Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Buenas tardes a todos. Vamos a empezar esta rueda de prensa, que vamos a procurar, por nuestra parte, de la ministra y mía, que sea bastante ágil, porque saben que después, como consecuencia de la Reunión de Alto Nivel con Marruecos, habrá otra rueda de prensa, con lo que vamos directamente a los asuntos que hemos aprobado hoy.

Antes de darle la palabra a la ministra de Empleo, quiero señalarles que hoy hemos adoptado un importante paquete de medidas en el ámbito del deporte relacionadas con su organización, modernización y adaptación a las normas internacionales. En concreto, hemos adoptado tres iniciativas.

En primer lugar, se ha aprobado el Real Decreto por el que se regula el Estatuto del Consejo Superior de Deportes. Es una respuesta organizativa a los importantes cambios que han tenido lugar en las instituciones con competencia en materia deportiva. ¿Cuáles son sus objetivos? Con esta nueva organización del Consejo Superior de Deportes lo que se hace es adecuarla a la coyuntura actual y a las políticas impulsadas por el Consejo, buscando una mejor coordinación y control de los medios materiales y personales asignados al Consejo.

Uno de los elementos más importantes de este cambio es el establecimiento de mecanismos que den cobertura a la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Por eso, se crea, bajo la dependencia de la Dirección General de Deportes, una subdirección general específica de Mujer y Deporte. Creemos que éste es un cambio importante en un momento en el que, además, el deporte femenino español vive, sin duda, uno de los mejores momentos, sino el mejor, de su historia.

Además, esta norma se ocupa y modifica también el régimen de los deportistas de alto nivel, y lo que hace es regular los requisitos para que los deportistas de apoyo, que acompañan a los deportistas con alguna discapacidad, puedan tener el mismo reconocimiento que éstos. También se regula la Conferencia Interterritorial para el Deporte como órgano colegiado y de cooperación entre las distintas Administraciones autonómicas y la Administración General del Estado para coordinar todas las políticas en el ámbito deportivo.

El segundo elemento que hoy también regulamos es la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, que asume las competencias que tiene el Consejo Superior de Deportes en materia de protección y salud del deportista. Hoy lo que se regula es el Estatuto, la estructura y las funciones de la Agencia de Protección de Salud en el Deporte como un órgano adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Consejo Superior, y que va a centralizar todas las competencias en materia de protección de la salud y la lucha contra el dopaje en el deporte que antes estaban dispersas entre distintos estamentos e instituciones.

Se encargará de la planificación, la realización de controles antidopaje, la gestión de resultados de los mismos y la tramitación de los eventuales procedimientos sancionadores. Está adscrita a esta Agencia una Comisión Interterritorial de Protección de la Salud en el Deporte para la participación de todas las Comunidades Autónomas en materia de información, debate y cooperación en políticas públicas en materia de dopaje. Además, lo que se hace --éste es, quizás, el elemento más importante-- es que se fortalece el régimen de independencia técnica y funcional del Laboratorio del Control de Dopaje, que pasa a estructurarse como un departamento más dentro de la Agencia Española de Protección para la Salud en el Deporte.

El último de los elementos, y a propuesta esta vez también del Ministerio de Asuntos Exteriores junto con el de Educación, se ha aprobado el Acuerdo por el que se autoriza la firma del Convenio del Consejo de Europa que persigue la manipulación de los resultados en las competiciones deportivas. La finalidad es proteger la integridad en el deporte y la ética deportiva.

La creciente comercialización de los espectáculos deportivos en los últimos años ha venido acompañada de nuevas formas de corrupción procedentes de las apuestas, la manipulación de resultados y muchas veces el blanqueo de dinero. El Consejo de Europa ha advertido del peligro que esto supone para la integridad y la imagen del deporte, y se ha puesto en marcha con medidas para evitarlo: en primer lugar, recomendando la adaptación de las legislaciones estatales para que se introduzcan sistemas de alerta temprana, se logre la armonización de criterios en todos los países y se adopten sanciones; también recomienda prohibir apuesta sobre competiciones más vulnerables a la corrupción y adoptar medidas de coordinación entre las autoridades, las organizaciones deportivas y los operadores del juego para que la lucha contra la corrupción en el deporte afecte o integre a todos los actores implicados.

