Respuestas a los medios de comunicación

P.- A la vicepresidenta. El presidente Rajoy dijo el otro día que no se planteaba que Mas no cumpliera la Ley. No sé si entienden que lo de ayer es un incumplimiento de la Ley, es una provocación… ¿Qué va a hacer el Gobierno para responder a lo que hizo ayer el señor Mas.

También le quería plantear sobre la Ley del Aborto. Se está preparando una gran manifestación en Madrid, la Iglesia ha protestado… ¿Qué le dice el Gobierno a sus votantes que se puedan sentir defraudados y que han visto como que, incluso, dimitía el ministro Ruíz-Gallardón por este asunto?

Y aprovechando que le tenemos aquí, al ministro Jorge Fernández le quería preguntar si usted comparte, personalmente, la decisión del Gobierno de retirar la Ley del Aborto.

Al ministro de Economía. Hay una gran polémica por el tema de Caja Madrid y el señor Abejas está diciendo que todos los sabían, que usted lo sabía, que el ministro de Hacienda lo sabía, que todos lo sabían, y que era normal eso en el mundo financiero. Usted estaba en el mundo financiero y quería preguntarle si era normal, si todo el mundo en el mundo financiero tenía esas tarjetas, y si usted también. Quiero decir que si era normal.

Además, en general, se han destinado decenas de millones de dinero público al rescate y hoy nos están diciendo que en la plataforma Castor, otros 1.300 millones de dinero que nos dicen los expertos que lo vamos a pagar en la factura del gas. Le quería preguntar si en ese contexto no merecería todo esto una gran comisión de investigación en el Congreso, algo más de lo que se ha hecho hasta ahora.

Vicepresidenta.- La primera de sus preguntas va referida a la situación en Cataluña y yo creo que hay que dejar por sentada una serie de aspectos importantes.

España es un Estado de Derecho, creo que ese tema hay que tenerlo muy presente. Cuando nos dimos una Constitución, por un lado, constituimos un Estado de las Autonomías que ha llevado a que hoy España sea uno de los Estados más descentralizados del mundo, tanto por las competencias que ejecutan las Comunidades Autónomas, como por el volumen de recursos que gestionan; pero también por la amplitud con la que la que ese proceso de descentralización se ha consumado en nuestro país. Pero también es un Estado de Derecho.

La Ley es la expresión más clara de la democracia y la Ley nos obliga a todos. Y quienes se encargan de decidir quién cumple o no cumple la Ley son, entre otros, fundamentalmente, los Tribunales, que es un poder único e independiente. Aquí nadie, en España, puede decidir por sí o para sí lo que es legal o lo que no lo es, salvo los Tribunales, y decidir cuándo cumple o deja de cumplir las resoluciones de los Tribunales.

Yo creo que eso es muy importante para todos pero, sobre todo, para los gobernantes, que también dictan leyes y que me imagino que, cuando son constitucionales, querrán que el resto de los ciudadanos también las cumplan. ¿Qué autoridad tiene cualquier gobernante para exigir a los demás el cumplimiento de la Ley cuando él no lo hace?

Por tanto, este Gobierno tiene una obligación, que es cumplir y hacer cumplir la Ley, porque tiene la obligación de que todo el mundo respete la democracia. Y aquí estamos hablando de derechos democráticos. ¿De quienes? De todos los españoles.

España se organizó políticamente en una Constitución, que fue apoyada mayoritariamente por los ciudadanos que residían en Cataluña, y refrendada por el conjunto del pueblo español. Si se quiere cambiar eso, si eso algunos pretenden modificarlo, tienen que contar con la voluntad de quien decidió que nos organizáramos de esta manera: el conjunto del pueblo español. Ése es el procedimiento.

Pero es mucho más allá que una norma procedimental o una norma de organización jurídica; ésta es nuestra democracia y nadie puede diseñar la democracia a su medida, porque está a la medida de los derechos de los españoles.

