Respuestas a los medios de comunicación

P.- Al ministro de Justicia. Nos ha dicho ahora, al final, que el Príncipe y la Reina van a ser aforados. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta modificación? Corríjame si me equivoco, en 35 años de democracia nunca han sido aforados. ¿Por qué esa necesidad? ¿Por qué ahora?

Siempre ustedes han dicho -creo que en alguna ocasión hemos preguntado sobre esto- que tampoco iban a modificar o desarrollar una ley que regulara la figura del Príncipe o del Heredero. No lo van a hacer y, sin embargo, sí van a hacerlo aforado. ¿Por qué?

Otra cuestión también de dudas sobre lo que ha explicado. ¿Esto quiere decir, para que los ciudadanos lo entiendan, lo de la instrucción colegiada, que un caso, por ejemplo, como el "caso Gürtel" o el "caso ERE", que son muy famosos, lo van a instruir tres jueces a la vez? ¿Quiere decir que todas las decisiones las van a tomar tres jueces, que se va a acabar la idea ésta de que ahora un juez, jueces muy conocidos, tomen esas decisiones polémicas? Las van a tomar tres jueces, si no he entendido mal.

A la vicepresidenta le quería preguntar sobre Cataluña. Estos días también usted tuvo una reunión con el señor Homs. Yo le quería preguntar si, en privado, ustedes ven alguna cosa que nosotros en público no veamos; si hay otro ambiente, si hay algo que está cambiando, si ven alguna posibilidad de que el debate del día 8 cambie algo y si está preparando usted ese debate porque, como no sabemos quién lo va a hacer, le pregunto: ¿usted está preparando ese debate?

Sobre el funeral de Estado de este lunes, le quería preguntar si el Gobierno se siente representado por lo que dijo Rouco Varela sobre la Guerra Civil. ¿Cree que eso realmente puede pasar en España: que hay riesgo de una nueva guerra civil?

¿Y por qué no difundieron las fotografías del presidente del Gobierno con el jefe de Estado de Guinea? Porque se produjo una cosa muy extraña, que es que --ustedes siempre hablan de transparencia-- no hubo acceso a los fotógrafos a esa reunión o a ese saludo entre Rajoy y Obiang, y los fotógrafos del Estado, digamos, o de la Casa Real o del Gobierno que hicieron esas fotos no trasladaron esas fotos a los ciudadanos, de manera que se ha producido un encuentro clandestino entre el presidente del Gobierno y un jefe de Estado, que yo creo que es algo poco usual.

Sr. Ruíz-Gallardón.- ¿Por qué ahora? Porque ahora es cuando estamos abordando la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y a quien le corresponde regular los aforamientos es a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo tanto, hemos partido de cero en todo. Naturalmente que hemos incorporado muchas cosas que estaban en la Ley de 1985, pero lo que hemos hecho es repasar todas y cada una de las nuevas realidades que han existido.

En cuanto al tema de los aforamientos, y lo saben ustedes, el aforamiento no es un privilegio en beneficio del aforado, sino que es un instrumento para aumentar seguridad jurídica sobre personas que el legislador y la propia Constitución entienden que deben ser objeto de una tutela por razón de las funciones que encomiendan. Hay algunos aforamientos que están en la propia Constitución, como es el caso del presidente del Gobierno y de los miembros del Gabinete, el de los diputados y los senadores; otros aforamientos están en los Estatutos de Autonomía y los otros aforamientos que existen en España están, y sólo pueden estar, puesto que esto no puede ser regulado por ley ordinaria, en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

A la hora de abordar y contemplar esa realidad, no voy a decir otros cargos, porque no sería elegante por mi parte, pero le voy a decir con toda sinceridad que no veíamos, en lo que es la estructura de nuestro Estado, que tuviese ningún sentido que, por ejemplo, un ministro estuviese aforado ante el Tribunal Supremo y que el Príncipe, heredero de la Corona, no lo estuviese; o que no lo estuviese S.M. la Reina. Era una disfunción que carecía completamente de sentido.

