Intervención del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria

Sr. Soria.- Tal como la Vicepresidenta ha relatado, hemos aprobado en el día de hoy la reforma energética, consistente en dos disposiciones: una, un Proyecto de Ley y, otra, un Real Decreto-Ley. Con posterioridad vendrán otros Reales Decretos que, a partir del lunes, van a ser remitidos por parte del Ministerio a la Comisión Nacional de la Energía para su informe previo.

Hay un "power point"para seguir la explicación pero, antes de entrar en el mismo, me gustaría hacer una serie de consideraciones de carácter general.

Si no hiciéramos nada, las únicas dos alternativas en materia energética serían: o la quiebra del sistema o un incremento de los precios al consumo por encima del 40 por 100. Comoquiera que la quiebra del sistema es imposible, puesto que no podemos dejar de consumir electricidad, la alternativa única sería incrementar los precios por encima del 40 por 100. Eso es justamente lo que no queremos y, por tanto, hemos optado por acometer medidas de reforma. Éste es uno de los problemas más graves, creo, que afrontamos dentro de la economía, que tiene muchos aspectos técnicos pero es, fundamentalmente, un problema de carácter macroeconómico.

Las medidas que se incluyen en esta reforma no son medidas fáciles para nadie pero, desde luego, son medidas totalmente imprescindibles. Hay una distribución de todos los costes que supone el conjunto de medidas que se adoptan que es una distribución entre consumidores, entre los Presupuestos Generales del Estado y también entre las empresas del sector. Pero, fundamentalmente, es una reforma que está pensada en el consumidor.

Si no lo hiciéramos, el problema sería un problema de una gravedad creciente; es decir, lo que hoy es un déficit de tarifa iría en aumento a lo largo de los próximos años. Y, desde luego, hemos intentado perseguir en todo momento el interés general. Es verdad que eso debe, digamos, a veces coincidir, y otras veces no, con lo que es el interés particular legítimo de las empresas; pero, lógicamente, cuando no coincide el interés general con el interés particular, lo que ha de prevalecer es el interés general y éste también es uno de los principios que inspira la reforma.

La reforma, si me permiten la expresión, no se casa con nadie. Hemos hecho aquello que teníamos que hacer. Hasta ahora hemos tenido un sistema que es insostenible dentro de la incertidumbre y a partir de ahora tendremos un sistema sostenible y, desde luego, con certidumbre.

Con ello paso directamente a lo que es la exposición. El sistema eléctrico, en primer lugar, es evidente que tiene fortalezas importantes en España. El sistema eléctrico en España cuenta con una combinación, un "mix", diversificado y equilibrado de tecnologías de generación: tenemos energía nuclear, tenemos energía eólica, fotovoltaica y termosolar, tenemos ciclos combinados, tenemos hidroeléctrica y tenemos cogeneración; por tanto, muy diversificado. Hay un alto nivel de penetración de las energías renovables, que en el período enero a mayo de este año, enero a junio, está ya en el 50 por 100 de lo que es toda la generación; por tanto, superior a todo el año 2012, donde ya fue elevada la energía renovable junto a la cogeneración, que suponía alrededor de un 40 por 100. Este año, debido a las condiciones meteorológicas, ha ido incrementando esa participación en el "mix".

Y hay un elevado nivel de desarrollo de infraestructuras y calidad del suministro. Es decir, a lo largo de todos estos años ha habido muchas inversiones en infraestructuras, muchas de ellas hoy están infrautilizadas porque, claro, son infraestructuras que se hicieron en base a unas previsiones, que se hicieron en el año 2005, de un crecimiento muy intenso en la actividad económica, que no se ha dado; un crecimiento muy intenso en la demanda eléctrica, que tampoco se ha dado; pero, en todo caso, las infraestructuras están ahí y, se utilicen o no se utilicen, se tienen que pagar, se tienen que amortizar. Y cuando hablamos de pagarlas, hablamos de pagarlas dentro de lo que es el recibo de la luz.

Sin embargo, a pesar de todas esas fortalezas el precio de la electricidad en España está por encima de la media europea y está por encima de la media europea cuando hablamos del consumidor doméstico. Pueden ver que solamente Irlanda y Chipre tienen una energía al consumidor doméstico que es más cara que en España; pero tengamos en cuenta que, claro, Chipre e Irlanda son sistemas eléctricos insulares independientes, que tienen un mayor coste de producción. Por tanto, España, desde el punto de vista del consumidor doméstico, es prácticamente el más caro de toda Europa, sin incluir esos dos casos.

