Respuestas a los medios de comunicación

P.- Vicepresidenta, una vez que el lunes el Parlamento de Cataluña apruebe la resolución independentista, no sé si usted nos puede adelantar un poco los tiempos que va a manejar el Gobierno: si el mismo lunes se va a pedir informe al Consejo de Estado, si éste llegará el martes y si ese mismo martes va a haber un Consejo de Ministros.

Luego, quería preguntarle por esos diecinueve refugiados que usted nos ha dicho que, previsiblemente, lleguen a España el domingo. No sé si llegan a Madrid o qué se va a hacer exactamente con ellos. ¿Qué pasos se siguen?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, quiero señalar varias cuestiones: en primer lugar, si el pleno del Parlament de Catalunya se celebra y se aprueba, en esos términos o similares, la propuesta de resolución que han planteado dos grupos parlamentarios, ignorando --y abro aquí un inciso-- la propia advertencia del Tribunal Constitucional sobre la obligación que tienen el Parlament de Catalunya y sus órganos de velar por el respeto a la Constitución; pues bien, si esa declaración se aprueba en esos términos, el Gobierno inmediatamente, ese mismo lunes, iniciará los trámites para el recurso.

Sabe que necesitamos un informe previo del Consejo de Estado, que se pedirá, y lo pediremos por urgencia, y, en cuanto se tenga ese informe, se convocará de manera urgente el Consejo de Ministros.

Entonces, inmediatamente que se produzca les iremos contando esos plazos; pero quiero señalar que la inmediatez en la actuación del Gobierno será absoluta. En los mínimos plazos en que podamos recabar todos los informes que necesitamos para recurrirla, en esa misma semana se enviará al Tribunal Constitucional; como, por cierto, ya hemos hecho en otras ocasiones. Quiero recordar que la declaración de soberanía fue inmediatamente impugnada, una vez que se aprobó por el Parlament de Catalunya, y que obtuvimos una sentencia por unanimidad favorable a los razonamientos del Gobierno, del presidente del Gobierno, que es quien recurre.

También quiero señalarles que en ese recurso, el que plantearemos, pediremos la suspensión de la declaración, porque saben que el Gobierno puede pedirla con arreglo a la Constitución y que tiene que acordarse en el auto de admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional. Con lo que lo haremos inmediatamente, previo informe del Consejo de Estado, una vez que se apruebe y con petición de suspensión.

Sobre la segunda de las cuestiones, estamos trabajando con el Gobierno italiano, que es quien organiza el vuelo, para su llegada a España de la mejor manera posible y siendo conscientes de que estamos hablando de personas que, además, tienen o pueden ser beneficiarias de mecanismos de protección; es decir, con todas las garantías. Prevemos ese primer vuelo de diecinueve personas y el Ministerio de Empleo está trabajando con sus perfiles, porque son personas con distintas necesidades, y, entonces, ya estamos trabajando con Comunidades Autónomas y con Organizaciones No Gubernamentales para poder dirigir a estas personas al centro que mejor pueda atenderles. Es un colectivo, según me informa la ministra de Empleo, variado; probablemente, más mujeres que hombres. Entonces, buscaremos los mejores centros que puedan atender a las necesidades que tengan, pues algunas de estas personas pueden tener necesidades muy específicas.

Una vez que tengamos cerrados esos perfiles, que se están analizando, y el mejor centro, ésa va a ser fundamentalmente la guía. Es un colectivo reducido, es la experiencia piloto, es el primer vuelo y nos permite ir analizando en qué centro de atención al refugiado o qué organización no gubernamental puede prestar, por su experiencia, por sus medios, por la atención psicológica o las especiales necesidades sanitarias que tengan, la mejor atención a estas personas.