En relación con la segunda pregunta, la respuesta es "sí". Usted ha puesto dos ejemplos y podíamos poner muchos más; pero está clarísimo en los dos que usted ha puesto, que son casos de extraordinaria complejidad, de extraordinaria duración, en los que… Si se fijan ustedes, el reproche fundamental que nosotros recibimos de los ciudadanos, no es en el momento de enjuiciamiento, por así decir, no es que tarde mucho la duración de los juicios… En el juicio oral, desde el momento en que se inicia hasta que se termina, incluso algunos que han sido extensísimos, la gente comprende perfectamente su duración por razón de la complejidad. ¿Dónde viene el reproche justificado por parte de los ciudadanos? En la duración de la instrucción, en la duración de los sumarios.

Luego, evidentemente, en aquellos sumarios que, por el número de personas afectadas, por la complejidad técnica o por la dispersión de los espacios donde tienen que actuarse, si en lugar de encomendárselo solamente a un instructor se lo encomendamos a tres que actúan de forma colegiada, y si existen discrepancias entre ellos, precisamente por ser impar el número se resuelve mediante decisión, como ocurre en todos los colegios de jueces de España; es, no solamente un incremento de la garantía del cumplimiento de las finalidades judiciales, sino que, además, es un incremento sustancial de la agilidad. Éstos son los dos motivos por los que lo introducimos.

Vicepresidenta.- Sobre su tercera pregunta, y las reuniones en Cataluña, a mí me gustaría decirle, en primer lugar --es público, algunos de sus compañeros estaban allí--, que yo estuve el martes en un acto público en Cataluña, coincidí con el señor Homs y tuvimos una pequeña conversación, lo cual forma parte de la normalidad en este tipo de actos. Pero no es nada nuevo respecto a las relaciones institucionales que mantiene el Gobierno de la nación con el Gobierno de la Generalitat.

Yo suelo reunirme con una cierta habitualidad, con una cierta periodicidad, con la vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña, la señora Joana Ortega. Hablamos de temas generales y también de temas que nos incumben a ambas, por ejemplo, la reforma de las Administraciones Públicas, donde tratamos de poner en común asuntos que podemos juntos consensuar. Eso demuestra que hay un diálogo entre ambas instituciones, porque el Gobierno de la nación tiene una obligación fundamental, que es resolver los problemas de todos los españoles --también somos Gobierno en Cataluña--, y gracias a ese diálogo, y tengo aquí el ministro de Hacienda, se ha podido aprobar el FLA y repartir entre Comunidades Autónomas, especialmente en Cataluña; poner en marcha un Plan de Pago a Proveedores, que también ha beneficiado, y mucho, a muchos proveedores de la Generalitat de Catalunya y de Ayuntamientos catalanes; se ponen en marcha algunas cuestiones relativas a las infraestructuras, etcétera.

Es decir, el diálogo existe y es continuo, y existe cada uno en nuestro ámbito, en nuestro rango, en nuestro nivel. Como ya digo, yo habitualmente tengo conversaciones con la señora Joana Ortega de los temas que a ambas nos afectan.

Como decía, diálogo hay y saben dónde nos van a encontrar siempre en ese diálogo, que es dentro de la Ley y en marco de la Constitución. Y me pregunta usted: ¿algo ha cambiado? Yo suelo decir lo mismo en público y en privado, y en esas conversaciones por las que usted me pregunta, exactamente. Yo lo que siempre mantengo es que tienen nuestra disposición para dialogar, pero en el ámbito de la Ley, respetando los procedimientos legales, los procedimientos constitucionales, con un objetivo fundamental, que es mejorar la vida de los catalanes.

Nosotros hemos sido muy claros respecto al referéndum, hemos sido clarísimos, y lo que yo digo en esta tribuna es lo mismo que le puedo decir al señor Homs, a la señora Ortega o a cualquier otro miembro o representante de la Generalitat de Catalunya o de su Parlamento.

Sobre el debate, ayer oyeron al presidente del Gobierno y nosotros, desde luego, solemos trabajar todas las cosas.

