Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Intervención del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna

9.3.2018

Madrid

Sr. De la Serna.- Muchas gracias ministro Portavoz. No solo he informado en Consejo de Ministros sino que todos hemos aprobado un Real Decreto por el que se articulan las ayudas recogidas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que es fruto de un amplio proceso de participación en el que se recogen las ayudas al alquiler a las familias y personas más vulnerables, a la promoción de viviendas en alquiler, a los procesos de rehabilitación edificatoria, en el que se tienen en cuenta a los jóvenes, especialmente a los jóvenes que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes y, también, por supuesto, las ayudas para las personas mayores o personas con dependencia en la promoción de viviendas con instalaciones adecuadas para su actividad.

En definitiva, es un Plan con una enorme vocación social, decididamente orientado a satisfacer las necesidades reales de las personas y centrado en favorecer, por un lado, el alquiler; por otro lado, la rehabilitación y la regeneración urbana y rural, favoreciendo, impulsando, la actividad económica en un sector tan intensivo en generación de empleo como es el de la vivienda.

No sé si hay posibilidad de ver las diapositivas a través de las pantallas que tenemos en la mesa.

Como decía al inicio, este Plan no surge de la noche a la mañana, es fruto de un amplio proceso de participación en el que hemos mantenido reuniones de diferentes Conferencias Sectoriales. Tres procesos, en concreto, de participación, hemos ido recogiendo todas las actividades, tanto de las Comunidades Autónomas como de los ayuntamientos, representantes del sector y, podemos decir, que el Plan que hemos aprobado en el día de hoy en Consejo de Ministros, trata de incorporar más del 80 por 100 de las sugerencias formuladas.

Los objetivos fundamentales, como digo, son dos: favorecer el mercado de alquiler, y favorecer -por otro lado- los procesos de regeneración urbana y de rehabilitación edificatoria y, a través de esos dos compromisos, marcamos en el Plan una serie de líneas estratégicas -como digo-, la primera de ellas tiene que ver con el claro componente social, especialmente en casos singulares, como puede ser el de las personas en situación de desahucio, en lanzamiento de su vivienda habitual, aspectos relacionados con la accesibilidad universal, una parte, muy importante, que tiene que ver con el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, se incluyen, por ejemplo, como beneficiarios de las ayudas a colectivos también como las familias monoparentales, las personas víctimas del "sin hogarismo", mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión social, en especial cuando tengan hijos menores exclusivamente a su cargo, y dentro de unidades de convivencia que cuenten con algún miembro con discapacidad o unidades en las que exista alguna víctima acreditada de violencia de género, que era uno de los aspectos acordados dentro del Pacto contra la Violencia de Género.

En cuanto a las líneas fundamentales contempladas dentro del Plan, hay nueve programas establecidos. Nueve programas que comienzan con el principal de facilitar el acceso a la vivienda y para ello se establece unas ayudas del 40 por 100 de la renta hasta un máximo de 900 euros al mes. Anteriormente eran 600 euros al mes, se amplía a consecuencia de la petición de determinadas Comunidades Autónomas por la situación del precio del alquiler en determinadas ciudades y, además, para jóvenes y para mayores de 65 años se puede incorporar un incremento adicional del 10 por 100. Todo, dentro de unos ingresos de la unidad familiar que estén situados por debajo de tres veces el IPREM, y aquí es importante destacar que se elimina el límite máximo de 2.400 euros al año que estaba en el Plan anterior.

Hemos incorporado criterios de prioridad, progresividad, teniendo en cuenta el número de miembros y los ingresos de la unidad de convivencia, y hemos incorporado mayores límites de ingresos para las familias numerosas y para las personas con discapacidad que puede ser de hasta cuatro, incluso cinco veces el IPREM, para el caso de la discapacidad más severa y las familias numerosas de categoría especial.

Un segundo eje está relacionado con el fomento de la promoción de las viviendas en alquiler. Hay un hecho muy importante dentro de este Plan y es que por primera vez vamos a poder dar ayudas y subvenciones al promotor privado. El Plan anterior solo permitía dar ayudas para la generación de viviendas de carácter social al promotor público durante un plazo, eso sí, de 25 años; con dos tipos de ayudas: hasta 350 euros m2 útil por vivienda con un límite de 50 por 100 de la inversión y 36.750 euros vivienda en el caso de que las condiciones del alquiler estén en un alquiler máximo de 5,5 euros por metro2 útil y con unos ingresos inferiores hasta 3 veces el IPREM. Estas condiciones se rebajan hasta 300 euros el m2 y con un límite del 40 por 100 de la inversión y 31.500 euros por vivienda en el caso de que el alquiler máximo se pueda subir hasta los 7 euros el m2 útil al mes y los ingresos también a las 4 veces y media el IPREM.

