Intervención de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero

Sra. Montero.- Muchas gracias, ministra portavoz y buenas tarde a todos y a toda, especialmente en este día Rosa, a las mujeres, y también, a todos los que nos acompañáis en esta comparecencia.

Como ha dicho la ministra portavoz, el pasado lunes presentábamos en esta misma sala el Plan Presupuestario para 2018 que remitimos a la Comisión Europea y hoy, sólo cuatro días más tarde de esa remisión, empezamos a cumplir con los compromisos que adquiríamos en ese documento.

Y como ha adelantado la ministra portavoz, hemos aprobado en el Consejo de Ministro los Anteproyectos de Leyes de Lucha contra el Fraude y la transposición de la Directiva Antielusión.

Asimismo, hemos informado la creación del Impuesto sobre determinados servicios digitales y también la creación del Impuesto sobre Transacciones Financieras.

Yo creo que de esta manera demostramos de forma clara nuestra voluntad, la del Gobierno, de avanzar con la senda que hemos marcado y por tanto, en coherencia con el Plan Presupuestario que es un proyecto que nos exige y que nos compromete con todos los ciudadanos.

Un proyecto que contempla que España registre en el año 2019 superávit primario por primera vez en más de diez años. Un proyecto que reduce en 0,9 décimas el déficit público o que rebaja en 1,5 puntos del PIB la deuda pública, es decir, la ratio de endeudamiento contemplando un ajuste estructural del 0,4%. Pero siendo importante esa cifra lo es aún más el hecho de que sea compatible con medidas sociales que fortalecen nuestro Estado de bienestar y que permiten la creación de empleo.

De hecho, la tasa de paro bajará el próximo año al 13,8% el menor nivel desde el año 2008. Yo creo que todos somos conscientes de la ilusión, de la esperanza que se ponen en los Presupuestos del año 2019, porque son unas cuentas públicas que revierten años de recortes y que también ponen de manifiesto que los compromiso se demuestran con los hechos.

Por eso, antes de entrar en el detalle de las medidas que hemos aprobado, permítanme que incida en la seriedad y en la responsabilidad de este Gobierno. Hemos dicho desde el primer día, que el objetivo de los Presupuestos del 2019 era recuperar derechos sociales, revertir recortes en educación, en sanidad o en dependencia y avanzar hacia un sistema productivo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, y somos coherentes y somos conscientes que para poner en marcha esta medida, imprescindible diríamos, en el ámbito social, también es necesario aumentar los ingresos públicos.

Y como ha dicho el presidente en más de una ocasión, no se puede aspirar a tener un Estado de bienestar de primera con ingresos de tercera. Entre otras cosas porque España, recuerdan, que se encuentra ocho puntos por debajo de la media europea en materia de presión fiscal.

Por eso, ante las críticas yo diría, apocalípticas o infundadas, que se lanzan desde algunos sectores, el Gobierno quiere hoy poner de manifiesto que el Plan Presupuestario es un ejercicio de responsabilidad. Por cada medida de gasto que se plantea para recuperar un derecho, para revertir un recorte o para avanzar en políticas de igualdad hay contemplada una medida de ingresos para compensarla. Y de hecho, los ingresos crecen más que los gastos, lo que nos permite cumplir el ajuste estructural que pide Bruselas. De hecho, encausamos las cuentas que estaba orientando el PP, que tenía prevista para el año 2019, una prórroga presupuestaria, que hubiera situado a España en un déficit del 2,2%. Y sin embargo, nuestro Plan lo reorienta hacia el 1,8% del déficit en relación con el PIB.

Por eso, desde el primer día, hemos dicho que queremos construir una nueva fiscalidad adaptada a una sociedad del siglo XXI en la que todos contribuyan según su capacidad y reciban según su necesidad y para ello la primera meta para conseguirlo es contar con un sistema tributario más equilibrado y solidario, combatiendo el fraude fiscal. Como dijo ayer el presidente, no es posible la justicia social sin avanzar en la justicia fiscal. Es además una sensación que los ciudadanos expresan en todas las encuestas, en todos los sondeos de opinión; cada vez que se compara la persona con el resto de los contribuyentes entiende o tiene una idea de que cada uno contribuimos en justa medida, pero la sensación de que los demás no lo hacen proporcionalmente a cómo lo hacemos cada uno de nosotros. Especialmente importante cuando se le pregunta a los ciudadanos a propósito de las grandes rentas o de los grandes patrimonios, en donde opinan que existe mayores herramientas para directamente evadir impuestos o eludir los compromisos fiscales que los que tienen los ciudadanos normalmente, ya sean ciudadanos en régimen de autónomos o ciudadanos que trabajan por cuenta ajena.

