Intervención de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría

Vicepresidenta.- Muy buenos días. Vamos a informarles de los asuntos que hemos adoptado hoy en el Consejo de Ministros.

Por un lado, me acompaña el ministro de Economía y Competitividad, porque se han aprobado tres normas relativas al sector financiero y de valores, que posteriormente explicará. La más importante de ellas, un Real Decreto Ley de medidas en materia financiera donde se regula la retirada o, mejor dicho, las comisiones por la retirada en efectivo de los cajeros automáticos.

Como bien conocen, en las últimas semanas se generó una gran preocupación en los ciudadanos sobre la posibilidad de que las entidades financieras cobraran una nueva comisión, una doble comisión, por la retirada de efectivo en los cajeros automáticos. El Gobierno, atento a esta preocupación, ha aprobado un Real Decreto Ley, que se publicará mañana y que entrará en vigor mañana, por el que no será posible aplicar esa doble comisión. Sólo podrá cobrar comisión el banco emisor de la tarjeta, pero nunca el banco dueño del cajero de donde se retire el efectivo. Por otro lado, el banco emisor de la tarjeta no podrá cobrar a su cliente más de lo que el banco titular del cajero le cobre a él por esa operación.

Por tanto, se da seguridad y se protege al consumidor en un tema que, como digo, estaba generando importante preocupación en la opinión pública; que entrará en vigor mañana y que hasta el 1 de enero de este año impedirá el cobro de cualquier tipo de comisión, hasta tanto en cuanto no se llegue a acuerdos en los bancos sobre la retribución entre esas operaciones.

En segundo lugar, se ha aprobado un Real Decreto que desarrolla la Ley de Cajas en materia de fundaciones bancarias, para determinar cuándo se tiene el control sobre la misma y, por tanto, cuando hay que constituir los fondos de reserva necesarios. También se profundiza en la reforma de las Cajas de Ahorro, lo que tiene como objetivo mejorar la solvencia de las mismas y atender especialmente al cliente minorista y a las pequeñas y medianas empresas, que han sido siempre su objetivo fundamental.

Por último, otro Real Decreto, más técnico, de compensación, liquidación y registro de valores negociables, que es una reforma, no obstante, de transcendencia en el sistema de post contratación y que nos adapta a los estándares europeos.

Por otro lado, me acompaña el ministro de Justicia porque hemos aprobado un Real Decreto por el que se concede la nacionalidad española, por carta de naturaleza, a determinados sefardíes originarios de España. Con esta medida, que explicará el Ministro, serán 4.302 sefardíes originarios de España los que obtienen la nacionalidad española.

En un tercer grupo de medidas, hoy se adoptan tres medidas importantes en el régimen de reforma de las Administraciones Públicas. Además, quiero recordarles que hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado las dos normas clave de esta reforma: la de Régimen Jurídico de las Administraciones y la del Procedimiento Administrativo, que tienen como objeto fundamental impulsar la Administración electrónica e ir sustituyendo el papel en la tramitación administrativa.

Pues bien, en esa misma línea hoy se aprueban tres elementos importantes: en primer lugar, y desde el punto de vista del Ministerio de Justicia, una encomienda de gestión para la gestión de registros, de apoyo administrativo a la actividad judicial, plataformas judiciales, sistemas de información del Ministerio Fiscal y otras actuaciones relacionadas con la modernización tecnológica de la Justicia. Está dotado con 15,5 millones de euros y tiene por objeto impulsar medidas de nuevas tecnologías en la Justicia para agilizar trámites y mejorar las gestiones ante los ciudadanos. Se trata, por tanto, de la construcción de un soporte técnico continuo que permita una evolución funcional del sistema integral de registros judiciales, la mejora de la arquitectura técnica global de plataformas judiciales, como el expediente judicial electrónico en la Audiencia Nacional, o la integración de servicios judiciales en un punto único de acceso para todos los operadores.

Esto en lo que se refiere a la Administración de Justicia, que es una parte clave dentro del desarrollo de la Administración electrónica; pero, con carácter general, se aprueba el Plan de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, lo que se conoce como Estrategia TIC. Este Plan, que está propuesto por la Comisión de Estrategia TIC, supone una plena transformación digital de la Administración pública, así como la potenciación de la tramitación de los procesos internos en formato electrónico, lo que generará eficiencia, ahorro y transparencia. Responde a las nuevas demandas de la sociedad, proporcionando información y servicios digitales en cualquier momento y lugar por diferentes canales, generando nuevas formas de relación con los ciudadanos.

