proceso de negociación entre las partes para garantizar la paz, la seguridad de ambos, el respeto a los derechos de los ciudadanos allí y la estabilidad regional.

¿Cómo creemos que debe de hacerse? Pues promoviendo de manera coordinada en el seno de la Unión Europea dicho reconocimiento del Estado palestino en el marco de una solución definitiva y global al proceso de paz en Oriente Próximo. Si esa negociación se revelara difícil o imposible, entendemos que, siempre de una manera concertada, ha de analizarse ese reconocimiento como manera de avanzar la causa de la paz, teniendo en cuenta siempre las legítimas preocupaciones de todos los actores; preocupaciones e intereses y aspiraciones también del Estado de Israel.

Nosotros pensamos que, además, en este momento en que España tiene un papel que desempeñar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, queremos asumir también nuestra tarea, nuestra capacidad de actuación y nuestras relaciones. Somos actores importantes, lo hemos sido históricamente sobre este conflicto y también en esa zona, y le diré que, desde luego, queremos hablar con los grupos políticos, como se ha visto, de cara a que la posición española, desde el punto de vista político, sea lo más coordinada posible, lo cual nos dará también la oportunidad de trabajar por esa coordinación de la respuesta en el conjunto de la Unión Europea que para nosotros también es importante. Pensamos que en esto tenemos que hacerlo con nuestros socios y aliados que son, especialmente, nuestros socios europeos.

Sobre la segunda de sus preguntas, había una resolución de suspensión por parte del Tribunal Constitucional y, a nuestro juicio, no se ha respetado. Si eso es constitutivo o no de delito, que es la cuestión, corresponde decirlo a la Fiscalía General del Estado. Yo sólo digo que, ya no el Gobierno, a quien no le corresponde juzgar, pero sí algún órgano judicial en esa Comunidad Autónoma, y al hilo de distintas resoluciones que se conocieron durante ese fin de semana, ha venido a señalar que es posible que lo sea. Digo "órganos judiciales", que es a quienes corresponde juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Sr. Soria.- Yo le reitero lo que ya dije con anterioridad: a los actos del partido Popular en Canarias han asistido y asisten dirigentes de otras Comunidades Autónomas y, también, en este caso ha asistido el señor Monago a algunos actos del Partido Popular en Canarias.

Respecto a todo lo demás, yo le remito a lo que directamente ha dicho el señor Monago en su comparecencia en el día de hoy.

P.- Quería preguntar a la vicepresidenta. Las explicaciones del señor Monago son algo desconcertantes. Primero, dijo que había pagado sus viajes particulares; luego, que los pagaría; después, que ya los pagó y, luego, mostró una documentación de la que no se pudo tomar nota. Quería saber si para el Gobierno mantiene intacta la credibilidad el señor Monago y si sorprende el contraste con la decisión que tomó el señor Muñoz, que fue su inmediata renuncia a su escaño por una situación similar.

Vicepresidenta.- Nosotros respetamos y aceptamos las explicaciones que ha dado el señor Monago. Es un presidente de Comunidad Autónoma que ha dado muchas explicaciones sobre este punto. Ha dado la cara, ha ido de frente y, mire, ¿cómo no lo vamos a respetar si ante determinadas actuaciones que sí están ante los Tribunales me acaban de pedir ustedes opinión sobre si respetamos o no la presunción de inocencia? Pues fíjese en este caso.

Muchas gracias.