Es por eso, que el Anteproyecto de Ley de Lucha contra el Fraude que hemos aprobado esta mañana contempla toda una batería de medidas que nos permiten luchar contra las nuevas formas de fraude. También es un impulso pedagógico a la fiscalidad justa; busca combatir la elusión fiscal, busca que no se haga abuso de la planificación fiscal agresiva por parte de grandes grupos empresariales que operen, por ejemplo, en varios países y de hecho una de las medidas más novedosa tiene que ver con un mayor control tributario de las criptomonedas o monedas virtuales, un fenómeno nuevo sobre el que la Agencia Tributaria está extremando el control. En concreto se van a establecer nuevas obligaciones para tener información sobre la tenencia de monedas virtuales exigiendo identificación de los titulares autorizados o beneficiarios de los saldos que aporten estas monedas virtuales. Se plantean en el proyecto, como obligatorio, que las personas o empresas que realicen operaciones con monedas virtuales informen a la Agencia Tributaria sobre esta operativa. Los contribuyentes que tengan criptomoneda en el exterior también estarán obligados a informar de ella en la declaración de bienes en el extranjero.

Por otro lado, el avance de la tecnología también permite fórmulas más sofisticadas de fraude. El Anteproyecto contempla la prohibición de los llamados software de doble uso o de ocultación de ventas. Se trata de programas informáticos que permiten manipular la contabilidad de la empresa para que parte de la actividad económica quede oculta. Y por ello, a partir de ahora, se prohíbe la producción, tenencia y comercialización del software de doble uso exigiendo que los programas informáticos que soportan la contabilidad cumplan con una serie de requisitos que garantizan la trazabilidad y la inviolabilidad de los registros de las operaciones económicas. Por otro lado, el fabricante o comercializador de un software de doble uso podrá ser sancionado con una multa de hasta 150.000 euros por cada ejercicio en que se haya vendido ese producto ilegal. Este software de doble uso está permitiendo que empresarios que tienen, quizás, menos sentido de la ética defrauden y falseen la competencia con sus iguales perjudicando a competidores honestos porque muchas veces obligan a sus trabajadores a colaborar a su pesar en la facturación en B, lo que es algo inaceptable.

Igualmente, el Anteproyecto de Lucha contra el Fraude incluye para este Gobierno una medida muy significativa. Se trata de la prohibición legal de las amnistías fiscales. Con esta decisión no se volvería a repetir una situación, si me permiten, tan vergonzosa e injusta como la realizada por el Gobierno del Partido Popular en el año 2012. Por eso, tenemos que eliminar esto que supone para los ciudadanos de a pie ver cómo mientras ellos pagan sus impuestos con esfuerzo los defraudadores son perdonados.

Estos son los motivos que restan legitimidad a la fiscalidad y, por tanto, es peor este agravio comparativo que incluso el impago de las propias obligaciones fiscales. Una amnistía fiscal, creo que todos podemos compartir, es un agravio para todos los contribuyentes cumplidores y, también, supone una derrota para la consolidación del Estado del bienestar.

La nueva normativa contempla por otro lado, actualizar y ampliar el concepto de paraíso fiscal atendiendo a criterios de equidad fiscal y de transparencia. Por tanto, se habilita al Gobierno para actualizar la lista de paraísos. Hasta ahora, forman parte de esta relación, aquellos territorios que tienen una baja o una nula tributación. Con esta nueva legislación se tendrá además en cuenta si existe o no intercambio efectivo de información fiscal, por tanto, colaboración con el resto de países y se incluirá en la lista de paraísos fiscales a aquellos que destacan por su opacidad fiscal o por su falta de transparencia.

Otra medida importante supondrá que la conocida como lista de morosos ante la Agencia Tributaria incluya también a los responsables solidarios. Y por otro lado, se reduce el umbral para aparecer en el listado pasando de un millón de euros, que es el dintel actual, a 600.000 euros.

Para reforzar la trazabilidad de las operaciones comerciales, se limita en el Anteproyecto el pago en efectivo entre profesionales pasando de los 2.500 euros, que era el límite de la legislación actual, a 1.000 euros. Es decir, que no se podrán realizar operaciones en efectivo, entre profesionales, que superen estas cuantías. Se limita la cuantía, de otro lado, de los 15.000 a 10.000 euros para los pagos en efectivo de los particulares que tengan domicilio fiscal fuera de España. Un elemento también de especial interés.

El Anteproyecto de Ley de Lucha contra el Fraude, por último, incluye la transposición de la Directiva europea Antielusión que persigue algo tan importante como que las multinacionales tributen en los países en los que tienen la actividad y generan el valor. Aunque les parezca sorprendente, todavía la legislación española no había traspuesto la Directiva en relación con esta materia siendo algo tan importante para este país. El objetivo es evitar el traslado de beneficios a países que tengan una baja tributación.