Eso es lo que nos va a guiar, lo que estamos ultimando estos días y, desde luego, procuraremos mantenerles informados, siempre teniendo muy presente que --algunas de estas personas que vienen han sido objeto de persecución, parece ser-- lo haremos siempre respetando sus derechos y sus mecanismos de protección. Pero el momento en el que estamos ahora es ése: ya analizando los perfiles y la documentación que nos ha mandado el Gobierno italiano, para poder elegir el mejor centro de esa primera acogida y, después, ya ir trabajando en su integración.

P.- Vicepresidenta, tenía un par de preguntas. Primera, me gustaría saber la valoración que hace el Gobierno un poco de la reacción que han tenido tanto Junts pel Sí como la CUP después del fallo de ayer del Tribunal Constitucional, hoy anunciando un anexo más a esa declaración independentista que se va a aprobar el lunes para blindar, de alguna forma, todo el contenido de carácter social.

Por otro lado, me gustaría que nos explicara un poco más ese Real Decreto de cese del ex JEMAD, de José Julio Rodríguez; si supone, en la práctica, su expulsión directa de la carrera militar.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus cuestiones, yo creo que hay que decirle clarísimamente a Junts pel Sí que no se pueden blindar del cumplimiento de la Ley. No hay manera posible de blindarse al respeto a la Constitución, a la Ley y a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.

España es un Estado de Derecho y es una democracia consolidada, y ninguna democracia consolidada, y desde luego no lo hace ni España ni mientras este Gobierno lo sea, permite que cualquier ciudadano, y menos un gobernante, se salte la Ley. El Estado de Derecho en España funciona, sus mecanismos funcionan y, además, hay un Gobierno dispuesto a usarlos. Y este Gobierno usará cuantos instrumentos sean necesarios para que se vele por el cumplimiento de la Ley, de la unidad de España, de la soberanía de todos los españoles, de la igualdad de todos los españoles y de la legalidad. Pero, además, es que este Gobierno se siente arropado por un conjunto de fuerzas políticas, partidos nacionales, y por un conjunto de instituciones sociales que apoyan la estrategia del cumplimiento de la Ley, de respeto de la legalidad, de unidad y de igualdad.

Por tanto, cada actuación que pretendan llevar a cabo al margen de la Constitución y de las leyes tendrá una respuesta por parte del Gobierno y, si me permiten más allá, por parte del Estado, porque este asunto lo tratamos como un asunto de Estado, que será siempre prudente y proporcional, pero firme y determinada.

Si ese lunes se celebra ese pleno y se aprueba esa declaración, desoyendo las advertencias del Tribunal Constitucional, iremos inmediatamente a los Tribunales y que a nadie le quepa ninguna duda que esa declaración no producirá ni uno solo de los efectos. Pueden inventarse todas las cláusulas que quieran. Dicen que el papel lo aguanta todo, pero la Constitución, las leyes y este Gobierno no lo van a permitir.

Sobre el Real Decreto de cese, lo que hace ese Real Decreto… El ex JEMAD, en su condición de tal, de acuerdo con la Ley, es nombrado por Real Decreto vocal de la Asamblea de las Reales Órdenes Militares, en este caso, de San Hermenegildo. Esto es por decisión legal, de la Ley que se aprobó en su día; lo que los juristas llaman "ope legis". Hubo un Real Decreto que lo nombró vocal y ahora hay un Real Decreto que lo cesa como vocal por falta de confianza y por haber incumplido este deber de neutralidad política; y que determina, al ser cesado, su paso a la situación de retiro.

Ahora ya, una vez que está en retiro, ya no pertenece a ese entorno de las Fuerzas Armadas; pero, cuando hizo esas declaraciones, estaba en situación de reserva y vocal, ni más ni menos, que de la Asamblea de la Real Orden de San Hermenegildo. Por tanto, por no haber cumplido idóneamente esa tarea, es cesado por el Consejo de Ministros, porque sólo al Consejo de Ministros le corresponde nombrar de acuerdo con la Ley y cesar de acuerdo con los mecanismos que la propia Ley prevé.

