Intervención de la vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Saénz de Santamaría

Vicepresidenta del Gobierno.- Muy buenos días a todos. Voy a informarles del acuerdo por el que el Gobierno ha decidido la impugnación de la Resolución que el Presidente del Parlament de Cataluña dictó el 22 de enero de este año y en la que propone al Parlament, a la Cámara, que el diputado Carles Puigdemont i Casamajó sea candidato a la Presidencia de la Generalitat.

Como bien saben, el Gobierno tiene entre sus obligaciones defender España y el Estado de Derecho, y tiene un absoluto compromiso con la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña.

Es lo que hemos hecho hasta la fecha, lo que hemos venido haciendo y lo que vamos hacer con la decisión de hoy y en todo momento.

Tenemos, no solo el compromiso político, que también, sino el deber constitucional de hacer todo lo legalmente posible que esté en nuestra mano para evitar que la legalidad se vulnere, con todas las herramientas que nos ofrece la ley y con todo el respeto a los procedimientos que la misma ley establece. Con todo el respeto al parecer al Consejo de Estado, pero con el máximo compromiso en la defensa del Estado de Derecho.

Como Gobierno tenemos que utilizar todos los instrumentos que la ley y la Constitución nos dan para evitar que alguien que está huido voluntariamente de la Justicia, que sea sustraído a la ley y a los tribunales, pueda de forma ilegítima ser investido y ponerse al frente de un Gobierno Autonómico.

El señor Puigdemont, como ustedes saben, está en busca y captura en territorio nacional, y lo está, entre otros, por los delitos de rebelión, sedición, malversación de caudales públicos, prevaricación y desobediencia. Delitos por los que se ha negado a rendir cuentas ante el Tribunal Supremo, y, delitos que son muy graves contra la propia democracia y contra el conjunto de las instituciones del Estado, y aquí también incluyo las autonómicas.

Entendemos que esta circunstancia, en la que se ha colocado voluntariamente el señor Puigdemont, le impide ser investido presidente de la Generalitat, y por tanto, impide al presidente del Parlament presentarlo como candidato.

Por eso ayer, les anunciamos que formularíamos dos consultas, que pediríamos dos informes al Consejo de Estado, uno de ellos, que es preceptivo, es decir, que es obligado pedir, sobre la impugnación de la Resolución del presidente del Parlament de Cataluña, por la que propone al señor Carles Puigdemont como candidato a la Presidencia de la Generalitat. Y la otra, que es potestativa, para consultarle su opinión sobre diferentes asuntos, como la posibilidad de delegación de voto de los diputados que están ausentes y fuera de territorio nacional, o la posibilidad de investiduras no presenciales o telemáticas, o bien por delegación, de aquellos que no se encuentren en el hemiciclo.

En la tarde de ayer el Gobierno recibió los dos informes. La consulta potestativa, que era favorable, y la preceptiva, pero no vinculante, que comparte los argumentos jurídicos, pero discrepa del Gobierno sobre el momento temporal.

Quiero decirles que nosotros respetamos los criterios jurídicos que nos da el Consejo de Estado, pero su dictamen, estudiándolo y analizándolo con mucho interés, no es vinculante para el Gobierno.

El Gobierno considera que tiene argumentos legales suficientes para asumir el compromiso político de utilizar todos los instrumentos legales respetando los procedimientos para evitar que el señor Puigdemont, que se encuentra en España con una orden de busca y captura por rebelión, por sedición, por malversación, entre otros delitos, pueda continuar con este desafío al Estado de Derecho y a la legalidad.

Por tanto, nuestra obligación es defender la legalidad y la democracia. La Constitución y las leyes nos ofrecen un marco jurídico para hacerlo. El Gobierno ha cumplido el procedimiento y entendemos que, con esas leyes en la mano, podemos cumplir el compromiso que asumimos con todos los españoles de utilizar todos los instrumentos que están a nuestro alcance para evitar que el señor Puigdemont vuelva a desafiar al Estado de Derecho, vuelva a incumplir la ley y vuelva a sustraerse a la acción de la Justicia. Porque el señor Puigdemont, primero, tiene que rendir cuentas ante la Justicia. El señor Puigdemont, una vez que llegue a España, su primera obligación, salvo que siga incumpliendo la ley, es ponerse a disposición del Tribunal Supremo, y si no lo harán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por tanto, no está en condiciones de ser presentado como candidato. Por tanto, este Gobierno asume el compromiso legal y político de evitar que esa candidatura pueda volver a vulnerar nuestros principios democráticos. Como digo, lo hacemos en defensa de la legalidad y de la Constitución, como siempre lo hemos hecho, respetando los criterios de las distintas instituciones del Estado, pero asumiendo nuestra obligación legal porque entendemos que una persona que está en busca y captura en territorio nacional por delitos tan graves, no pude tratar de ser investido presidente de la Generalitat sin asumir sus responsabilidades con la Justicia.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)