El señor Artur Mas conoce, porque es parte en el procedimiento pero también porque es de notorio conocimiento, que el Tribunal Constitucional ha decretado la suspensión de la Ley de Consultas, del artículo 14 que recoge esa Comisión y del decreto de convocatoria de la consulta. Y el Tribunal Constitucional, en su providencia, ha ordenado suspender todos los actos precedentes o que conlleven a la convocatoria de esa consulta.

Por tanto, si ha decidido firmar ese decreto de convocatoria, el Gobierno cumplirá, con la misma firmeza serena que hemos venido haciendo hasta ahora, con su obligación legal y la Abogacía del Estado trabajará para que se incorpore este decreto, este a nuestro juicio incumplimiento de ese acuerdo de suspensión, a esa pieza de suspensión que se está tramitando ante el Tribunal Constitucional.

Le recordamos que tiene que cumplir la Ley. Una cosa es la política y en política cada uno puede defender lo que tiene por oportuno, siempre por los procedimientos legales y democráticos, porque, cuando uno no respeta la Ley, probablemente esté vulnerando el derecho de muchos; en este caso, de catalanes y españoles, que tienen derecho todos juntos a decidir cuál es el modelo que quieren para el conjunto de España.

Sobre la segunda de sus preguntas, conoce muy bien cuál es la posición del Gobierno; entre otros, lo ha dicho su presidente. Nosotros hemos trabajado para construir un consenso. De momento, hemos detectado que hay consenso en un ámbito importante, que es en el asunto relativo al consentimiento de las menores, entre dieciséis y dieciocho años, para poder llevar a cabo un aborto, y vamos a solventar inmediatamente esa cuestión. Seguiremos trabajando por el consenso en otras áreas. Creemos que es un tema de una gran sensibilidad social, que es difícil. Seguiremos trabajando, como digo, y la primera de las decisiones que hemos adoptado, porque entendemos que hay un gran consenso social y estamos para construirlo, es ese punto que le decía hace un momento.

Sr. Fernández.- Para no repetir lo que ya en su momento anunció el presidente del Gobierno y lo que ha dicho ahora la vicepresidenta del Gobierno, simplemente quiero decir que en la búsqueda de ese consenso, puesto que el Partido Popular es un partido muy grande y con muchas sensibilidades al respecto; en todo caso yo, para buscar ese consenso, siempre, en el seno del Partido Popular, en el seno del Gobierno y en el conjunto de la sociedad, siempre estaré, evidentemente, en la defensa de la vida, desde la convicción de que no hay nada más progresista que defender a los seres más vulnerables y débiles, y de que no hay ningún ser más débil y vulnerable que el niño que va a nacer. En esa posición de búsqueda del consenso yo estaré situado en esa posición.

Sr. De Guindos.- En relación con el tema de las tarjetas de Caja Madrid y Bankia, yo voy a dar, no opiniones, sino datos.

En primer lugar, el que pone en conocimiento del fiscal esta operatoria es el FROB, que es el mecanismo de resolución del Gobierno en entidades. Yo he anunciado en numerosas ocasiones que el FROB y las entidades nacionalizadas tenían un sistema de análisis de aquellas prácticas, potencialmente irregulares, que pudieran contravenir la normativa vigente y que, cuando, efectivamente, se pusiera de manifiesto que ahí hay un potencial comportamiento irregular, inmediatamente se ponía en conocimiento de la Fiscalía. Eso es lo que ha ocurrido: Bankia se lo comunica al FROB, el FROB rápidamente lo pone en conocimiento del fiscal y el fiscal es el que ha remitido al juez, y ahora es cuando efectivamente se tiene conocimiento al respecto.

Pero le puedo decir que existen aproximadamente veinte operaciones que ya se han remitido al fiscal. Aquí lo que está habiendo es un procedimiento por parte del FROB en el cual, en cuanto se identifica, se analiza, después de algunas opiniones de expertos, que pudiera existir una conducta irregular, inmediatamente se remite a la Fiscalía. Es decir, el FROB tiene instrucciones del Gobierno de colaborar absolutamente y ser absolutamente transparente. Independientemente --y éste es otro hecho, que creo que también usted entenderá-- de que desde mayo del año 2012 esta práctica desaparece absolutamente.

