Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los principales asuntos que han sido acordados hoy en el Consejo de Ministros.

Me acompaña el ministro de Justicia, porque hoy se han aprobado dos asuntos importantes en ejecución, además, de uno de los que han sido los objetivos de esta Legislatura, que es incrementar la protección de las víctimas de los delitos, y especialmente de los más vulnerables que son los niños y los adolescentes.

Hoy se aprueban el Real Decreto que desarrolla, por un lado, el Estatuto de las Víctimas del Delito y, por otro lado, el Real Decreto que regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales. La primera de las normas es un desarrollo de la Ley y del Estatuto de las Víctimas del Delito, que aprobamos en esta Legislatura, y la segunda va muy unida a la modificación que se produjo en la Ley de Protección a la Infancia y a la Adolescencia.

Por tanto, damos un paso más en lo que ha sido uno de los elementos clave en materia de seguridad y en materia penal, que es la protección a la víctima, con un Estatuto y con la creación de oficinas que tienden a informar de sus derechos y a proteger en distintos ámbitos; y, luego, un asunto muy reclamado por los ciudadanos en general que era un Registro Central de Delincuentes Sexuales que, por un lado, logre la coordinación para que los agentes que puedan necesitar información sobre estos delitos puedan disponer de ella con carácter centralizado y que impida que los delincuentes sexuales puedan entrar en contacto en el futuro con potenciales víctimas, como pueden ser menores, o en actividades escolares o en actividades de voluntariado, etc., etc.

Son dos normas importantes, como digo, para atender a quienes más lo pueden necesitar, que son víctimas, especialmente víctimas menores.

En segundo lugar, se ha aprobado un Real Decreto que regula el Estatuto del Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, la conocida como ANECA. Esta es una de las medidas que contemplaba la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas y con ella, además, se logra un objetivo básico, que es contribuir a la mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones. El Estatuto lo que hace, fundamentalmente, es ampliar las funciones de esta Agencia mediante la incorporación de las que venía realizando la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora sobre retribuciones del profesorado universitario; es decir, de dos entes pasamos a uno, que se refuerza y que lleva a cabo todas estas tareas. La ANECA deja de ser una fundación y se convierte en un verdadero organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

También hemos aprobado el Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los militares profesionales. Se trata de una norma que viene a desarrollar la regulación legal para establecer las condiciones de acceso del personal militar en distintos ámbitos, de permanencia y de salida en excedencia.

Las principales novedades se refieren a la protección de la militar profesional víctima de violencia de género y a la nueva situación administrativa para los militares de carrera, que se define como servicio de administración civil. Es decir, las principales novedades son dos: por un lado, en los casos de violencia de género el militar no tendrá su condición militar en suspenso ni dejará de estar sujeto al régimen general de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas cuando esté en situación de excedencia por violencia de género, y, además, podrá solicitar esta excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos, sin que sea exigible un período de permanencia; en segundo lugar, regulamos el posible paso de personal militar a la Administración civil, aprovechando de este modo sus capacidades profesionales. Hay muy buenos profesionales de distintos ámbitos de la Administración militar y lo que aprovechamos es ese potencial para puestos de Administración civil, a fin de que puedan reorientar también su carrera.

También, y como todos los años por estas fechas, se aprueba el Acuerdo por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2016 la participación de unidades y observadores militares en operaciones fuera del territorio nacional. Se trata, como saben, de operaciones que ya han sido autorizadas por el Congreso de los Diputados, pero que requieren todos los años un acuerdo del Consejo de Ministros como requisito necesario para que las operaciones puedan continuar, seguir funcionando con normalidad, a partir del 1 de enero. Así, España mantiene sin alteraciones sus compromisos internacionales, tanto con sus socios y aliados, como con el sistema internacional de mantenimiento e imposición de la paz.

Con este Acuerdo España mantendrá algo más de dos mil efectivos en las operaciones de mantenimiento de la paz en vigor, así como atenderá los compromisos, maniobras y ejercicios a realizar con nuestros socios, fundamentalmente en el seno de la OTAN.

España asume su responsabilidad de seguridad nacional con los mecanismos también de defensa colectiva, realizando un gran esfuerzo acorde con su posición y su capacidad. España contribuye con todas estas misiones, con las principales de ellas, en la lucha contra el terrorismo yihadista con diversos medios y más de setecientos militares en siete escenarios distintos: Somalia, Malí, Afganistán, Senegal, Gabón, Irak y Turquía. Todas estas tareas se llevan de acuerdo según los compromisos de las distintas coaliciones, con dedicación y diligencia, especialmente en aquellas en que tenemos más capacidad y experiencia, como puede ser la formación de fuerzas de seguridad locales para que puedan hacer frente por sí solas en el futuro a estas amenazas.