En cuarto lugar, me pregunta usted por el funeral. El Gobierno se siente representado por quienes son sus miembros y, desde luego, nosotros somos muy respetuosos en un Estado aconfesional, como el nuestro, de las opiniones de los demás. Respetamos a todo el mundo y las nuestras son, entre otras, las de los que estamos aquí sentados.

Respecto sobre la quinta de sus preguntas, desconozco los extremos y desconozco si también hubo o no cobertura de otro tipo de reuniones, porque debió de haber muchas ese día. Sólo me pregunta por una y me imagino que tendrían todas un trato similar, lo que se acordara, porque ya sabe que estas cosas se hacen a medias con los distintos interlocutores que se tuvieron en ese día, que fueron bastantes, porque eran bastante los Estados allí representados por sus jefes de Estado o de Gobierno.

P.- Me gustaría saber si el Gobierno ha decidido ya quién va a intervenir en el debate el martes.

Vicepresidenta.- Ya oyeron ayer al presidente del Gobierno y no le puedo comentar ninguna novedad al respecto.

P.- Abundando en esta pregunta, ¿por qué este misterio para no conocer todavía quién va a participar en ese debate?

Otra pregunta sobre este tema. ¿Consideran que es oportuno que después del debate en el Congreso se sienten con luz y taquígrafos Rajoy y Mas para abordar este asunto?

Después, respecto al aforamiento de los Príncipes, como muchas veces comparamos con otros países, tengo entendido que el número de aforados en España lo que está haciendo es crecer, en vez de decrecer, que es lo que está ocurriendo en otros países. Quería saber si también han hecho comparativas en este sentido.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, la posición del Gobierno es muy clara y me gustaría poner en evidencia una cuestión, que es que la posición del Gobierno, incluso, ya la hemos manifestado, porque se envió la posición del Gobierno respecto de la Proposición de Ley que vino del Parlamento de Cataluña en un escrito del Gobierno que se remitió a la Cámara. También, incluso, manifestamos nuestra posición respecto a la Proposición de Ley que registraron algunos Grupos y algunos diputados, que era, lógicamente, la misma, porque cuanto era la parte dispositiva de la misma. Ahora bien, como a esa Proposición de Ley se ha renunciado su defensa por parte de los Grupos, lo que se hará constar en ese debate es esa primera posición, que es la que hemos enviado.

Como digo, la posición del Gobierno es muy clara, saben lo que opinamos al respecto y ese debate es sobre una Proposición de Ley que lo que reclama es que, en lugar de autorizar el Estado, como dice nuestra Constitución, los referendos, en este caso se le atribuya la competencia completa de esa autorización a la Generalitat de Catalunya.

Sobre la segunda de las cuestiones, lo decía hace un momento: saben que a este Gobierno para dialogar nos pueden encontrar y saben dónde: en el marco de la Ley y de los procesos constitucionales. Desde luego, nosotros no tenemos…, todo lo contrario, consideramos que es positivo que hablemos de los problemas que tienen los ciudadanos de Cataluña y de mejorar su bienestar.

Respecto a otro tipo de opiniones que salen de los procedimientos constitucionales, nuestra posición será la que se marque en ese debate y, en su caso, en la votación que corresponde a los Grupos.

Sr. Ruíz-Gallardón.- Cada país responde a su tradición jurídica y en España ha sido tradicional que siempre la Sala Segunda del Tribunal Supremo fuese competente para el enjuiciamiento de delitos que afectaban a determinadas instituciones del Estado. Hemos hecho ese estudio de Derecho Comparado y son muy desiguales. Le puedo decir que son muy desiguales, pero sí le digo que no podemos hablar de aumento. El mayor número de aforamientos que existen en este país es constitucional y no podemos tocarlo, que es el de las Cámaras Legislativas: Congreso y Senado. En lo demás, el resto de aforamientos son los que establecen los Estatutos de Autonomía, que tampoco se regulan aquí, y los que establece la Ley son muy pocos.