P.- Vicepresidenta, mi pregunta es para usted, y la puede contestar también el ministro de Justicia, en referencia al recurso de inconstitucionalidad…

Vicepresidenta.- O sea, que ya nos la repartimos nosotros.

P.- Sí, bueno… Una vez presentado y admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional, que eso llevará consigo la nulidad, es decir, decretar nulo el pleno que se celebra el lunes, ¿los efectos de desobediencia son ya inmediatos por el hecho de celebrar ese pleno o habrá que esperar alguna consecuencia o un acto de ese pleno para aplicar, por ejemplo, lo establecido en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que establece la suspensión e inhabilitación de cargo público, multa, etc., etc.?

Vicepresidenta.- Vamos a ver. Se presenta el recurso y el recurso lleva la petición de suspensión. Si el Tribunal Constitucional admite el recurso, se acuerda la suspensión. A partir de ese momento, ni la Generalitat ni ninguna institución pública pueden realizar ninguna actuación contraria a esa suspensión y, si la llevaran a cabo, según la naturaleza, este Gobierno o, en su caso, quienes puedan también impugnar esa decisión pueden llevar a cabo las actuaciones que consideren oportunas, siempre con proporcionalidad y con prudencia. Aquí hay varias posibilidades pero, una vez que hay un auto de suspensión, nadie puede ejecutar ninguna actuación en cumplimiento de esa declaración.

Una vez, previos los trámites que prevé la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que esa declaración se anula, es decir, que se estima el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno --puede haber otros, pero el del Gobierno-- declarándola nula, inconstitucional y por tanto nula, es como si no hubiera existido. Es como la famosa "declaración de soberanía" que recurrimos y que dijeron que era nula de pleno derecho. Es como si nunca se hubiera dictado y no puede desplegar ninguno de sus efectos. Si alguien intentara o alguna institución en Cataluña intentara llevar a cabo esos efectos, de la misma manera que respecto a la suspensión.

Y mecanismos hay variados, y amplios, y hemos tenido oportunidad de hablar de ellos. Dependerá de cómo y cuándo se produzca, atendiendo a la determinación, la firmeza, la prudencia y la proporcionalidad.

P.- Vicepresidenta, yo quería saber si entre esos mecanismos para frenar el proceso secesionista el Gobierno ejecutará los supuestos de intervención que se prevén en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y si, de ser así, bastaría con las previsiones de incumplimiento de los objetivos que se anunciaban por parte de la AIREF esta misma semana o habría que esperar al cierre definitivo del ejercicio.

Vicepresidenta.- Estamos hablando de cuestiones diferentes. Una cosa son Administraciones que, por sus circunstancias, fundamentalmente por su gestión, llegan a las situaciones que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, ante esas situaciones sobre estabilidad presupuestaria, la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria establece qué decisiones se pueden adoptar.

Aquí estamos ante un… El otro día conocimos la situación financiera y de tesorería de esa Administración, fallos en transparencia y otras cuestiones. Eso, de acuerdo con los informes pertinentes, es una situación financiera. Son los supuestos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que van por su propio ámbito. Es decir, si se produce un incumplimiento de los que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria o los que prevé, en su caso, la Ley de Transparencia, se aplican esas dos leyes. Estamos hablando de un presupuesto diferente. No sé si me estoy explicando.

El incumplimiento de las decisiones de los Tribunales sería otra cuestión y, en ese caso, están los distintos mecanismos que prevén distintas leyes; si no se cumplen, medidas de ejecución, medidas sustitutorias… Están en la mente de todos. Pero el asunto de la Ley de Estabilidad Presupuestaria se aplica cuando se producen los supuestos que prevé la propia Ley y una vez que los mismos han sido constatados.

P.- Vicepresidenta, mi pregunta es para usted también, sobre Cataluña. El hecho cierto es que el lunes, muy probablemente, se va a celebrar ese pleno; se va a debatir, a votar y, previsiblemente, a aprobar una declaración separatista por parte de un parlamento autonómico. Yo le quería preguntar si al Gobierno le preocupa que la vía judicial no haya sido suficiente en este caso para llegar a este extremo en este Parlamento, si cree que es un punto débil del Estado y si le preocupa la situación que se puede crear ese mismo lunes por el hecho de debatir, votar y aprobar esa Resolución.

