Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos que han sido abordados hoy en el Consejo de Ministros.

Me acompaña la ministra de Fomento en un día en que hemos dado impulso al proceso de liberalización, de apertura al sector privado, al sector ferroviario y al sector aéreo, como a continuación explicará.

Hoy recibe también un importante impulso la reforma de las Administraciones Públicas con un paquete de tres leyes que enviaremos al Congreso de los Diputados. Son tres normas que están muy centradas en facilitar la vida a los ciudadanos, en eliminar trámites administrativos y en utilizar los instrumentos que las nuevas tecnologías ponen a nuestra disposición para simplificar la vida a los ciudadanos, generar importantes ahorros a las Administraciones y a las empresas, y, en definitiva, modernizar la Administración pública.

La primera de las leyes es la reforma de la Ley Hipotecaria y del texto refundido de la Ley del Catastro para fortalecer un intercambio seguro de datos entre el Registro de la Propiedad y el Catastro, y evitar, así, que haya informaciones contradictorias y erróneas sobre un mismo inmueble. Actualmente, ambas instituciones tienen competencias muy diferenciadas; pero actúan sobre un mismo ámbito, que es la realidad de los inmuebles en España. Por eso la coordinación de la información que tienen una y otra resulta indispensable para identificar correctamente los inmuebles, para dar a los ciudadanos mejor prestación de servicios y, sobre todo, para dar seguridad jurídica, para que la adquisición de cualquier finca esté dotada para los ciudadanos de la mejor información, la más completa y la más real.

Con esta norma acabaremos con situaciones que se dan a día de hoy, como que haya fincas inscritas varias veces, a nombre del mismo o de distinto propietario; la misma finca o parte de la misma finca con distintos propietarios --figúrese el problema cuando se vende por quien realmente no lo es, pero aparece como titular en el Registro--; algunas que pueden invadir el dominio público y que, gracias a esta mejor coordinación, podrán ponerse en evidencia; los montes públicos o la mejor detección de construcciones ilegales que puedan ser detectadas antes de que puedan ser vendidas y que quien las adquiera se sienta seguro cuando realmente no lo es. Es decir, lo que buscamos es mejorar la seguridad jurídica y facilitar, como digo, un poco la vida a la gente.

Este Proyecto modifica ambas normativas para coordinar los datos, de manera que el Registro tenga acceso a la cartografía catastral, y a la inversa. Con carácter general, se utilizara la cartografía del Catastro.

Se definen también los procedimientos para la incorporación de la descripción de las fincas, de los inmuebles, al Registro de la Propiedad y sus efectos jurídicos. Esta descripción será obligatoria cuando haya operación de reordenación de terrenos o de fincas (segregaciones, divisiones…) y voluntarias en otros casos, como pueden ser compraventas o constitución de derechos.

Asimismo, se regula un procedimiento actualizado para el intercambio de información entre el Registro y el Catastro, y que puedan de esta manera evitarse discordancias.

¿Que lograra esta normativa? Evitará la presentación de veintidós mil declaraciones presenciales al año, de tenerte que ir al Registro de la Propiedad con tus documentos físicamente, y se calcula un ahorro anual de 1,8 millones de euros.

Siguiente norma, Proyecto de Ley de medidas en el ámbito de Justicia y Registro Civil. Ésta, ¿qué busca? Incorporar las subastas judiciales y, por otro lado, permitir la tramitación electrónica de los nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios. Ésta sí está también muy ligada a la vida de los ciudadanos.

En cuanto a las subastas judiciales, ¿qué buscamos? Transparencia. Los ciudadanos podrán acceder a todo tipo de pujas de bienes muebles e inmuebles que se produzcan en cualquier sitio con sólo darse de alta en el Portal Electrónico de subastas de BOE en cualquier día del año. Cualquier ciudadano podrá ver lo que se va a subastar, como consecuencia de procedimientos de apremio, etc., etc., y podrá pujar libremente y con absoluta transparencia para adquirir cualquiera de estos bienes.

Se van a ahorrar muchos costes pero, sobre todo, como decía, se va a ganar en transparencia y se va a luchar contra las corruptelas, contra esa generalización de subastas que se efectuaban de una manera presencial y que se habían convertido en un negocio profesionalizado de algunos. Se podrá participar casi en cualquier momento y desde cualquier lugar.