También ocurre lo mismo cuando hablamos del consumidor industrial: el consumidor industrial también paga la electricidad más cara que la mayoría de los competidores que tenemos en Europa.

A pesar del elevado precio y de las medidas que ya se han adoptado, todavía, sin embargo, como apuntaba la Vicepresidenta, persiste el déficit de tarifa. De no haberse tomado las medidas que hemos tomado a lo largo de todo el año 2012 y lo que llevamos de año 2013, el déficit del sistema estaría hoy en 10.500 millones de euros como estimación para todo el año 2013. Para corregirlo tendríamos que subir los precios un 42 por 100, que es el resultado de un incremento en los peajes del 85 por 100; digamos que, aproximadamente, la mitad sería la repercusión en el precio. Por tanto, ésa sería una alternativa que hemos descartado.

Tras las medidas del Gobierno, tanto de 2012 como de 2013, se ha paliado una parte importante de esos 10.500 millones, pero quedan todavía 4.500 millones, que vienen de unos costes del sistema de 22.500 millones previstos para este año 2013, frente a unos ingresos por peajes de 18.000 millones. Tras las medidas, la factura de un consumidor doméstico tendría que subir un 19 por 100 para acabar con este déficit todavía de 4.500 millones de euros. Es decir, todavía tendríamos que subir un 19 por 100 más la factura de la electricidad.

Los costes regulados han crecido muy por encima de los ingresos; ésta es una de las piezas clave que explican este déficit de tarifa. Como pueden ver, el déficit se origina bien en el año 2003, con un crecimiento exponencial de los costes del sistema, fundamentalmente lo que son los costes de las energías renovables, pero también de amortización de la deuda. Vean que solamente estos dos conceptos… La amortización de la deuda sube un 567 por 100 desde 2003 hasta 2011. ¿Por qué? Porque, lógicamente, como pueden ver, el déficit de tarifa va aumentando exponencialmente y, cuanto más aumenta, más tenemos que dedicar a amortizar principal e intereses de esa deuda; luego, se va retroalimentando el propio déficit eléctrico con este concepto.

Pero vean cómo las renovables también aumentan un 497 por 100. Sin embargo, también hay, digamos, los costes de distribución, que suben un 66 por 100, que no es un incremento tan importante como el del déficit de tarifa y las renovables; pero, desde luego, es un déficit importante. Y luego también otro tipo de costes aumenta un 40 por 100 y el transporte aumenta un 91 por 100.

Por tanto, todos estos incrementos en costes explican una buena parte de ese déficit.

Pese al elevado precio de la electricidad, los ingresos no son suficientes para cubrir ese crecimiento de costes que ha habido en los últimos años. Entre los años 2003 y 2011 lo que era la factura de un consumidor medio en el año 2003 era 360 euros por año y, de esos 360 euros por año, ese consumidor paga 12 euros para abonar los extracostes de los sistemas extrapeninsulares, 60 euros para pagar primas a renovables, 120 euros para pagar los costes de la distribución eléctrica, 31 euros para pagar el transporte y el coste de la energía propiamente dicho, lo que es la generación, 125 euros.

Vean ocho años después lo que ha pasado: el importe medio de la factura a un consumidor pasa de 360 euros a 588,5 euros. Esto comporta un incremento de 63 por 100; es decir, entre el año 2003 y el año 2011 la factura de la luz que pagamos en España ha aumentado un 63 por 100. ¿Y cómo se distribuyen ahora esos 588,5 euros, que es, en promedio, la factura para un consumidor? En primer lugar, la amortización de la deuda comporta 24 euros y en el año 2003 no había este concepto. ¿Por qué? Porque no había déficit de tarifa; había, pero muy imperceptible.

En segundo lugar, las extrapeninsulares comportaban antes 12 euros y ahora son 47 euros; se multiplica prácticamente por cuatro. Luego, el importe de las renovables son 253 euros y antes era 60 euros; por tanto, aquí hay un incremento de más de cuatro veces. Luego, los costes de la distribución pasan de 120 a 176 euros; se multiplican por uno y medio. El transporte, de 31 a 52 euros; se multiplica casi por uno y medio por ciento también. Y la energía pasa de 125 a 199, con un incremento también de un uno y medio por ciento.