Vicepresidenta.- España es un Estado de Derecho y nosotros, los demócratas, respetamos las leyes y el Estado de Derecho. Tres partidos políticos, y yo quiero reconocer eso y ponerlo en valor, han ido juntos al Tribunal Constitucional a plantear un recurso de amparo por violación de los derechos. Fíjese, por violación de un derecho fundamental de un diputado. Es que aquí estamos viendo cosas que a mí me hubiera gustado que en España nunca se vieran. Y ese recurso de amparo ha sido admitido.

Dos de esos partidos pidieron la suspensión de esa decisión. Ellos mismos han reconocido, y así se lo podemos nosotros confirmar, que era una petición que no tenía precedente y el Tribunal Constitucional, y nosotros tenemos el máximo respeto a todos los Tribunales y también al Tribunal Constitucional, ha tomado la decisión, con arreglo a derecho y a sus propios precedentes, que ha estimado oportuna. Lo que nos diferencia a nosotros es que nosotros sí respetamos las decisiones de los Tribunales, y eso les fortalece cuando dan la razón o cuando la quitan, porque aquí hay unos determinado señores que sólo les parece bien cuando a ellos van a recurrir o cuando les dan la razón a ellos. Aquí hay que atenderlo siempre.

Pero el Tribunal Constitucional hace una cosa que, si me permite, tirando de oficio, le digo que también es excepcional, que es, en su último párrafo, una advertencia. El Tribunal Constitucional despliega su argumentación, pero dice: pero, ojo, el Parlamento de Cataluña tiene la obligación de velar por el respeto de la Constitución en ese debate y, si no lo hace, entonces este Tribunal podrá tomar las decisiones que estime oportunas. Y recuerda que ya lo hizo en la declaración de soberanía que aprobó el mismo Parlament de Catalunya, previo debate, y que se recurrió por el Gobierno.

Si recuerdan ustedes, porque ustedes y yo ya tenemos una larga historia juntos, si me permiten decirlo así, durante varios días hablamos… Nosotros pedimos un informe a la Abogacía General del Estado y me decían ustedes:" oiga, esto es muy excepcional". Yo decía: sí, sí; vamos a ver… Y conseguimos lograr en una declaración, que algunos decían: "es declaración, pero…". Pues mire, se declaró por unanimidad inconstitucional, y ahí se quedó.

Entonces, yo creo que es importante tener muy presente eso y, en segundo lugar, tener muy presente que en el minuto en que se acabe esa votación, si esa votación supone aprobar esa declaración, en ese mismo minuto, el Gobierno va a poner en marcha toda la maquinaria con urgencia para que esa declaración se suspenda y sea declarada inconstitucional.

P.- Dos precisiones, vicepresidenta. Sobre el tema del cese, ¿ha dicho usted "por pérdida de confianza y de idoneidad"…

Vicepresidenta.- Sí.

P.- …sobre unas declaraciones del miércoles? En concreto, ¿sobre las declaraciones que hablaba sobre el tema de Cataluña? ¿Hay un apartado concreto en el que el Gobierno entiende o en general, simplemente, porque siendo todavía vocal hizo declaraciones, cualquiera de ellas?

Luego, sobre el tema que estábamos hablando ahora de Cataluña, de los partidos que han presentado juntos ante el Tribunal Constitucional estos recursos, uno de los partidos, el que es del líder de la oposición en Cataluña, ha anunciado que el lunes no quiere acudir a ese pleno e insta al PP a respaldar esa iniciativa. ¿Usted cree que eso es una buena idea?

Y una apostilla más. Por lo que acaba de decir ahora mismo con respecto a la advertencia final del Tribunal Constitucional, ¿podríamos concluir que la primera persona que se tiene que ver afectada, impelida o aludida con esa advertencia es la presidenta del Parlamento de Cataluña?