Otra línea estratégica muy importante, tal y como ya mencionaba el ministro Portavoz, es la de la atención a las situaciones más vulnerables. Personas que están atravesando un proceso de desahucio, de lanzamiento de su vivienda habitual. Yo quisiera destacar, como ya ha dicho el ministro Portavoz, que la situación en estos momentos nada tiene que ver con la situación que nos encontramos al principio de la crisis, que los lanzamientos hipotecarios o los desahucios se redujeron en 2017 a los niveles más bajos de los últimos 10 años, que hay descensos en las ejecuciones hipotecarias a un ritmo anual del 55 por 100 pero, aun así, queremos mantener un programa específico para seguir ayudando a las personas que están en esa situación. Un programa muy singular en el que con una renta máxima de 400 euros al mes, suprimimos la mínima que teníamos al comienzo de la negociación de este Plan, se puede financiar hasta el 100 por 100, el 80 por 100 de ese total, el Ministerio de Fomento; el 20 por 100 la Comunidad Autónoma correspondiente. Poniendo a disposición viviendas, ya vengan de entidades financieras, de particulares, del propio parque de viviendas de la comunidad autónoma o de la corporación local, durante un plazo de tres años.

Otro Plan específico es el de la rehabilitación edificatoria, la regeneración urbana y rural en el que hemos incorporado importantes ayudas para mejorar el Plan anterior. Es relevante señalar que, por primera vez, vamos a poder dar viviendas, viviendas unifamiliares y a viviendas que estén dentro de un edificio de forma individualizada, antes tenía que ser al conjunto del edificio. Esto va a favorecer la ampliación del espectro de viviendas y, por lo tanto, de familias que van a poder recibir este tipo de ayudas y, además, se concederá de manera preferente a las viviendas con antigüedad anterior a 1996, antes era 1981. Solo con este paso, conseguimos incrementar el número de viviendas posibles a rehabilitar en un 33 por 100; estamos hablando de casi 5 millones de viviendas que si hubiéramos mantenido el plazo del Plan anterior no habrían tenido acceso a este tipo de ayudas de rehabilitación.

Incrementamos, además, las ayudas, con carácter general del 35 al 40 por 100 pero, además, con una atención especial -y hemos mantenido un diálogo muy intenso con el tercer sector, especialmente con las asociaciones que representan a las personas con discapacidad- para incorporar ayudas de hasta el 75 por 100 en determinados casos, con unos importes máximos de conservación, de accesibilidad y de eficiencia energética.

También decir que en los procesos de rehabilitación, de regeneración urbana, se amplía el plazo de los tres años existentes hasta los cinco años. Esta era una demanda de muchos ayuntamientos que iniciaban procesos vinculados a la regeneración de un barrio o de un grupo de edificaciones, de manzanas, y para cuando habían finalizado todos los trámites urbanísticos, el Plan ya había llegado a su fin. Flexibilizamos, en definitiva, más las condiciones para poder acceder a procesos de estas características y, además, prorrogamos hasta el 31 de diciembre del año 2019 las que venían dándose del Plan anterior.

Una línea estratégica novedosa es la relacionada con la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Esta es una línea que no existía en el Plan anterior, que fundamentalmente atiende a dos conceptos: por un lado, la rehabilitación, por primera vez -como decía antes- se dan ayudas a viviendas unifamiliares, y en el ámbito rural esto es importante, y además se incrementan de manera sustancial para el caso de jóvenes que vivan en municipios de menos de 5.000 habitantes, hasta un 25 por 100 más de lo que es el régimen general. Y el único caso en el que vamos a poder aportar ayudas directas para la adquisición de la vivienda será el caso de jóvenes que tengan su vivienda habitual en municipios de menos de 5.000 habitantes y con ingresos inferiores a tres veces el IPREM, para un precio máximo de 100.000 euros y con un límite de ayuda del 20 por 100 y de 10.800 euros por vivienda. Se trata de ayudar a ese joven que tiene la oportunidad de mantenerse en el núcleo rural, que tiene una oportunidad laboral, que tiene una oportunidad de trabajo, pero que necesita también de una ayuda para poder rehabilitar una de esas viviendas en el mundo rural, poder adquirirla y poder establecerse en ese municipio.

Por otro lado, también se abre una línea específica para las personas mayores.