Yo quiero recordar que el aforamiento no es un privilegio, incluso en muchos casos alguien podía alegar que es un perjuicio. Por ejemplo, una de las grandes novedades ahora en esta Ley es que los Tribunales Superiores de Justicia se convierten en órganos de apelación de los Tribunales de Instancia en el orden penal; luego se regulará eso en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Eso significa que cualquier sanción penal en España puede ser recurrida ante un tribunal superior y puede solicitar una revisión. Cualquiera, no; cualquiera excepto cuando estás aforado al Tribunal Supremo, porque entonces ya no tienes posibilidad de recurso. Luego, privilegio absolutamente ninguno.

Lo que sí le digo es que en Derecho Comparado lo que existe es una coherencia y no recuerdo en estos momentos ningún país que afore, por ejemplo, a un ministro y que no afore al príncipe heredero. Eso carecería completamente de sentido. Nosotros lo que hemos pretendido es darle una coherencia y decir que, si hay una justificación, y la Constitución lo establece, de que los miembros del Gobierno tienen que estar aforados, no tiene sentido, a pesar de que la Constitución no lo puso en ese momento, que aquellos que están llamados a ejercer la más alta magistratura del Estado, que es la Jefatura del Estado, príncipe heredero o los consortes de quien ya la ejerce o está llamado a ejercerla, quedasen fuera de esa situación.

P.- Una pregunta al ministro de Justicia. ¿Por qué se ha decidido que las Infantas y, en su caso, en el futuro, los hijos del Rey, no estén aforados, aparte del Príncipe de Asturias o la Princesa de Asturias? ¿Hay alguna razón, digamos, de orden judicial actual, como puede ser el "caso Urdangarín", o es una reflexión más de fondo del Ejecutivo?

Para la vicepresidenta. Me gustaría una reflexión política sobre el pacto al que ha llegado Convergència Democrática de Catalunya, y en concreto Artur Mas, con Reagrupament, de Joan Carretero, que defiende abiertamente, y no lo oculta, la secesión unilateral de Cataluña. ¿Cómo valora este gesto en vísperas del debate del martes en el Congreso?

Sr. Ruíz-Gallardón.- La respuesta es porque el aforamiento obedece a las funciones que se realizan, a las funciones de Estado, directamente a las funciones de Estado. Por lo tanto, lo que ha considerado el Gobierno es que esas funciones de Estado corresponden, dentro de lo que es la Familia Real, en primer lugar, por supuesto, a S.M. el Rey, cuyo aforamiento no es necesario regular puesto que tiene una regulación específica dentro de la propia Constitución; compartiendo esas funciones de Estado, S.M. la Reina, y no solamente convocado al futuro, sino ejerciéndolas, en muchos casos con enorme intensidad, los Príncipes de Asturias.

No hemos entendido que exista obligación, en razón de ese cumplimiento de obligaciones de Estado, de hacerlo extensivo a ningún otro miembro de la Familia Real.

Aprovecho para contestar, que lo olvidé antes, quiero decir que la Constitución en ningún momento… Ésa es una equivocada interpretación que se hace del artículo de la Constitución que dice que "las dudas de hecho o derecho que se planteen se resolverán por una Ley Orgánica". No está llamando a la Constitución a hacer una Ley Orgánica de regulación del Estatuto de la Familia Real; tampoco lo prohíbe, pero no lo hace. Lo que dice ese artículo de la Constitución es que, si surge una duda de hecho o derecho, se tiene que resolver esa duda a través de una Ley Orgánica. Ésa es la interpretación que han hecho todos los constitucionalistas de ese artículo y, por lo tanto, no existe ninguna necesidad de hacer un estatuto general.

Pero la respuesta a su pregunta es porque solamente se incluyen aquellos que ejercen, efectivamente, funciones de Estado.

Vicepresidenta.- Sobre la reflexión política que me pedía, yo creo que el presidente de la Generalitat está llamado a dar una explicación a todos los ciudadanos, y especialmente a los catalanes, sobre su posición y sobre la defensa de postulados en que se le ha dicho, desde todos los ámbitos, nacionales e internacionales, que no caben en nuestra legalidad constitucional ni en la legalidad internacional.