La seguridad jurídica está garantizada con una identificación inequívoca de todos los que intervienen, mediante firma electrónica o firma con sistema de claves previamente concertadas.

Tercer asunto, quizás el que nos puede pillar más de cerca: inscripciones de nacimientos y de defunciones. Este Proyecto prevé que se realicen directamente desde los centros sanitarios, sin necesidad de que en los nacimientos los padres tengan que desplazarse al Registro Civil. Para la inscripción de los bebés, los padres, asistidos por los facultativos que hayan atendido el parto, firmarán el formulario oficial de declaración, al que se incorporará el acreditativo del nacimiento, y será remitido al Registro Civil desde el propio hospital.

Las defunciones también se inscribirán en el Registro Civil. La certificación médica tiene que expresar, eso sí, la existencia o no de muerte violenta, o de cualquier otro motivo por el que no deba expedirse licencia de enterramiento o incineración.

Quiero destacar también un aspecto muy importante de estas certificaciones, en el caso de los partos, que da seguridad a la identificación de los nacidos. Este mecanismo va a ser muy eficaz para evitar que se produzca en nuestro país tragedias como las que hemos vivido de los "niños robados". A partir de ahora, se va a incidir mucho en la identificación entre la madre y el bebé a través de pruebas médicas, biométricas y analíticas, de manera que quede perfectamente acreditada esa relación. Además, para el caso de fallecimiento de esos niños, el certificado de defunción será firmado por dos facultativos, que deberán afirmar que de las pruebas realizadas no se desprenden dudas de la relación materno-filial.

Es decir, con esta norma conseguimos varias cosas: en primer lugar, evitarles a los padres, en un momento de la vida de una familia que siempre es muy complicado, por todas las cosas que tienen que hacer y por todo lo que se les viene encima con el nacimiento de un hijo, que encima tengan que estar pendientes de desplazarse al Registro Civil; las colas del Registro Civil; la seguridad, además, de que esa inscripción se realiza con todas las garantías de que lo expide el facultativo que te ha atendido el parto; pero, además, como hay pleno control de todas las pruebas médicas, biométricas y analíticas, evitar que se puedan producir dramas como lo que, por desgracia, han vivido en este país algunas familias, especialmente algunas madres.

Esta norma, ¿qué evita? 857.000 trámites presenciales al año, casi un millón de desplazamientos a las oficinas; genera 64,3 millones de euros de ahorro y cuatro millones de coste para las Administraciones, que tenemos que hacerlo informáticamente; pero las cuentas salen, como ven ustedes, bastante holgadas.

Por último, y dentro de estas medidas también de mejorar la vida de los ciudadanos, de conseguir que la Administración nos ayude a resolver problemas y no generarlos, aprobamos el Anteproyecto de Ley de Medidas de materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social. Ésta es una medida realmente importante. Su objetivo es simplificar la forma de cotización que actualmente hacen las empresas por todos sus trabajadores y todos los meses.

Como saben, en la actualidad, el modo en que las empresas liquidan sus cotizaciones sociales se basa en un sistema de autoliquidación. Esto significa que mensualmente 1.300.000 empresas deben calcular y presentar las liquidaciones de cuotas de más de trece millones de trabajadores. A partir de ahora, cuando entre en vigor y se vaya aplicando, la Tesorería General de la Seguridad Social pasará a facturar a todas estas empresas con un nuevo sistema plenamente integrado en Internet y las empresas obtendrán recibos y pagarán las cotizaciones sin desplazamientos. Sólo requerirá de las empresas aquella información de la que no se disponga: bases de cotización, porcentaje de tiempo parcial de los contratos, horas extraordinarias… Es decir, utilizará lo que tiene en su base de datos para liquidar ella misma esas cotizaciones. Los empresarios podrán calcular en todo momento y podrán consultar los cálculos que ha hecho la Administración para determinar las cuotas e ingresar el dinero correspondiente a las cotizaciones de sus trabajadores.

Esta simplificación se traduce en un ahorro estimado de más de 63 millones de euros por eliminación de cargas administrativas, además de mejorar la trasparencia de las empresas y, sobre todo, de los propios trabajadores, que tendrán la información de lo que se ha cotizado a lo largo de ese tiempo por ellas.

