Aprobación del techo de gasto para 2023

El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo que fija el límite de gasto no financiero del Estado para 2023, que asciende a 198.221 millones de euros. Se trata de una cifra récord, superior en un 1,1% a los 196.142 millones de euros del año pasado.

El techo de gasto es un paso clave para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, cuyo objetivo principal será consolidar el crecimiento económico y la creación de empleo en un contexto internacional de incertidumbre por los efectos derivados de la invasión rusa de Ucrania. En ese sentido, las cuentas públicas estarán orientadas a proteger a las clases medias y trabajadoras, así como a los colectivos vulnerables y al tejido productivo por el impacto del alza de precios de productos energéticos. Ese fortalecimiento del Estado de Bienestar será compatible con un descenso significativo del déficit público.

En esa hoja de ruta se enmarca el aumento del límite de gasto no financiero del Estado aprobado, que incluye también 25.156 millones de fondos europeos para seguir impulsando la transformación económica a través de la digitalización, la transición energética, la igualdad y la cohesión social y territorial. Estos recursos comunitarios se componen de 23.840 millones procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de 1.316 millones del fondo REACT-EU.

En cualquier caso, si se descuentan los recursos procedentes de los fondos europeos, el límite de gasto se situaría en 173.065 millones, un 1,9% superior a los 169.787 millones de 2022, excluidos también los fondos comunitarios. Esto significa que el Gobierno apuesta por incrementar la inversión al margen de los recursos europeos con el objetivo de potenciar las políticas sociales.

Asimismo, el techo de gasto de 2023 también contempla una transferencia de 19.888 millones a la Seguridad Social, un 8,1% más que en 2022. Unos recursos que muestran el compromiso del Gobierno con el Pacto de Toledo y la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Suspensión de las reglas fiscales

El acuerdo de Consejo de Ministros también incluye el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales. Una medida que ya se ha realizado en años anteriores y va en línea con la decisión de la Comisión Europea de mantener la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento también para 2023. Esto permite dotar a los países de mayor flexibilidad para afrontar la crisis derivada de la invasión de Ucrania.

Por tanto, el Gobierno solicitará de nuevo al Congreso de los Diputados que aprecie si en España concurren las circunstancias extraordinarias previstas en el artículo 135.4 de la Constitución Española y 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Es el mismo trámite que se siguió en años anteriores para suspender las reglas fiscales nacionales.

En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica abandonar la responsabilidad fiscal, sino que el compromiso con la reducción del déficit público se mantiene con una senda descendente que llevará al déficit por debajo del 3% en 2025.

Tasas de referencia

En este sentido, la suspensión de las reglas fiscales supone que no existen objetivos de estabilidad, que, sin embargo, son sustituidos por unas tasas de referencia de déficit.

La previsión del Gobierno es que el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se sitúe en 2023 en el 3,9% del PIB, frente al 5% de 2022. Por tanto, continúa la senda descendente que implica una reducción del déficit de más del 60% desde el inicio de la pandemia en 2020, cuando las medidas de confinamiento contra la COVID y el despliegue del escudo social, especialmente los ERTE, provocaron un déficit del 10,1%, excluida la ayuda financiera.

A diferencia de crisis anteriores, la disminución del déficit no se ha producido mediante recortes de servicios públicos esenciales, sino que obedece al crecimiento económico y a la creación de empleo y es compatible con la política del Gobierno de impulsar el Estado de Bienestar y fortalecer a la clase media y trabajadora.

Más margen para las CCAA y las EELL

Si se desagrega la tasa de referencia por subsectores, la principal novedad radica en el mayor margen de gasto para las comunidades autónomas, que pasan de una tasa de referencia del 0,1% para 2023 contemplado en el Programa de Estabilidad de abril, a una tasa de 0,3% para el mismo año. Es decir, dos décimas más de déficit que darán a las Comunidades Autónomas más capacidad de inversión en políticas claves de su competencia como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

Esas dos décimas que otorgan más margen a las comunidades autónomas serán asumidas por la administración central, que tendrá una tasa de referencia más exigente al pasar de un déficit del 3,4% en 2023 recogido en el Programa de Estabilidad a una tasa del 3,2%. Esto supone que la administración central será quien más reducirá su déficit el próximo año al pasar del 3,8% de 2022 al 3,2% en 2023 y, por tanto, asumirá el mayor coste derivado de las consecuencias de la guerra igual que hizo durante la pandemia para proteger al resto de subsectores.

Las entidades locales tendrán una tasa de referencia para 2023 equivalente a un superávit del 0,1% del PIB, frente al superávit del 0,2% recogido en el Programa de Estabilidad de abril. En la práctica, esto significa que los ayuntamientos tendrán más margen para gastar su superávit.

Por último, la tasa de referencia de la Seguridad Social será del 0,5% del PIB en 2023, similar a la de 2022. Cabe destacar la transferencia de 19.888 millones del Estado contemplada en el techo de gasto con el objetivo de equilibrar las cuentas del sistema.

Con la aprobación en el Consejo de Ministros de las tasas de referencia y el techo de gasto se cumple un hito fundamental para la elaboración de los Presupuestos Generales de 2023, que serán presentados en tiempo y forma como ocurrió con las dos cuentas públicas anteriores, lo que ha permitido dotar de estabilidad al país.