Intervención del ministro de Justicia, Rafael Catalá

Sr. Catalá.- Como les decía la vicepresidenta, se han aprobado por el Consejo de Ministros dos Reales Decretos que son piezas instrumentales que avanzan en el proceso de modernización de la Justicia asociado con la incorporación de las nuevas tecnologías, orientadas a un mejor funcionamiento de la Justicia y, sobre todo, pensando en el ciudadano, en el usuario de estos servicios, a los que se les facilita notablemente la actividad.

En primer lugar, el Real Decreto por el que se establece un procedimiento para que se puedan consignar y se puedan elaborar las pujas en las subastas judiciales. Cada año se celebran en España una media de 65.000 subastas judiciales; cada Juzgado responsable es el que convoca esas subastas, lo anuncia en un tablón de anuncios mediante un edicto y se hace una gestión, por lo tanto, muy pormenorizada, que obliga a estar muy cercano a esa información y tener un acceso formal y material a cada uno de los Juzgados en toda la geografía española.

Lo que hacemos es crear un sistema telemático, un portal único, a través del Boletín Oficial del Estado, por el cual todos los ciudadanos tendrán la información disponible de todas las subastas que se celebran en España y podrán formular sus ofertas, participar en ellas. Estas subastas se refieren, generalmente, a inmuebles, a vehículos o, en algún caso menor, también a bienes muebles. Por lo tanto, todos los ciudadanos podremos tener esa información, podremos realizar nuestras pujas y tendremos una transparencia absoluta en ese sentido.

Tendrá un efecto positivo también sobre la Administración de Justicia, a la que descargaremos de este tipo de funciones que, evidentemente, no tienen naturaleza jurisdiccional, sino meramente burocrático-administrativa, y, como digo, refuerza la idea de la transparencia y de la facilidad de acceso de los ciudadanos que así lo deseen a este tipo de actividades.

El segundo de los Reales Decretos que se han aprobado por el Consejo de Ministros tiene que ver con la mejora y la simplificación del procedimiento para las solicitudes de nacionalidad por residencia. Al cabo del año, en España, de media también, unas 150.000 personas solicitan obtener la nacionalidad española, porque han cumplido los requisitos que establece la legislación en cuanto al número de años de residencia en España, según su origen geográfico, y, por lo tanto, se genera un expediente administrativo, como siempre, a través de instancias en papel y procedimientos que hay que instar ante los Registros Civiles encargados de esta función. Estamos tardando casi tres años de media en resolver estos expedientes y este procedimiento requiere entre tres y seis visitas de los solicitantes a las oficinas administrativas.

Por lo tanto, son un magnífico ejemplo de un procedimiento administrativo tradicional que puede ser perfectamente mejorable, utilizando, en primer lugar, una plataforma electrónica. Seguiremos permitiendo que se puedan hacer en papel, si alguien así lo solicita; pero estará a disposición de los ciudadanos en la página web del Ministerio de Justicia y del portal de las Administraciones Públicas un sistema de solicitud del expediente de nacionalidad de manera electrónica, que simplificará notablemente los trámites; que, por otra parte, acortará los tiempos de tramitación y que eliminará cargas administrativas al solicitante, porque las Administraciones que participan en este proceso (el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el CNI en algún caso también) van a obtener una coordinación interna, sin tener que ser el ciudadano el que vaya a obtener su Certificado de Penales o ir a la Comisaría a obtener otros certificados.

Todo eso se va a hacer internamente, por la propia Administración y, por lo tanto, ante el ciudadano, como digo, lo que aparecerá será un procedimiento mucho más sencillo, mucho más ágil, mucho más rápido y que establece un plazo de un año para su resolución. Por lo tanto, acortará notablemente los tiempos.

También esto tiene, como decía la Vicepresidenta, un análisis de cargas que se reducen en la propia Administración Pública, una estimación de casi cinco millones de euros de ahorros de costes internos y también, en este sentido, la Ley 19/2015, la Ley que se aprobó ya hace algunos meses, estableció la creación de una tasa. Las tasas se tienen que crear por ley y por ley se creó una tasa de cien euros para el solicitante de este expediente de nacionalidad. Como sucede en todos los países de la Unión Europea, una persona que quiere obtener la nacionalidad de un país tiene que instar un procedimiento, tiene unos costes ese procedimiento y la tasa que se ha creado de cien euros compensará los gastos en los que se incurre para la obtención de esta nacionalidad en tiempos más cortos y mediante un procedimiento mucho más sencillo.

Por lo tanto, cuando hablamos tantas veces de la modernización de la Justicia parece que tiene que ver siempre con procedimientos jurisdiccionales, y también en ese sentido estamos trabajando, como saben; pero éstos son aspectos colaterales de la Justicia, las subastas y el procedimiento de nacionalidad, y a partir de la publicación de este Real Decreto en los próximos días empezará a surtir efectos, y ya en la próxima semana se podrán celebrar subastas electrónicas y se podrán iniciar expedientes de nacionalidad mediante este nuevo sistema y esta nueva plataforma telemática.