¿A partir de ahí? A partir de ahí lo que va a hacer el FROB es está personado en la causa de Bankia y en dicha causa de Bankia, lógicamente, tiene que recuperar todo lo que de alguna forma se ha podido, de algún modo, pagar a través de estar tarjetas, independientemente de que, lógicamente, existen otro tipo de responsabilidades, que es el juez el que tiene que ir dilucidando. Pero el FROB va a estar personado en la causa.

P.- A la Vicepresidenta del Gobierno quería preguntarle dos cuestiones relativas a propuestas del líder del PSOE, Pedro Sánchez. Quería saber cuál es la opinión del Gobierno respecto, por un lado, a la existencia de que haya funerales de Estado para las víctimas de violencia machista y, por otro lado, también que los parlamentarios no puedan ejercer actividades privadas.

Al ministro del Interior quería preguntarle si nos podía confirmar, tal y como publican hoy algunos medios de comunicación, si hay negociaciones entre los Gobiernos de España y de Francia para el traslado a España de medio centenar de presos etarras en virtud de una modificación legislativa que está ahora mismo en el Senado.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las preguntas, sobre la propuesta del señor Pedro Sánchez en relación con los funerales de Estado de las víctimas de violencia de género, creo que de alguna manera ha sido matizada por el propio Partido Socialista esta mañana. Yo creo que tendrán que explicar en qué consiste la propuesta y cuál es la versión definitiva de esa propuesta para poder manifestar una opinión más fundada.

Por nuestra parte, sabe que el Gobierno siempre ha buscado el consenso en este tema que entendemos --ésa es nuestra postura-- que es una cuestión de Estado, que es un asunto de Estado. Ahí es donde ponemos el término Estado, porque nos parece importante. Creemos que es un problema que tiene la sociedad española y otras muchas --hemos visto los datos a nivel europeo--. Creo que todos debemos ser conscientes de que hay un trabajo a nivel internacional, a nivel europeo y a nivel español, que hacer. Creemos que esa es la manera de tratar este asunto: ir construyendo, legislatura tras legislatura, Gobierno tras Gobierno, los mejores mecanismos para acabar con la violencia de género, que tienen que venir desde la escuela y desde la formación, y que tienen que consistir en la máxima protección que podamos darles a las víctimas de la violencia de género.

A las mujeres y también a los niños, en ese entorno en que pueden además sufrir violencia de esta naturaleza, darles la confianza necesaria en las instituciones para que puedan denunciar, para que puedan protegerlas --creo que el Ministerio del Interior en este sentido está haciendo una tarea muy intensa--, ver cuál es la mejor reacción penal que podemos dar frente a la violencia de género y seguir trabajando, con el relevo de un Gobierno tras otro, en una dirección.

Ésa es la posición del Gobierno y ya digo que a la del Partido Socialista, cuando la tengan más perfilada, podremos responder a ella.

Sobre el ejercicio de incompatibilidades, también profusamente, en todo este conjunto de ofertas que nos encontramos un día tras otro, el Gobierno ha presentado una ley del ejercicio de la función de alto cargo en la Administración General del Estado, que es a lo que a nosotros nos compete; con un régimen de incompatibilidades amplio --los que estamos aquí sentados estamos sometidos a él-- y con un régimen de transparencia en el ejercicio de esas funciones y en la declaración de bienes en la entrada y en la salida, que creo que también sería interesante que analizara el Partido Socialista, porque ahí pueden tener algunas buenas ideas de cara a estas ofertas que estamos viendo.