Es decir, aquí está la explicación del problema que afrontamos: los precios han aumentado un 63 por 100 y, sin embargo, ha sido claramente insuficiente para evitar que se genere déficit de tarifa eléctrica.

La deuda tarifaria, como pueden ver, empieza a acumularse a partir del año 2005. Bien es verdad que en el año 2002 hubo un cierto déficit, pero no hubo ni en el año 2003 ni en el año 2004. Cuando ya empieza, con más de 4.500 millones de euros, es en el año 2005 y así sucesivamente, hasta alcanzar, ahora, en mayo del año 2013, 26.062 millones de euros. A fecha de hoy, la deuda del sector eléctrico es ésa, habiéndose amortizado ya, a lo largo de todos estos años, unos 10.000 millones de euros.

El déficit de tarifa habría alcanzado 10.500 millones de euros este año si el Gobierno no hubiese tomado medidas. Éste es otro gráfico sumamente interesante, donde pueden ver que la proyección de la línea de costes real, entre el año 2011 y 2020, es la segunda empezando por encima, pero que es distinta a la punteada en amarillo, que sería la proyección de costes en el caso de que no hubiésemos tomado ya estas medidas. Con lo cual, ahí, evidentemente, ha habido un ajuste de costes importante, pero también lo ha habido en la parte de los ingresos porque, si no se hubiesen adoptado medidas, la línea de proyección de ingresos entre 2011 y 2020 sería la punteada en azul de abajo y, en cambio, la real es la línea continua en azul. Por tanto, ahí también ha habido un ajuste.

Ahora bien, si no adoptamos medidas adicionales a las que ya hemos adoptado en 2012 y 2013, aquí, en el año 2020, nos iríamos otra vez a un déficit de 10.000 millones de euros. Por tanto, sería otra vez insostenible el sistema.

La reforma eléctrica, por lo tanto, lo que está evitando, en definitiva, es una subida en el precio de la luz de un 42 por 100. Antes les decía que entre el año 2005 y el año 2011 ya había aumentado un 63 por 100. Bien, nos podíamos haber ahorrado todas las medidas que hemos tomado y, a cambio, subir, sólo en un año, la energía eléctrica en un 42 por 100. Pero eso lo hemos descartado.

Para corregir el déficit estructural de 10.500 millones, que se heredó del Gobierno anterior, hubiese sido necesario ese incremento y, en cambio, hemos optado por las medidas que son una aportación de Presupuestos Generales del Estado, sobre este 42 por 100, de un 3,8 por 100; impuestos a empresas generadoras --esto es lo de la Ley 15 de diciembre del año pasado--, un 12,7 por 100; reducción de costes del sistema, con todas las medidas que se han adoptado más las que adoptamos ahora, de un 17,9 por 100; y subida en el precio de la luz de un 8 por 100. Este 8 por 100 incluye ya el incremento que viene en la reforma de hoy y está fijado desde fecha 1 de enero del año 2012.

¿Cuáles son, en consideración a todo ello, las líneas básicas de la reforma eléctrica? Por una parte, se pretende establecer un sistema de estabilidad financiera para el sistema; en segundo lugar, conseguir una reducción significativa en los costes y, en tercer lugar, intentar que el coste sea el mínimo posible para el consumidor: que se fomente la competencia y, además, que el consumidor tenga una mayor capacidad de elegir a su comercializadora.

En primer lugar, respecto al establecimiento de un marco normativo que garantice la estabilidad financiera del sistema, se establece, en primer lugar, una regla de estabilidad financiera mediante un sistema automático de revisión, que evitará la aparición de nuevos desajustes. Esto ¿qué significa? A lo mejor, aparecen desajustes entre ingresos y costes del sistema en un año determinado; ahora bien, si ese desajuste, si esa diferencia, sobrepasa un determinado umbral, automáticamente tienen que aumentar los peajes. Por tanto, ya no va a ser una cuestión discrecional o no del Gobierno. No, no; esto va a ser como la estabilidad presupuestaria: se ponen en marcha una serie de mecanismos automáticos y eso, lógicamente, si aumentan los costes, tiene que ir directamente a los peajes.

