Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

13.4.2012

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Vicepresidenta.- Buenos días a todos. Vamos a dar cuenta de los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros de hoy.

Empezaré con un asunto que tiene poco que ver con el resto que les vamos a anunciar. El Consejo de Ministros ha decidido conceder hoy la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, a título póstumo, a doña Margarita Begoña Urroz Ibarrola, muerta a consecuencia de la explosión de un artefacto el 26 de junio de 1960 en la estación de Amara, en San Sebastián. Como bien recuerdan, falleció a consecuencia de graves quemaduras en las piernas, en los brazos y en la cara, ocasionados por la explosión. Era una niña de veintidós meses.

La solicitud de su condecoración fue presentada por su madre y se amparaba en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo que, como saben, se aprobó en la Legislatura pasada. Gracias a esta Ley, que permite aplicar este reconocimiento a hechos anteriores al 1 de enero de 1960, el Consejo de Ministros ha decidido hoy otorgarle esta condecoración, a título póstumo, a María Begoña Urroz Ibarrola.

En segundo lugar, les voy a dar somera referencia a algunos asuntos adoptados en el Consejo de Ministros de hoy porque, como ven, me acompañan el ministro de Hacienda y el ministro de Educación, que harán una referencia mucho más concreta a cada uno de estos asuntos.

Saben bien que el Gobierno está poniendo en marcha un plan de reformas que tiene dos objetivos fundamentales: de un lado, la consolidación fiscal y el cumplimiento de los objetivos de déficit; y, de otro, el impulso de la competitividad. Pues bien, hoy se han adoptado diversas y distintas medidas en cada uno de estos dos grandes ejes del programa de acción del Gobierno.

Ya saben que en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado se establecieron algunas medidas para generar un incremento de los ingresos que ayudara a cumplir el objetivo de déficit presupuestario del 5,3 por 100, incluida una regularización fiscal. Hoy se ha aprobado en Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley de lucha contra el fraude, que viene a establecer medidas adicionales para luchar contra la economía sumergida y el fraude en nuestro país. Se trata, por tanto, de una medida que tiene por objeto establecer un mayor rigor contra los defraudadores; pero tiene también un segundo elemento de actuación, que me parece muy importante destacar, y es que establece medidas novedosas para lograr cobrar, al final, las deudas tributarias defraudadas.

Entre las principales medidas que se adoptan está la que anticipó el presidente del Gobierno de la limitación de los pagos en efectivo; pero también, y muy importante, la obligación de declarar cuentas y valores, es decir patrimonio, que se tengan en el extranjero. La falta de declaración provocará la imprescriptibilidad de la renta no declarada y, por tanto, la posibilidad de poder perseguirla y liquidar la deuda, las sanciones correspondientes y los intereses que hubiera la misma generado en cualquier momento en que fuera detectada.

En esa segunda parte de medidas que yo decía que podían servir, y que servirán, para lograr cobrar las deudas tributarias defraudadas --les voy a poner un ejemplo: muchas de esas deudas tributarias están pendientes por delito fiscal o por expedientes de inspección ante la Agencia Tributaria--, en muchas ocasiones se da la circunstancia de que el deudor se coloca en una situación de insolvencia que impide su cobro, después de procesos administrativos muy largos y procesos judiciales a veces muy tortuosos. Se establece la posibilidad de que la Agencia Tributaria, desde los primeros momentos, pueda adoptar medidas cautelares que eviten que el deudor se coloque en situación de insolvencia o cometa directamente un alzamiento de bienes para que la Agencia Tributaria no pueda cobrar.

Sólo les pondré un dato: no estoy hablando de delitos fiscales, pero en el ámbito de las deudas tributarias existen en los altos tribunales de nuestro país deudas por importe de más de seis mil millones de euros. De lo que tratamos es de asegurar su cobro en el proceso judicial.

En línea con las medidas de austeridad, que son importantes para cumplir el objetivo de déficit, saben que el Gobierno ha ido poniendo en marcha distintas actuaciones que tratan de ser mucho más eficientes y ser mucho más austeros a la hora de comprometer gastos corrientes. Uno de los asuntos que el presidente del Gobierno destacó en su Debate de Investidura era la necesidad de que la Administración del Estado y el conjunto de las Administraciones acudieran a centrales de compras, y que ese mecanismo se utilizara con mayor amplitud. Pues bien, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo marco para autorizar la compra de vacunas de gripe estacional para la campaña 2012-2013.

A diferencia de otros años, en éste catorce Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla se suman al Ministerio de Sanidad, al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa para una compra conjunta en un acuerdo marco que se estima que tendrá un coste de veinticinco millones de euros, pero que puede llegar a ahorrar a las arcas del conjunto de las Administraciones afectadas seis millones de euros.

En tercer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan General de Publicaciones. Uno de los puntos en los que insistimos en la necesidad de revisar cómo gastaba la Administración General del Estado era el Plan General de Publicaciones. Pues bien, este Plan General de Publicaciones tiene un coste de 11,4 millones de euros, pero supone una rebaja del 35,7 por 100 respecto a lo presupuestado en el año 2011 y casi del 60 por 100 si lo comparamos con el año 2010.

Sin embargo, la reducción del número de publicaciones sólo es del 11 por 100. Eso se logra con mayor eficacia; es decir, el coste baja un 35 por 100 y el número de publicaciones sólo el 11 por 100. ¿De qué manera? Siendo mucho más eficientes, utilizando la capacidad de edición que tiene un instrumento estatal, que es la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado, e impulsando nuevas tecnologías, como es el libro electrónico.

Todo esto es lo que se refiere al capítulo de la consolidación fiscal por la vía de los ingresos y por la vía de los gastos; pero, como venimos reiterando semanas tras semanas, el Gobierno va completando un plan de reformas estructurales, que tienen por objeto impulsar la competitividad como un mecanismo imprescindible para reactivar la economía y generar empleo. Y uno de los elementos imprescindibles de competitividad, amén del beneficio que supone una sociedad formada y una sociedad educada en libertad, es la reforma de la educación.

El ministro de Educación les dará traslado de la constitución de una Comisión de Expertos para la reforma del sistema universitario, que se crea en el día de hoy. El objetivo fundamental es colocar a la universidad española a los niveles de otras universidades europeas y del mundo en general, del que nos encontramos lejos, lo cual exige analizar qué hay que reformar y qué tenemos que mejorar para lograr que nuestra universidad sea buena formadora de profesionales y que, además, esos profesionales puedan encontrar un empleo.

Voy a dar la palabra, en primer lugar, al ministro de Hacienda para que traslade el contenido de este Anteproyecto de Ley de Lucha contra el Fraude y, después, al ministro de Educación, que hablará sobre la reforma del sistema universitario.