Intervención de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato

Sra. Mato.- Comparezco ante ustedes para exponerles el contenido del Plan Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016. Este Plan surge como un instrumento integrador de todas las políticas de infancia, dando respuesta, a la vez, a las recomendaciones del Consejo del Comité de Derechos del Niño del año 2010, pero también como un marco de consenso y de cooperación entre todas las Administraciones Públicas y las entidades sociales implicadas en los derechos de la infancia. Por eso, ha sido elaborado y consensuado a través del Observatorio de la Infancia, donde están representadas la Administración del Estado, con sus Ministerios, las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias, y todas las Organizaciones No Gubernamentales de defensa de los niños.

El gran objetivo que perseguimos en este Plan es mejorar el bienestar y la calidad de vida de todos los menores, teniendo en cuenta sus necesidades e intereses, y también favorecer el pleno desarrollo de sus capacidades. Por primera vez en un plan se plasman, como no puede ser de otra manera, o se recogen los derechos de los menores, pero también sus deberes y obligaciones acordes con su edad.

La infancia y la adolescencia son una prioridad para este Gobierno, y por esa razón el Plan es el más ambicioso de cuantos hemos tenido en democracia. Por primera vez contamos con una estimación real del presupuesto que se va a emplear en cada una de las medidas, lo que era, además, una de las principales recomendaciones hechas por Naciones Unidas. Se destinarán un total de 5.159 millones de euros en los próximos cuatro años. Además, a partir de ahora, dispondremos de una radiografía completa y actualizada de la situación de la infancia y de la adolescencia en nuestro país.

Quiero destacar que varias de las medidas más relevantes que este Plan contiene conllevarán una importante modificación normativa a través de dos leyes, una orgánica y otra ordinaria, que actualizarán la legislación de protección de la infancia. Dicha modificación afectará a más de diez leyes, entre las que quiero destacar el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Adopción Internacional, la de Protección Jurídica del Menor y la Ley Integral de Violencia de Género.

Este Plan se estructura en ocho objetivos que se concretan en 125 medidas, que paso a resumirles.

El primer objetivo es la promoción del conocimiento sobre la situación real de la infancia y la adolescencia. Puedo anunciarles que vamos a llevar a cabo una definición legal del concepto jurídico indeterminado "interés superior del niño", en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño. Asimismo, vamos a incorporar un informe sobre el impacto en infancia en todos los Proyectos de Ley, como ya ocurre con el impacto de género. Vamos a desarrollar nuevas fuentes de información, entre las que quiero destacar la consolidación del Registro unificado de maltrato infantil y del Registro de casos de explotación sexual infantil.

El segundo objetivo es el apoyo a las familias. En este sentido, vamos a avanzar, entre otras, en medidas que favorezcan la conciliación y la corresponsabilidad, que se concretarán en el próximo Plan Integral de Apoyo a las Familias. También vamos a prestar, como no puede ser de otra manera, más ayuda a aquellas familias que están en riesgo de exclusión social o con necesidades especiales. Presentaremos un plan de apoyo a los menores de tres años con graves discapacidades.

Siguiendo las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU y también del Consejo de Europea, vamos a revisar algunas de las edades mínimas previstas legalmente. Como saben, aunque la edad para contraer matrimonio en nuestro país está en dieciocho años, la Ley permite, en determinadas ocasiones, casarse a los catorce años y vamos a elevar esta edad a los dieciséis años. También proponemos subir la edad de consentimiento sexual, que actualmente está en los trece años, la más baja de los países de nuestro entorno, en este caso con el fin de evitar abusos de adultos a menores y luchar más eficazmente contra la pederastia. Para hacerlo, ofreceremos consenso a todas las fuerzas políticas y abriremos un período de consulta con los partidos políticos y con las organizaciones de infancia para fijar una edad concreta.

El tercer objetivo es el impulso de los derechos y las protección de la infancia y la adolescencia en relación con los medios de comunicación y las tecnologías de la información. Vamos a reforzar los niveles de seguridad en la red, vamos a potenciar sistemas de filtrado desde los servidores y la adopción por parte de las empresas de códigos de conducta adecuados. Promoveremos la prevención del abuso y de la explotación sexual de los niños a través de la red y definiremos nuevos tipos delictivos para evitar fenómenos como el "ciber-acoso", "ciber-bullying" o distintas formas de acoso que están surgiendo. Y, en relación con los medios audiovisuales, vamos a impulsar códigos de autorregulación para preservar contenidos adecuados en horarios familiares.

El cuarto objetivo es potenciar la atención social a los menores en situación de riesgo, desprotección, discapacidad o en situación de exclusión social. Como les he dicho, estamos trabajando con el Ministerio de Justicia para reforzar todo el actual marco jurídico de protección de la infancia. Vamos a definir, por primera vez en una norma de carácter estatal, las llamadas situaciones de riesgos y de desamparo. Y vamos a favorecer el acogimiento familiar sobre el residencial.