Sobre la incompatibilidad de diputados, está usted hablando del Poder Legislativo y del Reglamento de la Cámara. Cada uno de los Grupos puede plantear las iniciativas que tenga por conveniente, señalar por qué se hacen en este momento y no en otro anterior, y a qué obedecen, dentro de un objetivo que creo… Al menos, mi opinión es que tenemos que trabajar desde el ámbito de la política y es que tenemos que conseguir que gente que proviene de distintos ámbitos tenga interés por trabajar en política.

Yo doy esa idea y esa opinión general. Me parece que la política es importante. Ustedes preguntan todos los viernes por cuestiones que son claves para el futuro de España y el futuro de nuestra economía. Aquí se habla de temas de una complejidad importante. Fíjese en la Ley que acaba de exponer el ministro de Economía.

Creo que es bueno que la política esté abierta a que gente preparada, formada, de distintos ámbitos y de distintos sectores pueda participar en política; que no sea esto compartimentos estancos y cerrados. Creo que estar abiertos a que la gente entre, salga y pueda aportar en ámbitos muy complicados es bueno. Ésa es mi manera de ver las cosas. No sé si eso se arregla mejor con un sistema de incompatibilidades o no incompatibilidades, pero creo que tenemos que ponernos ese objetivo final.

Al final, los políticos tomamos decisiones todos los días sobre aspectos claves de la convivencia de todos los ciudadanos. Conviene saber de lo que se habla, conviene conocer lo que se habla y conviene saber, por haberlo vivido, las consecuencias que para la sociedad tienen las medidas que se adoptan, y creo que ese intercambio es bueno.

A mí la política cerrada y endogámica… Me parece que tenemos que ser también prudentes al analizarlo, porque es buena esa participación de los ciudadanos y también lo es si damos facilidades a que la gente pueda participar; todo con la transparencia, controles… Oiga, si todo es transparente y todo se controla, pasa como ha dicho el ministro de Economía con lo que hemos visto hace un momento en este asunto de las Cajas. Pero enriquezcamos también las aportaciones en la política.

Sr. Fernández.- Como esa noticia a la que usted alude titulaba literalmente "Rajoy y Hollande han pactado el desplazamiento, el traslado, a España de medio centenar de terroristas", yo he hablado personalmente con el presidente del Gobierno y me ha autorizado personalmente a que desmienta esa noticia, en el sentido de que él no ha hablado para nada con el presidente Hollande de este asunto.

P.- Se está publicando --"Expansión" lo ha publicado hoy-- que Hacienda va a abrir una investigación a las empresas del IBEX 35 para ver si existen tarjetas "black" como las de Caja Madrid. Quería saber qué medidas van a tomar al respecto y si consideran o temen que ésta es una práctica extendida en las empresas o en otras Cajas de Ahorro.

Después, centrándome más en Caja Madrid, le quería preguntar a la Vicepresidenta o al ministro si no les da vergüenza que haya compañeros suyos…, si no les da vergüenza pertenecer a una formación en la que hay gente que se ha beneficiado de esta manera de una Caja que ha recibido unas inyecciones de 22.000 millones de euros del contribuyente; que, si no calculo mal, son 468 millones por persona en este país, lo que es una barbaridad. No sé de dónde sale tanto dinero.

También quería preguntarles qué medidas van a tomar, no sólo recurriendo a la Fiscalía, sino también el Gobierno con las leyes. ¿Van a impulsar algún proyecto de ley para que esto no se vuelva a producir?

Sobre el límite al "crowdfunding", es algo que no entiendo muy bien por qué estos límites que se están poniendo a una forma de financiación. No lo entendí en la otra ocasión, que eran más restrictivos, y tampoco lo llego a comprender ahora. Porque ¿cuál es el fondo de la cuestión? ¿Porque puede haber fraude o porque…?. Porque, al final, es limitar una forma de financiación de empresas, ¿no?, poniéndoles una barrera que no existía y que en otros países tampoco existe, si no he entendido mal.

