Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

12.12.2014

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Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos. Vamos a informarles de algunos de los asuntos que hemos aprobado en el Consejo de Ministros. De todos los demás tendrán en la Referencia las explicaciones oportunas de un Consejo de Ministros con bastantes temas, muy amplio. Nos vamos, por tanto, a centrar en los asuntos más destacados.

Me acompaña, por un lado, el ministro de Defensa, porque hoy ya se ha aprobado para su remisión a Cortes el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de la Carrera Militar. Este Proyecto tiene como objetivo solucionar alguno de los principales problemas causados por el régimen transitorio establecido en la Ley de la Carrera Militar y que, por su complejidad y casuística, ha provocado numerosos procesos administrativos, incluso la presentación de más de tres mil recursos por los miembros de las Fuerzas Armadas.

Además, se ha aprobado un Acuerdo por el que se decide solicitar la autorización del Congreso de los Diputados para la participación de unidades militares españolas en la operación "Resolute Support" en Afganistán. Como saben, participamos en el seno de la OTAN desde el año 2002 en la fuerza de Asistencia para la Seguridad en Afganistán, como ahora explicará el Ministro.

Por otro lado, y en lo que compete al ministro de Industria, que también nos acompaña esta tarde, se ha aprobado el Proyecto de Ley que modifica la Ley de Hidrocarburos, por la que se establecen, además, determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. ¿Cuál es uno de los principales objetos de este Proyecto de Ley, como explicará el Ministro? Que esas medidas de carácter tributario de la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, puedan repartirse para dotaciones entre las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos afectados, así como entre los titulares de los suelos donde se produzcan algunos de los hallazgos en materia de minas e hidrocarburos, en general.

Por otro lado, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio del Interior, ha aprobado esta mañana para su remisión a las Cortes el Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. El objetivo de esta Ley es establecer un auténtico Sistema Nacional de Protección Civil asegurando la coordinación y la eficacia de todas las acciones y las Administraciones competentes. El nuevo Sistema Nacional garantiza la protección de las personas y los bienes ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes.

Con la norma lo que se asume son los compromisos internacionales y europeos, y los últimos cambios se han producido en los últimos años, porque la norma anterior data de 1985. Es, por tanto, muy anterior al completo desarrollo autonómico y se ha visto superada por la aparición de nuevos agentes e instrumentos.

En estos años se han producido cambios fundamentales, que tienen que ver, no sólo en la delimitación competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas, sino también la aparición de nuevos medios de actuación ante las emergencias, como la Unidad Militar de Emergencia, la UME, o de nuevos servicios, como los centros de emergencia del 112; la participación muy amplia de voluntarios en estas materias y el amplio desarrollo reglamentario de los últimos años.

Lo que se hace en esta Ley es regular las distintas fases de actuación del Sistema Nacional de Protección Civil ante situaciones de emergencia, poniendo énfasis en la prevención que se ha revelado esencial para producir los efectos sobre personas y bienes. Por eso se crean instrumentos novedosos, como la Red Nacional de Información sobre protección civil para la recogida, almacenamiento y acceso a información sobre los riesgos, así como medidas de protección y recursos disponibles; el Fondo de Prevención de Emergencias, para facilitar tareas de análisis de peligrosidad, mapas de riesgos o programas de sensibilización; o la Red de Alerta Nacional de Protección Civil, como sistema de comunicación de avisos a las autoridades, servicios públicos y ciudadanos.

Entre otras novedades, se establecen con precisión las competencias de la Administración General del Estado y las competencias en las grandes emergencias de interés nacional. Se contempla la relación del Sistema Nacional con el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, mejorando con ello los compromisos y la coordinación asumidos en el ámbito de la Unión. Tengan en cuenta que muchos de estos riesgos son, a veces, transfronterizos.

En definitiva, ¿qué se busca? Crear un nuevo Sistema Nacional que garantice la eficacia del servicio de Protección Civil para proteger personas y bienes ante distintos tipo de emergencias y catástrofes, haciendo especial incidencia, además, en la prevención.

Por otro lado, hoy se aprueban --saben que lo que voy a explicar es competencia del Consejo de Ministros, porque supera los doce millones de euros-- dos Acuerdos por los que se conceden subvenciones a Cáritas Española y a Cruz Roja con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Quiero decir que el Consejo de Ministros aprueba únicamente estas dos subvenciones, porque superan los doce millones de euros, pero forman parte de un reparto que hace el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad de más de 220 millones de euros, que se reparten entre 468 entidades y que suponen, aproximadamente, el 75 por 100 de la cantidad a repartir a resultas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Éstas son, por tanto, las dos subvenciones más elevadas, que superan ese montante de doce millones de euros.

