Intervención del ministro de Fomento, José Luis Ávalos Meco

Sr. Ábalos.- Muchas gracias, ministra.

Les voy a dar cuenta de los contenidos del Real Decreto Ley que afecta a un nuevo marco de regulación de las VTC.

Bueno, antes quisiera un poco, ya lo conocen, pero no está de más volver a reiterar cuál es la situación actual y el marco normativo que afecta al transporte público en vehículos de turismo.

El taxi es un transporte que desarrolla su actividad en el ámbito urbano y está regulado por la legislación autonómica y municipal, y en el ámbito interurbano por la legislación del Estado.
Las VTC, cuya actividad está regulada, hasta el momento, por la legislación del Estado, sin embargo, pueden realizar una actividad tanto urbana como interurbana. O sea, que las VTC, según la legislación actual, pueden trabajar dentro de las ciudades y fuera, mientras que los taxis solo pueden trabajar en el ámbito urbano, con lo cual dependen de una legislación autonómica y municipal, pero si lo quieren hacer a nivel estatal lo tiene que regular el Estado.

En definitiva, son dos servicios de transporte que desempeñan una actividad en un mismo ámbito y sin embargo tienen una fuente de regulación distinta. ¿Qué ha cambiado en todo este tiempo? En su momento las VTC encontraban un encaje en la regulación estatal porque se desconocía el origen y el destino de sus trayectos. Piénsese que era un transporte para bodas, sepelios, vehículos de lujo, en fin, para determinadas ocasiones. Pero recientemente, y con la irrupción de las plataformas digitales, se ha convertido en un transporte urbano que debe coexistir con el taxi y es ahí donde se ha producido un conflicto. Un conflicto respecto de los contingentes y que es una cuestión que ha ido ocurriendo y de facto se ha producido un transporte urbano que, curiosamente, es el único transporte que no se regula a nivel urbano.

El ministerio de Fomento, el Estado no regula ningún medio de transporte urbano. Ni buses, ni metros, ni tranvías, ni taxis. No tenemos competencia para la regulación, pero extrañamente, por estas circunstancias de reconversión de una modalidad de transporte, que ha cambiado su naturaleza por la vía de la práctica, se nos ha quedado en la regulación estatal un medio de transporte urbano.

Esto es una contradicción tremenda que afecta. lógicamente, a los niveles competenciales. Por lo tanto, lo que pretende este decreto es ajustar un espacio de actividad al correspondiente nivel regulador. Por tanto, si es un transporte urbano, lo que corresponde es que se regule como el resto de transportes urbanos. Además, ello es absolutamente necesario, más allá de la referencia competencial, porque en definitiva si estamos por asumir que los municipios, las comunidades autónomas…, les corresponde la planificación urbana de la movilidad sostenible, no pueden estar regulando ni planificando todo menos un ámbito que, extrañamente, corresponde a la legislación estatal. No tiene ningún sentido. No hay posibilidad de hacer política urbana dejando al margen medios o recursos de transporte, que en el caso de algunas ciudades son muy importantes.

Por lo tanto, lo que tratamos es de ajustar esta cuestión, aplicando, además, lógicamente todo el acervo comunitario que tiene que ver con la aplicación del principio de subsidiariedad y porque, además, el problema es absolutamente desigual en España.
Precisamente porque es una cuestión urbana, no afecta de modo igual en todo el Estado.
Hay comunidades donde no se da ningún tipo de conflicto. Hay comunidades donde la presencia de las VTC es testimonial, por no decir irrelevante. Y, sin embargo, esto se produce con claridad en determinadas grandes ciudades. Las expresiones más claras son Madrid y Barcelona.

Por lo tanto, a la hora de regular, lo normal es que en aplicación del principio de subsidiariedad, de la proximidad que representa la descentralización, tanto municipal como autonómica, lo normal, es que esto se regule desde la instancia más próxima al problema y que además atienda, lógicamente, a las características del caso. Por lo tanto, es normal que la regulación en Extremadura no sea la misma que en Cataluña porque no se dan las mismas circunstancias.