Hace un tiempo el presidente de la Generalitat decía que él siempre actuaría dentro del marco de la legalidad. Ahora parece que en los últimos tiempos, cuanto menos es el apoyo a esas tesis que pueda tener entre quienes les corresponde interpretar esa legalidad fuera y dentro de nuestras fronteras; cuanto menos ese apoyo, abre otro tipo de vías. Pero a él le corresponderá ese tipo de explicaciones a los ciudadanos.

Al Gobierno lo que le corresponde es recordarles que nosotros cumplimos y hacemos cumplir la Ley, y, desde luego, haremos cumplir nuestra Constitución, porque es la garantía de los derechos de todos, del conjunto de los españoles, que, por imperativo constitucional y porque ellos mismos lo quisieron cuando se aprobó nuestra Constitución, tienen derecho a decidir en los asuntos que les afectan; el conjunto de los españoles. Y lo que es España, desde luego, afecta a todos.

P.- A la vicepresidenta. No me ha quedado claro quién va a participar del Gobierno en el debate del martes sobre Cataluña. Por lo menos, me gustaría saber si el Gobierno lo tiene decidido, porque empieza a haber tanto misterio como con el candidato del Partido Popular para las elecciones europeas.

Al ministro de Justicia me gustaría hacerle una pregunta doble; además, en la doble condición de ministro de Justicia y de ex alcalde de Madrid. Me gustaría saber cómo valora el comportamiento que tuvo ayer la señora Esperanza Aguirre en un altercado o incidente con los agentes del Cuerpo de Movilidad, que, además, creo que creó usted cuando era alcalde, y si, de alguna manera, cree que eso puede lastrar sus opciones de ser candidata en las próximas elecciones municipales, precisamente, a la Alcaldía del Ayuntamiento.

Por último, al ministro de Hacienda me gustaría preguntarle por una dimisión que se produjo ayer del consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, si no recuerdo mal. ¿Cree que eso, que ha sido justificado por el exceso de déficit que ha tenido Aragón, es un ejemplo y tendrían que tomar nota otros responsables de Hacienda en otras Comunidades Autónomas que también llevan tiempo saltándose el objetivo de déficit?

Vicepresidenta.- A su primera pregunta le diré lo más importante: lo tenemos preparado, porque eso es lo importante. Y, desde luego, este Gobierno tiene preparados desde hace mucho tiempo, y muy claros, su criterio y su posición, y ese criterio y esa posición son los mismos de todos.

La segunda de sus preguntas la puedo contestar yo o el ministro de Justicia. La señora Esperanza Aguirre ha dado explicaciones. Aquí hay un procedimiento abierto, la Ley es igual para todos y en el procedimiento abierto se tendrán que definir hechos y responsabilidades.

Sr. Montoro.- En relación con Aragón, es una decisión de su Gobierno, de la presidenta del Gobierno de Aragón. Por tanto, yo no puedo hacer ningún tipo de valoración a ese respecto.

P.- Quería preguntarle al ministro de Hacienda si después de esta Oferta de Empleo Público ha tocado ya fondo el número de funcionarios en el Estado o va a haber más jubilaciones que nuevas plazas, como ha ocurrido hasta ahora, porque ha ido bajando el número de empleados públicos en España para ajustar el déficit y la Administración.

Después, también quería saber su opinión sobre la tasa de crecimiento que está manejando el Ministerio de Economía; ya llegan a hablar de hasta un 1,5 por 100 de crecimiento este año. ¿Le parece un poco excesivo este optimismo que están manejando o le parece que podemos llegar a crecer un 1,5 por 100 en España?

Después, por último, a la vicepresidenta o al ministro, quería preguntarles si en el asunto de Cataluña están dispuestos, a cambio de enterrar el proceso soberanista, a debatir, como hizo Rodríguez Zapatero, la financiación directamente con ellos y no con todas las Comunidades de régimen común. ¿Eso es factible o está cerrada esa puerta definitivamente?