En el caso de Cáritas Española la subvención es de más de 25,5 millones de euros, lo que supone el 37 por 100 del presupuesto de la entidad. Quiero además poner de manifiesto el enorme incremento que ha tenido esta subvención para Cáritas en los últimos años: de 18,6 millones de euros en 2009 pasó, en 2012, a 20,6 millones, y hoy es de 25,5 millones. Es decir, desde 2009 se ha producido un incremento de casi el 40 por 100. Esta subvención se dedica a 37 programas de cooperación y voluntariado dirigidos a familias con situación de especial necesidad, mujeres, personas mayores y sus cuidadores, población gitana, jóvenes, personas en riesgo de exclusión, desempleados o enfermos.

Dentro de estos programas destacan, por su mayor dotación, los destinados a la atención socio-sanitaria de personas sin hogar, atención integral a personas mayores, a través de servicios que facilitan su permanencia en el domicilio y en su entorno social y familiar, y programas de acceso al empleo para personas en situación o en riesgo de exclusión.

La otra gran subvención es el caso de Cruz Roja Española, en que asciende a 42,7 millones de euros. Esta subvención en 2009 era de 33 millones de euros, en 2012 la subimos a 36,4 millones y hoy es la cifra que se reparte: 42,7 millones de euros. Se destinará a 56 programas de cooperación y voluntariado social, entre los que destaco ayuda a domicilio, atención urgente a necesidades básicas, centros de día, integración de inmigrantes y transporte en vehículos adaptados.

Por otro lado, se aprueba, dentro de las medidas de racionalización administrativa, un Real Decreto por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Con esto damos una respuesta a una reclamación histórica del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, porque se habían detectado muchas disfunciones en la utilización de las tarjetas, hasta el punto de que algunas no eran reconocidas en otras comunidades autónomas o municipios distintos de aquel en que se emitía la tarjeta, con lo que los titulares, cuando se desplazaban con su vehículo fuera de la misma, no podían utilizarla.

Con esto, ¿qué tratamos de garantizar? La igualdad en todo el territorio para las personas con discapacidad y movilidad reducida que, como saben, pueden estacionar su vehículo en las plazas reservadas en toda España. La tarjeta de estacionamiento que se emita válidamente por una administración pública tendrá validez en todo el territorio nacional, así que se podrá desplazar con su vehículo con esta tarjeta y podrá aparcar en cualquier lugar del territorio nacional.

Además, otra novedad es que podrán obtener la tarjeta de estacionamiento las personas o entidades titulares de vehículos destinados exclusivamente al transporte colectivo de personas con discapacidad siempre que presten servicios sociales. Es decir, también podrán utilizar este tipo de tarjetas.

Asimismo, también se prevé su concesión por razones humanitarias. Con frecuencia, la gravedad y evolución de una enfermedad que provoca la reducción de la movilidad impide, por los tiempos de solicitud, que puedan hacerse con cierta agilidad y, sin embargo, esa persona lo necesita; por tanto, se establece un procedimiento más rápido para solventar esta cuestión.

Por último, quiero decirles que hoy el Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se designan los miembros de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno, esa Comisión que asiste al Consejo de la Transparencia. Se procede al nombramiento definitivo de doña Ester Arizmendi como responsable del Consejo de la Transparencia y se designan los miembros de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno que, como saben, algunos son de procedencia parlamentaria --un diputado y un senador-- y otros, representantes de las principales instituciones ligadas, de una u otra manera, con la transparencia de las Administraciones Públicas en España.

Los nombres son: doña Pilar Cortés Bureta, diputada, a propuesta del Congreso de los Diputados; don Jokin Bildarratz Sorron, senador, a propuesta del Senado, del Grupo Nacionalista Vasco; doña María José de la Fuente y de la Calle, que es consejera del Tribunal de Cuentas, a propuesta del Tribunal de Cuentas; don José Manuel Sánchez Saudinós, secretario general del Defensor del Pueblo, a propuesta de la defensora del Pueblo; don Agustín Puente Escobar, que es el jefe del Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos, a propuesta de la propia Agencia Española de Protección de Datos; doña María Pía Junquera Temprano, que es directora general de Organización Administrativa y Procedimientos, y es la representante propuesta por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; y don José Luís Martínez Almeida Navasqües, director de la División Jurídica Institucional de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, nombrado a su propuesta.