Esto permite, por lo tanto, dar una respuesta específica a una situación concreta. Así es, además, en el resto de países donde, lógicamente, es en el ámbito urbano donde se concentra el asunto, en ciudades como Nueva York, Berlín, Múnich, París…, que son las que regulan estas situaciones.

Por ello, lo que planteamos es no transferir la competencia, porque ya se tiene, constitucionalmente las Comunidades Autónomas tienen la competencia del transporte que se realiza dentro de la Comunidad Autónoma. También las ciudades regulan el tráfico urbano.
Por lo tanto, no transferimos nada, sino que lo que habilitamos es transferir la regulación del asunto a las Comunidades Autónomas que, por cierto, ya estaban concediendo las autorizaciones, aunque lo hacían por delegación. Pero, además de que concedan las autorizaciones, que también las puedan regular en función de las circunstancias de cada espacio.

Se acordarán que en el último Consejo de Ministros de julio, creo recordar, o a primeros de agosto, el Consejo de Ministros aprobó un informe en el que avanzamos ya cuáles eran los propósitos. El Decreto que planteamos no se sale de esa hoja de ruta, sino que simplemente lo que establece, y esa es la novedad respecto de lo anunciado hasta ahora, un período transitorio que permita, de una parte, la acomodación o la regulación de las Comunidades Autónomas, que haga posible que puedan regular, un tiempo prudente para regular, y al mismo tiempo también un tiempo que permita que las VTC también tengan un tiempo de adaptación, o incluso de indemnización en su caso, plazo que se ha calculado, para que puedan seguir funcionando en las mismas circunstancias que hasta ahora durante cuatro años.

¿Qué pasará en estos cuatro años? Tendrán que ajustarse a la regulación autonómica y, por lo tanto, si quieren trabajar en el ámbito urbano, tendrán que sacar una licencia de la Comunidad Autónoma, pero, en ningún caso perderán su autorización estatal. Lo que pasa es que la autorización estatal corresponderá a las competencias que tiene el Estado, que es el transporte interurbano. De alguna forma, en este caso, tendrán una regulación similar a la que ahora mismo tiene el taxi. El taxi tiene una regulación autonómica y municipal para el transporte urbano y una estatal para el interurbano. Quedarán en la misma situación.

Por otra parte, sí que es cierto que, con independencia de este periodo de cuatro años, las condiciones de explotación que ahora mismo tienen las autorizaciones de las VTC sí que pueden cambiar en función de la entrada en vigor del Real Decreto, como, lógicamente, a lo que establezca la administración autonómica y sin perjuicio, también lógicamente, de las competencias que la Ley refiere al nivel local, en cuanto a racionalidad del tráfico, cuestiones medioambientales… Pero esto son competencias que ya tienen.

Lo importante, y por supuesto, lo que también planteamos es que la regulación autonómica se haga de acuerdo a los principios de necesidad y proporcionalidad que la Ley vigente establece.

También planteamos en el Decreto la constitución de un grupo de trabajo para la búsqueda de soluciones que faciliten esta convivencia ordenada.

En definitiva lo que queremos es establecer racionalidad en esta cuestión, de una parte asentando los niveles competenciales y de regulación que afectan a un transporte urbano, pero, de otra parte, también garantizando que, en este caso el consumidor o el ciudadano, pueda escoger en función de su interés o de su gusto cualquiera de los servicios y modalidades de transporte urbano. Por lo tanto, lo que tratamos de evitar en este caso es cualquier tipo de ventaja desde la Administración.

Hasta ahora había un sector muy regulado en cuanto a horarios, itinerarios, y lo que pretendemos es que haya una igualación en ese sentido, de tal modo que no sea la Administración la que otorgue ventajas competitivas de mercado, sino que sea el propio mercado, a través de los ciudadanos quienes decidan qué modelo de transporte quieren tener.

Si hay alguna pregunta procuraré atenderla.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)