Quiero decirles que en España tenemos 35.000 niños bajo tutela o guarda, cuando también todos sabemos que hay muchas familias que quieren adoptar y, sin embargo, tienen que ir a la adopción internacional. Por tanto, como digo, vamos a favorecer el acogimiento familiar sobre el residencial, especialmente en los menores de tres años en situación de desamparo, para que se integren en una familia sin tener que pasar previamente por un centro de protección de menores. Además, las resoluciones de acogimiento familiar pasarán a ser administrativas, sin intervención de un juez, para evitar las demoras de los procesos judiciales.

En definitiva, queremos priorizar las soluciones familiares frente a las institucionales, las permanentes frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas.

En el ámbito de la adopción, vamos a agilizar el procedimiento para la adopción nacional, potenciando, además, la adopción de menores con necesidades especiales. Y también vamos a modificar las adopciones internacionales para introducir mayores garantías en el procedimiento. En este sentido, promoveremos una mayor claridad en las obligaciones de los adoptantes y clarificaremos el marco competencial y el ámbito de aplicación de las leyes.

Dentro de este cuarto objetivo quisiera destacar, por su importancia, la lucha contra la pobreza infantil como una prioridad. Se realizará a través de dos medidas esenciales: el Plan de Inclusión y el Plan Integral de Apoyo a las Familias. Vamos a impulsar un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza Infantil, que identifique acciones prioritarias a favor de la inclusión social de los niños, y que será un objetivo estratégico del Plan de Inclusión Social.

En otro orden de cosas, vamos a garantizar la protección de los hijos de las víctimas de violencia de género, procurando que permanezcan con sus madres y reconociendo, de igual manera, su condición de víctima. Vamos a adaptar el protocolo de intervención en maltrato infantil a las situaciones de menores víctimas de violencia de género y de explotación sexual. Impulsaremos un sistema para la detección precoz de estas situaciones de violencia con implicación de los centros docentes, el ámbito sanitario, el policial y los servicios sociales. Y, asimismo, vamos a trasponer la Directiva europea relativa a la lucha contra los abusos sexuales, la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil.

El quinto objetivo es la prevención y la rehabilitación ante situaciones de conflicto social. Vamos a desarrollar programas de prevención de actos de vandalismo por parte de menores de edad y, además, programas que refuercen el papel de las familias, las escuelas y los educadores sociales para evitar sus causas. Vamos también a reforzar nuestras políticas para la prevención de grupos juveniles violentos.

El sexto objetivo es garantizar una educación de calidad. Se trata de prevenir el fracaso escolar y el abandono. Vamos a potenciar el respeto a la convivencia en las aulas, reforzando la autoridad del profesorado y previniendo el conflicto escolar. Tendremos muy en cuenta a los niños con necesidades especiales.

El séptimo objetivo es garantizar una salud integral. Queremos promover una buena salud y hábitos saludables en la infancia y en la adolescencia. Recientemente, como ustedes saben, hemos acordado con las Comunidades Autónomas un calendario de vacunación infantil común para toda España. Vamos a desarrollar actuaciones dirigidas a prevenir el consumo del tabaco, del alcohol y de otras sustancias adictivas, así como otras medidas destinadas a reducir los daños y riesgos entre los adolescentes que las consumen. Quiero decirles que la edad de inicio en el consumo de alcohol es 13,7 años. En este sentido, vamos a homogeneizar en una norma nacional la edad permitida para el consumo de alcohol en toda España.

También reforzaremos la promoción de hábitos de vida saludable, la prevención de trastornos alimentarios, así como el ejercicio diario en los colegios para luchar más eficazmente contra la obesidad infantil. Según los datos de los que disponemos, en niños de seis a nueve años el 45 por 100 tiene sobrepeso, y en la última Encuesta Nacional de Salud, de dos a diecisiete años el 30 por 100 de los niños tienen exceso de peso.

Por otra parte, vamos a ampliar la estancia en las unidades pediátricas de los hospitales, impulsando que puedan permanecer en ellas los niños hasta los dieciocho años; como ustedes saben, ahora es hasta los catorce. Y vamos a poner en marcha una Estrategia de Salud Mental Infantil y Juvenil, y, recientemente, para ello hemos desarrollado un nuevo título de médico especialista en Psiquiatría del Niño y del Adolescente.

También vamos a impulsar medidas de prevención de accidentes de tráfico con víctimas menores de edad, promoviendo el uso de dispositivos de seguridad y otras medidas que eviten las lesiones.

El último objetivo, el octavo y último objetivo, es la promoción de la participación infantil y de los entornos adecuados para favorecer su desarrollo. Vamos a fomentar la participación infantil y adolescente a todos los niveles, desarrollando espacios socio-educativos, útiles para su formación, crecimiento y desarrollo. Asimismo, impulsaremos el voluntariado infantil y juvenil y el asociacionismo adolescente. Y promoveremos medidas dirigidas a la educación para un consumo responsable.

Éste es, en definitiva, un resumen del contenido de este Plan Nacional de Infancia y Adolescencia. Creo que es un marco de trabajo muy valioso para articular, en clave de presente y de futuro, las políticas de infancia en nuestro país de una manera integrada y trasversal.