La Estrategia TIC plantea una transformación digital de cara a antes del 2020, de 2020, e incorpora las recomendaciones de la OCDE y la Estrategia de la Comisión Europea para el mercado único digital. Será un instrumento clave para poner en marcha las dos leyes a las que me acabo de referir: Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo.

Entre sus objetivos está configurar los planes de los Ministerios para emprender la transformación digital en su ámbito de competencia, para llegar a un nuevo modelo de prestación de servicios mucho más racional, articulado en torno a la idea de servicios compartidos, y de carácter obligatorio, que sustituya a los actuales, salvo excepciones muy concretas.

Con todo el desarrollo de Administración electrónica que hemos llevado a cabo hasta la fecha, quiero señalarles que hemos escalado once puestos según el informe UPAN de Naciones Unidas. O sea, en este tiempo, con toda la estrategia, hemos mejorado once puestos en ese ranking y ahora ocupamos el puesto duodécimo en el ranking mundial. Con esta nueva estrategia y estas nuevas leyes, esperamos seguir mejorando en la forma en que lo hemos hecho en los últimos tiempos.

Por tanto, con esta Estrategia se apuesta por una Administración netamente digital, sin barreras, interconectada y buscando la comodidad de los ciudadanos.

También dentro de las medidas CORA, también en Administración electrónica, se ha aprobado un Real Decreto por el que se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del conocido como DUE, que es el Documento Único Electrónico, para el cese de actividad y extinción de sociedades de responsabilidad limitada, y el cese de actividad de empresas individuales. Este Real Decreto desarrolla la Ley de Emprendedores y su internacionalización, y regula el contenido que debe tener este Documento Único Electrónico para que, mediante el mismo, se puedan llevar a cabo, de manera integrada y por vía electrónica, los trámites necesarios para el cese de actividad de empresas individuales, fundamentalmente autónomos, y para el cese y extinción de sociedades de responsabilidad limitada. Se podrá realizar la cumplimentación y envío del DUE, tanto a través del punto de atención al emprendedor del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como del resto de puntos que presten ese servicio.

Se da paso, por tanto, también al cumplimiento de una de las medidas CORA más importantes, de simplificación de procedimientos y reducción de cargas administrativa, que afecta a la pequeña y mediana empresa, y se estima que al año las empresas puedan ahorrar en cargas administrativas noventa millones de euros mediante la utilización de este documento.

Entre otras cuestiones, ya muy brevemente, y las tendrán detalladas en la Referencia del Consejo de Ministros, quiero hacer referencia a una inversión importante: la que permite la celebración del contrato de ejecución de las obras del proyecto constructivo de urbanización asociada a la cabecera de la Estación de Sants, en Barcelona, y sus salidas de emergencia en el entorno urbano. Son más de 32 millones de euros, que se dedicarán a la construcción de tres nuevas salidas de emergencia en el túnel de Alta Velocidad que une Madrid-Barcelona y la frontera francesa. Incluyen la reurbanización de la cabecera norte de la Estación de Barcelona-Sants, en el sector comprendido entre las avenidas de Roma, Josep Tarradellas y la calle Provença, y la integración de cuatro salidas de emergencia existentes en el entorno, a fin de que sea mucho más seguro y confrontable para el usuario.

Por último, hoy se autoriza la firma del Protocolo Adicional al Convenio contra el dopaje, que tiene por objeto asegurar el reconocimiento mutuo de los controles antidopaje y reforzar la aplicación del convenio contra el dopaje del Consejo de Europa de 1989, que es el primer instrumento de Derecho Internacional Público referido al dopaje. Este Protocolo reconoce la competencia de la Agencia Mundial Antidopaje para la realización de controles fuera de competición y permite el reconocimiento por los Estados parte de los controles antidopaje que se realizan a los deportistas de los Estados integrantes del convenio, evitando, por tanto, la firma de acuerdos bilaterales y mejorando la eficacia de estos controles. Además, un equipo de evaluación, designado por el grupo de seguimiento creado en conformidad con el propio Convenio, supervisará su aplicación en relación a cada una de las partes. Este equipo examinará los informes nacionales previamente presentados por las partes y podrá realizar, en caso de ser necesario, visitas sobre el terreno.

Como saben, el Protocolo Adicional al Convenio entró en vigor el 1 de abril de 2004 y, hasta el momento, ha sido ratificado por 26 países.