Sr. De Guindos.- Empiezo por el "crowdfunding". En todos los países existen límites. Se distingue entre inversores cualificados y no cualificados en los que hay regulación: en Estados Unidos, en el Reino Unido… Fundamentalmente, es, y yo lo he intentado explicar antes, buscar un equilibrio. Esto es una fórmula de financiación novedosa pero que, de alguna forma, necesita transparencia y necesita una serie de controles. Al ser una forma novedosa, que está naciendo en estos momentos, que puede ser importante, creemos que es especialmente adecuado que para una serie de inversores que pueden tener menor cultura financiera, lo cual está implícito, por ejemplo, también en la Directiva de UNIFIT, haya una protección especial y unas consideraciones especiales.

Ése es el objetivo, pero eso existe en todas las regulaciones que están aprobadas, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o el Reino Unido. Me parece incluso que nosotros, en el caso español, nos hemos ido a los límites del Reino Unido, muy similares.

Después, ha hecho usted una serie de consideraciones en relación con este tema. Esto es una conducta irregular, no hay que hacer… Es decir, en estas actuaciones, cuando efectivamente ya se concretan y se ponen de manifiesto, el juez ya puede, de algún modo, establecer, hacer y plantear sentencia en relación con las mismas. Esto ya está absolutamente prohibido. Si efectivamente los hechos se concretan y de alguna forma se sustancian, está absolutamente prohibido dentro de la regulación española.

Evidentemente, usted me dice: sí, vamos a ver… En estas cuestiones, al primero que, a veces, se le revuelve el estómago cuando ve las inyecciones de capital es al ministro de Economía. Creo que, en estas circunstancias, en una entidad que ha habido que inyectar muchísimo dinero entiendo perfectamente la indignación de la sociedad española; la entiendo perfectamente.

P.- Pero ¿qué va a hacer Hacienda?

Sr. De Guindos.- Hacienda, lógicamente, tiene autonomía, la Agencia Tributaria, para actuar al respecto y el Gobierno no tiene nada que decir al respecto.

P.- Pero si es una práctica extendida en otros sitios no lo van a investigar, ni nada.

Sr. De Guindos.- Yo espero que no sea… Estoy convencido de que no es una práctica. Creo que es un caso singular, si me permite usted.

P.- A la Vicepresidenta. Me gustaría saber si, aparte del recurso que, según dice, la Abogacía del Estado está estudiando para incorporar al ya presentado, el Gobierno se plantea alguna otra medida para que el señor Mas cumpla con la suspensión o para que no siga incumpliendo la suspensión.

Me gustaría saber también, al margen de que el FROB esté personado en la causa, si el Gobierno tiene algún mecanismo para recuperar el dinero que han gastado estas personas de forma irregular.

Y si me permite, también al ministro del Interior, me gustaría saber si tiene alguna confirmación de que haya podido ser Resistencia Galega el autor del atentado que se produjo en Lugo hace unos días en una casa consistorial.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las preguntas, las actuaciones del president de la Generalitat, creo que el president de la Generalitat debería manifestar cuál es su posición final sobre este tema, porque, en primer lugar, se nos informó, después de un Consejo extraordinario del Govern, que se suspendía la consulta, se suspendía la campaña institucional, y así parece ser que fue; también que se suspendía el proceso de selección del personal dedicado a organizar, o a vigilar, o a llevar a cabo determinadas tareas administrativas en el 9 de noviembre. Después, sin embargo, decidió firmar un decreto aprobado por el Parlament de una manera --esto ya no es político, es un poco más jurídico--, digamos, novedosa, sin precedentes.

Yo creo que en este tema los ciudadanos merecen tranquilidad y serenidad, y yo hago también ese llamamiento porque, al margen de otras cuestiones, los ciudadanos tienen derecho a saber que las resoluciones de los Tribunales se cumplen y se respetan, y que esto es un tema lo suficientemente importante como para no abordarse de esa manera.

