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Declaración del Gobierno con motivo del Día de los Derechos Humanos

Jueves 5 de diciembre de 2019

El 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Para conmemorar este día, el Gobierno quiere recordar el gran avance que supuso esta Declaración para el progreso de la Humanidad en su conjunto, convirtiéndose, desde entonces, en fundamento de una sociedad internacional en la que los hombres y las mujeres vivan libres de todo temor y miseria, y disfruten de manera real y efectiva de todos los derechos y libertades en condiciones de igualdad.

España está firmemente comprometida con la promoción y la protección de los derechos humanos, contribuyendo de esta manera a un mundo más libre, más justo y en paz. La defensa de los derechos humanos constituye por ello una prioridad de su acción exterior.

El 1 de enero de 2018, España inició su mandato como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2018-2020. Como firme defensora de la preservación de la integridad y credibilidad del Consejo de Derechos Humanos, España apoya durante su mandato los esfuerzos para mejorar su efectividad a nivel internacional.

Con motivo de la conmemoración de este Día Mundial, el Gobierno formula la siguiente Declaración:

"El Gobierno de España quiere manifestar su compromiso con la consecución de nuevos avances y progresos en el ideal común para todos los pueblos que supone la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Para conmemorar este día, el Gobierno quiere recordar el gran avance que supuso esta Declaración para el progreso de la Humanidad en su conjunto, convirtiéndose, desde entonces, en fundamento de una sociedad internacional en la que los hombres y las mujeres vivan libres de todo temor y miseria, y disfruten de manera real y efectiva de todos los derechos y libertades en condiciones de igualdad.

Consideramos que esta alta aspiración, que surge de los sufrimientos causados por las guerras, la denegación sistemática de los derechos intrínsecos de todos los seres humanos y la intolerancia, exige en el ámbito internacional un multilateralismo comprometido y activo con estos valores y principios.

La libertad, la justicia y la paz se fundan en el respeto a la dignidad y a los derechos inalienables de todas las personas. España está firmemente comprometida con la promoción y la protección de los derechos humanos. España quiere contribuir, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, a un mundo más libre, más justo y en paz. La defensa de los derechos humanos constituye por ello una prioridad de su acción exterior.

El 1 de enero de 2018 España inició su mandato como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2018-2020. Como firme defensora de la preservación de la integridad y credibilidad del Consejo de Derechos Humanos, España apoya durante su mandato los esfuerzos para mejorar su efectividad a nivel internacional.

Este año 2019 se han celebrado importantes aniversarios en el ámbito de los derechos humanos, como ha sido el 70 aniversario de la creación del Consejo de Europa, la principal organización de derechos humanos en el ámbito europeo, que ha dotado a los países miembros de instrumentos cruciales para garantizar la protección y promoción de los derechos humanos en la región.

Conmemoramos también el aniversario de dos importantes tratados de derechos humanos que han sido de especial importancia para nuestro país y la consolidación de nuestro sistema de protección y promoción de estos derechos.

Por un lado, el 40 aniversario de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que hoy sigue siendo clave en la defensa de los derechos de mujeres y niñas; y, por otro lado, el 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), que protege el derecho de todos los niños, de cualquier país, a vivir libres de discriminación, violencia y abandono, y que debe servirnos de motivación para redoblar los esfuerzos de España para erradicar la pobreza infantil y toda forma de violencia o abuso frente a todos los niños y niñas, con independencia de cualquier circunstancia personal o social, poniendo el interés superior del menor por encima de todo.

En el ámbito interno, con la entrada en vigor de la Constitución de 1978, la dignidad de la persona y los derechos humanos se constituyen en fundamento del orden político y la paz social, lo que se concreta en el máximo nivel de protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas recogidas en nuestra carta magna, así como en la integración en nuestro ordenamiento jurídico de los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España en la materia, que además, junto a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, constituyen un parámetro interpretativo del conjunto de los derechos fundamentales y libertades.

Esto ha llevado a que nuestro país se encuentre entre las escasas democracias plenas que existen en el mundo. No obstante, todavía queda por hacer frente a nuevos desafíos para alcanzar el pleno disfrute de todos los derechos humanos para todos.

En primer lugar, teniendo en cuenta los grandes movimientos de población que se producen hoy en día, hay que recordar que todo refugiado y todo migrante independientemente de su estatus jurídico es titular de derechos humanos. El respeto a esos derechos y a la dignidad humana deben estar garantizados siempre y en toda circunstancia, incluso en desplazamientos humanos de carácter masivo. España reitera en este sentido su compromiso con el Pacto Mundial sobre los Refugiados y con el Pacto Mundial para una Migración Segura Ordenada y Regular. Una posición de especial vulnerabilidad afecta a los niños y niñas que afrontan solos la migración.

En segundo lugar, contemplando la diversidad que ha alcanzado una sociedad abierta como la española, el derecho a la igualdad de trato y no discriminación se constituye como la piedra angular del sistema de derechos humanos, tanto en su vertiente de derecho con sustantividad propia, como en la de presupuesto habilitante para el ejercicio del resto de los derechos. La decidida defensa de la igualdad entre todas las personas requiere de la acción de los poderes públicos para hacer frente a todos aquellos discursos que cuestionan la igual dignidad de las personas y la existencia de fenómenos que constituyen violaciones de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras. El Gobierno asume este compromiso, entendiendo que cuando los derechos no pueden disfrutarse en condiciones de igualdad se convierten en privilegios y se alejan del ideal consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este sentido la educación de se convierte, como reconoce la propia Declaración, en una palanca imprescindible para lograr el respeto a estos derechos y libertades, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad.

En tercer lugar, el desarrollo tecnológico plantea un importante desafío a los derechos humanos. Este reto global demanda una vocación como la que inspiró la Declaración Universal de 1948, con el objetivo de garantizar que las tecnologías de la información no sean fuente de desigualdad, que no amparen la vulneración de derechos y libertades ni el lenguaje del odio o la intolerancia; y, finalmente, que sirvan para fortalecer una opinión pública más informada y crítica".