Vicepresidenta.- A la última, sin ningún género de duda. Pero, además, aparte de jurídicamente impelida, políticamente. Creo que de ese tema no hemos hablado porque no me han preguntado, pero es la presidenta del Parlamento de Cataluña. ¿Ustedes imaginan si ese tipo de declaraciones las hubiera hecho, con independencia del partido político, el presidente del Congreso de los Diputados o del Senado, que dejara de amparar en sus derechos a la mitad de la Cámara? Yo me puedo imaginar lo que escribirían ustedes, y con razón, porque representa a la totalidad de la Cámara.

Sobre las declaraciones, ha habido distintas declaraciones por parte del señor Rodríguez: Cataluña, asuntos relativos a la OTAN…, Es decir, declaraciones. Aquí se ha aplicado la misma doctrina que se ha hecho en otros casos de miembros de las Fuerzas Armadas que han incumplido el deber de neutralidad política. O sea, el mismo tratamiento que en anteriores ocasiones y con distintos Gobiernos; en general, por manifestar opiniones… Por hablar, no; por manifestar opiniones políticas teniendo la consideración de militar en situación de reserva.

Se han producido distintos casos y los recuerdan ustedes. Si tiran de hemeroteca, ahí están distintos miembros del Ejército que han hecho declaraciones políticas. Si uno quiere hacer declaraciones políticas, se va y, una vez que su retiro ya es acordado, entonces puede hacer las declaraciones que estime oportunas; pero, mientras está en la situación de reserva y no es cesado por Real Decreto del Consejo de Ministros, que es a quien le corresponde cesar, uno tiene que esperar a hacer ese tipo de declaraciones.

Lo de no ir… Somos el Gobierno. Nosotros no le vamos a marcar a los Grupos la estrategia parlamentaria. Sí nos parece oportuno, igual que nosotros hablamos con los grupos políticos, que se mantenga ese diálogo fluido y en esa situación importante de partidos políticos que se unen, porque les unen unos principios básicos: soberanía, unidad, igualdad de los españoles ante la Ley, legalidad… Dentro de esa posición cada uno puede plantear sus puntos de vista, que son más estratégicos que del fondo del asunto, porque yo creo que, tanto por las distintas reuniones del presidente del Gobierno, como por la propia imagen que vieron ustedes ante el Tribunal Constitucional, que es inédita, pone de manifiesto que en el fondo del asunto están de acuerdo.

Sería bueno que hablen de la estrategia y que entre ellos consideren cuál es la mejor opción. No siempre tienen porque compartir, además, los términos estratégicos. Aquí lo importante también es el fondo del asunto; pero cualquier decisión que tomen, desde luego el Gobierno la considerará respetable, porque en el fondo del asunto estamos absolutamente de acuerdo con los tres.

P.- A mí también me gustaría preguntarle sobre el cese de Julio Rodríguez. ¿El Gobierno, de alguna manera, teme que la información que él ha manejado cuando era JEMAD, y ha tenido a altos cargos al frente del Ejército, de alguna manera se puede poner al servicio de un partido político en campaña electoral o después de la campaña electoral? Si eso ocurriera, ¿cómo lo puede detectar el Gobierno y, sobre todo, cómo reaccionaría el Gobierno? ¿Tomaría algún tipo de iniciativa contra él o piensa, incluso, por las declaraciones que ha hecho, ir a los Tribunales?

Me gustaría preguntarle también sobre el vuelo de los refugiados que va a llegar este fin de semana. Ha dicho que es una experiencia piloto. ¿Qué tiempos maneja el Gobierno para que vengan más vuelos con más refugiados, porque es prácticamente una milésima parte de las previsiones que tiene España de acogida?