Los ciudadanos, con razón, se preocupan cuando ven que los gobernantes dan determinados pasos y creo que debiera evitar seguir dando pasos en esa dirección. Indudablemente, el Gobierno, si ésa es la línea, tendrá que hacer lo que ha hecho hasta ahora: defender el Estado de Derecho, porque es defender el derecho de los ciudadanos. Pero le recuerdo que aquí nadie decide qué ley se cumple o qué ley no se cumple. Todas las leyes deben cumplirse en los términos que digan los Tribunales y quien, además, con cierta frecuencia aprueba o promueve leyes, o normas, que exige a los ciudadanos su cumplimiento es el primero que debiera de tenerlo en cuenta.

Sr. De Guindos.- El tema de la recuperación. Bankia, a instancias del FROB, para cuatro de las personas en cuestión les pidió el dinero y se lo han devuelto. Eso es una primera consideración. Eran para los que fundamentalmente era Bankia, cuando Bankia ya existía como entidad. Es decir, ya se ha recuperado todo el dinero.

Los otros tenían que ver con Caja Madrid. Caja Madrid de alguna forma se subsume con otras Cajas, me parece que en total siete, en lo que es hoy Bankia-BFA.

Yo lo que le puedo decir es que hay un procedimiento judicial, que está en manos de un juez, al cual se incorpora este asunto de las tarjetas de crédito. Ahí está personado el FROB y el FROB va a hacer todo lo que está… Lógicamente, tiene instrucciones al respecto para intentar recuperar todo lo que pueda.

Pero independientemente de la gravedad, lo que sí me gustaría resaltar es que el FROB desde el primer momento, teniendo en cuenta lo que comentaba yo anteriormente… Nosotros hemos inyectado 22.000 millones de euros en Bankia, 12.000 millones de euros en Catalunya Caixa y 9.000 millones de euros en Galicia; en total, aproximadamente, unos 40.000 millones de euros en las antiguas Cajas de Ahorros. Y desde el primer momento el FROB ha tenido instrucciones, como mecanismo de resolución y de reestructuración bancaria que depende del Gobierno, de actuar con la máxima atención, con la máxima celeridad y con la máxima transparencia, siempre que se identifique por parte de las instituciones cualquier conducta irregular. Así lo está haciendo y así lo va a hacer. Y, por supuesto, va a prestar toda la colaboración al juez en el procedimiento, como no puede ser de otra forma.

Sr. Fernández.- En relación con la pregunta que me ha formulado, ese atentado que ha causado estragos en la sede consistorial del Municipio de Baralla, en la provincia de Lugo, quería decirle simplemente que hay una amplia investigación, avanzada, por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

P.- Vicepresidenta, después de escuchar sus respuestas en relación con el señor Mas, me gustaría preguntarle si usted no cree que el señor Mas está prevaricando, porque está actuando a sabiendas de que lo hace en contra de la Ley y de lo que ha decidido el Tribunal Constitucional. En ese caso, ¿cree que la Fiscalía, además del Gobierno recurrir los decretos que está firmando, debería actuar en este sentido contra él?

Al ministro de Economía. Respecto a la investigación ésta que ha abierto Hacienda a las empresas del IBEX, me gustaría saber si es que existe alguna sospecha de que allí pueda estar sucediendo algo parecido o se trata de una investigación preventiva simplemente.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, ayer, leyendo el decreto, uno pudiera tener la sensación de que quien puede también estarlo valorando y meditando es el propio señor Mas, al firmar ese decreto con las prevenciones con que lo hace.

Ya he dejado dicho que será la Abogacía, que es nuestra representación, quien llevará al Tribunal Constitucional esa pieza de suspensión, y la Fiscalía, que actúa con autonomía, tiene la obligación de perseguir los delitos que conozca, con lo que también estará muy pendiente.

Sr. De Guindos.- La Agencia Tributaria actúa con independencia y el Gobierno no se inmiscuye lo más mínimo en lo que son los procedimientos.

Yo he dicho anteriormente que espero que éste sea un caso singular. Estoy convencido de que es un caso singular.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.