Se limita la introducción de nuevos costes en el sistema eléctrico sin que venga acompañada de un aumento equivalente de los ingresos. Claro, porque, si todos los incrementos de costes van a ir a peajes, esto significaría que todo lo iba a pagar el consumidor. Pero para eso se establece un principio en virtud del cual, si se introduce cualquier tipo de medida que aumente cualquier tipo de costes, tiene que haber otra a efecto equivalente que, o bien disminuya el coste por otro lado en ese importe, o bien aumente el ingreso para que el sistema esté en equilibrio. Y aquellos sobrecostes generados por normativas autonómicas o locales tienen que ser asumidas por éstas. Es decir, aquí hay un sistema eléctrico general para toda España y después hay normativas autonómicas, que son muy legítimas, pero, claro, lo que no puede ocurrir es que todo el sistema eléctrico financie lo que es específicamente como consecuencia de una determinada normativa autonómica. Por tanto, esto también es un principio general que se introduce.

En segundo lugar, otro de los principios de la reforma es reducir los costes del sistema a través de medidas regulatorias. Para ello se establecen distintas actuaciones. Primero, se establece un nuevo régimen retributivo para todas aquellas instalaciones de generación de energías renovables, cogeneración y recibo; lo que hasta hoy se ha denominado régimen especial. Estas tecnologías van a recibir un complemento por sus costes de inversión basados en estándares por tecnología; es decir, el Gobierno sigue teniendo una apuesta inequívoca y clara por las energías renovables, y sabemos que las energías renovables tienen un coste superior a otro tipo de energías, por eso hay que retribuirlas. Ahora bien, lo que cambia es el sistema de retribución.

¿Cómo se le va a retribuir a partir de ahora? Con una regla que trae causa de la Ley del Sector Eléctrico y también de las sucesivas doctrinas sentadas por el Tribunal Supremo, que es: coste del Tesoro más una determinada rentabilidad. Se garantiza esa rentabilidad adecuada, basada en las obligaciones del Tesoro a diez años, más trescientos puntos básicos, lo que equivale a una rentabilidad del 7,5 por 100, y se establece un sistema específico de incentivos para Canarias y Baleares, donde la energía eólica y fotovoltaica son más baratas que la convencional.

Es decir, en Canarias y en Baleares, donde todo se produce con fuel, para que se haga uno una idea, el precio medio del megavatio, el coste, es 220 euros por megavatio. El coste medio en España es de 50 euros. Pero, sin embargo, si se produjera, por ejemplo, con energía eólica, no sería 220 euros, sino que serían unos 85 o 90 euros. Por tanto, eso es un ahorro de costes para todo el sistema y por eso se posibilita que en estos sistemas extrapeninsulares haya un régimen especial.

Otra medida: hay un nuevo régimen retributivo de las redes de transporte y distribución. Se fija una retribución homogénea adecuada a lo que es una actividad de bajo riesgo y se considera la retribución del Tesoro a diez años más doscientos puntos, lo que supone, aproximadamente, un 6,5 por 100 de rentabilidad razonable. Se establece, además, un volumen máximo de inversión asumido por el sistema eléctrico como coste anual.

Otra medida: reducción de la retribución de otras actividades reguladas del sistema. Para ello se introducen medidas para disminuir el coste de producción eléctrica y mejorar la eficiencia de las centrales de fuel en los sistemas extrapeninsulares e insulares. ¿Por qué? Lógicamente, por lo que les decía antes: porque producir en estos sistemas extra-peninsulares es mucho más caro que producir en el resto del sistema eléctrico nacional.

Se disminuye también en esta materia la retribución actual de los pagos por capacidad que perciben en la actualidad, fundamentalmente, las centrales de ciclo combinado. Aquí cada central está percibiendo, aproximadamente, unos 26.000 euros por cada megavatio instalado al año y se baja de 26.000 hasta 10.000, pero, a cambio, se les incrementa el período de esa retribución desde diez años en la actualidad hasta veinte años.

Todas estas medidas van a reducir los costes por un importe estimado de 2.700 millones de euros cada año. Por tanto, de esos 4.500 millones de euros de déficit estructural que pretende atacar estas medidas regulatorias, 2.700 millones van a estar en estas medidas que acabo de mencionar.