Aquí nos centramos en ayudar al promotor de la vivienda con 400 euros metro cuadrado útil con un límite del 40 por 100 de la inversión para inmuebles en los que se establezcan determinadas instalaciones y servicios comunes adaptados, que se tienen que reservar con un plazo mínimo de cuarenta años al alquiler, y limitando también la renta, a 9,5 metro2 útil al mes, para arrendatarios con ingresos inferiores a cinco veces el IPREM.

Y, por último, buscamos una mayor implicación de las Comunidades Autónomas. Hasta ahora podíamos financiar, ayudar, a quienes tienen la competencia en materia de vivienda, que no es la Administración General del Estado; a quienes tienen la responsabilidad de impulsar la promoción de vivienda social y ayudas al alquiler, que son las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales. Se les otorgaba una ayuda, que podía ser una ayuda sin necesidad de cofinanciación, por parte de las Comunidades Autónomas. De tal manera que los primeros 70 euros de cada 100 euros podían recibirse por la Comunidad Autónoma, sin que ésta tuviera que llevar a cabo ningún tipo de aportación complementaria. A partir de ahora no será así, tienen todas las Comunidades Autónomas que responsabilizarse, lo cual parece razonable porque son las que tienen la competencia, con 10 euros en esos 70 primeros euros que aporta el Estado, y con otros 20 adicionales, si quiere que añadamos desde el Gobierno, otros 30 euros a la ayuda para los distintos programas que forman parte del Plan Estatal.

Todo ello nos lleva a un programa en el que vamos a incrementar, sustancialmente, las aportaciones previstas en relación al Plan anterior. En el Plan anterior 2013-2016, para todas las ayudas relacionadas con el alquiler y con la rehabilitación y regeneración urbana, se llevó a cabo una aportación de 888.000 euros. Ahora, hemos programado para los próximos cuatro años, un desembolso total de 1.443 millones de euros, comenzando en este mismo año 2018 con una inversión de 350 millones de euros.

Por tanto, incrementamos las ayudas al alquiler y toda la parte de rehabilitación, tal y como he explicado en cada uno de estos programas, en un 62 por 100. Por supuesto, además se tiene en cuenta la subsidiación de préstamos, pero esta no es una línea específica porque no incorporamos la subsidiación de préstamos, como ya no estaba incorporada tampoco en el Plan anterior, esto simplemente es la parte que se tiene que seguir abonando residual ya cada año en la amortización de los préstamos del Plan del año 2009-2012 y que cada vez irá siendo menor, lo cual nos permite apoyar e incrementar sustancialmente las ayudas en los programas que forman parte de nuestro Real Decreto, que son los programas de alquiler y de rehabilitación.

Por último, indicarles el impacto y alguno de los indicadores principales de carácter económico que hemos calculado en relación a la implantación del Plan Estatal de Vivienda. Como pueden ver hay una aportación importante en ayudas públicas que tendrá también una ayuda inducida que en su conjunto puede superar los 3.000 millones de euros, con un capital total en arrendamiento que superará los 1.150 millones de euros, que llegarán a unas 557.000 familias a lo largo de todo el periodo y con los que esperamos generar de manera directa cerca de 60.000 puestos de trabajo.

Este es el contenido de este Plan que a partir de ahora inicia el camino que nos lleva a la formalización de los Convenios con las diferentes Comunidades Autónomas. El próximo jueves, el próximo día 15, celebraremos la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas. En esta Conferencia Sectorial se hará la distribución, el reparto de los fondos que le corresponde a cada una de esas Comunidades Autónomas y, a partir de ahí iremos cerrando los Convenios con cada una de ellas para firmarlos y, con ello, materializar este conjunto, esta batería de importantes ayudas que, en cualquier caso, tienen carácter retroactivo al 1 de enero y que, por lo tanto, no supondrá ningún problema en cuanto a la continuidad de los programas que ya se venían formalizando en años anteriores.

Creo, sinceramente, que será un avance muy importante con este Plan al ajuste a las verdaderas necesidades de las personas, atendiendo a la actual realidad socioeconómica. Creo que hay una ayuda extraordinaria también de nuevo a las Comunidades Autónomas que, por otro lado, como muy bien saben, a lo largo de este ejercicio, si hay presupuestos, van a recibir una cantidad adicional cercana a los 4.000 millones de euros dentro del sistema de financiación autonómica. Esta cantidad es una cantidad adicional, pero es una cantidad que sin tener las competencias llevamos a cabo por responsabilidad y por el interés para poder atender -como digo-, especialmente a los colectivos y a las familias más vulnerables, que más lo necesitan.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)