Quiero destacar que desde julio de 2013 empresas de distinto tamaño, actividad económica y ubicación en territorio nacional han comenzado una fase de pruebas de este nuevo sistema, que les ha permitido actualizar y depurar la información de cotizaciones de sus trabajadores. Además, entre finales de 2014 y principios de 2015 se irán incorporando gradualmente, primero, las empresas del Régimen General y, después, del resto de los regímenes por cuenta ajena.

Se trata, por tanto, de una medida que viene a trasladar al sistema de Seguridad Social lo que, por ejemplo, ya es habitual en otros ámbitos de la Administración, especialmente de la Administración Tributaria, donde es la propia Administración la que nos facilita los trámites y los cálculos, suministrándonos la información necesaria para cumplir con nuestras obligaciones.

También se ha aprobado hoy el Real Decreto sobre bonificaciones a la cotización a la Seguridad Social del personal investigador. Esta medida incentiva la contratación de investigadores en empresas a través de una bonificación del 40 por 100 de las aportaciones a la Seguridad Social por contingencias comunes y tiene carácter retroactivo con fecha 1 de enero de 2013. Para las Pymes reconocidas con el sello de Pyme Innovadora, la bonificación será compatible con la deducción fiscal por actividades de I+D+i, que se recoge en la normativa del Impuesto de Sociedades.

¿Qué se pretende con esta iniciativa del Ministerio de Economía y Competitividad? Abaratar costes de tramitación de investigadores y fomentar, además, el empleo a tiempo completo en las empresas.

Les informo también, y lo tienen, como cada año, en la Referencia del Consejo de Ministros, del Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar, y las cuantías de las becas y ayudas para el estudio para el curso 2014-2015, que viene a ser aplicación de la normativa legal y reglamentaria que se fija con carácter general.

También aprobamos el Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1.368/1987, de 6 de noviembre, sobre Régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes.

Como saben, el 2 de junio el Rey Don Juan Carlos I de Borbón comunicó al señor presidente del Gobierno su voluntad de abdicar; el 3 de junio el Consejo de Ministros aprobó y remitió al Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley Orgánica por el que se hace efectiva la abdicación, que fue respaldado por más del 85 por 100 del Congreso. Ahora queda la tramitación en el Senado y su ulterior publicación.

Según la normativa en vigor, hay un tratamiento de los miembros de la Familia Real aprobado. Con este Real Decreto lo que venimos a regular es uno de los pocos aspectos que necesita regulación en lo que se llama o se ha venido en llamar estatus del Rey que va a abdicar, que son sus títulos, tratamientos y honores. Se hace siguiendo los precedentes históricos y la costumbre de otras monarquías.

¿Qué hacemos? Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI --en el momento en que sea proclamado--, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias, en el Reglamento de Honores Militares.

Doña Sofía de Grecia, madre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Reina, con tratamiento de Majestad, y honores análogos a los establecidos para la Princesa o Príncipe de Asturias consortes en el Real Decreto que he citado antes.

En cuanto al orden de precedencia de los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía en el ordenamiento general de precedencias de Estado, será el inmediatamente posterior a los descendientes del Rey Don Felipe VI. Esto es, digamos, el orden de precedencia protocolaria.

Aquí hemos analizado desde el principio también las fechas de entrada en vigor y este Real Decreto entrará en vigor cuando lo haga la Ley de Abdicación. Se aprueba en este Consejo de Ministros, se publica en el BOE y entra en vigor cuando lo haga la Ley de Abdicación, porque lo que queremos es que el día 19 esté todo perfectamente organizado y resuelto para el tratamiento adecuado a la ocasión.

En el capítulo de condecoraciones, y antes de darle la palabra a la ministra de Fomento, les informo de las propuestas para las Medallas al Mérito del Trabajo en su categoría de Oro: José Agustí Casanova, Vicente Calatayud Maldonado, Máximo Cuñado Alonso, Severino Escuris Batalla, Alejandro Fernández Pérez, Cristina García Rodero, Ángel García Rodriguez (el Padre Ángel), Domingo Guerra González, Esther Koplowitz Romero de Juseu, Rafael Nadal Parera, Luis Navarro García, Marina Pacheco Valduesa y Pedro Vivanco Paracuellos. Y a título póstumo, Mercedes Salisachs Roviralta y Francisco Sánchez (Paco de Lucía).

Por último, capítulo de nombramientos: delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Tras la petición de cese por motivos personales de la delegada actual, se ha procedido a nombrar a don Serafín Castellano Gómez delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.