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Aprobada la Declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia

Viernes 17 de mayo de 2019

El día 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, coincidiendo con la eliminación de la homosexualidad de las listas de trastornos mentales por parte de la Organización Mundial de la Salud en 1990.

El Gobierno de España muestra su firme compromiso en la defensa de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI), y se compromete a la adopción de las medidas necesarias para seguir avanzando, ya no solo en el reconocimiento de la igualdad formal, sino también en el impulso de la igualdad real y efectiva.

La no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género es una de las prioridades de la política exterior española en materia de derechos humanos. En los últimos años, España ha impulsado numerosas acciones en defensa de los derechos de las personas LGTBI tanto a nivel bilateral con terceros países como en diferentes foros multilaterales.

Declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia:

"El día 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia, coincidiendo con la decisión tomada por la Organización Mundial de la Salud en 1990 de eliminar la homosexualidad de la lista de trastornos mentales, que es celebrado, con el aval de distintas organizaciones internacionales, no sólo como un día conmemorativo, sino, también, como una reivindicación de los derechos de las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGBTI), tanto en el ámbito nacional como internacional.

La sociedad española es, en su mayoría, una sociedad respetuosa y favorable al libre desarrollo de la personalidad de las personas LGBTI y al reconocimiento no discriminatorio de sus derechos, lo que ha conseguido colocar a España, de acuerdo con los últimos estudios disponibles, en uno de los países donde las personas LGBTI se sienten más libres y seguras para expresarse en todas sus dimensiones.

Durante estos últimos meses, el Gobierno ha mostrado su firme compromiso con el avance en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI mediante la adopción de distintas medidas, como la creación de la Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad, cuyas funciones se encuentran íntimamente relacionadas con la ejecución de políticas públicas en favor de las personas LGBTI; la declaración del día 28 de junio como Día Nacional del Orgullo LGBTI; la devolución del derecho del acceso a las técnicas de reproducción humana asistida a las mujeres lesbianas; la adopción de una Instrucción por parte del Ministerio de Justicia que facilita el cambio de nombre a las personas transexuales -incluidos los menores de edad-; el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se eliminan ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo público; o el reforzamiento de los programas de gestión de la diversidad en la empresa o de prevención y erradicación del acoso homofóbico y transfóbico en la escuela, que constituyen importantes pasos para la consecución de la igualdad real efectiva a la que se refiere el artículo 9.2 de la Constitución Española.

En el ámbito internacional, la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género es una de las prioridades de la política exterior española en materia de derechos humanos. En los últimos años, España ha impulsado numerosas acciones en defensa de los derechos de las personas LGBTI en diferentes foros multilaterales como, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos (apoyo al mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género); la III Comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas; el LGBT Core Group de Naciones Unidas (red informal y heterogénea de países, organizaciones internacionales, ONGs y organizaciones de la sociedad civil, creada para dar visibilidad y apoyo a las demandas y reivindicaciones de la comunidad LGBTI en el marco de Naciones Unidas); la Coalición por la Igualdad de Derechos (España es miembro fundador de esta organización intergubernamental creada para fomentar la cooperación multilateral y el intercambio de información y buenas prácticas en la defensa y promoción de los derechos del colectivo LGBTI); la Unión Europea (Grupo de Alto Nivel de la Comisión Europea sobre Igualdad, No Discriminación y Diversidad) o la Red Europea de Puntos Focales LGBTI. Además, la cuestión de los derechos humanos de las personas LGBTI se suscita habitualmente en los diálogos bilaterales con terceros países.

Sin embargo, la discriminación, el odio y la intolerancia basada en la orientación sexual, la identidad de género o las características sexuales de las personas sigue siendo una realidad, tanto en el ámbito nacional como internacional.

En este sentido, de acuerdo con el Informe 2016 sobre Incidentes relacionados con los Delitos de Odio en España del Ministerio del Interior, los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género experimentaron un notable aumento en 2016 respecto de 2015 (aumento del 36,1%), constituyendo la mayor subida experimentada de entre todos los motivos de discriminación, que pasaban así de 169 casos reportados en 2015 a 230 casos reportados en 2016. Asimismo, diversos estudios señalan cómo la orientación sexual, real o percibida, y la identidad de género constituyen uno de los factores preponderantes en los casos de acoso escolar y siguen siendo una característica personal que todavía influye de manera decisiva en el acceso, permanencia y promoción en el empleo y la ocupación.

Especialmente preocupante es la situación de las personas transexuales, las cuales presentan altos índices de exclusión laboral -algunos estudios sitúan la tasa de desempleo de este colectivo en torno al 85%-, además de ser víctimas de violencia, tanto sexual, como de delitos de odio, los cuales a menudo no son denunciados dada la inexistencia de entornos seguros, lo que agrava su situación de especial vulnerabilidad.

En el ámbito internacional, todavía hoy, al menos 70 países sancionan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y en 7 de ellos se contempla la pena de muerte.

Por todo ello, el Gobierno de España muestra su firme compromiso en la defensa de los derechos de las personas LGBTI, tanto a nivel nacional como internacional, y se compromete a la adopción de las medidas necesarias para seguir avanzando, ya no solo en el reconocimiento de la igualdad formal, sino también en el impulso de la igualdad real y efectiva.

Para reafirmar este compromiso del Gobierno con la aplicación transversal del principio de igualdad de trato, se ha renovado recientemente el Acuerdo de cooperación institucional en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de Intolerancia suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General de Estado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, el Ministerio de Cultura y Deporte y el Centro de Estudios Jurídicos. Esta iniciativa gubernamental ha jugado un papel importante para acometer, de forma conjunta, acciones encaminadas a la mejora del sistema de recopilación de datos estadísticos sobre el número de denuncias cursadas y el tipo de infracciones penales registradas, así como la organización de actividades de formación y sensibilización en materia de delitos de odio.

En este sentido, resulta necesario el impulso de una agenda propia que permita avanzar en el fortalecimiento de marcos normativos que garanticen protección frente a la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y características sexuales de las personas, así como seguir avanzando en la formación de docentes y trabajadores en el ámbito de la juventud para la prevención del acoso homofóbico y transfóbico entre los jóvenes, la formación de los operadores jurídicos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la detección, atención y tratamiento de los delitos de odio y discriminación y sus víctimas y la puesta en marcha de medidas específicas para la inserción sociolaboral de las personas transexuales.

La lucha contra todo tipo de discriminación, y especialmente la que se produce por motivos de orientación sexual e identidad de género de las personas LGBTI, seguirá constituyendo unos de los objetivos de las políticas del Gobierno, como medio para la consecución de una sociedad más cohesionada, igualitaria y justa.

En consecuencia, la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, el Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y la Ministra de Justicia promueven la adopción por el Consejo de Ministros de la presente declaración institucional".