En otro orden de cosas, una importante medida en el ámbito sanitario, que permite a las Comunidades Autónomas adheridas al Fondo de Financiación Autonómica formalizar préstamos a largo plazo para financiar los gastos extraordinarios derivados de la atención a los pacientes con hepatitis C crónica, por un importe de hasta mil millones de euros.

El objetivo prioritario del Gobierno ha sido el acceso a estos nuevos tratamientos a todos los pacientes que los necesiten, siempre atendiendo a los criterios médicos que lo estimen oportuno. De este modo, España ha sido uno de los primeros países en incorporar a la financiación pública los nuevos antivirales contra la hepatitis. Además, un comité de expertos, dirigido por el doctor Joan Rodés, elaboró el Plan Estratégico para el abordaje de la hepatitis C, que es un plan pionero y único en toda Europa que se ha puesto a disposición de otros países que se han mostrado interesados.

En la actualidad, en nuestro país hay más de 95.000 diagnosticados, de los que la fase inicial del Plan contempla tratar a 52.000, priorizando, de acuerdo con criterios médicos de este Plan de Estrategia, los más graves o con condicionantes especiales, para posteriormente atender al resto. Más de 34.000 diagnosticados ya han recibido tratamiento dentro de este Plan, en el que han colaborado Comunidades Autónomas, sociedades científicas y asociaciones de pacientes.

Por primera vez, además, contamos con un mapa de la enfermedad, con un número de pacientes genotipado, y un estadio de la enfermedad, que son imprescindibles para poner en marcha y ejecutar esta estrategia. Se está elaborando un registro de pacientes tratados para evaluar continuamente la efectividad de estos medicamentos.

En el capítulo de inversiones, se ha aprobado un Acuerdo que autoriza la concesión a la Comunidad Autónoma de Extremadura de una subvención para financiar proyectos de inversión en el ejercicio 2015, por importe de cuarenta millones de euros. Este Acuerdo viene a manifestar la voluntad suscrita entre el Gobierno y la Comunidad Autónoma de continuar, en el año 2016 y en adelante, hasta 2018, el correspondiente Convenio de Colaboración anual para la concesión de subvenciones nominativas a favor de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con un importe máximo de 120 millones de euros.

Las aportaciones realizadas por el Estado se entienden a cuenta de la denominada "deuda histórica" de Extremadura, que está pendiente de cuantificar. Como saben, en los años 2012 y 2013 se aportaron sendas subvenciones de veinte millones de euros y, en los años 2014 y 2015, cuarenta millones de euros. ¿A qué se destinan? A inversiones tales como infraestructuras, sanidad, vivienda, educación y cultura.

También en el capítulo de inversiones, una aportación muy importante a la I+D+i con el Acuerdo que autoriza la suscripción de la segunda adenda al Convenio de Colaboración suscrito en su día con el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para la creación del Consorcio para el equipamiento y explotación del Laboratorio Subterráneo de Canfranc. El Laboratorio comenzó su actividad en 2010 y mantiene el desarrollo de áreas científicas de máxima actualidad y gran impacto científico.

Con la decisión que hoy aprobamos damos continuidad al Laboratorio hasta el año 2021, se adaptan los últimos cambios normativos y se pactan las aportaciones de los socios para el cumplimiento de sus objetivos científicos y tecnológicos. Hasta 2015 el Consorcio ha recibido casi diecisiete millones de euros de las entidades participantes, de los cuales catorce millones los ha aportado la Administración General del Estado. Para la nueva etapa entre 2016 y 2020 el Gobierno y la Comunidad Autónoma financiarán el funcionamiento e inversiones, y la Universidad continuará aportando personal y uso de laboratorio.

Queremos mantener el apoyo a sus actividades, porque en la actualidad es la única instalación subterránea en España y una de las pocas existentes en el mundo dedicada a la física de astropartículas y a la investigación en física subterránea.

También como todos los años en estas fechas, se aprueba esta vez el trigésimo séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. El objetivo primordial del Plan es mantener estables los niveles de contratación de seguros en cuanto a producción, superficie y número de animales asegurados, con el fin de que el sector agrario español realice una adecuada gestión de sus riesgos. Este Plan aumenta el presupuesto destinado a subvencionar el coste de las pólizas de seguro agrario hasta los 211 millones de euros, frente a los 199 millones de planes anteriores; es decir, se ha incrementado el Plan en un 6,1 por 100.

Este sistema es una buena herramienta para la gestión de los riesgos en la actividad agraria y se ha convertido en referente internacional. De hecho, en España, gracias al seguro agrario, agricultores y ganaderos reciben la compensación por las pérdidas causadas en una media de 45 días tras la producción del siniestro. El apoyo del Gobierno al seguro agrario ha sido constante durante toda la Legislatura, con dotaciones presupuestarias que han permitido subvencionar las pólizas entre un 30 y un 65 por 100, que es el límite máximo permitido por la Unión Europea.