Sr. Montoro.- En primer lugar, en lo que se refiere al número de funcionarios, el conjunto, el total, de personas trabajando en las Administraciones Públicas está en torno a 2.700.000, según EPA, algo menos en términos de registros públicos, que se corresponde con el mínimo número de personas que estaban trabajando en el año 2003, cuando ya éramos también Gobierno en aquellos momentos. Por tanto, hemos vuelto a una plantilla igual, prácticamente, cuando realmente ya se corresponde también con una sociedad distinta en términos de internacionalización y de integración europea; por tanto, en otros términos.

Pero quiere decir que el ajuste, en el sentido de pérdida de empleo en el sector público, sí ha tocado fondo; claramente ha tocado fondo. A partir de ello, como también marca usted correctamente, lo que se está produciendo es un proceso de jubilaciones que hacen también que esas plantillas puedan descender; pero no en términos de pérdida ya de actividad, porque entendemos que, efectivamente, en España ese número de funcionarios, en el total de las Administraciones, insisto, es perfectamente homologable a nuestro entorno o, incluso, queda por debajo claramente de nuestro entorno.

Eso sí, también es verdad que estamos insistiendo, enfatizando, en la cualificación profesional de la función pública, es decir, no es igual gestionar servicios públicos ahora que hace veinte años; también con toda la Administración electrónica y demás elementos que estamos potenciando. También hay un cambio cualitativo en términos de cómo se ejerce esa función pública.

Pero eso es básicamente y por eso le decía que sí en la respuesta respecto a que no habrá nuevo descenso por razón de consecución de objetivo de déficit, puesto que ya estamos en el suelo en cuanto a lo que se refiere al número de funcionarios públicos. Eso sí, como ven, intercambiables en términos de actividad, como estamos tratando de promover, de promocionar.

En lo que se refiere al Producto Interior Bruto del año 2014, el Gobierno elaborará a finales de este mes, del mes de abril, el Programa de Estabilidad del Reino de España y ahí es donde también propondremos, también para nuestro intercambio de criterios con la Comisión Europea, los escenarios de crecimiento económico.

Hasta ahora, el presidente del Gobierno ha marcado que el crecimiento de este año estará en torno al 1 por 100. Ésta es la cifra que estamos manejando en este momento; pero yo también añadiría que celebro que cada vez las cifras vayan creciendo, como es que realmente consolida la senda de recuperación económica, y que cada vez haya más protagonistas, intérpretes, que lo que hacen es ir elevando esa cifra.

Pero, por lo pronto, desde el Gobierno estamos en ello e incluso, digamos, a través de una declaración pública, no en nuestros documentos, que son los que actualizaremos a finales de este mes.

En lo que se refiere a la financiación autonómica, desde luego que no cabe ningún tipo de discriminación o unilateralidad. Estamos comprometidos a una reforma de la financiación autonómica que saben que está guiada por un precepto, que es el que interesa en Cataluña y en el conjunto de España, que es garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos al acceso de los servicios públicos. Eso es lo que importa, insisto, en Cataluña y en cualquier otro lugar de España, en cualquier otro territorio. Eso es lo que realmente tenemos que buscar y pretender a un sistema de financiación autonómica.

El sistema de financiación autonómica no es el que garantiza ni el crecimiento económico, ni siquiera la propia reducción de paro en cualquiera de nuestros territorios; es algo muy importante, por supuesto, como estoy diciendo: la garantía en el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad de los ciudadanos. Por tanto, eso es lo que estamos dispuestos a hablar con la Generalitat de Catalunya y con el conjunto de los gobernantes, y, por supuesto, de todas las formaciones políticas, porque no es una cuestión para hablar sólo con Gobiernos, sino de todas las formaciones políticas que componen el arco parlamentario en los territorios, en las Autonomías y en el Congreso y en el Senado de España.

Vicepresidenta.- Muchísimas gracias.