El Anteproyecto contempla otra serie de medidas, que no voy a desarrollar por razón de tiempo, pero solamente citar el refuerzo del control de la actividad del juego, para combatir el fraude en el sector, así como, por ejemplo, las apuestas deportivas, en donde se hará una lista negra de páginas web de operadores que no están autorizados.

Todo el paquete de medidas de lucha contra el fraude nos permitirá unos ingresos de 828 millones de euros. Una estimación que se ha hecho a la baja, que se considera prudente, sobre todo, si se compara con los 1.000 millones que el Partido Popular de forma sistemática apuntaba en los Proyectos de Presupuestos sin tener ni siquiera un soporte legal, una ley que le permitiera el poder llevarlos a cabo o ponerlos en funcionamiento.

Y, también, se creará como refuerzo a la Agencia, una unidad de control de grandes patrimonios para que se pueda trabajar en el refuerzo de la lucha contra el fraude mediante medidas que no necesitan una tramitación legislativa. Serán 200 nuevos funcionarios los que se incorporarán a la Agencia estatal, para poder desarrollar todas estas nuevas actividades, y, desde aquí queremos agradecer el trabajo de los magníficos profesionales que trabajan en la Agencia Tributaria y que están desarrollando un papel tan importante para legitimar la fiscalidad en este país.

Por otro lado, y como les he comentado al principio de mi intervención, uno de los pilares básicos de la sociedad democrática es tener un sistema fiscal justo, un sistema actualizado en la medida de los grandes retos que nos plantean las sociedades del siglo XX. Sin duda, la globalización y también, el desarrollo digital son dos de las grandes áreas, en la que la fiscalidad de los países modernos tenemos que hacer un esfuerzo de adaptación.

Para ello, en este contexto, el Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre Transacciones Financiera, un Anteproyecto que ustedes han ido conociendo a lo largo de estos días, en donde se trata de regular una figura tributaria, que ha sido respaldada por la Comisión Europea, y que han puesto en marcha países como Francia o Italia.

Se trata de establecer un gravamen del 0,2% para la compra-venta de acciones de empresas españolas que cotizan en Bolsa, con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros.

El impuesto, y quiero decirlo con claridad, no se aplica al mercado primario; es decir, no va a afectar a la salida por primera vez de las empresas en Bolsa; el gravamen va a recaer sobre el intermediario financiero que opera en el mercado secundario, y se prevé que la liquidación del impuesto se haga con periodicidad mensual.

Quiero destacar que los ingresos generados por este impuesto aportarán unos 850 millones que estarán destinados a financiar el sistema público de pensiones, una muestra más del compromiso ineludible que tiene el Gobierno con la sostenibilidad del sistema y con la mejora de los ingresos de la Seguridad Social.

También, el tercer Anteproyecto que se ha aprobado en el día de hoy tiene que ver con el impuesto sobre determinados servicios digitales. Con esta figura impositiva abordamos el reto de modernizar nuestro sistema fiscal para adecuarlo a estas nuevas áreas de negocio, propias del siglo XXI que, como hemos venido diciendo, también reflejada desde un punto de vista tributario y, además, están ejerciendo una competencia desleal con los negocios tradicionales.

Como adelantamos cuando presentamos este Plan, vamos a aplicar un gravamen del 3% a los ingresos que se generan por los servicios de publicidad 'online', por los servicios de intermediación en línea, que conecta a usuarios con entidades que proveen bienes o servicios, y, por último, también se gravará la venta de datos que se recopilan a partir de la información que se proporciona por el usuario.

Por tanto, se trata de recoger determinadas cuestiones, determinadas figura que, insisto, no estaban contemplada en el ordenamiento fiscal. Este impuesto, recuerdan ustedes, que fue propuesto por la Comisión Europea, y España va a ser el primer país que lo ponga en marcha. Va a afectar a empresas que tienen un nivel de facturación en el mundo de 750 millones de euros, y que generen ingresos en España de tres millones de euros. Es decir, una vez más, las Pymes estarán excluidas de este impuesto y, por tanto, no se verán afectadas por el mismo.

La recaudación que se estima es de 1.200 millones de euros, una cifra inferior a la que están arrojando países vecinos, como por ejemplo, Francia.

Termino diciendo que con estos tres importantes Anteproyectos el Gobierno empieza en el día de hoy a cumplir con los compromisos que estableció en el Plan Presupuestario, pero sobre todo, sienta las bases para crear una sociedad más justa. Somos conscientes de que los ciudadanos tienen puestos los ojos en este Gobierno, después de años de recortes en sanidad, en educación o en independencia, y por eso, quiero que todos y todas sepan que no vamos a perder ni un minuto en actuar con firmeza para revertir años de abandono del Estado del bienestar y, por tanto, de combate contra la desigualdad. Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)