Por último, quería preguntarle al ministro de Sanidad qué le parece esa gran concentración de mañana contra la violencia de género. Ya sé que Cataluña es muy importante, pero la violencia de género para los periodistas sociales también lo es. Quería formularle esa pregunta, o a usted, si va a ir a título personal, si también la vicepresidenta o el ministro de Justicia piensan ir, y, sobre todo, qué valoración hacen de ella.

Sr. Alonso.- El que está muy agradecido de que me haga la pregunta soy yo. Quería decirle que nosotros, desde el Gobierno, respetamos las expresiones de voluntad que se producen libremente, de acuerdo con el derecho de reunión; esta manifestación, también. Además, en este caso, yo quiero decir que, en líneas generales, compartimos el propósito de la manifestación, que es una concienciación de la sociedad frente a la violencia machista. Por tanto, estamos de acuerdo con la finalidad de esa manifestación.

Como Gobierno, yo, como ministro, no voy a participar en la manifestación; pero respeto a todo el mundo que lo pueda hacer. Y digo que el fondo de denuncia que tienen de una situación que todo el mundo repudia, o prácticamente todo el mundo repudia, en España está bien, está correcto. Por tanto, en cuanto al esfuerzo de lucha contra la violencia de género, insisto en los mensajes que ya hemos venido trasladando: se ha avanzado mucho; hay que seguir con la guardia muy alta y cada vez que se produce un crimen sale a la luz una situación cotidiana de sufrimiento o de acoso de muchas mujeres, que normalmente no se ve. Por tanto, tenemos que estar muy vigilantes.

Es verdad que este año seguimos teniendo el número más bajo de víctimas desde que se llevan estadísticas y eso nos alienta a seguir trabajando y a que los instrumentos que se están poniendo en marcha poco a poco vayan permitiendo que casi ocho de cada diez mujeres consiguen salir de la situación de violencia de género.

Vicepresidenta.- Sobre el asunto de reserva, cualquier funcionario, cualquier alto cargo, en el ejercicio de sus funciones tiene los deberes de reserva que establece la Ley, y más cuando se trata de documentos que puedan tener algún tipo de clasificación. Eso está ordenado en las leyes y tipificado en las correspondientes normas sancionadoras e, incluso, penales. Y, desde luego, aplicación de la Ley. Si en la actividad, cualquier persona --aquí no voy a singularizar-- pudiera vulnerar ese deber de reserva, que, como digo, está graduado según el tipo de documentos y de información de que se trate, y se produjera una violación de esa naturaleza, como a cualquier otra persona.

Sobre el vuelo de refugiados, quiero decirles que España es de los primeros países en organizar experiencias piloto de esta naturaleza; creo que somos el tercero. Nos ofrecimos a esta experiencia piloto de cincuenta personas. Hay un primer vuelo de diecinueve. Una vez que se haga, nuestro compromiso es evaluar cómo funciona ese primer viaje y los instrumentos de acogida, y, a partir de ahí, seguir realizando los restantes. Indudablemente, es una parte muy pequeña respecto al conjunto.

Yo también he hablado de las cifras de reasentamiento del Programa que aprobamos hoy, que ya no es una cifra nada pequeña. Pero nosotros vamos a proceder a ese primer vuelo analizando los perfiles. Hay que hacerlo muy bien, porque lo que queremos evitar son movimientos secundarios. Fíjese, tenemos que tratar con esas personas que deseen venir a España y permanecer en España, porque, si no, algo estaríamos haciendo mal.

Pero sí somos, le digo, el tercer país de la Unión Europea que hace una experiencia como ésta y que trae a refugiados del programa de reubicación al que nos comprometimos todos los países de la Unión, y, además, en términos similares a los números iniciales que han procedido todos los Estados: veinte, dieciocho… Es decir, estamos en ese ratio. Queremos hacerlo bien. Es la experiencia piloto. Aquí se trata de hacerla bien, de una manera acotada, para poder ver y poder detectar dónde puede haber deficiencias en el sistema o cómo podemos organizarlo todavía mejor cuando sean contingentes mayores.

Muchísimas gracias.