Se hace un llamamiento para trabajar en el ámbito internacional a la adopción de medidas vinculantes, como este Convenio, que permitan combatirlo de forma adecuada. Así, los objetivos de este Convenio que vamos a firmar son los de prevenir, descubrir y sancionar la manipulación nacional o transnacional de las competiciones deportivas y promover la cooperación nacional e internacional contra la manipulación de competiciones entre las autoridades públicas, las organizaciones en el ámbito del deporte y las apuestas deportivas. Lo firmamos --es algo que ya han hecho diecisiete Estados-- para incorporar medidas preventivas y sanciones.

Por tanto, nos vamos a dotar de un conjunto de normas dirigido a establecer un marco legislativo general y una plataforma estable de cooperación para preservar la integridad del deporte y el Estado de Derecho.

Como decía, me acompaña la ministra de Empleo porque hoy hemos presentado un informe sobre el complemento por maternidad en las pensiones contributivas al sistema de Seguridad Social como paso previo a su envío a la Comisión del Pacto de Toledo. Como recordarán, este complemento forma parte del Plan Familia, aprobado hace unas semanas por el ministro de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad como medida de apoyo a la maternidad y como reconocimiento a las mujeres que deciden tener hijos.

En otro orden de cosas, se ha aprobado un Real Decreto que regula instrumentos y procedimientos de coordinación entre distintas Administraciones Públicas en materia de ayudas dirigidas a favorecer el impulso de la Sociedad de la Información mediante el fomento de la oferta y la disponibilidad de redes de banda ancha. Lo que se establece, además de la adecuación a las Directivas comunitarias en esta materia, es elaborar un mapa detallado de cobertura de banda ancha que facilite el diseño detallado de las ayudas y la aprobación por parte de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de una serie de orientaciones para las Administraciones para dar a conocer también estas ayudas dirigidas al impulso de la Sociedad de la Información. Esa Secretaría de Estado se encargará de un informe vinculante sobre la compatibilidad de la medida de ayuda promovida en relación con el régimen jurídico de las telecomunicaciones y los planes de banda ancha del Ministerio; planes que se publicarán en el portal de internet de la propia Secretaría de Estado.

También del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, se autoriza a formalizar el convenio de colaboración con la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) para fomentar la Agenda Digital Emprendedores y Pymes, a través de la figura del préstamo participativo. Se trata de un montante de quince millones de euros para contribuir a la dinamización de las TICs de las Pymes en general y de las empresas de base tecnológica, y, por tanto, la generación de empleo en sectores de alto potencial y futuro como es éste.

Por último, dos cuestiones. El Consejo de Ministros ha autorizado un contrato importante, por valor de 34,6 millones de euros, para la contratación del servicio de monitorización, seguimiento y vigilancia remotos de presencia, consumo de bebidas alcohólicas y ubicación de personas sujetas al control de Instituciones Penitenciarias; entre otras cuestiones, las conocidas como "pulseras".

Se trata de conocer de modo continúo la presencia o ausencia de domicilio o del lugar de permanencia controlada de cada persona que esté incluida en el programa de intervención; tener información actualizada y permanente de cualquier incidencia que se produzca y del cumplimiento por parte del afectado del programa; conocer el posible consume de alcohol del sujeto al que se le instalan estos dispositivos y saber, para garantizar también la seguridad de otras personas, de modo continúo e inmediato la ubicación de la persona incluida en el programa, de acuerdo con las pautas, reglas y horarios que se produzcan en cada caso, según las decisiones judiciales o administrativas pertinentes.

Y como todos los años, también tendrán en la Referencia del Consejo de Ministros el Acuerdo por el que se aprueban las instrucciones para determinar el procedimiento para autorizar la residencia temporal de menores de origen saharaui en España en el marco del programa "Vacaciones en Paz 2015". Todos los años se aprueban estas instrucciones para autorizar la residencia temporal de menores de este origen que se desplazan a España. Lo que se busca es la acogida temporal por familias españolas de menores procedentes de los campamentos de refugiados saharauis situados en la provincia argelina de Tinduf y dar oportunidades para que disfruten de un verano y de unas vacaciones en España, y luego regresar a sus lugares de procedencia. Este programa, que funciona como tal desde mediados de los años 90, espera para este año 4.067 niños y 207 monitores.