En tercer lugar, también persigue esta reforma garantizar el suministro al menor coste posible para el consumidor. Hay una clarificación importante en la factura eléctrica, de tal forma que esta reforma garantiza que todos los consumidores vamos a poder entender la factura eléctrica, porque va a incluir una serie de conceptos muy sencillos y que son los que informan de cuál es realmente el consumo que hemos tenido cada uno de los consumidores.

La actual Tarifa de Último Recurso, la TUR, a la que están acogidos actualmente la gran mayoría de los consumidores domésticos, que son aquellos que no tienen un contrato bilateral con una comercializadora, pasa a denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. No por un capricho, sino porque define exactamente esta nueva denominación lo que es: es un precio, no es una tarifa; es voluntario, no es obligatorio; y, además, es para el pequeño consumidor, entendiendo por tal tanto la economía doméstica, como una pequeña y mediana empresa.

Se habilitan nuevas comercializadoras para el suministro de estos clientes permitiendo, además, la competencia entre ellas al poder realizar ofertas y descuentos; mejora la competencia, mejora la capacidad de elección de los consumidores. Se agiliza el proceso de cambio de compañías suministradoras. Los consumidores más vulnerables podrán continuar acogiéndose al descuento por el bono social. Se refuerzan los mecanismos de atención al cliente, garantizando su gratuidad, y ya no vamos a tener que pagar cada vez que se llama a una compañía eléctrica para hacer una consulta o una reclamación; esto va a ir por cuenta de la compañía eléctrica. Y se fomenta la resolución alternativa de litigios de acuerdo con la Directiva europea en materia de consumo, para disminuir la litigiosidad por estas cuestiones en los Tribunales.

Otro tipo de medidas: se refuerza la lucha contra el fraude a través de la colaboración con las compañías distribuidoras; se modifica la estructura de peajes reduciendo el coste sobre el consumidor medio y penalizando las segundas viviendas y las viviendas vacías, y se habilita la posibilidad de cierre temporal de instalaciones, es decir, la hibernación, bajo estrictos criterios de garantías de seguridad de suministro.

Esto ¿qué quiere decir? Ahora mismo, las centrales combinadas, que tienen todas ellas, en total, una capacidad de unos 26.000 megavatios, están a un nivel de utilización muy bajo. ¿Por qué? Porque están entrando en el sistema muchas renovables que tienen preferencia. Pero esto supone un problema para las compañías que están operando las centrales. ¿Por qué? Porque tienen unos costes fijos muy, muy, elevados. Entonces, estas compañías lo que habían planteado era la posibilidad de hibernar, porque al menos así se ahorran una parte de los costes fijos. No se puede hibernar los 26.000 megavatios totales instalados, pero sí una parte, que van a ser, aproximadamente, unos 6.000 megavatios.

La reforma permite corregir el déficit con un reparto equilibrado entre consumidoras, el sector eléctrico y Presupuestos Generales del Estado. Como pueden ver, las medidas tomadas hasta la fecha corrigen 6.000 millones de los 10.500 millones previstos de déficit para 2012 y esta reforma corregirá otros 4.500 millones, de tal forma que, al final de la reforma, con todas las medidas de 2012, las de 2013 y las actuales, quedaría: 2.700 millones de euros de reducción de los costes regulados del sistema, 900 millones aportados por los Presupuestos Generales del Estado, 900 millones obtenidos mediante una subida de peajes y los otros 6.000 millones son los que ya se han obtenido con las medias adoptadas.

En definitiva, la reforma lo que consigue es atajar de forma definitiva un problema que se viene arrastrando en la economía española desde el año 2005, eliminando el déficit de tarifa que actualmente, en términos estructurales, se sitúa en 4.500 millones de euros después de todas las medidas que se han adoptado.

En segundo lugar, consigue también impedir que se pueda volver a repetir una situación de fuerte desequilibrio financiero como el actual con efectos tan nocivos para la economía, y se evita por los mecanismos automáticos a los que antes me refería.

En tercer lugar, se consigue hacer un ajuste con el menor impacto posible para el consumidor. Pese al déficit acumulado, el recibo de la luz para el consumidor será similar al que tenía el año pasado por estas fechas.

En cuarto lugar, se consigue reducir considerablemente los costes de las actividades reguladas del sistema, garantizando, además, una retribución, acorde con la Ley, adecuada a las empresas.

Por último, se establece un marco regulatorio homogéneo, transparente y estable, que introduce certidumbre en el sector y confianza a los inversores.